STC345-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC345-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2019-01908-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Blanca Cecilia Ruiz Boh\u00f3rquez frente al fallo proferido el 3 de febrero de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veinticuatro Laboral de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos al debido proceso, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, m\u00ednimo vital, \u00abprestaciones sociales\u00bb y \u00abreconocimiento de la sustituci\u00f3n pensional\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas en el juicio laboral que inco\u00f3. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se le \u00abreconozca el derecho a la pensi\u00f3n de sustituci\u00f3n\u2026, como compa\u00f1era en vida marital con vocaci\u00f3n familiar por m\u00e1s de 20 a\u00f1os con N\u00e9stor Landinez Escobar[,] quien falleci\u00f3 hace m\u00e1s de 10 a\u00f1os y hasta ahora no se ha reconocido la prestaci\u00f3n para su compa\u00f1era marital\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso los que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
2.1. En el juicio ordinario laboral que la accionante inco\u00f3 contra la Administradora Colombiana de Pensiones pretendiendo el reconocimiento de la sustituci\u00f3n pensional de su difunto compa\u00f1ero permanente, N\u00e9stor Landinez Escobar, se vincul\u00f3 como tercera ad excludendum a Mar\u00eda de Jes\u00fas C\u00e1rdenas de Landinez, como c\u00f3nyuge sobreviviente de aqu\u00e9l y el 5 de abril de 2016 el Juzgado convocado dict\u00f3 sentencia adversa a las pretensiones, la que el 23 de agosto siguiente confirm\u00f3 el Tribunal accionado, decisi\u00f3n \u00faltima que atac\u00f3 en casaci\u00f3n C\u00e1rdenas de Landinez, censura frente a la que se opuso tard\u00edamente la quejosa y que est\u00e1 pendiente de definici\u00f3n por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte. <\/p>\n
2.2. Por v\u00eda de tutela expres\u00f3 la censora que a pesar de ser persona de la tercera edad, \u00absin recursos para subsistir\u00bb, que agot\u00f3 los recursos ordinarios que tuvo a su alcance ante a la jurisdicci\u00f3n laboral y acreditar all\u00ed tener derecho al reconocimiento de la sustituci\u00f3n pensional que exigi\u00f3, no se le concedi\u00f3 la misma. <\/p>\n
Aludi\u00f3 que C\u00e1rdenas de Landinez intervino como tercera ad excludendum tergiversando la realidad porque \u00ab[su] relaci\u00f3n con\u2026 N\u00e9stor Landinez Escobar estaba interrumpida desde 1988 y decir lo contrario es falso\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 desempe\u00f1arse \u00aben trabajos dom\u00e9sticos\u00bb y que \u00absus ingresos son \u00ednfimos, para sufragar la relaci\u00f3n con el abogado que llev\u00f3 el proceso\u2026, [la que] termin\u00f3 el 2 de septiembre de 2016; quien le informo [que] no pod\u00eda continuar\u2026 As\u00ed que\u2026 no era representada jur\u00eddicamente y no contaba con los medios para ser representada y por lo tanto no se pudieron efectuar notificaciones o traslados para oponerse y demostrar sus razones, en el recurso de casaci\u00f3n que interpuso la recurrente Mar\u00eda de Jes\u00fas C\u00e1rdenas\u00bb; censura extraordinaria que, por dem\u00e1s, \u00abhasta la fecha no se ha resuelto\u00bb. <\/p>\n
3. La demanda de amparo, tras haber sido subsanada, el 18 de octubre de 2019 la admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, ordenando librar las comunicaciones de rigor a los intervinientes para que rindieran los informes respectivos. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones pidi\u00f3 declarar improcedente la salvaguarda porque en el juicio recriminado \u00abno se ha materializado ninguna v\u00eda de hecho o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por parte [de la] Sala de Casaci\u00f3n Laboral -CSJ, [la] Sala Laboral Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y Juzgado 24 Laboral\u2026 de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte tambi\u00e9n rog\u00f3 negar la protecci\u00f3n porque \u00abla pretensi\u00f3n de la actora relacionada con que se reconozca el derecho a la sustituci\u00f3n pensional\u2026 se encuentra en discusi\u00f3n, toda vez que contra la sentencia de segundo grado, \u2026Mar\u00eda de Jes\u00fas C\u00e1rdenas de Landinez, interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, siendo radicado el expediente en esta Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el 4 de noviembre de 2016, y encontr\u00e1ndose al despacho para sentencia, desde el 5 de octubre de 2017, por lo que al no haberse agotado al interior del proceso de la referencia la totalidad de los recursos establecidos por Ley, no le es posible al juez constitucional suplir ni desplazar la actividad judicial que por disposici\u00f3n legal le es asignada al juez natural\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que \u00abno ha vulnerado prerrogativa alguna de\u2026 Ruiz Boh\u00f3rquez, pues al tenor de lo previsto por el art\u00edculo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el art\u00edculo 18 de la Ley 446 de 1998 y 1\u00ba y 16 de la Ley 1285 de 2009, las controversias se deciden seg\u00fan el orden de entrada, advirtiendo que [ese] despacho cuenta con un total aproximado de 1.500 expedientes para fallo, por lo que al encontrarse el proceso en turno para ser fallado, no es posible alterar el orden cronol\u00f3gico para conocer el asunto, pues ello, ser\u00eda tanto como vulnerar el derecho a la igualdad de quienes de igual forma est\u00e1n a la espera de que su asunto sea resuelto\u00bb. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales – en liquidaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que \u00abel proceso bajo estudio ostent\u00f3 tr\u00e1mite en primera, segunda instancia y recurso extraordinario de casaci\u00f3n, surtiendo as\u00ed el tr\u00e1mite procesal las debidas etapas, sin que la acci\u00f3n de tutela sea un mecanismo que supla las cargas que le corresponden a cada parte, por tal raz\u00f3n es preciso se\u00f1alar la improcedencia de las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela, como quiera que existe una decisi\u00f3n judicial en firme, raz\u00f3n por la cual, es notoria la ocurrencia del fen\u00f3meno de cosa juzgada, sin que sea dable ahora desconocer dicho pronunciamiento judicial\u00bb. <\/p>\n
4. La abogada Mayarline Noguera Hern\u00e1ndez, quien dijo actuar \u00abcomo apoderada judicial de\u2026 Mar\u00eda de Jes\u00fas C\u00e1rdenas de Landinez\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de amparo sin allegar el poder especial conferido por \u00e9sta para actuar en su representaci\u00f3n en este tr\u00e1mite constitucional, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
5. El Fondo de Prestaciones Econ\u00f3micas, Cesant\u00edas y Pensiones – FONCEP pidi\u00f3 \u00abno acceder a las pretensiones de la\u2026 acci\u00f3n de tutela, toda vez que el derecho pensional se encuentra en discusi\u00f3n\u00bb y la quejosa \u00abno ha demostrado la causaci\u00f3n de un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Por ese rumbo, agreg\u00f3 que, \u00aba pesar de la inactividad endilgada a la accionante, el tercero interviniente dentro del procedimiento ordinario s\u00ed acudi\u00f3 al mecanismo pertinente para plantear sus desacuerdos, raz\u00f3n por la cual, el asunto est\u00e1 pendiente de definirse a trav\u00e9s del [mentado] recurso extraordinario\u2026[,] frente al cual, la libelista ni siquiera present\u00f3 oposici\u00f3n de manera oportuna\u00bb; a m\u00e1s que \u00abno est\u00e1 demostrada la presencia de alg\u00fan perjuicio irremediable\u2026 que permita la intromisi\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la quejosa insistiendo en sus planteamientos iniciales, a\u00f1adi\u00f3 solicitar \u00abpronunciamiento de la Sala Laboral, ya que\u2026 no se encuentra alguna justificaci\u00f3n o informe que permita inferir la tardanza en resolver el recurso extraordinario\u2026 y poder acudir [a] alg\u00fan mecanismo para agilizar el tr\u00e1mite, ya que\u2026 es una persona vulnerable[,] sin recursos\u2026 [y] adulta mayor a la que no se puede exigir conducta diferente\u2026[,] sin tener [en cuenta] el\u2026 Adquo (sic) que el amparo constitucional est\u00e1 por encima de normas procedimentales\u00bb; m\u00e1xime cuando ha debido garantiz\u00e1rsele el \u00abderecho a la igualdad de acuerdo con la Sentencia T-180 de 2018\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, pidi\u00f3 vincular \u00aben declaraci\u00f3n\u00bb a su \u00abantiguo apoderado\u00bb en el juicio reprochado, para que de cuenta de \u00abla negativa del despacho laboral en aceptar las fotograf\u00edas del devenir de la familia integrada por N\u00e9stor Landinez y [ella]\u2026 en los \u00faltimos m\u00e1s de 20 a\u00f1os de la vida del causante. Adem\u00e1s de que el\u2026 Juez\u2026 no acept\u00f3 el certificado de libertad donde la pareja en uni\u00f3n libre compr\u00f3 [un] inmueble que incluye patrimonio familiar para los hijos del mismo grupo familia[r] y tampoco las fotograf\u00edas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, descendiendo al caso de autos, muy a pesar de las alegaciones de la impugnante, se concluye la improcedencia del resguardo y, por ende, la ratificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de primer grado, comoquiera que la salvaguarda no satisface el presupuesto de la subsidiariedad, por las razones que se pasa a exponer. <\/p>\n
2.1. En efecto, la peticionaria no interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n frente a la sentencia emitida el 23 de agosto de 2016 por el Tribunal convocado, desaprovechando as\u00ed la oportunidad para plantear los reparos aqu\u00ed tra\u00eddos tard\u00edamente, sin que las dificultades econ\u00f3micas que aduce permitan subsanar tal desatenci\u00f3n, pues esa situaci\u00f3n debi\u00f3 exponerla, en su momento, ante el juzgador natural, haciendo uso de las herramientas comunes para su cometido, como la solicitud de amparo de pobreza con designaci\u00f3n de apoderado judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se advierte que esta acci\u00f3n excepcional no es el mecanismo adecuado para elucidar aspectos como los expuestos por la peticionaria, cuando no se agot\u00f3 el instrumento id\u00f3neo para ello, destacando que la ley ofrece a los sujetos procesales precisas oportunidades para que expongan en el marco del proceso y ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que los mismos puedan ser soslayados so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha mencionado en varias oportunidades que: <\/p>\n
\u2026no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (CSJ STC, 25 ag. 2008, rad. 01343-00; reiterada en STC5331-2014; STC14062-2015; STC612-2016; y STC12335-2017, 16 ag. 2017, rad. 2017-00338-01). <\/p>\n
Sabido es que el cuestionamiento constitucional no se abre paso cuando la parte interesada no hace uso de los medios de regular procedencia que ten\u00eda a su alcance para controvertir las determinaciones que dice le afectan; de suerte que si omiti\u00f3 activarlos, no puede ahora revivir esa posibilidad a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n excepcional, la cual \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01). <\/p>\n
2.2. Al margen de lo anterior, tambi\u00e9n se advierte que en el juicio recriminado no existe decisi\u00f3n definitiva en firme al hallarse en curso el remedio extraordinario de casaci\u00f3n propuesto por la interviniente ad excludendum, siendo inviable que el juzgador constitucional se ocupe del fondo de la tem\u00e1tica planteada, invadiendo la \u00f3rbita funcional del fallador natural, pues no le est\u00e1 permitido anticiparse a los pronunciamientos que la ley a deferido al \u00faltimo, lo que, por dem\u00e1s, desnaturalizar\u00eda este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n; en otras palabras, no puede el juez de tutela, como lo pretende la inconforme, reconocer en esta instancia la prestaci\u00f3n pensional que ella demanda, con cargo a Colpensiones, cuando precisamente ese asunto se someti\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n y est\u00e1 pendiente de la decisi\u00f3n de cierre por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte ante el mentado recurso extraordinario que est\u00e1 en tr\u00e1mite. <\/p>\n
En cuanto al particular, en asuntos con alguna simetr\u00eda al de ahora, se ha dejado por sentado que: <\/p>\n
…la accionante deber\u00e1 esperar a que la autoridad cuestionada se pronuncie sobre el particular, por ser la habilitada para ello, sin que pueda suponerse o inferirse la manera en que lo har\u00e1. Sobre el ejercicio anticipado de este medio, la Corte ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado (\u2026) para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado el 3 sep. 2015, STC11800). <\/p>\n
No es viable, entonces, acudir al juez de tutela para que sustituya la actividad de los funcionarios judiciales, cuando estos \u00faltimos son los legalmente habilitados para dirimir la controversia puesta a su consideraci\u00f3n, pues, ello atenta contra la naturaleza residual del auxilio (STC14616-2016, 13 oct., rad. 2016-01534-01). <\/p>\n
2.3. As\u00ed mismo, se advierte que la accionante no ha acudido ante la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n a reclamar la priorizaci\u00f3n de su caso, con fundamento en las condiciones especiales que por v\u00eda de tutela esgrimi\u00f3 -pertenencia a la poblaci\u00f3n de la tercera edad y carest\u00eda econ\u00f3mica-, lo que tambi\u00e9n configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir ese otro medio judicial para alegar las circunstancias planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a su s\u00faplica de exigir pronunciamiento de fondo a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral convocada respecto al recurso extraordinario de la interviniente ad excludendum. <\/p>\n
Sobre el particular ha destacado esta Sala, en casos que mutatis mutandis resultan aplicables al presente, que la inconforme \u00abtiene la posibilidad esgrimir su situaci\u00f3n de salud ante la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n con el fin de obtener la prelaci\u00f3n de turno en el tr\u00e1mite del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, aportando para ello las pruebas del caso\u00bb (CSJ STC1891-2016, en t\u00e9rminos similares STC12571-2015). <\/p>\n
3. Igualmente, pertinente se muestra anotar que de los hechos narrados por la recurrente no se extracta la presencia de un perjuicio irremediable que imponga la adopci\u00f3n de medidas urgentes de protecci\u00f3n, dado que el asunto que cuestion\u00f3 a\u00fan no cuenta con sentencia definitiva (situaci\u00f3n distinta a la acaecida en el precedente de la Corte Constitucional que invoc\u00f3 -T-180\/18-, el que, por dem\u00e1s, trata de un discusi\u00f3n respecto a la reliquidaci\u00f3n de una asignaci\u00f3n pensional que no del reconocimiento de su sustituci\u00f3n, por lo cual ese pronunciamiento no resulta aplicable aqu\u00ed), con m\u00e1s raz\u00f3n cuando no se verific\u00f3 ni fue probada vulneraci\u00f3n alguna; adem\u00e1s, mem\u00f3rese que la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que para la cabida del amparo como mecanismo transitorio deben acreditarse los siguientes supuestos, que se hallan ausentes en esta ocasi\u00f3n: <\/p>\n
\u2026[E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (CC T-377\/11, reiterada en CSJ STC, 19 abr. 2012, rad. 2012-00126-01 y STC17372, 30 nov. rad. 2016-02357-01). <\/p>\n
4. Finalmente, destaca la Sala, en relaci\u00f3n con la solicitud probatoria tra\u00edda en la impugnaci\u00f3n respecto a vincular en declaraci\u00f3n al anterior apoderado de la quejosa, que su pr\u00e1ctica resultaba innecesaria para resolver el asunto, pues la censura recay\u00f3 sobre la actuaci\u00f3n surtida ante el funcionario natural, de la cual, como qued\u00f3 visto, con suficiencia, daba cuenta el expediente contentivo del proceso fustigado, lo que volv\u00eda improcedente su decreto de acuerdo a lo reglado en el art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Frente a la no obligaci\u00f3n del juzgador constitucional en cuanto a decretar las pruebas pedidas en sede de tutela, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
As\u00ed lo explic\u00f3 la Sala cuando asegur\u00f3 que \u201cresulta claro el mandato del ordenamiento jur\u00eddico cuando se\u00f1ala que, en materia de amparo constitucional, \u2018El Juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situaci\u00f3n litigiosa, podr\u00e1 proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas\u2019 (art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de 1991)\u201d (sentencia de 8 de febrero de 2012, exp. 00150-00) (CSJ STC, 12 mar. 2013, rad. 2013-00004-01; reiterada en CSJ STC5449-2016, rad. 2016-00122-01). <\/p>\n
5. Lo dicho impone respaldar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Se precisa que para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el pasado 25 de noviembre, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 11 de diciembre \u00faltimo, donde se radic\u00f3 y reparti\u00f3 el d\u00eda 15 siguiente y el 16 posterior ingres\u00f3 al despacho. <\/p>\n
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STC345-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC345-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2019-01908-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Blanca Cecilia Ruiz Boh\u00f3rquez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53210","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53210","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53210"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53210\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53210"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53210"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53210"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}