STC342-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC342-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-00797-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 30 de junio de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, as\u00ed como los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La peticionaria reclama la protecci\u00f3n de la prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerada por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se \u00abrevoque la sentencia del 20 de mayo de 2020 y se ordene al Tribunal\u2026 expedir nueva providencia en la cual se denieguen las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Greiss Paola Odeth Cardona Sierra interpuso una tutela contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali, la que el 28 de septiembre de 2019 fue denegada. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 que Greiss Paola Odeth Cardona Sierra fue una concursante de la Convocatoria 080 de 2015, en la que alegaba que hab\u00eda sido nombrada en periodo de prueba en el cargo para el que particip\u00f3 pero no le notificaron dicho acto administrativo, por lo que se hab\u00eda revocado; y que tras ser concedida la tutela procedi\u00f3 a dar cumplimiento a la misma. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que se present\u00f3 una inadecuada valoraci\u00f3n probatoria y se interpretaron indebidamente las normas sobre las que se deb\u00eda fundar la acci\u00f3n; que no cuenta con un mecanismo ordinario de defensa, pues la revisi\u00f3n es eventual; y que se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico y sustantivo. <\/p>\n
2.5. Adujo que el fallo de tutela cometi\u00f3 dos omisiones: a) una indebida valoraci\u00f3n probatoria de los correos electr\u00f3nicos remitidos por la entidad, descartando que el mensaje de datos emitido por esa entidad se hizo conforme a la Ley 527 de 1999; y b) una de car\u00e1cter sustantivo al declarar la nulidad de las actuaciones como si se tratara de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, desconociendo la naturaleza de esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que comunic\u00f3 debidamente el nombramiento, pues el mismo proceso lo adelant\u00f3 para los dem\u00e1s participantes; que se respet\u00f3 el debido proceso en cada una de las actuaciones; que el Tribunal lleg\u00f3 a sus conclusiones sin soporte t\u00e9cnico; que incluso uno de los magistrados salv\u00f3 el voto manifestando que la tutela no era el mecanismo para ventilar esas situaciones; que se present\u00f3 una extralimitaci\u00f3n; que la all\u00ed gestora no demostr\u00f3 ser un sujeto de especial protecci\u00f3n; que no se notific\u00f3 a la persona que ostentaba el cargo; y que se causa un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior de Cali remiti\u00f3 informaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no existi\u00f3 la ausencia de integraci\u00f3n del contradictorio, pues el juzgador solicit\u00f3 a la entidad all\u00ed accionada la informaci\u00f3n de la servidora que ocupaba el cargo, quien se opuso a las pretensiones de la demanda; y que como se cuestiona el contenido del fallo primigenio de tutela advert\u00eda la improcedencia del resguardo, en tanto que a\u00fan pod\u00eda solicitar la revisi\u00f3n de dicha providencia, siendo ese el mecanismo id\u00f3neo de defensa. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y aduciendo que no cuenta con otro mecanismo de defensa, pues la suspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos de la revisi\u00f3n ser\u00eda levantada hasta julio de 2020; y que se realiz\u00f3 una indebida interpretaci\u00f3n normativa en el fallo de tutela cuestionado <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. No cabe duda que el objeto del presente reclamo recae sobre el fallo emitido dentro de la acci\u00f3n de tutela que conoci\u00f3 autoridad accionada, pretendiendo que en esta nueva acci\u00f3n constitucional se examine el mismo. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 en. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00 (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
En ese mismo sentido, se ha resaltado que: <\/p>\n
\u2026\u2018ante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisi\u00f3n, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u2019 (expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisi\u00f3n en materia de tutela, esto es, por medio de la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando, por consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez en sede constitucional (CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 00851-01; reiterada en STC8097-2016, 16 jun. 2016, rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se abordar\u00e1 el estudio del reclamo planteado, en tanto que no se est\u00e1 en presencia de una de las excepciones a la regla general de la improcedencia de la tutela contra tutela, pues los ataques se enfilaron frente a aspectos de fondo sobre los que se soport\u00f3 la sentencia constitucional ahora cuestionada con una nueva petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, se observa que se encuentra pendiente que la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional decida si va a revisar o no el fallo aqu\u00ed criticado, destacando que desde el Acuerdo PCSJA20-11594 de 13 de julio de 2020 se regul\u00f3 la remisi\u00f3n de expedientes a la Corte Constitucional para el tr\u00e1mite de su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
De manera que \u00abcomo el tr\u00e1mite censurado se encuentra pendiente de la eventual revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, es ante dicha Corporaci\u00f3n que\u2026 podr\u00eda acudir e insistir en su selecci\u00f3n, para que de ser el caso, en ese escenario se analicen cada uno de los aspectos en los que funda la presente queja\u00bb (CSJ STC, 6 mar. 2009, rad. 2008-00489-01; reiterada en la STC5674, 8 may. 2014, rad. 2014-00062-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, se recuerda que esta Sala ha precisado sobre la revisi\u00f3n que: <\/p>\n
(\u2026) incluso pueden los actores intervenir ante la Corte Constitucional a efectos de procurar la revisi\u00f3n de la sentencia y del tr\u00e1mite de tutela (CSJ STC 14 feb. 2013, Rad. 00247-00.); mecanismo este \u00faltimo respecto del cual, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u2018Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u2019 (CSJ STC 7 nov. 2012, Rad. 2041-01.)1 (CSJ STC2603-2014, 6 mar. 2014, rad. 2014-00376-00). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Modificado por art\u00edculos 57 y 58 del Acuerdo 02 de 2015 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC342-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC342-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-00797-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53207","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53207","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53207"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53207\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53207"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53207"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53207"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}