STC343-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC343-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-00506-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Victoria Barranco de Boh\u00f3rquez frente al fallo proferido el 23 de abril de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n Nro. 2 de esta Colegiatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad judicial acusada al no casar la sentencia dictada por el ad-quem en el juicio ordinario laboral que ella promovi\u00f3. <\/p>\n
En consecuencia, solicit\u00f3 \u00abdejar sin efectos, nulitar o revocar, la sentencia del 23 de octubre de 2019 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, y en su lugar\u2026[,] orden[ar] emitir un nuevo pronunciamiento que acate el precedente judicial para resolver [su] demanda de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso los que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
2.1. En el juicio ordinario laboral que la quejosa le inco\u00f3 a la Electrificadora del Caribe – Electricaribe S.A. E.S.P. (pretendiendo se condenara a \u00e9sta \u00aba reajustarle sus mesadas pensionales, causadas en los a\u00f1os 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, en un 9.25 %, 10.15 %, 10.57 %, 8.60 %, 7.67 %, 11.4 % y 11 %, respectivamente, de conformidad con el par\u00e1grafo 3\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 4\u00aa de 1976 y el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 2 de la Convenci\u00f3n Colectiva 1983 -1985, as\u00ed como\u2026 [de] las mesadas que se causen con posterioridad a la instauraci\u00f3n del proceso, con el pago de las nuevas diferencias que resulten por el del 15%\u00bb), con sentencia del 30 de abril de 2012 el Juzgado Segundo Laboral de Barranquilla absolvi\u00f3 a la demandada al hallar \u00abprobada la excepci\u00f3n de cosa juzgada\u00bb que \u00e9sta plante\u00f3 aduciendo que entre las partes se lleg\u00f3 a un acuerdo conciliatorio previo al respecto, decisi\u00f3n que el 30 de noviembre de 2012 confirm\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de ese lugar, quien destac\u00f3 que en la demanda no se cuestion\u00f3 la validez de la conciliaci\u00f3n que dio lugar a la cosa juzgada declarada por el a-quo, por lo que su pronunciamiento no pod\u00eda extenderse a tal aspecto, como lo pretendi\u00f3 la actora, decisi\u00f3n \u00faltima que el 7 de noviembre de 2019 no cas\u00f3 la Sala acusada de esta Corte, al resolver el recurso extraordinario que inco\u00f3 la demandante, pero por razones de falta de t\u00e9cnica en la proposici\u00f3n de los cargos, los que encontr\u00f3 deficientemente formulados. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. Electricaribe S.A. E.S.P. pidi\u00f3 el despacho adverso de la salvaguarda porque, en su sentir, la decisi\u00f3n criticada se edific\u00f3 \u00aben principios y normas constitucionales y legales, contenidos en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, \u2026con observancia y respeto de las normas procesales y sustancial del trabajo, con base en los argumentos presentados por [ella]\u2026 y en las pruebas allegadas oportunamente al tr\u00e1mite\u00bb; sumado a que la inconforme \u00abno demostr\u00f3 la ocurrencia de un perjuicio irremediable\u00bb y \u00abagot\u00f3 en su oportunidad el medio de defensa judicial id\u00f3neo y definitivo para ventilar sus pretensiones\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n Nro. 2 de esta Corte tambi\u00e9n exigi\u00f3 negar la protecci\u00f3n porque su providencia se \u00abprofiri\u00f3 con estricto apego a la Constituci\u00f3n, al C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y al precedente jurisprudencial\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que resolvi\u00f3 no casar el fallo del ad-quem al advertir que en la demanda de casaci\u00f3n la quejosa \u00abincurri\u00f3 en insuperables falencias t\u00e9cnicas\u2026 que impidieron la estimaci\u00f3n de los dos cargos que dirigi\u00f3 contra aquel, incumpliendo as\u00ed las exigencias m\u00ednimas dise\u00f1adas por el legislador para ese efecto, que se encuentran regladas en los art\u00edculos 87, 90 y 91 del CPTSS, junto con la normativa de la Ley 16 de 1969, necesarias para que la Corte pudiera ejercer de fondo el estudio de legalidad para el que la convoc\u00f3\u00bb; de all\u00ed que \u00abpareciera que con la solicitud de amparo\u2026 procura enmendar, tard\u00eda e inapropiadamente\u2026, las deficiencias de su actuaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de casaci\u00f3n, pasando por alto que las reglas formales m\u00ednimas a las que no se atuvo, que se le explicaron esmeradamente en la sentencia que cuestiona, forman parte del debido proceso judicial, que como derecho constitucional fundamental, tambi\u00e9n impera, en cuanto principio y garant\u00eda, en los juicios laborales y de la seguridad social, al cual se deben someter, no solo los jueces, sino las partes y sus apoderados\u00bb. <\/p>\n
3. Tras la emisi\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia, la Procuradora 26 Judicial II para el Trabajo y la Seguridad Social de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 \u00abnegar el amparo solicitado en la medida que no se evidencia vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales a la accionante\u00bb, en tanto que \u00abno se configuran las causales alegadas, pues al margen de que la decisi\u00f3n est[\u00e1] o no en conformidad con el querer de la\u2026 accionante, la misma no luce arbitraria o caprichosa, por el contrario, se encuentra debidamente fundamentada en criterios jur\u00eddicos de sana interpretaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo al considerar que la sentencia reprochada \u00abcontiene argumentos razonables\u00bb, en tanto que su \u00abdecisi\u00f3n de no casar la sentencia del Tribunal no se fund\u00f3 exclusivamente en las fallas en la t\u00e9cnica, sino en el \u201cincumplimiento de la carga demostrativa\u201d para derruir los fundamentos en que aquel ciment\u00f3 la decisi\u00f3n de confirmar la de primera instancia que neg\u00f3 las pretensiones; situaci\u00f3n que adem\u00e1s, permit\u00eda predicar la aplicabilidad del principio de \u201cdoble presunci\u00f3n de legalidad y acierto\u201d\u00bb, a lo cual a\u00f1adi\u00f3 que \u00abel fundamento estructural que emple\u00f3 el Tribunal fue que la demandante -hoy accionante- nunca postul\u00f3 como objeto de la demanda y, por tanto, elemento del litigio, la invalidez de las conciliaciones celebradas por las partes durante los a\u00f1os 2003 y 2006, mediante las cuales se le otorg\u00f3 la \u201cpensi\u00f3n voluntaria\u201d y se fij\u00f3 el incremento anual para esa pensi\u00f3n reconocida; y que, al no haber sido objeto de pretensi\u00f3n, al encontrarse el debate en segunda instancia, no pod\u00eda decirse (sic) en el marco de las facultades ultra y extra petita\u00bb; razonamientos que, asegur\u00f3, \u00abnunca fueron atacados por Barranco Boh\u00f3rquez, \u201cdej\u00e1ndose ver la demostraci\u00f3n del cargo, m\u00e1s como un alegato de instancia, que como una acusaci\u00f3n de ilegalidad del segundo fallo, para que este fuera anulado por el Juez de casaci\u00f3n\u201d\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la actora insistiendo en sus planteamientos iniciales, destac\u00f3 que demostr\u00f3 la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales y que si bien la sede judicial acusada \u00abpudo tener argumentos razonables en la sentencia tutelada, ello no significa que est\u00e9n acorde [al]\u2026 precedente judicial que actualmente tiene toda la Sala y la Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Por ende, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026[E]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al sub-judice, observa la Sala que la accionante enfil\u00f3 su cr\u00edtica contra la providencia de 7 de octubre de 2019, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n Nro. 2 de esta Corte dispuso no casar la dictada el 30 de noviembre de 2012 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, confirmatoria de la del a-quo, adversa a las pretensiones de la demanda que ella inco\u00f3 contra Electricaribe. <\/p>\n
Ahora, para arribar a tal conclusi\u00f3n, all\u00ed la autoridad enjuiciada previamente anot\u00f3 que \u00ab[e]l Tribunal fund\u00f3 su decisi\u00f3n confirmatoria de la sentencia de primera instancia, en que\u00bb: <\/p>\n
i) No hubo trasgresi\u00f3n al debido proceso de la demandante, al declararse probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada, que hab\u00eda sido negada como previa, porque no existe impedimento legal para que el Juez nuevamente examinara el asunto en la decisi\u00f3n definitiva y, principalmente, porque se soport\u00f3 en un supuesto de f\u00e1ctico probatorio diferente, como fue la conciliaci\u00f3n celebrada entre las partes en el a\u00f1o 2006 y no la de 2003, como se decidi\u00f3 al inicio del tr\u00e1mite procesal. <\/p>\n
ii) Que tampoco hubo trasgresi\u00f3n al principio de congruencia, porque dicho medio exceptivo fue propuesto por la demandada al contestar la demanda. <\/p>\n
iii) Que a pesar de que la Corte ha admitido los reajustes convencionales de la ley 4\u00aa de 1976, aun con posterioridad a la Ley 100 de 1993, los cuales no se vieron afectados por el Acto Legislativo 01 de 2005, en raz\u00f3n a que mantuvo la protecci\u00f3n y respecto de los derechos adquiridos, los mismos no son procedentes en el caso, en raz\u00f3n a que la demandante concili\u00f3 la sustituci\u00f3n pensional como una pensi\u00f3n voluntaria y, mediante Conciliaci\u00f3n n.\u00b0 7320 del 3 de octubre de 2006, acord\u00f3 en forma libre y voluntaria la aplicaci\u00f3n del acuerdo suscrito por ASOPELIS, que facilitaba un reajuste anticipado anual de la pensi\u00f3n, en un monto no inferior al IPC causado, menos dos puntos, por el t\u00e9rmino de 5 a\u00f1os, a cambio del pago de unos bonos anticipados que compensaran dicho incremento. <\/p>\n
iv) Que dicho acuerdo conciliatorio hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada y solo pod\u00eda ser analizada su invalidez judicialmente, si se demanda por algunas de las partes la existencia de vicios del consentimiento o la trasgresi\u00f3n de m\u00ednimos irrenunciables del trabajador, lo cual no ocurri\u00f3 en el caso, en raz\u00f3n a que tales aspectos no fueron objeto de litigio, circunstancia que imped\u00eda cualquier pronunciamiento al respecto, so pena de sorprender a la contraparte y porque, en todo caso, al Juzgador de segundo grado le est\u00e1n vedadas las facultades ultra y extra petita. <\/p>\n
v) Que, como tampoco fue objeto de demanda el car\u00e1cter voluntario de la pensi\u00f3n de la actora, otorgada mediante Acuerdo del 1\u00b0 de septiembre de 2003, no pod\u00eda examinarse su validez o invalidez. <\/p>\n
vi) Que lo anterior conduc\u00eda, a que el t\u00edtulo del que emanaba el derecho de la aquella, era diferente al acuerdo colectivo del trabajo en que ciment\u00f3 sus pretensiones, por lo que no habr\u00eda lugar a los incrementos de la Ley 4\u00aa de 1976. <\/p>\n
vi) Que, con todo, el citado reajuste pensional no era un derecho cierto e indiscutible, pues dicha tem\u00e1tica fue objeto de reglamentaci\u00f3n por el legislador y el hecho de que tenga como fuente la convenci\u00f3n, no impide que pueda ser objeto de libre disposici\u00f3n por su beneficiario, m\u00e1xime si es compensado (se destac\u00f3). <\/p>\n
Seguidamente, dijo que, \u00ab[e]n contraste, la censura acus\u00f3 el fallo\u00bb: <\/p>\n
\u2026en el primer cargo, de infracci\u00f3n directa de la normativa censurada, al desconocer: i) el car\u00e1cter imperativo de los derechos convencionales pactados por las partes; ii) la ineficacia de los acuerdos que afecten m\u00ednimos irrenunciables y derechos adquiridos, como son los reajustes convencionales que fueron trasmitidos por su causante y el incremento m\u00ednimo legal del IPC; iii) que dichas prestaciones no pueden ser objeto de transacci\u00f3n en perjuicio del pensionado. <\/p>\n
Agreg\u00f3, en el segundo cargo, que el Colegiado incurri\u00f3 en la aplicaci\u00f3n indebida de la norma acusada, al incurrir en error de hecho en la valoraci\u00f3n de las actas de conciliaci\u00f3n suscritas por las partes, por cuanto: i) en ellas no se transaron los reajustes pensionales objeto de demanda, ni se declar\u00f3 a la demandada a paz y salvo de tales conceptos; ii) tales acuerdos no tienen la entidad de modificar la CCT, en raz\u00f3n a que no se cumplen los presupuestos legales; iii) carecen de eficacia, en raz\u00f3n a que quebrantan derechos adquiridos y trasgreden el orden p\u00fablico. <\/p>\n
Luego, justific\u00f3 efectuar tal remembranza \u00abporque de ella se colige que la recurrente dej\u00f3 de acusar algunos t\u00f3picos estructurales de la decisi\u00f3n impugnada, lo cual es suficiente para sostenerla, por la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto que arropa a las decisiones judiciales\u00bb, comoquiera que: <\/p>\n
\u2026en ambos cargos\u2026 pas\u00f3 por alto el principal soporte argumental del fallo que busca anular, concerniente con: i) la imposibilidad del Colegiado de pronunciarse sobre la validez de las conciliaciones suscritas por las partes, referentes al otorgamiento de una pensi\u00f3n voluntaria a la actora y la aplicaci\u00f3n del acuerdo ASOPELIS, en lo que ata\u00f1e con los reajustes anuales anticipados de su pensi\u00f3n, en raz\u00f3n a que, por una parte, no hab\u00eda sido objeto de demanda y, por tanto, elemento del litigio y ii) porque tampoco hab\u00edan sido objeto de pretensi\u00f3n, por lo que, al encontrarse el debate en segunda instancia, no pod\u00eda decidirse en el marco de las facultades ultra y extra petita. <\/p>\n
Despu\u00e9s se\u00f1al\u00f3 validar ese aserto con lo expuesto en precedentes de la Sala especializada en la materia (SL9159-2017 y SL9162-2017), a lo cual a\u00f1adi\u00f3 que \u00abambos cargos presentan errores de t\u00e9cnica que los hacen inestimables, en tanto iteradamente [se] ha adoctrinado que el proceso laboral y de la seguridad social tiene unas formas propias, establecidas en el CPTSS, que incluyen las que regulan la interposici\u00f3n y tr\u00e1mite del recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb, en concordancia con los c\u00e1nones 87, 90 y 91 de dicho estatuto y la Ley 16 de 1969. <\/p>\n
As\u00ed, bajo ese itinerario, sostuvo que: <\/p>\n
1. La formulaci\u00f3n del alcance de la impugnaci\u00f3n fue deficiente, en raz\u00f3n a que la censura solicita se case la sentencia de segunda instancia y, al mismo tiempo, requiere porque se revoque, cuando ello, por lo menos en lo que ata\u00f1e con la providencia del Tribunal, es jur\u00eddicamente imposible, en vista de que, anulada aquella providencia, desaparece del mundo jur\u00eddico, lo que impide cualquier otra decisi\u00f3n respecto a ella. En otras palabras, no se puede revocar una decisi\u00f3n, que ya no existe\u2026 <\/p>\n
Adem\u00e1s, omite se\u00f1alar lo que pretende en sede de instancia de la sentencia de primer grado, esto es, que se revoque, modifique o confirme y, en el evento de las dos primeras opciones, si total o parcialmente y, en cuanto a lo \u00faltimo, en relaci\u00f3n con qu\u00e9 elementos de la decisi\u00f3n, pues solo hizo alusi\u00f3n a lo que aspiraba en torno a sus pretensiones. <\/p>\n
Ahora, aunque la Sala, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL033-2018, ha anotado que tales yerros no tienen el car\u00e1cter de insuperables, si se tiene en cuenta que la censura expres\u00f3 la intenci\u00f3n de obtener una sentencia favorable a las pretensiones de la demanda ordinaria, que le fueron adversas en el primer fallo, lo que permite comprender que su reclamaci\u00f3n es la revocatoria de ese prove\u00eddo, en punto a los pedimentos que eleva, en el caso se advierten otros yerros que si tienen tal envergadura, como se pasa a explicar: <\/p>\n
2. El primer cargo, fue dirigido por la v\u00eda directa, por \u00abfalta de aplicaci\u00f3n\u00bb de la normativa censurada\u2026, sin que ello constituya alguna de las modalidades de violaci\u00f3n del recurso extraordinario, como es posible aprehenderlo del texto del literal a) del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 90 del CPTSS, de acuerdo con el cual, en la causal primera de casaci\u00f3n, son modalidades de violaci\u00f3n de la ley sustancial de alcance nacional, la infracci\u00f3n directa, la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea o la aplicaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
3. Adem\u00e1s, en el mismo ataque, la censura cuestiona la actividad de valoraci\u00f3n probatoria del Colegiado, pasando por alto que en la v\u00eda que eligi\u00f3, la discusi\u00f3n debe hacerse al margen de las conclusiones f\u00e1ctico probatorias a las que \u00e9ste haya arribado, como lo ha adoctrinado la Sala, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL739-2018\u2026 <\/p>\n
As\u00ed se dice, por cuanto consider\u00f3 que los acuerdos incorporados en las conciliaciones del 23 de junio de 2006 y 3 de octubre de 2006, disponen el incremento pensional igual al IPC, menos dos puntos, durante 5 a\u00f1os, el cual es inferior al legal, que es equivalente al \u00edndice de precios al consumidor, as\u00ed como al se\u00f1alar que los mismos estaban limitados y, por tanto, no estaban vigentes para la fecha de las sentencias de primer y segundo grado. <\/p>\n
4. Adicionalmente, junto con los cuestionamientos f\u00e1cticos que introdujo impropiamente la recurrente, dada la v\u00eda escogida \u2013 la directa, ahora s\u00ed de conformidad con esta, introdujo debates jur\u00eddicos, concernientes con: i) el \u00abvalor\u00bb que el ordenamiento jur\u00eddico colombiano otorga a las CCT; ii) la ineficacia de los acuerdos que desconozcan el principio de irrenunciabilidad de los derechos m\u00ednimos del pensionados; iii) el derecho a la actualizaci\u00f3n del poder adquisitivo de las pensiones; iv) las limitaciones al principio de autonom\u00eda de la voluntad y, v) la transmisibilidad de las pensiones convencionales\u2026 <\/p>\n
5. Vinculado con lo anterior, en el segundo cargo, la impugnaci\u00f3n increpa al Tribunal haber quebrantado \u00abdirectamente\u00bb la normativa censurada, tras haber incurrido en los que califica, como \u00abERRORES EVIDENTES POR LA MALA APRECIACI\u00d3N DE LAS PRUEBAS\u00bb, acusaci\u00f3n que, como se indic\u00f3 en precedencia, es incompatible con la senda elegida. <\/p>\n
Sin embargo, si en gracia de discusi\u00f3n se entendiera que la v\u00eda seleccionada constituye un simple error de referencia, por cuanto la intenci\u00f3n del cargo fue denunciar la violaci\u00f3n indirecta de la ley, en la cual la discusi\u00f3n de sujeci\u00f3n a esta de la sentencia de segundo grado, est\u00e1 mediada principalmente por la discrepancia de la censura en torno a la forma como el Colegiado valor\u00f3 las pruebas y las conclusiones que de ello extrajo, introduce debates de exclusivo talante jur\u00eddico, propios de la senda directa, atinentes a la ineficacia de los acuerdos que afecten derechos adquiridos o normas de orden p\u00fablico y de las conciliaciones modificatorias de derechos convencionales, por cuanto requiere del cumplimiento de los requisito del art\u00edculo 467 y 468 del CST. <\/p>\n
En la sentencia CSJ SL737-2018, la Corte dijo que la acusaci\u00f3n as\u00ed formulada, \u00abincurre en la impropiedad de entremezclar indebidamente aspectos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, siendo que si el ataque se plantea por errores de hecho o de derecho, los razonamientos pertinentes deber\u00e1n enderezarse exclusivamente a criticar el ejercicio de valoraci\u00f3n probatoria del Tribunal\u00bb. <\/p>\n
6. Por otro lado, en el contexto descrito, esto es, entendiendo que el segundo cargo se dirigi\u00f3 por la v\u00eda indirecta, la recurrente omiti\u00f3 cumplir la carga demostrativa que le correspond\u00eda, puesto que no expl\u00edcita qu\u00e9 error o errores f\u00e1cticos cometi\u00f3 el Juez de la alzada, por dar por demostrado algo que no lo est\u00e1, o no dar por acreditado lo que evidentemente si est\u00e1 probado, as\u00ed como relacionar estos con las pruebas calificadas no apreciadas por dicho juzgador, y explicar de qu\u00e9 manera todo ello impact\u00f3 la sentencia y desat\u00f3 la trasgresi\u00f3n normativa que denuncia, conforme lo reclaman los ordinales 1\u00ba del art\u00edculo 87 y 5\u00ba literal b) del art\u00edculo 90 ib\u00eddem, dej\u00e1ndose ver la demostraci\u00f3n del cargo, m\u00e1s como un alegato de instancia, que como una acusaci\u00f3n de ilegalidad del segundo fallo, para que este fuera anulado por el Juez de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre las consecuencias desestimatorias del ataque, cuando se presenta esta falencia, se pronunci\u00f3 la Sala en sentencia CSJ SL341-2019\u2026 <\/p>\n
4. Bajo ese contexto, se deduce la procedencia del resguardo impetrado, lo que impone revocar el fallo impugnado, al encontrar transgredidas las prerrogativas esenciales de la promotora del amparo, comoquiera que en la decisi\u00f3n cuestionada, contrariando los precedentes vigentes de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente de esta Corte, se desestim\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n propuesto por aqu\u00e9lla, por la supuesta deficiente formulaci\u00f3n de los cargos, especialmente por no cuestionar el argumento del ad-quem en punto a su imposibilidad de ocuparse de la validez del acuerdo conciliatorio que dio lugar a la declaraci\u00f3n de la criticada \u00abcosa juzgada\u00bb, bajo el entendido de que en las pretensiones de la demanda no se reclam\u00f3 su nulidad. <\/p>\n
En efecto, todo ello se produjo pasando por alto la jurisprudencia vinculante sobre la materia, seg\u00fan la cual, en casos an\u00e1logos, esas presuntas insuficiencias de la demanda extraordinaria resultan superadas al evidenciar que de su integridad inequ\u00edvocamente se desprende que lo buscado es el quiebre de la sentencia dictada por el ad-quem, la revocatoria de la emitida por el a-quo y el reconocimiento de las pretensiones relacionadas en el libelo inicial, siendo patente tambi\u00e9n que lo perseguido es que en sede de casaci\u00f3n se aborde la discusi\u00f3n en torno a derechos de \u00edndole convencional, de donde su invocaci\u00f3n permite entender adecuadamente propuestos los cargos porque, ante esa alegaci\u00f3n, el juez de casaci\u00f3n ha dispuesto volver sobre la validez de la conciliaci\u00f3n en la que para el caso concreto se soportaron los falladores de instancia para dar por sentada una aparente \u00abcosa juzgada\u00bb, hallando que aqu\u00e9lla es ineficaz al recaer sobre derechos irrenunciables, sin que para ello se haya exigido la inclusi\u00f3n de pretensi\u00f3n espec\u00edfica alguna al respecto en la demanda laboral. <\/p>\n
4.1. En lo tocante con lo primero, esto es, la superaci\u00f3n de presuntos defectos en la demanda de casaci\u00f3n en casos como el aqu\u00ed tratado, en providencia del 3 de septiembre de 2014 (SL12138-2014, rad. 59682), el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia laboral se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Los reparos de orden t\u00e9cnico formulados por la r\u00e9plica, no impiden que la Corte aborde el tema planteado por la censura, pues trata de establecer si el Acuerdo de 5 de mayo de 2006 suscrito por la demandada y SINTRAELECOL pod\u00eda modificar la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo vigente para la \u00e9poca, en lo que ata\u00f1e al porcentaje del reajuste anual de pensiones. <\/p>\n
Por esa l\u00ednea, ajustando su pronunciamiento a precedentes de la Sala Laboral permanente de esta Corte, en sentencia de 10 de octubre de 2017 (SL16604-2017, rad. 54102) la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n Nro. 2 -misma que es la aqu\u00ed accionada, aunque con ponencia de otro de sus integrantes- indic\u00f3: <\/p>\n
Sea lo primero se\u00f1alar que la presente demanda de casaci\u00f3n no es un modelo a seguir, puesto que, para empezar, al fijar el alcance de la impugnaci\u00f3n, cometi\u00f3 el recurrente una imprecisi\u00f3n, en la medida que solicita que esta Corporaci\u00f3n case parcialmente la sentencia del Tribunal, sin individualizar el punto de decisi\u00f3n del ad quem cuyo quiebre pretende; tampoco dice qu\u00e9 hacer con lo dispuesto por el a quo, pues una vez desaparece parcialmente la sentencia de segundo grado, es deber del casacionista indicar si lo requerido es, que se confirme, modifique o revoque la providencia de primer grado. <\/p>\n
Sin embargo, esa falencia es superable pues al realizar un sano ejercicio interpretativo se comprende que lo pedido es que se case la sentencia recurrida en su numeral segundo, se revoque la absoluci\u00f3n proferida por el juez unipersonal y, en su lugar, se condene a la demandada a pagar los reajustes de la Ley 4\u00aa de 1976, durante todo el tiempo en que subsista dicho derecho en la pensi\u00f3n convencional. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se considera que, la proposici\u00f3n jur\u00eddica del primer cargo es deficiente, toda vez que no se invoc\u00f3 entre las normas atacadas los art\u00edculos 467 o 476 del CST; no obstante, la discusi\u00f3n se centra en derechos de \u00edndole convencional. <\/p>\n
Igualmente observa la Sala, en cuanto al cargo segundo, que no indic\u00f3 el recurrente los folios en los que aparecen los documentos que denuncia como err\u00f3neamente apreciados por el Tribunal, simplemente los menciona, mas, una vez revisada la totalidad de la foliatura, no se encuentran ni la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1998-1999, ni el Acuerdo del 23 de junio de 2006. <\/p>\n
4.2. Ahora, en lo tocante con que los reajustes pactados convencionalmente de cara a la asignaci\u00f3n pensional de la que es beneficiaria la quejosa no constitu\u00edan tema que por v\u00eda de conciliaci\u00f3n pudiese reducirse y, por tanto, ning\u00fan efecto al respecto tuvo el aparente acuerdo al que aqu\u00e9lla lleg\u00f3 con Electricaribe en el a\u00f1o 2006, en la primera de las sentencias citada se concluy\u00f3: <\/p>\n
La compilaci\u00f3n de convenios colectivos 1998-1999, que acusa el recurrente, previ\u00f3 en su cl\u00e1usula 106, par\u00e1grafo 3\u00ba: <\/p>\n
\u00abTodos los trabajadores que se encuentren pensionados por la ELECTRIFICADORA DEL ATL\u00c1NTICO S.A. E.S.P. o que se pensionen en el futuro, se les seguir\u00e1n reconociendo todos los derechos contemplados en la Ley 4\u00aa de 1976 sin consideraci\u00f3n de su vigencia (Conv. 83-85)\u00bb\u2026 <\/p>\n
El acuerdo al que llegaron ELECTRICARIBE y SINTRAELECOL\u2026, indic\u00f3: \u00abLa empresa ha tenido en cuenta que el d\u00eda 4 de agosto de 1998 mediante las escrituras p\u00fablicas Nos. 2633, 2635, 2636 y 2637 de la Notar\u00eda 45 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1 se perfeccion\u00f3 la transferencia de activos de las Electrificadoras del Atl\u00e1ntico, Cesar, Magdalena y Guajira, los convenios de sustituci\u00f3n patronal anexos a los mismos, manteniendo cada una de ellas sus propios reg\u00edmenes convencionales vigentes en los distritos que hoy est\u00e1n agrupados en una sola Empresa (ELECTRICARIBE) lo que implica especial dificultad para alcanzar en el futuro un r\u00e9gimen convencional \u00fanico.\/ Este acuerdo contribuye a seguir desarrollando el modelo de relaciones laborales y representa un avance en el inter\u00e9s de las partes para el establecimiento de un r\u00e9gimen convencional \u00fanico de las distintas convenciones vigentes en la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.\u00bb. <\/p>\n
All\u00ed se se\u00f1ala que ambos est\u00e1n debidamente facultados y que \u00abse conviene dentro de este contexto de compromisos y es la base que permitir\u00e1 alcanzar una convenci\u00f3n \u00fanica en un futuro\u201d, y que \u201cEl presente acuerdo colectivo\u2026 establece el marco unitario en el que se desarrollar\u00e1n las relaciones laborales entre la Empresa y todos los trabajadores sindicalizados o que se beneficien del mismo, e incorpora en lo no modificado por \u00e9ste, los acuerdos celebrados el 18 de septiembre de 2003, 21 de agosto de 2001 y los reg\u00edmenes convencionales vigentes\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al tema espec\u00edfico del reajuste anual de pensiones se expres\u00f3: <\/p>\n
\u00abLas partes convienen un sistema de reajuste anual de las pensiones aplicables a las que se causen con posterioridad a la firma del presente acuerdo que consiste en que dicho reajuste anual ser\u00e1 del IPC causado menos un (1) punto para los cinco (5) a\u00f1os posteriores al de su reconocimiento. Estas pensiones tendr\u00e1n un beneficio consistente en dos (2) bonos que compensan el sistema de reajuste as\u00ed; un (1) bono por el importe de la mitad de una mesada en el primer a\u00f1o de aplicaci\u00f3n y un bono por el importe de la mitad de una mesada en el quinto a\u00f1o de aplicaci\u00f3n. El bono se liquidar\u00e1 con base en el valor de la mesada del a\u00f1o anterior al reajustado y ser\u00e1 cancelado dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes de la fecha del reajuste respectivo\u00bb. <\/p>\n
Esa contraposici\u00f3n de garant\u00edas, esto es la contenida en el Acuerdo Extra Convencional y la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo, permite que esta Sala recuerde que nada se opone a que las partes inmersas en una relaci\u00f3n de car\u00e1cter laboral convengan, sin que medie conflicto colectivo, las condiciones en las cuales se va a desarrollar aquella, porque una de las aspiraciones del derecho del trabajo es la prevalencia del di\u00e1logo y con ello la consecuci\u00f3n de la paz social. <\/p>\n
En tal sentido es posible y deseable que Sindicato y Empresa coincidan en puntos que los beneficien y suscriban un documento con el que logren dirimir las dificultades que se perciben en el desarrollo del trabajo, en tanto ello tambi\u00e9n traduce bienestar y tranquilidad. Sin embargo, es evidente que ning\u00fan acuerdo de esas caracter\u00edsticas puede modificar o eliminar los derechos contenidos en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, pues para ello el C\u00f3digo Sustantivo de Trabajo contempla su denuncia, y tambi\u00e9n establece la revisi\u00f3n, quedando la posibilidad, eso s\u00ed, de regular situaciones que dicho convenio no hubiese previsto. <\/p>\n
Tampoco era necesaria la vinculaci\u00f3n del Sindicato a efectos de debatir sobre la aplicaci\u00f3n de dicho Acuerdo de 5 de mayo de 2006 en el caso concreto, pues es la propia ley la que se\u00f1ala los efectos de la Convenci\u00f3n Colectiva, y es el art\u00edculo 435 del Estatuto Sustantivo del Trabajo, el que define los l\u00edmites de los negociadores y el car\u00e1cter vinculante del acuerdo. De forma que ning\u00fan aspecto que hubiese sido regulado por la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo pod\u00eda variarse a trav\u00e9s de un documento, cuyo contenido tiene valor en la medida en que regule aspectos distintos a los ya definidos. <\/p>\n
De lo dicho se colige que verdaderamente el Tribunal incurri\u00f3 en los yerros que se le imputan, pues simplemente aplic\u00f3 el Acuerdo de 5 de mayo de 2006, sin consideraci\u00f3n de la existencia de una Convenci\u00f3n Colectiva vigente que contemplaba lo relacionado con el reajuste de las pensiones (CSJ SL12138-2014, 3 sep. 2014, rad. 59682). <\/p>\n
En el mismo sentido, en el referido fallo de casaci\u00f3n que en otro asunto dict\u00f3 la Sala aqu\u00ed enjuiciada, aunque con ponencia de otro de los funcionarios que la integran, se consign\u00f3: <\/p>\n
\u2026se aborda el estudio de las acusaciones, las cuales tiene[n] como ejes centrales: <\/p>\n
a) La invalidez o ineficacia del acuerdo conciliatorio. <\/p>\n
b) La supremac\u00eda del acuerdo convencional frente al acuerdo conciliatorio. <\/p>\n
Pues bien, es punto indiscutido que mediante CCT 1983-1985, la Electrificadora del Atl\u00e1ntico y el Sindicato de Trabajadores de las Empresas de Energ\u00eda de la Costa Atl\u00e1ntica, acordaron que \u00abTodos los trabajadores que se encuentren pensionados por la electrificadora del Atl\u00e1ntico S.A, o que se pensionen en el futuro se les seguir\u00e1n reconociendo todos los derechos contemplados en la Ley 4\u00aa de 1976, sin consideraci\u00f3n a su vigencia (Art\u00edculo 2\u00ba.)\u00bb, tampoco se discute en casaci\u00f3n, que dicho derecho le fue reconocido por el Juez de segundo grado al actor en aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia de este Cuerpo Colegiado. <\/p>\n
La controversia se presenta porque el fallador de segunda instancia decidi\u00f3 limitar en tiempo el disfrute del derecho al reajuste pensional convencionalmente pactado, con base en el acuerdo conciliatorio suscrito entre el actor y Electricaribe\u2026, seg\u00fan el cual: <\/p>\n
Las partes convienen un sistema que facilita el disfrute anticipado del reajuste anual de pensiones vigentes que no es inferior al m\u00ednimo previsto en el Sistema General de Pensiones. <\/p>\n
Este sistema consiste en aplicar un reajuste anual del IPC causado menos dos (2) puntos para cada uno de los cinco (5) a\u00f1os entre 2006 y 2010 y el otorgamiento de bonos anticipados que compensan el sistema de reajuste, adicionados a los efectos de los beneficios individuales y colectivos, de los que se benefician como consecuencia de su manifestaci\u00f3n de acogimiento del presente acuerdo, en la siguiente forma: <\/p>\n
Esta pensi\u00f3n tendr\u00e1 un beneficio consistente en: <\/p>\n
a) Para los pensionados que est\u00e9n compartidos con el ISS, un beneficio consistente en el pago anticipado de Dos (2) bonos que compensan el sistema de reajuste as\u00ed: Un (1) bono por el importe del 75% de una mesada devengada en el primer a\u00f1o de aplicaci\u00f3n y un bono por el importe del 75% de una mesada devengada en el tercer a\u00f1o de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
b) Para los pensionados que se compartan entre la fecha de firma del acuerdo y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diez (2010) un beneficio consistente en el pago anticipado de Dos (2) bonos que compensan el sistema de reajuste, as\u00ed: Un (1) bono por el importe del 75% de una mesada devengada en el primer a\u00f1o de aplicaci\u00f3n y un bono por el importe de 75% de una mesada devengada en el tercer a\u00f1o de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
c) Para los pensionados que se compartan despu\u00e9s del treinta y uno (31) de Diciembre (sic) de dos mil diez (2010), o no sean compartidos, un beneficio consistente en el pago anticipado de Tres (3) bonos que compensan el sistema de reajuste, as\u00ed: Un (1) bono por el importe de una mesada devengada en el primer a\u00f1o de aplicaci\u00f3n, un (1) bono por el importe de una mesada devengada en el tercer a\u00f1o de aplicaci\u00f3n, y un (1) bono por el importe de media mesada devengada que ser\u00e1 reconocido en enero del a\u00f1o 2011, al momento de efectuarse el reajuste. <\/p>\n
De tal suerte que, consider\u00f3 el Tribunal que el mencionado acuerdo se ocupaba del mismo t\u00f3pico por el cual se hab\u00eda acudido a los estrados judiciales, no adolec\u00eda de vicios en el consentimiento dado por el pensionado y, adem\u00e1s hab\u00eda sido otorgado ante funcionario competente, por lo que supl\u00eda, a partir de su vigencia, el acuerdo convencional. <\/p>\n
Respecto de la validez de los convenios celebrados en contraposici\u00f3n de una convenci\u00f3n colectiva vigente, esta Sala ya tuvo ocasi\u00f3n de ocuparse en proceso contra la misma demandada, pero en acuerdo suscrito por el Sindicato y no, como en este caso, por el pensionado, dijo en aquella oportunidad, lo siguiente (CSJ SL9165-2014): <\/p>\n
El asunto se concreta en determinar si el acuerdo de 5 de mayo de 2006 pod\u00eda modificar lo pactado en la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo vigente para la \u00e9poca, relacionado con el reajuste anual de pensiones y si era necesario vincular al Sindicato o solicitar la ineficacia del citado acuerdo. <\/p>\n
Para la rese\u00f1ada fecha, y ello no fue controvertido por las partes, estaba vigente la convenci\u00f3n colectiva 1998-1999, la cual en la cl\u00e1usula 106 par\u00e1grafo 3\u00ba contempl\u00f3 que: <\/p>\n
Todos los trabajadores que se encuentren pensionados por la ELECTRIFICADORA DEL ATL\u00c1NTICO S.A. E.S.P. o que se pensionen en el futuro, se les seguir\u00e1n reconociendo todos los derechos contemplados en la Ley 4\u00aa de 1976 sin consideraci\u00f3n de su vigencia (Conv. 83-85) <\/p>\n
De folios 154 a 161 consta que Electricaribe y el Sindicato de Electricidad de Colombia – SINTRAELECOL suscribieron un acuerdo en el que resaltan que \u201cLa empresa ha tenido en cuenta que el d\u00eda 4 de agosto de 1998 mediante las escrituras p\u00fablicas Nos. 2633, 2635, 2636 y 2637 de la Notar\u00eda 45 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1 se perfeccion\u00f3 la transferencia de activos de las Electrificadoras del Atl\u00e1ntico, Cesar, Magdalena y Guajira, los convenios de sustituci\u00f3n patronal anexos a los mismos, manteniendo cada una de ellas sus propios reg\u00edmenes convencionales vigentes en los distritos que hoy est\u00e1n agrupados en una sola Empresa (ELECTRICARIBE) lo que implica especial dificultad para alcanzar en el futuro un r\u00e9gimen convencional \u00fanico. Este acuerdo contribuye a seguir desarrollando el modelo de relaciones laborales y representa un avance en el inter\u00e9s de las partes para el establecimiento de un r\u00e9gimen convencional \u00fanico de las distintas convenciones vigentes en la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.\u201d. <\/p>\n
All\u00ed se se\u00f1ala que ambos est\u00e1n debidamente facultados y que \u00abse conviene dentro de este contexto de compromisos y es la base que permitir\u00e1 alcanzar una convenci\u00f3n \u00fanica en un futuro\u201d, y es expl\u00edcito en que \u201cEl presente acuerdo colectivo \u2026 establece el marco unitario en el que se desarrollar\u00e1n las relaciones laborales entre la Empresa y todos los trabajadores sindicalizados o que se beneficien del mismo, e incorpora en lo no modificado por \u00e9ste, los acuerdos celebrados el 18 de septiembre de 2003, 21 de agosto de 2001 y los reg\u00edmenes convencionales vigentes\u00bb. <\/p>\n
En lo relativo al reajuste anual de pensiones se\u00f1ala: <\/p>\n
Las partes convienen un sistema de reajuste anual de las pensiones aplicables a las que se causen con posterioridad a la firma del presente acuerdo que consiste en que dicho reajuste anual ser\u00e1 del IPC causado menos un (1) punto para los cinco (5) a\u00f1os posteriores al de su reconocimiento. Estas pensiones tendr\u00e1n un beneficio consistente en dos (2) bonos que compensan el sistema de reajuste as\u00ed; un (1) bono por el importe de la mitad de una mesada en el primer a\u00f1o de aplicaci\u00f3n y un bono por el importe de la mitad de una mesada en el quinto a\u00f1o de aplicaci\u00f3n. El bono se liquidar\u00e1 con base en el valor de la mesada del a\u00f1o anterior al reajustado y ser\u00e1 cancelado dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes de la fecha del reajuste respectivo. <\/p>\n
Esa contraposici\u00f3n de garant\u00edas, esto es la contenida en el Acuerdo Extra Convencional y la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo, permite que esta Sala recuerde que nada se opone a que las partes inmersas en una relaci\u00f3n de car\u00e1cter laboral convengan, sin que medie conflicto colectivo, las condiciones en las cuales se va a desarrollar aquella, porque una de las aspiraciones del derecho del trabajo es la prevalencia del di\u00e1logo y con ello la consecuci\u00f3n de la paz social. <\/p>\n
Tampoco era necesaria la vinculaci\u00f3n del Sindicato a efectos de debatir sobre la aplicaci\u00f3n de dicho Acuerdo de 5 de mayo de 2006 en el caso concreto, pues es la propia ley la que se\u00f1ala los efectos de la Convenci\u00f3n Colectiva, y es el art\u00edculo 435 del Estatuto Sustantivo del Trabajo, el que define los l\u00edmites de los negociadores y el car\u00e1cter vinculante del acuerdo. De forma que ning\u00fan aspecto que hubiese sido regulado por la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo pod\u00eda variarse a trav\u00e9s de un documento, cuyo contenido tiene valor en la medida en que regule aspectos distintos a los ya definidos. (negrillas de la Corte) <\/p>\n
De lo dicho se colige que verdaderamente el Tribunal incurri\u00f3 en los yerros que se le imputan, pues simplemente aplic\u00f3 el Acuerdo de 5 de mayo de 2006, sin consideraci\u00f3n de la existencia de una Convenci\u00f3n Colectiva vigente que contemplaba lo relacionado con el reajuste de las pensiones. <\/p>\n
En este orden de ideas, debe prevalecer lo pactado en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo y no el acuerdo conciliatorio posterior, siendo evidente el yerro del Tribunal, se proceder\u00e1 a casar en ese punto su decisi\u00f3n (CSJ SL16604-2017, 10 oct., rad. 54102). <\/p>\n
4.3. Igualmente, en un asunto de similares contornos al aqu\u00ed tratado, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente, para acceder al resguardo all\u00ed rogado, in extenso, esta Sala dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
\u2026es innegable la ostensible violaci\u00f3n al derecho fundamental a la igualdad de los accionantes, como consecuencia de la disparidad de criterios que existi\u00f3 entre los jueces laborales al interpretar y aplicar la convenci\u00f3n colectiva de trabajo con base en el lineamiento constitucional sobre su naturaleza jur\u00eddica, as\u00ed como tambi\u00e9n, interpretarla conforme al art\u00edculo 53 Superior, situaci\u00f3n que no fue solucionada por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia al resolver el recurso extraordinario de los censores. <\/p>\n
En efecto, lo primero que debe advertirse es que el derecho a la pensi\u00f3n constituye un instrumento para la especial protecci\u00f3n que el Estado debe a las personas para asegurar el mantenimiento de sus condiciones de vida digna, el cual surge de principios y valores constitucionales que garantizan la solidaridad que debe regir a la sociedad; por lo que, tanto las instituciones estatales como privadas, deben proveer seguridad jur\u00eddica ante dichos reconocimientos pensionales, en el deber de respetar los principios de los derechos adquiridos. <\/p>\n
De ah\u00ed que, tra\u00eddo a colaci\u00f3n el preacuerdo suscrito por Electricaribe S.A. ESP y las asociaciones de pensionados de dicha empresa, los cuales datan del a\u00f1o 2006 se consagr\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Las partes convienen un sistema que facilita el disfrute anticipado del reajuste anual de las pensiones vigentes que no es inferior al m\u00ednimo previsto en el Sistema General de Pensiones. <\/p>\n
Este sistema consiste en aplicar un reajuste anual del IPC causado menos dos (2) puntos para cada uno de los cinco (5) a\u00f1os entre 2006 y 2010 y el otorgamiento de bonos anticipados que compensan el sistema de reajuste, adicionados a los efectos de los beneficios individuales y colectivos, de los que se benefician como consecuencia de su manifestaci\u00f3n de acogimiento del presente acuerdo, en la siguiente forma: <\/p>\n
Esta pensi\u00f3n tendr\u00e1 un beneficio consistente en: <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
Para los efectos de lo anterior, al pensionado compareciente se le aplicar\u00e1 el literal que corresponda a la situaci\u00f3n en que este se encuentre. <\/p>\n
Los bonos se liquidar\u00e1n y cancelar\u00e1n con base en el valor de la mesada devengada en el a\u00f1o anterior al reajustado y ser\u00e1n cancelados el primero a la firma de la conciliaci\u00f3n ante el Ministerio de la Protecci\u00f3n Social por la suma de [\u2026] y los restantes dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes a la fecha del reajuste respectivo (f.\u00b0 260, 279 y 287, ib\u00eddem)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, teniendo en cuenta que dicho preacuerdo fue perfeccionado en vigencia del Acto Legislativo n.\u00b0 01 de 2005, se convierte en un acto jur\u00eddico ineficaz al regular condiciones pensionales diferentes a las ya establecidas; raz\u00f3n por la cual, no hab\u00eda lugar a que la m\u00e1xima autoridad prodigara desfavorecer a los promotores de la queja con fundamento en que no obraba prueba alguna de la fecha en que fueron pensionados o ante la existencia de cl\u00e1usulas convencionales-voluntarias, puesto que dichas concepciones contrar\u00edan los principios desarrollados y previstos en los art\u00edculos 48 y 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Como qued\u00f3 expuesto en l\u00edneas anteriores, una de las funciones de la Corte Suprema de Justicia en todas sus Salas de Casaci\u00f3n, al desatar las impugnaciones de su competencia, es unificar la jurisprudencia y conjurar la violaci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales cuando con sus decisiones los jueces de instancia desconocen principios rectores del derecho como, en materia laboral, el previsto en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Nacional, desarrollado por el art\u00edculo 21 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y que hace alusi\u00f3n al deber de acoger la interpretaci\u00f3n que resulte m\u00e1s favorable para los intereses del trabajador, en caso de duda o conflicto normativo. <\/p>\n
Siendo esto as\u00ed, no cabe duda de la incursi\u00f3n de la hom\u00f3loga Laboral en el yerro atribuido por los tutelantes, por inaplicaci\u00f3n del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional \u2013Sentencias SU-241 de 2015 y SU-113 de 2018- que le impon\u00eda, ante dos interpretaciones dis\u00edmiles de una misma Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo, fijar la m\u00e1s favorable como criterio regulador de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica planteada en los asuntos semejantes puestos a su consideraci\u00f3n, en tanto su car\u00e1cter, una vez incorporada en legal forma al proceso, no es el de una prueba, sino el de una fuente formal de derecho llamada a orientar las relaciones laborales cobijadas por ella. <\/p>\n
As\u00ed lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en un asunto de similares caracter\u00edsticas al que ahora nos ocupa, donde la Sala de Casaci\u00f3n Laboral se abstuvo de resolver de fondo las controversias revisadas en sede de casaci\u00f3n, argumentando que no es su funci\u00f3n fijar la interpretaci\u00f3n que los jueces deben realizar a determinado Convenio Laboral, pues no se trata de una ley, sino de una prueba, campo en el que el funcionario judicial cognoscente goza de plena autonom\u00eda hermen\u00e9utica: <\/p>\n
\u00abPor tales razones, esta Corte considera fundamental analizar la violaci\u00f3n del derecho a la igualdad y referirse a la generaci\u00f3n y el acatamiento del precedente en el caso de los \u00f3rganos de cierre. Efectivamente el car\u00e1cter complejo y sist\u00e9mico de la funci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia como \u00f3rgano de cierre de su jurisdicci\u00f3n, en este caso de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia laboral, ostenta caracter\u00edsticas especiales y de suma importancia en nuestro ordenamiento. Como fue mencionado previamente, este m\u00e1ximo tribunal debe aplicar los principios de igualdad frente a la ley, buena fe y confianza leg\u00edtima a trav\u00e9s de sus fallos; unificar la jurisprudencia en el marco de sus competencias; dar seguridad jur\u00eddica a la ciudadan\u00eda y velar por la efectividad de los derechos fundamentales a trav\u00e9s del conocimiento del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
49.- A pesar de la evidente incoherencia jurisprudencial en el Tribunal, no se ha unificado la jurisprudencia. En efecto, ante las decisiones contradictorias de las diversas salas del Tribunal, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia no ha unificado los criterios y se mantuvo en silencio sobre el tema cuando conoci\u00f3 del recurso de casaci\u00f3n presentado por el actor. Toda esta situaci\u00f3n tuvo como resultado la afectaci\u00f3n de la seguridad jur\u00eddica y la consecuente negaci\u00f3n del derecho fundamental a la igualdad frente a la ley del se\u00f1or P\u00e9rez Arteta. Del mismo modo la Sala Laboral vulner\u00f3 los principios de buena fe y confianza leg\u00edtima ya que su actitud omisiva para la unificaci\u00f3n de jurisprudencia a trav\u00e9s de la casaci\u00f3n no contribuy\u00f3 a la seguridad jur\u00eddica ni a la efectividad de los derechos fundamentales del se\u00f1or P\u00e9rez Arteta. <\/p>\n
Con todo, a pesar de que los tres sujetos se encontraban en id\u00e9ntica situaci\u00f3n con respecto a los elementos relevantes, en dos casos la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvi\u00f3 a favor de los peticionarios y en el caso del se\u00f1or P\u00e9rez Arteta decidi\u00f3 en contra de su pretensi\u00f3n. Este trato dis\u00edmil no tiene sustento alguno y parece demostrar que no existe un precedente claro en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia cuando conoci\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el se\u00f1or P\u00e9rez Arteta a pesar de haber fallado previamente casos similares en sentido diferente. <\/p>\n
Con todo, es importante reiterar que independientemente de la aparente inexistencia de un precedente claro en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la favorabilidad debe ser gu\u00eda de interpretaci\u00f3n y entendimiento de las convenciones colectivas y la \u00fanica opci\u00f3n hermen\u00e9utica posible es aquella que favorezca al trabajador.\u00bb <\/p>\n
Aunado a lo anterior, es dable resaltar que, el estatuto procedimental laboral, ha dotado a los Jueces de la facultad para decretar pruebas de oficio cuando considere que estas resultan necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia, as\u00ed precept\u00faa el art\u00edculo 83 del C\u00f3digo de Procedimiento Laboral. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) CASOS EN QUE EL TRIBUNAL PUEDE ORDENAR Y PRACTICAR PRUEBAS. Las partes no podr\u00e1n solicitar del Tribunal la pr\u00e1ctica de pruebas no pedidas ni decretadas en primera instancia. <\/p>\n
Cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieren dejado de practicar pruebas que fueron decretadas, podr\u00e1 el tribunal, a petici\u00f3n de parte, ordenar su pr\u00e1ctica y la de las dem\u00e1s pruebas que considere necesarias para resolver la apelaci\u00f3n o la consulta. <\/p>\n
Si en la audiencia no fuere posible practicar todas las pruebas, citar\u00e1 para una nueva con ese fin, que deber\u00e1 celebrarse dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes. <\/p>\n
6. En ese orden, la protecci\u00f3n invocada debe prodigarse y en consecuencia, se revocar\u00e1 la sentencia impugnada para en su lugar, ordenar a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que\u2026 deje sin efectos la sentencia de casaci\u00f3n dictada\u2026 y profiera un nuevo pronunciamiento a trav\u00e9s del cual resuelva el recurso extraordinario planteado por los tutelantes contra la sentencia de segunda instancia\u2026, con observancia de las consideraciones expuestas en el cuerpo de este fallo y en el precedente constitucional aplicable al asunto (CSJ STC17173-2019, 16 dic., rad. 2019-02011-01). <\/p>\n
5. De acuerdo a lo consignado, se impone revocar el fallo constitucional de primera instancia y, en su lugar, conceder el resguardo rogado por Victoria Barranco de Boh\u00f3rquez, garantizando los principios de justicia y equidad, sin perjuicio de la cosa juzgada. <\/p>\n
Por tanto, se infirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n del a-quo constitucional para, en su lugar, acceder al amparo reclamado, dejando sin efecto la sentencia proferida el 7 de octubre de 2019 por sede judicial acusada, as\u00ed como los pronunciamientos que de ella dependan, para que, en su lugar, profiera una nueva en la que adopte la decisi\u00f3n que en derecho corresponda, con base en la jurisprudencia nacional vigente en cuanto a asuntos como el aqu\u00ed tratado, acorde con las anteriores consideraciones. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar, concede el resguardo a los derechos al debido proceso e igualdad de Victoria Barranco de Boh\u00f3rquez. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Dejar sin efecto la sentencia proferida el 7 de octubre de 2019 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n Nro. 2 de la Corte Suprema de Justicia, as\u00ed como las providencias que de ella dependan, en el proceso ordinario laboral incoado por la accionante contra la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. – Electricaribe (rad. 08001-31-05-002-2011-00154). <\/p>\n
Segundo. Ordenar a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n Nro. 2 de esta Corte que, en el t\u00e9rmino de un (1) mes, contado a partir de que reciba el expediente contentivo del proceso criticado, emita la decisi\u00f3n que en derecho corresponda, atendiendo las razones consignadas en esta providencia. <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
Tercero. Ordenar a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla remitir a la Colegiatura encausada, de manera inmediata y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un (1) d\u00eda, el expediente materia de la queja constitucional, para que dicha magistratura d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Cuarto. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a todos los intervinientes, por el medio m\u00e1s expedito, y en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 M.P. Jorge Mauricio Burgos. <\/p>\n
2 M.P. Luis Javier Osorio L\u00f3pez. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC343-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC343-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-00506-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Victoria Barranco de Boh\u00f3rquez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53208","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53208","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53208"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53208\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53208"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53208"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53208"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}