STC351-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC351-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00065-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luis Alfonso Becerra Valencia contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Sexto Civil del Circuito de ese lugar, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, defensa y petici\u00f3n, presuntamente vulneradas por las autoridades judiciales accionadas al no acceder a su solicitud de terminaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n que se le sigue, a pesar de la ausencia de la restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito exigido. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00aborden[ar] a l[o]s accionad[o]s, principalmente al Juzgado\u2026, se realice un control de legalidad con el prop\u00f3sito de determinar si\u2026 se liquid\u00f3 y reestructur\u00f3 el cr\u00e9dito, pues en caso negativo, se deben pronunciar de manera clara, integra y razonada analizando los efectos de la Ley 546 de 1999, y los lineamientos jurisprudenciales que la desarrollan con las correspondientes excepciones por falta de capacidad de pago\u00bb; y cumplido ello, \u00abdar por terminado el proceso\u2026, por falta de reliquidaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso, los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo hipotecario que desde el a\u00f1o 2003 cursa contra el accionante, edificado en un pagar\u00e9 a favor del Banco Central Hipotecario, pactado en UPAC\u2019s en el a\u00f1o 1995, el 8 de febrero de 2019 el Juzgado adjudic\u00f3 el inmueble gravado a favor de los cesionarios del cr\u00e9dito, Yuraima Blanquicet G\u00f3mez y Mauricio Vel\u00e1squez, decisi\u00f3n que mantuvo el 27 de agosto siguiente, a la vez que deneg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada propuesta frente a la misma, por improcedente, y all\u00ed mismo resolvi\u00f3 no acceder al control de legalidad que aduciendo la ausencia de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito propuso el tutelante. <\/p>\n
Por otro lado, el 16 de julio de 2020 el Tribunal convocado declar\u00f3 bien denegada la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n que propuso el quejoso frente al mentado prove\u00eddo del 8 de febrero de 2019. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela el promotor adujo que las sedes judiciales convocadas vulneraron sus derechos de primer orden al no acceder a la solicitud de terminaci\u00f3n del juicio que postul\u00f3 anunciando la ausencia de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que la existencia del embargo de remanentes era motivo insuficiente para desechar su petici\u00f3n, en tanto que ello no demuestra que est\u00e9 insolvente, como lo ha concluido esta Corte en casos an\u00e1logos (CSJ STC474-2020). <\/p>\n
Destac\u00f3 que desde el a\u00f1o 2000 ha exigido la aludida reestructuraci\u00f3n al acreedor (comenzando por el Banco Granahorrar -quien inici\u00f3 el ejecutivo- y siguiendo por cada uno de los m\u00faltiples cesionarios del cr\u00e9dito que han existido) sin recibir alguna respuesta de fondo al respecto, pues ninguno asume la responsabilidad legal que les asiste. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena indic\u00f3 que \u00abla actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se cuestiona aparece soportada en las pruebas oportunamente recaudas y en los argumentos razonables y atendibles que all\u00ed se consignaron\u00bb. <\/p>\n
2. El abogado Hemelth Castillo Camargo, quien dijo actuar como \u00abapoderado de\u2026 Mauricio Vel\u00e1squez Castelblanco y Yuraima Blanquicet G\u00f3mez\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin allegar el poder especial conferido por \u00e9stos para intervenir en su nombre en este tr\u00e1mite constitucional, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
3. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena pidi\u00f3 el despacho adverso de la protecci\u00f3n rogada porque \u00abno ha incurrido en violaci\u00f3n de derechos fundamentales\u2026, como quiera que el tr\u00e1mite surtido\u2026 se sujet\u00f3 a las normas procedimentales establecidas para el caso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Por esa l\u00ednea, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
En ese orden, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub judice, advierte la Corte que el Juzgado accionado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, habida cuenta que omiti\u00f3 motivar, adecuadamente, la decisi\u00f3n criticada, esto es, aquella en la que no accedi\u00f3 a efectuar el control de legalidad exigido por el inconforme, seg\u00fan pasa a exponerse. <\/p>\n
2.1. En efecto, revisada la providencia atacada, esto es, la dictada el 27 de agosto de 2019, se halla que el a-quo convocado advirti\u00f3 que \u00abel cr\u00e9dito cobrado\u2026 fue para la compra de vivienda, siendo aplicable sobre el mismo la legislaci\u00f3n y la jurisprudencia de adquisici\u00f3n de vivienda, tan es as\u00ed que la entidad financiera primigenia dio aplicaci\u00f3n a los (sic) dispuesto en la ley 546 de 1999, en cuanto a la reliquidaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, pero en efecto no se encontr\u00f3 la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, aspecto que obligar\u00eda\u2026[,] de acuerdo a la\u2026 jurisprudencia\u2026[,] a declarar la terminaci\u00f3n del proceso por falta del requisito de reestructuraci\u00f3n\u2026\u00bb; sin embargo, a regl\u00f3n seguido, para no acceder al mentado control de legalidad, anot\u00f3 que: <\/p>\n
Pero, por otro lado se observa que\u2026 se materializa una de las excepciones establecida por la jurisprudencia para terminar un compulsivo por falta de[l] requisito de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, esto es, la existencia de remanentes en contra del ejecutado. En efecto, de una revisi\u00f3n del expediente se advierte que se encuentra vigente un embargo de remanentes dentro de un proceso ejecutivo seguido por LA COPROPIEDAD EL REFUGIO en contra [d]el aqu\u00ed demandado y que fue aceptado por esta judicatura mediante prove\u00eddo del 19 de enero de 2009\u2026, igualmente, existe[n] dos embargos provenientes de los Juzgados Octavo Civil Municipal y Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Cartagena, que estar\u00edan en turno de aplicaci\u00f3n de acuerdo a las resultas del productos (sic) embargado, aspecto que hace ineficaz la protecci\u00f3n de los derechos del ejecutado, dado que el bien que se pretende liberar una vez se dicte terminaci\u00f3n al interior del proceso, pasar\u00eda a las agencias judiciales solicitantes. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, evidente es que, en \u00faltimas, el Juzgado termin\u00f3 resolviendo que en el caso concreto no se impon\u00eda la reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, por cuanto el ejecutado carec\u00eda de la solvencia econ\u00f3mica necesaria para sufragarla, circunstancia que extract\u00f3, simplemente, de la existencia del embargo de remanentes, fundamentaci\u00f3n que, como lo ha sostenido esta Sala, resulta insuficiente. <\/p>\n
En un caso con alguna simetr\u00eda al aqu\u00ed auscultado, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente, se dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
Oteado en su contexto el pronunciamiento debatido, se observa la prosperidad del ruego, por avizorarse la insuficiencia de la motivaci\u00f3n del fallo de segunda instancia proferido por la sala enjuiciada, como pasa a explicarse. <\/p>\n
Seg\u00fan se acot\u00f3 con antelaci\u00f3n, el ente fustigado estim\u00f3 improcedente finiquitar el decurso analizado, por cuanto, si bien no se realiz\u00f3 la \u201creestructuraci\u00f3n\u201d de la obligaci\u00f3n all\u00ed reclamada, los deudores eran insolventes, pues mediaba un \u201cembargo coactivo\u201d iniciado por la administraci\u00f3n municipal de Cartagena\u2026 <\/p>\n
Ahora, pese a haberse entendido, como elemento demostrativo de esa eventualidad, la existencia de otros compulsivos en donde se haya decretado el embargo de los remanentes o cobros coactivos, tal circunstancia, per se, no apareja tal conclusi\u00f3n, porque ese mero hecho, contemplado en bruto, no lleva impl\u00edcita la incapacidad de pago del enjuiciado. <\/p>\n
Por el contrario, resulta indispensable una labor proactiva del juzgador para esclarecer con suficiencia este presupuesto, teniendo en cuenta que de ello depende la prerrogativa para los deudores de reorganizar su cr\u00e9dito hipotecario atendiendo a sus \u201creales posibilidades financieras\u201d, para, de esa manera, garantizarles la facultad de conservar su lugar de habitaci\u00f3n, derecho de rango supralegal y fin primordial de la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
En el asunto objeto de la queja constitucional, se desconoci\u00f3 la potestad de los promotores\u2026 Hoyos Anaya y\u2026 Mesa G\u00f3mez de acceder a la mencionada \u201creestructuraci\u00f3n\u201d, la cual, como viene dici\u00e9ndose, en estos eventos, al estar acreditado que se trata de un cr\u00e9dito destinado para la adquisici\u00f3n de \u201cvivienda\u201d originado en el extinto sistema Upac, est\u00e1 directamente relacionado con la garant\u00eda iusfundamental a la \u201cvivienda\u201d. <\/p>\n
No puede, bajo ning\u00fan derrotero, estimarse demostrada la \u201cincapacidad econ\u00f3mica\u201d del extremo all\u00e1 demandado por la sola presencia del aludido \u201cembargo coactivo\u201d, pues, como se anot\u00f3 en precedencia, esa mera circunstancia no sirve para certificar ese supuesto. <\/p>\n
Avalar ese proceder aparejar\u00eda el desconocimiento de las reglas probatorias propias del procedimiento civil porque introduce una presunci\u00f3n de car\u00e1cter judicial sin sustento en la ley o en la Constituci\u00f3n, donde el hecho base pasa a ser el \u201cembargo coactivo\u201d para de ah\u00ed deducirse la insolvencia patrimonial de los deudores. <\/p>\n
Ello es inadmisible, por cuanto acarrea la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso del accionado, consagrado constitucionalmente (art. 29 CN), al permitir la intromisi\u00f3n, en el juicio, de reglas probatorias no previstas ni preestablecidas por el legislador, sino obtenidas de la imaginaci\u00f3n del juez, al ubicar a la parte d\u00e9bil en la relaci\u00f3n crediticia en un visible estado de indefensi\u00f3n. <\/p>\n
El objetivo de la \u201creestructuraci\u00f3n\u201d consiste en la posibilidad de que los deudores concierten con el ente financiero o quien lo represente, la modalidad de pago de la acreencia de acuerdo a su actual capacidad econ\u00f3mica\u2026 <\/p>\n
En ese contexto, como se anunci\u00f3, la motivaci\u00f3n del prove\u00eddo de 12 de agosto de 2019, es insuficiente, toda vez que pretermiti\u00f3 efectuar un an\u00e1lisis concienzudo de la real situaci\u00f3n financiera de los entonces enjuiciados, aspecto nodal para la resoluci\u00f3n del conflicto sometido a su consideraci\u00f3n (CSJ STC14779-2019, 30 oct., rad. 2019-03453-00; criterio reiterado, entre otras decisiones, en STC474-2020, 29 en., rad. 2019-03992-00; y STC3010-2020, 18 mar., rad. 2020-00757-00). <\/p>\n
2.3. En suma, la decisi\u00f3n objeto de la petici\u00f3n de amparo carece de la debida fundamentaci\u00f3n, omisi\u00f3n que, sin duda, trasgrede las garant\u00edas fundamentales del gestor, comoquiera que \u00abla motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00). <\/p>\n
3. Finalmente, respecto al Tribunal convocado, se denegar\u00e1 la concesi\u00f3n del resguardo, para lo cual basta se\u00f1alar que no se advierte que esa autoridad haya conculcado los derechos invocados por el gestor, en tanto que s\u00f3lo le correspondi\u00f3 resolver lo concerniente al recurso de queja propuesto frente a la negativa del a-quo en cuanto a la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n incoada contra el auto que accedi\u00f3 a la solicitud de adjudicaci\u00f3n del inmueble que efectuaron los cesionarios del cr\u00e9dito, de donde esa Corporaci\u00f3n no se ocup\u00f3 del fondo del control de legalidad rogado por el deudor. <\/p>\n
4. Lo dicho impone conceder, con alcance parcial, el amparo rogado, por lo cual se ordenar\u00e1 al Juzgado accionado que, tras dejar sin efecto la determinaci\u00f3n censurada, proceda a dictar la que en derecho corresponda, con observancia de las consideraciones aqu\u00ed vertidas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede, con alcance parcial, la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso del accionante Luis Alfonso Becerra Valencia. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, tras dejar sin efecto el prove\u00eddo de 27 de agosto de 2019, exclusivamente en cuanto al aparte en el cual dispuso \u00abNEGAR el control de legalidad propuesto por el demandado (sic)\u00bb, y la actuaci\u00f3n que de \u00e9l dependa; proceda a adoptar la determinaci\u00f3n que en derecho corresponda, observando las consideraciones vertidas en la parte motiva de este fallo y los precedentes jurisprudenciales vigentes al respecto. <\/p>\n
Segundo. En lo dem\u00e1s, se deniega la salvaguarda propuesta. <\/p>\n
Tercero. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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