STC347-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC347-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2020-00642-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el treinta (30) de noviembre de 2020 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Juana,1 en representaci\u00f3n de su menor hijo Fernando,2 contra el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del resguardo constitucional deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, alimentaci\u00f3n y debido proceso de su hijo, presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada en el tr\u00e1mite de fijaci\u00f3n de cuota de alimentos que promovi\u00f3 contra Elizabeth3 (rad. 2017-01170), abuela paterna del infante, por la incapacidad econ\u00f3mica del padre, Ernesto4, juicio que culmin\u00f3 con sentencia de 23 de junio de 2020 y que fij\u00f3 cuota complementaria en cabeza de la demandada por valor de $61.000. <\/p>\n
Solicit\u00f3, en consecuencia, revocar la providencia citada, se tenga en cuenta las pruebas que demuestran las necesidades alimenticias de su menor hijo actualizadas al a\u00f1o 2020 y se incremente la cuota fijada en la sentencia fustigada a $900.000. <\/p>\n
2. Fundament\u00f3 sus pretensiones en que en la sentencia dictada por el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Bogot\u00e1 se incurri\u00f3 en defecto probatorio, en cuanto el fallador de instancia no tuvo en cuenta que el padre del menor no cuenta con ingresos, carece de empleo estable y propiedades, por lo que incumple constantemente la cuota pactada ante el Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1 desde el a\u00f1o 2013; la abuela paterna recibe pensi\u00f3n cercana a $3.000.000, adem\u00e1s de ingresos producto de negocios que tiene en Bogot\u00e1; y los gastos del ni\u00f1o en el a\u00f1o 2020 ascendieron a $2.097.795, los que se han incrementado en raz\u00f3n de la pandemia Covid-19. <\/p>\n
Tambi\u00e9n reproch\u00f3 que el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Bogot\u00e1 prescindiera de realizar la audiencia de alegatos de conclusi\u00f3n, en la cual pretend\u00eda aportar pruebas de la necesidad de la fijaci\u00f3n de la cuota de alimentos a la abuela paterna demandada. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La abuela paterna refiri\u00f3 oponerse a las pretensiones de la accionante, en cuanto los hechos que en la demanda enuncia no son ciertos, existe v\u00edas ordinarias para discutir lo pedido por la quejosa, as\u00ed como que esta present\u00f3 en ocasi\u00f3n anterior otra acci\u00f3n de tutela con los mismos fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, la cual fue decidida por el Juzgado Veintinueve Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1. Tambi\u00e9n aport\u00f3 soportes de sus gastos e ingresos. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda de Familia adscrita al Juzgado accionado sugiri\u00f3 hacer efectivos los derechos fundamentales del ni\u00f1o citado, en raz\u00f3n de la primac\u00eda de su derecho fundamental de alimentos regulado por los art\u00edculos 86 de la Constituci\u00f3n Nacional, 24 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia y 260 del Estatuto Civil, pues correspond\u00eda a esa autoridad judicial regular la cuota alimentaria del menor ante la insuficiencia del padre para garantizar tal obligaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El progenitor del infante se\u00f1al\u00f3 que la tutela es improcedente por cuanto ya fue fijada una cuota alimentaria a la abuela paterna de $61.000, y que \u00e9l ha cumplido en la medida de sus posibilidades con la obligaci\u00f3n alimentaria que tiene frente a su hijo. <\/p>\n
4. El Juzgado Veintinueve Penal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 relat\u00f3 el tr\u00e1mite que surti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela que previamente radic\u00f3 la ac\u00e1 accionante (radicado 2020-00133), el cual culmin\u00f3 con sentencia proferida el 11 de noviembre \u00faltimo que desestim\u00f3 el resguardo invocado, sin que fuera impugnada tal providencia. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional concedi\u00f3 el resguardo, al considerar que el despacho criticado lesion\u00f3 los mandatos sustantivos que rigen el derecho de alimentos del menor tutelante, resalt\u00f3 la obligaci\u00f3n constitucional que tienen los abuelos de educar y alimentar a sus nietos cuando los progenitores no son capaces de cumplir ese deber, an\u00e1lisis que omiti\u00f3 el fallador de instancia al fijar la cuota alimentaria en $61.000. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La abuela paterna del accionante opugn\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia, por considerar que no se han lesionado derechos fundamentales del menor en cuanto el padre de este cumple a cabalidad con la cuota alimentaria fijada en el proceso de investigaci\u00f3n de la paternidad que curs\u00f3 en su contra; agreg\u00f3 que se ponen en juego sus derechos al m\u00ednimo vital y vida digna; adem\u00e1s destac\u00f3 que la accionante minti\u00f3 al jurar no haber interpuesto otra acci\u00f3n de tutela por los mismos hechos previamente a este tr\u00e1mite, pues una acci\u00f3n de tutela id\u00e9ntica ya fue decidida ante el Juzgado Veintinueve Penal con funciones de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC de 11 may. 2001, rad. 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tal premisa y examinados los fundamentos de la queja constitucional, se advierte que la presente acci\u00f3n debe denegarse de conformidad con lo contemplado en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, por cuanto la sentencia de primera instancia de 11 de noviembre de 2020 proferida por Juzgado Veintinueve Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 (rad. n.\u00ba 11001-40-88-029-2020-00133-00), evidencia que la demandante interpuso con anterioridad otra tutela con id\u00e9ntico sustento f\u00e1ctico. <\/p>\n
En efecto, en anterior ocasi\u00f3n similar escrito de tutela del que conoci\u00f3 en primera instancia el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s de su Sala de Familia, fue presentado ante el Juzgado Veintinueve Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1, el cual neg\u00f3 el amparo solicitado con sentencia que no fue impugnada, estando en tr\u00e1mite la eventual revisi\u00f3n que compete a la Corte Constitucional. <\/p>\n
En esa anterior acci\u00f3n constitucional, al tenor de la sentencia emitida, la actora sustent\u00f3 sus quejas as\u00ed: <\/p>\n
\u2026 Dan cuenta las diligencias que el 31 de octubre de 2017 el Juzgado 7 de Familia del Circuito de Bogot\u00e1 admiti\u00f3 demanda contra Elizabeth en su condici\u00f3n de abuela paterna del menor Fernando, con el fin de fijar una cuota de alimentos por el valor de $900.000. El Juzgado 7 de Familia del Circuito de Bogot\u00e1, mediante sentencia del 23 de junio de 2020, impuso a Elizabeth, pagar la suma de $61.000 pesos mensuales por concepto de cuota alimentaria complementaria a favor de su nieto Fernando, valor que la accionante considera irrisorio porque los gastos del menor para el a\u00f1o 2020 ascienden a $2.097.795 por concepto de colegio, uniformes, ruta escolar, arriendo, servicios p\u00fablicos, alimentaci\u00f3n, servicios m\u00e9dicos, recreaci\u00f3n entre otros gastos. <\/p>\n
PRETENSIONES. La accionante solicit\u00f3 al Juez Constitucional se revoque la providencia emitida por el Juzgado 7 de Familia del Circuito de Bogot\u00e1 y por el contrario se incremente la cuota de alimentos a favor del menor Fernando y a cargo de la se\u00f1ora Elizabeth a un valor de $900.000 mensuales, se decrete que la accionada est\u00e1 obligada a contribuir con el 50% con los gastos de matr\u00edculas, uniformes, \u00fatiles, libros escolares, dem\u00e1s gastos escolares extraordinarios y con el 50% de los gastos de salud que no sean cubiertos por el plan obligatorio de salud; as\u00ed mismo, solicit\u00f3 que las anteriores cuotas alimentarias se incrementen el 01 de enero de cada a\u00f1o en un porcentaje igual al incremento que tenga el salario m\u00ednimo legal . <\/p>\n
Y sobre esas s\u00faplicas en tal ocasi\u00f3n dicho estrado judicial resolvi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) debe indicar el Despacho, en primer lugar, que no se evidencia vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del menor Fernando, consistentes en alimento al menor de edad, m\u00ednimo vital y desarrollo integral, toda vez que, la accionante Juana, no logr\u00f3 demostrar que el menor representado se encuentre afectado o vulner\u00e1ndose sus derechos fundamentales por el hecho de la cuota que impuso el Juzgado 7 de Familia del Circuito de Bogot\u00e1, por el contrario se logra evidenciar, con absoluta claridad que la se\u00f1ora Juana como madre del menor ha logrado suplir sus gastos, pues as\u00ed lo demostr\u00f3 con las facturas y certificaciones que adjunt\u00f3 con su escrito tutelar. <\/p>\n
Ahora bien, consecuentes con lo ya mencionado, para esta Oficina Judicial es claro que la cuota de alimentos impuesta por el Juzgado 7 de Familia del Circuito de Bogot\u00e1, el 23 de junio de 2020, por el valor de $61.000 pesos mensuales es complementaria, dado que el Juzgado 16 de Familia del Circuito de Bogot\u00e1 el d\u00eda 25 de abril de 2013 ya le hab\u00eda impuesto como cuota de alimentos a Ernesto, padre del menor, el 35% del salario m\u00ednimo legal mensual vigente, siendo el d\u00eda de hoy correspondiente al valor de $307.231, teniendo como cuota de alimentos total la suma aproximada de $368.231. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, el Juzgado lo que observa es el inconformismo que tiene la se\u00f1ora Juana respecto al valor impuesto como cuota de alimentos complementaria en contra de la ciudadana Elizabeth, lo cual no conlleva a una vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del menor Fernando, adem\u00e1s no se puede pasar por alto que la sentencia proferida por el Juzgado 7 de Familia del Circuito de Bogot\u00e1, fue con base a la valoraci\u00f3n de los medios de prueba pertinentes allegados al expediente, que llev\u00f3 a la Juez a la conclusi\u00f3n de que la abuela paterna del menor deb\u00eda contribuir con el aporte de una cuota de alimentos complementaria por la suma de $61.000, acorde con su capacidad econ\u00f3mica. <\/p>\n
En consecuencia, analizar en este caso la existencia de una posible afectaci\u00f3n a los derechos fundamentales consistentes en alimento al menor de edad, m\u00ednimo vital y desarrollo integral, por parte de la ciudadana Elizabeth resultar\u00eda inocuo, pues si no existe el hecho generador de la presunta afectaci\u00f3n, no hay vulneraci\u00f3n o amenaza a garant\u00eda fundamental alguna que se pudiera estudiar, raz\u00f3n por la cual, deber\u00e1 declarase improcedente la acci\u00f3n de tutela respecto a los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
En segundo lugar, debe indicar el Despacho que no se cumple con el principio de subsidiariedad para que procedan las pretensiones invocadas en la presente acci\u00f3n constitucional, consistentes en que se incremente la cuota de alimentos a favor del menor Fernando y a cargo de la se\u00f1ora Elizabeth a un valor de $900.000 mensuales, se decrete que la accionada est\u00e1 obligada a contribuir con el 50% con los gatos de matr\u00edculas, uniformes, \u00fatiles, libros escolares, dem\u00e1s gastos escolares extraordinarios y con el 50% de los gastos de salud que no sean cubiertos por el plan obligatorio de salud; as\u00ed mismo, con que las anteriores cuotas alimentarias se incrementen el 01 de enero de cada a\u00f1o en un porcentaje igual al incremento que tenga el salario m\u00ednimo legal, como quiera que en el presente caso la accionante no demostr\u00f3 porqu\u00e9 la jurisdicci\u00f3n ordinaria (Juez de Familia en \u00fanica instancia) sea ineficaz o no sea id\u00f3nea para reclamar las pretensiones objeto de esta acci\u00f3n constitucional, pues es de aclarar que la accionante cuenta con la jurisdicci\u00f3n ordinaria, ya que de acuerdo con el numeral 7 del art\u00edculo 21 del C\u00f3digo General del Proceso refiere: (\u2026) Siendo entonces, tales medios judiciales a los que debe acudir no solo para que sea resuelto de fondo el asunto que plantea en su escrito de tutela, sino tambi\u00e9n para que pueda hacer uso de todas las etapas procesales, aportar y solicitar pruebas pertinentes y llevar de esta manera a una certeza al juez natural de estos asuntos, es decir, al Juez de Familia. <\/p>\n
No puede esta Oficina Judicial obviar la existencia de esos medios ordinarios de defensa que tiene a su alcance la actora, m\u00e1s si se tiene en cuenta que las solicitudes elevadas, son atinentes a los Jueces de Familia en \u00fanica instancia. Pretensiones que deben de ser expuestas ante el mencionado Juez natural, para no perjudicar las acciones ordinarias que se pueden activar para la soluci\u00f3n del conflicto. <\/p>\n
De igual manera, no se acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable o v\u00eda de hecho que haga procedente la presente acci\u00f3n constitucional como mecanismo transitorio, pues en primer lugar, como ya se dijo no se evidencia vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del menor Fernando, pues se demostr\u00f3 que la accionante ha podido solventar las necesidades b\u00e1sicas del mismo, y en segundo lugar el Juzgado 7 de Familia del Circuito de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 su decisi\u00f3n del 23 de junio de 2020, con base a la valoraci\u00f3n de los medios de prueba pertinentes allegados al expediente, que llev\u00f3 a la Juez a la conclusi\u00f3n de que la abuela paterna del menor deb\u00eda contribuir con el aporte de una cuota de alimentos complementaria por la suma de $61.000. Finalmente, este juzgado tampoco avizora la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En este orden de ideas, refulge evidente que la inconformidad que en esta ocasi\u00f3n plante\u00f3 la gestora del resguardo es una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo, porque al margen de peque\u00f1as alteraciones en la redacci\u00f3n de su reclamo, es evidente la similitud de ambos textos. Sobre estos supuestos ha indicado la Corte que: <\/p>\n
\u2026 cu\u00e1ndo ocurre la temeridad (\u2026) conlleva a examinar si el posterior amparo es igual al primero, vale decir, si entre ambos existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n de \u00e9ste obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u2026 De acuerdo con lo anotado y tras confrontar lo expresado en el actual libelo con lo consignado en el fallo proferido el 30 de abril de 2010 por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del expediente 2010-0039-01, debe concluirse innegablemente que con esta solicitud la actora incurri\u00f3 en conducta temeraria\u2026 sin que tenga incidencia que la gestora haya ampliado el listado de garant\u00edas presuntamente transgredidas y las pretensiones perseguidas en uno y otro resguardo e intentado modificar el planteamiento de los hechos\u201d (prove\u00eddo de 2 de febrero de 2012, exp. 00622-01), ni que \u201cla segunda tutela se hubiese dirigido adem\u00e1s contra el Juez Cuarto Civil Municipal de Descongesti\u00f3n\u201d (providencia de 11 de septiembre de 2009, exp. 01280-01, sub l\u00edneas fuera de texto) (Se resalt\u00f3 – CSJ STC, 23 may. 2013, rad. 2013-00643-01; reiterada, entre muchas otras, en STC1228-2015, 12 feb., rad. 2014-00789-01; y STC4958-2018, 19 abr., rad. 2017-00448-02). <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico es pertinente recordar que, si bien el ejercicio de la acci\u00f3n judicial es un derecho potestativo que cautela los derechos subjetivos y asegura la observancia del derecho como lo se\u00f1ala Enrique Barros Bourie, no se puede incurrir en abuso de tales acciones5. <\/p>\n
En asuntos que guardan similitud al presente caso, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
[p]precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
3. Lo sucintamente consignado impone revocar la decisi\u00f3n de primer grado, por las razones aqu\u00ed expuestas, para desestimar la s\u00faplica tutelar. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado para, en su lugar, negar la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio m\u00e1s expedito a las partes e interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
2\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
3\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
4\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
5\u0002 BARROS BOURIE Enrique (2009), Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Cap\u00edtulo IX Abuso de Derecho, Editorial Jur\u00eddica de Chile, Santiago-Chile. <\/p>\n
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