STC359-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC359-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00066-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mauricio Hern\u00e1ndez Monsalve contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Treinta y D\u00e9cimo de Familia de la misma localidad, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama a trav\u00e9s de apoderada judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con las determinaciones proferidas en sede de apelaci\u00f3n el 31 de marzo de 2011 y 13 de febrero de 2020, dentro del proceso de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes que en su contra promovi\u00f3 Ver\u00f3nica de los R\u00edos Upegui, con radicado No. 2008-00050-00. <\/p>\n
Exige, entonces, para la protecci\u00f3n de las prerrogativas invocadas, que se invaliden las mentadas providencias, y como consecuencia de ello, se ordene a la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00abcontin\u00fae con el tr\u00e1mite normal del proceso y en su lugar, rehaga las actuaciones procesales o, en su defecto, profiera nueva decisi\u00f3n, realizando un control formal y material a las siguientes situaciones: 1) al l\u00edmite temporal sobre el cual se define la sociedad como, 2) a la naturaleza jur\u00eddica de las partidas s\u00e9ptima, octava y novena del trabajo de inventario y aval\u00fao adicional presentado dentro del proceso Liquidatorio que cursa en el Juzgado Treinta (30) de Familia de esta ciudad\u00bb. <\/p>\n
2. Como soporte f\u00e1ctico de lo reclamado, y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis el accionante, que mediante auto adiado 6 de octubre de 2009, el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de esta capital inadmiti\u00f3 la memorada demanda, para que su expareja adosara \u00abdocumento id\u00f3neo que acredite la declaratoria de existencia de uni\u00f3n marital de hecho (\u2026), toda vez que en el acta que se adjunta al libelo no hizo manifestaci\u00f3n al respecto, ni sobre la sociedad patrimonial, como lo exige la Ley 979 de 2005\u00bb; que aun cuando la mandataria de su contraparte en el escrito subsanatorio hizo alusi\u00f3n a la mentada conciliaci\u00f3n celebrada por los contendientes ante el Colegio Nacional de Abogados el 30 de marzo de 2009, dicha oficina judicial resolvi\u00f3 rechazar el libelo, decisi\u00f3n que apelada por la demandante, fue revocada por la Sala de Familia del Tribunal de Bogot\u00e1 en auto del 31 de marzo de 2011, con fundamento en que \u00abhacen parte integral del acta de conciliaci\u00f3n todas las manifestaciones que se hagan en ella, y ella obliga a quienes las suscriban; en este caso, como la se\u00f1ora Ver\u00f3nica de los R\u00edos Upegui manifest\u00f3 que convivi\u00f3 con Mauricio Hern\u00e1ndez Monsalve desde mediados del a\u00f1o 1998 hasta el 19 de julio de 2006 y el demandado manifest\u00f3 que \u00e9l no abandon\u00f3 el hogar y que continuaba viviendo all\u00ed, aceptando as\u00ed la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho hasta el d\u00eda de la realizaci\u00f3n de la audiencia en comento, tal y como lo indic\u00f3 el aqu\u00ed demandado en esa oportunidad y adem\u00e1s ese d\u00eda se acord\u00f3 lo relativo a la custodia, visitas y alimentos de los hijos comunes y la disoluci\u00f3n de la sociedad patrimonial que naci\u00f3 entre ellos (tal y como qued\u00f3 plasmado en el acta), hecho este que no se cumpli\u00f3 voluntariamente; como es deber del operador del derecho adecuar el tr\u00e1mite de la demanda (art. 86 del C. de P.C.) se puede ver en este caso, est\u00e1 acreditada la uni\u00f3n marital de hecho mediante el acta de conciliaci\u00f3n y adem\u00e1s, se re\u00fanen los presupuestos para seguir el tr\u00e1mite liquidatorio contemplado en el art\u00edculo 625 del C. de P.C.\u00bb. <\/p>\n
Indica que la anterior disposici\u00f3n es \u00abviolatoria\u00bb de su derecho al debido proceso, en tanto que el ad quem dio plena validez al mentado pacto, pese a que de manera clara se anot\u00f3 en la respectiva acta, que \u00e9l no estaba \u00abde acuerdo con los hechos expuestos por parte de la CITANTE\u00bb, adem\u00e1s que \u00aba. No es clara la fecha de constituci\u00f3n de la sociedad patrimonial por cuanto se refiere en dicho acto \u2018mediados de 1998\u2019. b. Existe oposici\u00f3n por una de las partes respecto de los hechos que fundaron el acuerdo. c. Los l\u00edmites temporales de la sociedad patrimonial no fueron consignados en el ac\u00e1pite denominado \u2018ACUERDO LOGRADO\u2019, de donde resulta (salvo mejor criterio) la obligatoriedad del acto. d. El \u2018acuerdo conciliatorio\u2019 no puede producir efectos jur\u00eddicos contrarios a la Ley (coexistencia de sociedades patrimoniales)\u00bb. <\/p>\n
Refiere que luego del adelantamiento de las respectivas etapas procesales, objet\u00f3 los inventarios y aval\u00faos presentados por la parte actora, comoquiera que se incluyeron bienes que no fueron parte del haber social, m\u00e1s exactamente, las partidas 7\u00aa, 8\u00aa, 9\u00aa y 10\u00aa, alegato que fue tenido en cuenta en sede de reposici\u00f3n en contra del auto que resolvi\u00f3 tales objeciones, el 12 de octubre de 2018; que apelada esa decisi\u00f3n por su contraparte, el citado Tribunal revoc\u00f3 parcialmente para incluir dichas partidas con excepci\u00f3n de la 10\u00aa, en prove\u00eddo del 13 de febrero de 2020. <\/p>\n
Alega que como \u00abexisten serias falencias en los argumentos expuestos por el Tribunal para revocar la decisi\u00f3n e incluir las partidas (pese a la extensa y adecuada exposici\u00f3n de motivos que realiz\u00f3 el juez de instancia)\u00bb, solicit\u00f3 la aclaraci\u00f3n de dicha providencia, la cual fue resuelta \u00abal d\u00eda inmediatamente siguiente (20 de febrero de 2020)\u00bb neg\u00e1ndose tal prerrogativa, \u00abbajo el argumento fallar con lo enviado y de estar ajustado a una decisi\u00f3n anterior de la cual, nada es relevante al momento de decidir\u00bb, motivos todos \u00e9stos por los que considera que el reclamo elevado merece ser atendido a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, m\u00e1xime porque no cuenta con otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 15 de enero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Treinta de Familia de Bogot\u00e1 se limit\u00f3 a remitir la copia digital del expediente contentivo del proceso de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes criticado. <\/p>\n
b. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados en el presente tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como en m\u00faltiples ocasiones lo ha indicado la Corte, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta con la que se busca la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o a\u00fan de los particulares, en los casos establecidos por la ley. Por su car\u00e1cter excepcional, se exige que su ejercicio sea oportuno y, que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial para procurar la salvaguarda de sus derechos. <\/p>\n
2. Ahora bien, visto desde la perspectiva de la finalidad del auxilio, se sabe que no puede convertirse este mecanismo en un factor de inseguridad jur\u00eddica o fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el tr\u00e1mite, en tanto el amparo que constituye su objeto, adem\u00e1s de ser efectiv\u00f3, tambi\u00e9n debe ser inmediato ante una vulneraci\u00f3n o amenaza que pueda calificase como actual. <\/p>\n
Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que, \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC534-2020); por ello, quien se presenta como \u00abafectado\u00bb, debe procurar acudir tempestivamente al mecanismo excepcional. <\/p>\n
3. Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la salvaguarda rogada por el se\u00f1or Hern\u00e1ndez Monsalve es improcedente, por incumplir con el presupuesto general de la prontitud, si en cuenta se tiene que las decisiones cuestionadas, estas son, las providencias por medio de la cuales la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, i) revoc\u00f3 el auto que rechaz\u00f3 la demanda de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes con radicado No. 2008-00050-01\/02, y, ii) resolvi\u00f3 la aclaraci\u00f3n solicitada frente al prove\u00eddo en el que se revoc\u00f3 parcialmente la determinaci\u00f3n en la que se declararon probadas las objeciones presentadas por aquel, en calidad de demandado, contra los inventarios y aval\u00faos presentados, datan, respectivamente, del 31 de marzo de 2011 y 20 de febrero de 2020, en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 14 de enero del presente a\u00f1o, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
4. Al punto, es suficientemente conocido que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n frente a la rese\u00f1ada determinaci\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se acot\u00f3, transcurri\u00f3 un periodo significativo desde la emisi\u00f3n de los memorados pronunciamientos (9 a\u00f1os y 10 meses, y, 11 meses, respectivamente), sin que el aqu\u00ed interesado solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con las mismas, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del mencionado presupuesto, seg\u00fan el cual, el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que <\/p>\n
\u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n
Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ, STC3043-2020). <\/p>\n
5. Finalmente, debe advertirse que no puede tenerse en cuenta la excusa alegada por la abogada de Hern\u00e1ndez Monsalve, relativa a la \u00absuspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos judiciales\u00bb con ocasi\u00f3n del estado de excepci\u00f3n decretado en marzo de este a\u00f1o, habida cuenta que dicha determinaci\u00f3n no se hizo extensiva a las acciones de tutela. Por tanto, no fue demostrada la existencia de alg\u00fan motivo o circunstancia que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Y es que el 15 de marzo de 2020, mediante Acuerdo PCSJA20-11517 el Consejo Superior dispuso: <\/p>\n
\u00abART\u00cdCULO 1. Suspender los t\u00e9rminos judiciales en todo el pa\u00eds a partir del 16 y hasta el 20 de marzo de 2020, excepto en los despachos judiciales que cumplen la funci\u00f3n de control de garant\u00edas y los despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con persona privada de la libertad, las cuales se podr\u00e1n realizar virtualmente. Igualmente se except\u00faa el tr\u00e1mite de acciones de tutela1\u00bb. (subrayado de la Sala) <\/p>\n
6. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la salvaguarda reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Medida que se prorrog\u00f3 hasta el 01 de julio de 2020, en virtud del acuerdo PCSJA20-11567 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
<\/p>\n
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