STC360-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC360-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00059-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Inversiones Pavar & C\u00eda C.S. en liquidaci\u00f3n, frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante reclama a trav\u00e9s de apoderado judicial la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las sentencias proferidas en ambas instancias, en el marco del proceso ejecutivo singular que \u00c1lvaro Caballero Pab\u00f3n promovi\u00f3 en su contra y de Jean Paul Vargas Brusse, con rad. 2013-00231-00. <\/p>\n
Solicita entonces, concretamente, \u00abdejar sin efecto las sentencias\u00bb proferidas el 28 de noviembre de 2019 y 17 de septiembre de 2020, y, que como consecuencia de ello, se \u00abrehaga la sentencia teniendo en cuenta de manera objetiva las pruebas que obran en el proceso y acogiendo los procedimientos aplicables para la declaraci\u00f3n de prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento de lo reclamado, y en lo que concierne para la soluci\u00f3n del presente asunto, aduce que pese a que acredit\u00f3 que Jean Paul Vargas Brusse \u00abal momento de suscribir los pagar\u00e9s\u00bb objeto de recaudo, \u00abno ostentaba la calidad de representante legal de la sociedad\u00bb, que el ejecutante \u00abjam\u00e1s hizo entrega (\u2026) de los dineros\u00bb correspondientes a los t\u00edtulos valores, y, adem\u00e1s no se realiz\u00f3 \u00abun an\u00e1lisis serio sobre los t\u00e9rminos de una prescripci\u00f3n extintiva de una obligaci\u00f3n\u00bb, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla confirm\u00f3 en su integridad lo decidido por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la misma urbe de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en su contra, circunstancia que, asegura, hace necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional a su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 15 de enero de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Magistrada sustanciadora de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, luego de memorar las actuaciones que conoci\u00f3 en el marco del juicio de apremio, puntualiz\u00f3 que sus decisiones \u00abse enmarcaron en los lineamientos del debido proceso, apreciando las probanzas arrimadas y atendiendo a la sana interpretaci\u00f3n de las normas y principios aplicables\u00bb. <\/p>\n
b. La Juez Segunda Civil del Circuito de la citada urbe precis\u00f3, que desconoce del asunto objeto de queja. <\/p>\n
c. La titular del Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la mentada ciudad, adujo que se atiene a los argumentos expuestos en las determinaciones criticadas. <\/p>\n
d. El apoderado judicial de \u00c1lvaro Fernando Caballero Pab\u00f3n precis\u00f3, que \u00abde la sucinta narraci\u00f3n de los hechos se concluye que no se vislumbra violaci\u00f3n alguna del Art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Nacional y que lo pretendido por el accionante no es nada distintito a utilizar el excepcional mecanismo de la tutela para revivir etapas del proceso ejecutivo (\u2026) cuyas decisiones le fueron adversas en primera y segunda instancia en las que se dict\u00f3 sentencia de seguir adelante la ejecuci\u00f3n en contra de INVERSIONES PAVAR y CIA. S.C. EN LIQUIDACION\u00bb. <\/p>\n
e. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura de la compa\u00f1\u00eda accionante est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra el prove\u00eddo proferido el 17 de septiembre del a\u00f1o pasado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, que resolvi\u00f3 \u00abCONFIRMAR\u00bb lo decidido el 28 de noviembre de 2019 por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la misma ciudad, que \u00abdeclar\u00f3 no probadas las excepciones formuladas, y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb, en el marco del proceso que para tal efecto \u00c1lvaro Caballero Pab\u00f3n promovi\u00f3 frente a ella y Jean Paul Vargas Brusse, pues seg\u00fan su criterio, se incurri\u00f3 en casual de procedencia del amparo por defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. El Tribunal Superior de Barranquilla para ratificar \u00edntegramente la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n impartida por el juez cognoscente, en relaci\u00f3n a la excepci\u00f3n que se denomin\u00f3 \u00ab\u201cNo haber suscrito el t\u00edtulo valor la representante legal de la demandada\u201d\u00bb, apoyada en que al momento de la suscripci\u00f3n de los pagar\u00e9s el firmante de \u00e9stos, el obligado Jean Paul Vargas Brusse, hab\u00eda sido removido de su cargo de representante legal, para en su lugar designarse a la hermana de \u00e9ste, Byanka Vargas Brusse, puntualiz\u00f3 que \u00aba pesar de que el registro mercantil es en esencia un requisito de publicidad de las decisiones emanadas de un \u00f3rgano societario, con efectos generalmente declarativos, existen espec\u00edficos casos en que tal registro se debe entender como un acto constitutivo. Una de esas excepciones es la del nombramiento del representante legal de este tipo de personas jur\u00eddicas\u00bb; en tal orden, destac\u00f3 sobre la constitucionalidad de los art\u00edculos 164 y 442 del C\u00f3digo de Comercio, en cuanto establecen \u00abque los representantes inscritos conservan tal car\u00e1cter para todos los efectos legales, hasta tanto no se cancele la inscripci\u00f3n con un nuevo nombramiento\u00bb, posici\u00f3n que es reiterada en los conceptos de la Superintendencia de Sociedades, aclarando adem\u00e1s, que comoquiera que \u00abel registro mercantil es un verdadero acto administrativo, y como tal, le es aplicable el art\u00edculo 78 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, conforme el cual los recursos se surten en el efecto suspensivo\u00bb. <\/p>\n
Sentado lo anterior, relacion\u00f3 las diferentes designaciones de representantes legales de la sociedad en liquidaci\u00f3n, y las resoluciones que resolvieron sobre \u00e9stas, resultando: <\/p>\n
\u00abQue el 11 de octubre de 2012, se inscribi\u00f3 en la C\u00e1mara de Comercio de Barranquilla, el acta No. 8 del 24 de septiembre de la misma anualidad, que design\u00f3 como liquidadora principal de la sociedad (\u2026), a (\u2026) Bianca Paola Vargas Brusse y como liquidadora suplente a (\u2026) Martha Luz Brusse S\u00e1nchez. <\/p>\n
\u2022 Que el 12 de abril de 2013, se inscribi\u00f3 el Acta No. 9 del 1ro de abril del mismo a\u00f1o, a trav\u00e9s de la cual se nombr\u00f3 como liquidador principal al se\u00f1or Jean Paul Vargas Brusse. <\/p>\n
\u2022 Que contra tal registro, la se\u00f1ora Bianka Paola Vargas Brusse present\u00f3, mediante documento privado, recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n. El primero, desatado de manera negativa mediante Resoluci\u00f3n No. 18 del 7 de mayo de 2013 y el vertical, resuelto por la Superintendencia de Industria y Comercio a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n No. 37005 del 20 de junio de 2013, que confirm\u00f3 la negativa, dejando en firme el nombramiento del se\u00f1or Jean Paul Vargas Brusse. <\/p>\n
\u2022 Que el 10 de mayo de 2013 se inscribi\u00f3 el acta No. 9 del 18 de abril de 2013 mediante la cual se nombr\u00f3 como liquidadora principal a la se\u00f1ora Bianka Paola Vargas Brusse. <\/p>\n
\u2022 Que por documento privado, el se\u00f1or Jean Paul Vargas Brusse formul\u00f3 contra tal registro, recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria. El primero, resuelto de manera negativa mediante Resoluci\u00f3n No. 22 del 17 de junio de 2013, y confirmado por la Superintendencia de Industria y Comercio, a trav\u00e9s de Resoluci\u00f3n No. 44833 del 30 de julio de 2013, que fue comunicada a la C\u00e1mara de Comercio el 8 de agosto de 2013 y notificada al embatiente el 21 de agosto de 2013\u00bb (Subraya la Sala). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se\u00f1al\u00f3 que \u00abpara los d\u00edas 2 y 4 de julio de 2013, fecha de suscripci\u00f3n de los pagar\u00e9s, se hab\u00edan desatado de manera negativa los recursos formulados contra la inscripci\u00f3n del acta No. 9 del 1ro de abril de 2013, que design\u00f3 como liquidador al se\u00f1or Jean Paul Vargas Brusse, encontr\u00e1ndose pendiente por resolver el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la inscripci\u00f3n del acta No. 9 del 18 de abril de 2013, que nombr\u00f3 a la se\u00f1ora Bianka Paola Vargas Brusse\u00bb, luego aquella para la citada data no ostentaba la aludida condici\u00f3n, por lo que \u00abla suscripci\u00f3n del pagar\u00e9 tuvo apariencia de legalidad\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, en punto de la prescripci\u00f3n de las obligaciones, indic\u00f3 que si bien, en raz\u00f3n de la nulidad declarada en sede de primera instancia, ante la negligencia del ejecutante en la notificaci\u00f3n de la sociedad, dadas las pugnas en sus liquidadores y las m\u00faltiples medidas cautelares decretadas por Juzgados Penales, se tuvo a \u00e9sta por notificada por conducta concluyente el 3 de febrero de 2018, esto es, por fuera del t\u00e9rmino de que trata el art\u00edculo 90 del C.G. del P., lo cierto era que, trayendo a colaci\u00f3n jurisprudencia de esta Corte sobre la comunicabilidad de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n frente a los obligados, \u00abel mandamiento de pago fue notificado por estado del 1ro de octubre de 2013 y el se\u00f1or Jean Paul Vargas Brusse, se notific\u00f3 como persona natural el d\u00eda 18 de noviembre del mismo a\u00f1o, puede predicarse entonces que frente a \u00e9l acaeci\u00f3 la interrupci\u00f3n civil, y que esos efectos se extendieron a la sociedad Inversiones Pavar y C\u00eda. S. en C. en liquidaci\u00f3n, sin que hubiera podido volverse a contabilizar el t\u00e9rmino. (\u2026) De all\u00ed que, al margen de la fecha en que esta \u00faltima se entendi\u00f3 notificada del proceso, y con independencia de la culpa que le haya asistido al demandante en esa notificaci\u00f3n tard\u00eda, la realidad es que, en virtud de la solidaridad de la obligaci\u00f3n adquirida por ambos demandados, la interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n en relaci\u00f3n al primer notificado, cobij\u00f3 a la sociedad, y en consecuencia la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, no estuvo llamada a prosperar\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto refiere al medio exceptivo basado en que la sociedad no recibi\u00f3 el dinero objeto de recaudo, estim\u00f3 que \u00abla valoraci\u00f3n de las pruebas a fin de verificar si este presupuesto de hecho se encontraba o no probado, resultaba innecesaria, en tanto, a criterio de la Sala, la falta de recepci\u00f3n de los dineros no exoneraba de responsabilidad a la sociedad ejecutada, que bien pod\u00eda suscribir el t\u00edtulo, con car\u00e1cter de avalista. Y es que es conocido que en el tr\u00e1fico mercantil, en muchas de las obligaciones donde figuran varias personas como deudoras del mismo grado, solo una de ellas funge como verdadera receptora del dinero, sin que ello impida que el acreedor las persiga indistintamente\u00bb. <\/p>\n
3.2. Con todo, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Colegiatura criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende la peticionaria del amparo (all\u00ed ejecutada), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir la aplicaci\u00f3n de las normas y la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el sentenciador de la causa y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada. <\/p>\n
3.3. Ahora, t\u00e9ngase en cuenta que, a diferencia de lo considerado por la sociedad gestora del amparo, la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la Colegiatura endilgada se soport\u00f3, precisamente, en los hechos, las pretensiones, los medios de prueba existentes, las normas y la jurisprudencia que eran aplicables al asunto debatido, que permitieron determinar que en efecto, para la data en que se suscribieron los t\u00edtulos valores objeto recaudo, el coejecutado obraba tambi\u00e9n como liquidador designado de la citada sociedad, dada la ejecutoria de los recursos que se formularon en contra de tal nombramiento, luego estaba legitimado para obligarse en nombre de la inconforme; as\u00ed mismo, en punto de la prescripci\u00f3n alegada, era aplicable la comunicabilidad de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, habida cuenta, de la notificaci\u00f3n preliminar del deudor solidario, tal como lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s esta Corporaci\u00f3n1. <\/p>\n
3.4. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC3841-2020). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ STC8318-2017 <\/p>\n
<\/p>\n
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