STC358-2021<\/p>\n
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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC358-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-00007-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Luis \u00c1ngel Avenda\u00f1o Cort\u00e9s frente al Consejo Superior de la Judicatura -Sala Administrativa, el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, y la Naci\u00f3n, en cabeza del Se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la \u00abcontradicci\u00f3n y defensa\u00bb, al \u00ablibre desarrollo de la personalidad (profesi\u00f3n)\u00bb, a la dignidad humana, a la igualdad y al \u00abm\u00ednimo vital\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades convocadas, por las medidas tomadas para implementar el expediente digital, y, la vacunaci\u00f3n para contrarrestar el virus Sars-Cov-2, m\u00e1s conocido como Covid-19. <\/p>\n
Reclama entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene al Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, \u00abubicar a los funcionarios de la rama judicial en la fase de vacunaci\u00f3n prioritaria donde se encuentran ubicados los docentes y la fuerza p\u00fablica\u00bb; al Consejo Superior de la Judicatura, previa vacunaci\u00f3n de sus empleados, i) \u00abimplementar de manera inmediata (\u2026) y sin m\u00e1s excusas y dilaciones, el expediente digital y el litigio en l\u00ednea\u00bb; ii) que los funcionarios y empleados \u00abatiendan presencialmente en alternancia con la virtualidad hasta que sea implementada totalmente la digitalizaci\u00f3n de los expedientes y la virtualidad en general\u00bb; e iii) \u00abimplementar todas las medidas de bioseguridad para la atenci\u00f3n presencial a los usuarios de la justicia hasta que se encuentre implementado el expediente digital\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado aduce en lo esencial, y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que pese a que han transcurrido \u00abm\u00e1s de 8 a\u00f1os\u00bb desde que entr\u00f3 en vigencia el art\u00edculo 103 de la Ley 1564 de 2012, el Consejo Superior de la Judicatura sin explicaci\u00f3n alguna, no ha concretado la implementaci\u00f3n del \u00abexpediente digital y el litigio en l\u00ednea\u00bb, y si bien mediante Acuerdos administrativos ha dispuesto medidas para tal efecto, es decir, la digitalizaci\u00f3n de los procesos f\u00edsicos, lo cierto es que por las restricciones impuestas en virtud del Estado de Emergencia Social, Econ\u00f3mico y Ecol\u00f3gico decretado por el Gobierno Nacional desde el mes de marzo del a\u00f1o pasado, \u00ablos funcionarios de la rama judicial no acuden en su totalidad a los despacho y por ende no se encuentran digitalizados ni el 20% de los expedientes\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala que aunque mediante el Decreto 806 de 2012 se dictaron medidas para la implementaci\u00f3n de \u00ablas tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n en las comunicaciones de las actuaciones judiciales, agilizar procesos (\u2026) y flexibilizar la atenci\u00f3n a los usuarios del servicio de la justicia\u00bb, habida cuenta la inexistencia del expediente digital, que el Gobierno Nacional no gira los recurso econ\u00f3micos, y que la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial \u00abhasta la fecha no ha contratado los equipos de digitalizaci\u00f3n\u00bb, todos los tr\u00e1mites han resultado \u00abhu\u00e9rfanos\u00bb. <\/p>\n
Indica de otra parte, que pese a que el dise\u00f1o del proceso de vacunaci\u00f3n contra el Covid-19 se rigi\u00f3 por \u00ablos principios [de] prevalencia del interesar general, solidaridad, equidad, justicia, eficacia, progresividad, transparencia y beneficencia\u00bb, el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, dejando de lado \u00abque el acceso a la justicia es un derecho fundamental que debe garantizarse\u00bb, no tuvo en cuenta \u00aba los funcionarios de la rama judicial como prioritarios\u00bb, pues asegura, se continuar\u00e1 con la \u00abineficacia de la rama judicial en los tr\u00e1mites virtuales\u00bb y la afectaci\u00f3n de su trabajo como abogado litigante, circunstancias todas \u00e9stas que, asegura, hacen necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La Jefe de la Oficina Jur\u00eddica de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, habida cuenta que no se le endilga acci\u00f3n u omisi\u00f3n en sus actuaciones. <\/p>\n
b. La Directora Jur\u00eddica del Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social precis\u00f3, en lo fundamental, que \u00abha tomado todas las medidas, incluso previa llegada de la pandemia al pa\u00eds, las cuales se han efectuado con el fin de garantizar el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, entendiendo que si la vida prevalece, podemos afrontar cualquier situaci\u00f3n venidera y, por tal motivo, todas las decisiones que se han tomado para el manejo de la pandemia est\u00e1n basadas en la evidencia y de acuerdo a las recomendaciones de la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud y las organizaciones cient\u00edficas nacionales e internacionales. (\u2026) Por otro lado, el actor pretende \u00fanicamente que el juez de tutela le ordene a esta cartera ministerial que brinde informaci\u00f3n relacionada con el Plan Nacional de Vacunaci\u00f3n, la cual, aparte de no haber sido requerida previamente por el accionante, tampoco constituye per se violaci\u00f3n o amenaza alguna de los derechos fundamentales que se alegan: vida, salud y trabajo. En otras palabras, no puede acudirse a un mecanismo residual y subsidiario como lo es la acci\u00f3n de tutela, para eludir la responsabilidad de haber solicitado directamente a la autoridad p\u00fablica (en este caso Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social) la informaci\u00f3n que ahora se requiere mediante tutela; asimismo, tampoco se puede alegar que una informaci\u00f3n por s\u00ed sola amenace alg\u00fan derecho fundamental\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente se\u00f1al\u00f3, que el actor \u00abno acredita la configuraci\u00f3n de los elementos y\/o requisitos definidos en la jurisprudencia de la Corte para actuar en representaci\u00f3n legal o como agente oficioso de terceros presuntamente afectados en sus derechos fundamentales, as\u00ed mismo, de los fundamentos facticos y jur\u00eddicos narrados no aporta elemento de juicio que permita demostrar la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por este ente ministerial y dem\u00e1s autoridades accionadas al no se\u00f1alar cual acci\u00f3n u omisi\u00f3n generan el presunto desconocimiento de sus derechos m\u00e1xime si se tiene en cuenta que el proceso de priorizaci\u00f3n para el plan de vacunaci\u00f3n a\u00fan se encuentra en marcha tal y como lo prev\u00e9 la Ley 2064 de 2020\u00bb. <\/p>\n
c. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa que lo pretendido por el se\u00f1or Avenda\u00f1o Cort\u00e9s a trav\u00e9s del presente amparo, concretamente, es que se ordene, por una parte, al Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, que en el marco del Plan Nacional de Vacunaci\u00f3n contra el Covid-19 se disponga la priorizaci\u00f3n de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial; y por la otra, al Consejo Superior de la Judicatura, que disponga que los ciudadanos que componen el aparato judicial \u00abatiendan presencialmente en alternancia con la virtualidad hasta que sea implementada totalmente la digitalizaci\u00f3n de los expedientes y la virtualidad en general\u00bb, y se implementen todas las medidas de bioseguridad para garantizar la atenci\u00f3n presencial en los Palacios de Justicia, pues en su sentir, las medidas tomadas por el Gobierno Nacional con el fin de conjurar la emergencia sanitaria en raz\u00f3n de la pandemia declarada por el virus Covid-19, no tuvieron en cuenta ese sector especial de la poblaci\u00f3n y que la prestaci\u00f3n del servicio la justicia se ha visto afectada para los ciudadanos en general, y los abogados. <\/p>\n
3. Sin embargo, advierte la Corte que la protecci\u00f3n solicitada resulta improcedente de conformidad con lo previsto en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, si se tiene en cuenta que lo que se reclama frente a las pol\u00edtica de vacunaci\u00f3n adoptada por el Gobierno Nacional frente a la pandemia generada por el virus Covid19 es, en \u00faltimas, la expedici\u00f3n de decisiones de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto, y en este sentido, tal y como lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s esta Corte, \u00abLa tutela no es el escenario propio ni se dise\u00f1\u00f3 para exigir que se requiera a las autoridades para que haga uso de la iniciativa legislativa en un determinado tema, ni para que se modifiquen los procedimientos generales previamente delineados por el legislador (\u2026). Parece natural que, si mediante la acci\u00f3n de tutela no se pueden controvertir actos de car\u00e1cter general, particular y abstracto, por expresa prohibici\u00f3n normativa (art. 6\u00ba n\u00fam. 5\u00ba decreto 2591 de 1991), tampoco ser\u00e1 esta la v\u00eda id\u00f3nea para exigir la expedici\u00f3n de tales actos o el cambio de los que se encuentran vigentes (CSJ STC3839-2020)\u00bb. <\/p>\n
4. Ahora, frente a la inconformidad del gestor del amparo encaminada a que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura, \u00abimplementar de manera inmediata (\u2026) y sin m\u00e1s excusas y dilaciones, el expediente digital y el litigio en l\u00ednea\u00bb, pues en su sentir, las medidas adoptadas han resultado tard\u00edas e ineficaces, habida cuenta que han pasado m\u00e1s de 8 a\u00f1os desde que entr\u00f3 en vigencia el art\u00edculo 103 de la Ley 1564 de 20121, sin aplicaci\u00f3n real y resultados aceptables en lo que tiene que ver con la prestaci\u00f3n del servicio de la justicia, cabe poner de presente que se incumple con el requisito de la subsidiariedad respecto de la particular tem\u00e1tica, toda vez que el reclamante dispuso o dispone de otro medio de defensa a trav\u00e9s del cual pudo o puede a\u00fan procurar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que estima transgredidos, y esto es, la acci\u00f3n cumplimiento en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 393 de 19972, escenario en el que podr\u00e1 solicitar la concreci\u00f3n de la norma referida en l\u00edneas anteriores, por lo que no resulta pertinente convertir esta v\u00eda en un camino alterno o paralelo a aqu\u00e9l, allegar elementos demostrativos, como los aport\u00f3 al amparo. <\/p>\n
Frente a casos de id\u00e9ntica esencia al que se estudia, la Sala ha manifestado que \u00abla tutela fue instituida como un instrumento extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que \u00e9stos se tornen ineficaces o el amparo sea invocado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio grave e inminente\u2026 Y, de manera puntual, ha predicado que no es viable, en principio, contra un acto administrativo de car\u00e1cter particular y concreto, toda vez que su control de legalidad corresponde ejercerlo a la jurisdicci\u00f3n especial, a trav\u00e9s de las acciones pertinentes, en cuyo tr\u00e1mite es viable solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional de sus efectos, a fin de conjurar eventuales da\u00f1os\u00bb (ver entre otras, en CSJ STC2160-2020). <\/p>\n
5. Finalmente, tampoco resulta procedente la tutela como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable a la aqu\u00ed inconforme, pues lo cierto es que, no solo no es desconocida la dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica y social por la que est\u00e1 travesando el pa\u00eds, y por ende, la gran mayor\u00eda de sus habitantes, sino que no se alleg\u00f3 elemento de juicio alguno para demostrarlo, sin que sea suficiente para ello la mera manifestaci\u00f3n de su existencia, m\u00e1xime cuando a nivel nacional los Despachos judiciales han venido prestando de la mejor manera posible, y dentro de sus posibilidades, el servicio de justicia a los ciudadanos, implementando el sistema digital en cada uno de los procesos, claro est\u00e1, limitando el acceso f\u00edsico a las dependencias, en aras de proteger la salud y vida de los funcionarios y emplead, \u00abpor cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC2632-2020). <\/p>\n
6. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1En todas las actuaciones judiciales deber\u00e1 procurarse el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en la gesti\u00f3n y tr\u00e1mite de los procesos judiciales, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, as\u00ed como ampliar su cobertura. <\/p>\n
Las actuaciones judiciales se podr\u00e1n realizar a trav\u00e9s de mensajes de datos. La autoridad judicial deber\u00e1 contar con mecanismos que permitan generar, archivar y comunicar mensajes de datos. <\/p>\n
En cuanto sean compatibles con las disposiciones de este c\u00f3digo se aplicar\u00e1 lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, las que lo sustituyan o modifiquen, y sus reglamentos. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO PRIMERO. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptar\u00e1 las medidas necesarias para procurar que al entrar en vigencia este c\u00f3digo todas las autoridades judiciales cuenten con las condiciones t\u00e9cnicas necesarias para generar, archivar y comunicar mensajes de datos. <\/p>\n
El Plan de Justicia Digital estar\u00e1 integrado por todos los procesos y herramientas de gesti\u00f3n de la actividad jurisdiccional por medio de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones, que permitan formar y gestionar expedientes digitales y el litigio en l\u00ednea. El plan dispondr\u00e1 el uso obligatorio de dichas tecnolog\u00edas de manera gradual, por despachos judiciales o zonas geogr\u00e1ficas del pa\u00eds, de acuerdo con la disponibilidad de condiciones t\u00e9cnicas para ello. <\/p>\n