STC362-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC362-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00085-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Construcciones Proyectos e Ingenier\u00eda S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y la Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura para Procedimientos Mercantiles, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas, en el marco del proceso verbal de protecci\u00f3n al consumidor que el Edificio Bio Banus promovi\u00f3 contra Grupo Banus S.A.S. y Oris Elevator Colombia S.A.S., identificado ante la autoridad de supervisi\u00f3n con el radicado No. 17-420381, y, ante el Tribunal de Bogot\u00e1 con el consecutivo No. 2017-20381-02. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, \u00abrevo[car] la decisi\u00f3n proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio de fecha 7 de junio de 2019, y el fallo de segunda instancia emitido por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013Sala Civil el d\u00eda 20 de febrero de 2020\u00bb <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que en la precitada sentencia de la autoridad de supervisi\u00f3n declar\u00f3 que la demandada incumpli\u00f3 el r\u00e9gimen de protecci\u00f3n al consumidor, y en consecuencia, entre varias disposiciones, le orden\u00f3 \u00abentregar las zonas de lavander\u00eda y cafeter\u00eda con la correspondiente escrituraci\u00f3n y registro a nombre de la copropiedad, asumiendo los costos ante Notar\u00eda y Oficina de Registro, los inmuebles deber\u00e1n estar a paz y salvo por cualquier concepto\u00bb, decisi\u00f3n que tras ser apelada por la demandada, fue confirmada el 20 de febrero de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, quedando as\u00ed en firme la precitada orden que afecta el derecho a la propiedad privada sobre la unidad inmobiliaria denominada \u00abAparta-estudio 10\u00bb, subdividida en \u00abun \u00e1rea residencial de 33,57 m2, \u00e1rea cafeter\u00eda 45,57 m2, \u00e1rea dep\u00f3sito 23,09 m2, \u00e1rea lavander\u00eda 24,28 m2\u00bb, porque era de propiedad del \u00abFideicomiso Lotes No. 5 y 6 de la Manzana FA 1656\u00bb conforme a la escritura p\u00fablica No. 1308 de 24 de junio de 2016 de la Notar\u00eda Primera de Barranquilla, donde Construcciones Proyectos e Ingenier\u00eda SAS fue incluida como beneficiaria del fideicomiso en virtud de la cesi\u00f3n que de \u00abla totalidad de los derechos fiduciarios de beneficio\u00bb le realiz\u00f3 mediante documento privado del 27 de febrero de 2017 Acci\u00f3n Fiduciaria SA, administradora y vocera del mismo. <\/p>\n
Finamente asegura, que Construcciones Proyectos e Ingenier\u00eda SAS ostentaba ese derecho desde antes de ser iniciada la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, por lo cual debi\u00f3 ser vinculada a la misma a trav\u00e9s de la notificaci\u00f3n a Acci\u00f3n Fiduciaria SA, para que as\u00ed quedara debidamente integrado el litisconsorcio necesario, proceder que al as\u00ed no haberse verificado, la tiene afectada como tercera de buena fe, ya que que actualmente el Edificio Bio Banus est\u00e1 perturbando su propiedad, situaci\u00f3n que en su criterio justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 18 de enero de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a). La Coordinadora del Grupo de Gesti\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, tras hacer un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas en el decurso cuestionado, manifest\u00f3 que la protecci\u00f3n solicitada es improcedente por enfilarse contra una decisi\u00f3n judicial, sin que se cumplan los requisitos para la excepci\u00f3n a esa regla, m\u00e1xime porque la aqu\u00ed interesada tuvo conocimiento de la existencia del juicio, hecho evidenciado por varios correos que remiti\u00f3 con destino al mismo, no obstante, no pidi\u00f3 su nulidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acci\u00f3n, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, esto es, producto del capricho, a tal punto que configuren una \u00abcausal espec\u00edfica de procedencia del amparo\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado los mecanismos para conjurar la lesi\u00f3n, puesto que, en el supuesto de haber contado o de contar con ellos, el mecanismo constitucional no tiene cabida, ya que tales formas ordinarias de defensa vienen a constituir el sendero por medio del cual debe obtenerse protecci\u00f3n o el restablecimiento de los derechos superiores amenazados o efectivamente conculcados por los jueces. <\/p>\n
2. En el presente caso, Construcciones Proyectos e Ingenier\u00eda SAS cuestiona, puntualmente, lo resuelto en sentencia emitida el 20 de febrero de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del 7 de junio de 2019 de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el marco del proceso de Protecci\u00f3n al Consumidor que Edificio Biobanus promovi\u00f3 contra Grupo Banus SAS y Otis Elevator Colombia SAS, pues en su criterio, debi\u00f3 ser vinculada a ese decurso como litisconsorte necesaria, ya que la orden all\u00ed emitida involucr\u00f3 unos bienes de su propiedad. <\/p>\n
3. No obstante, de la revisi\u00f3n del escrito inicial y sus anexos, anticipa la Sala que la protecci\u00f3n solicitada habr\u00e1 de negarse, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Como la determinaci\u00f3n que defini\u00f3 de fondo el asunto verbal objeto de revisi\u00f3n constitucional data del 11 de marzo de 2020, mientras que se acudi\u00f3 al amparo constitucional s\u00f3lo hasta el 13 de enero de 2021, dicha circunstancia evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurrieron m\u00e1s de 9 meses desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que confirm\u00f3 lo resuelto en punto intervenci\u00f3n invocada por la compa\u00f1\u00eda aqu\u00ed inconforme, sin que solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que consideran hoy vulnerados con tal determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
Sobre este aspecto, reiteradamente se ha puntualizado, que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC2007-2020). <\/p>\n
3.2. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n se constata incumplido el requisito de la subsidiariedad, ya que la sociedad promotora del amparo dispone o dispuso de otros medios de defensa id\u00f3neos y eficaces para obtener la defensa de las prerrogativas que aduce vulneradas, ello en raz\u00f3n a que si su descontento radica en que, seg\u00fan su dicho, los aludidos fallos resultaban improcedentes porque debi\u00f3 ser notificada de la existencia del proceso en que fueron emitidos, por su supuesta calidad de litisconsorte necesario, para ese prop\u00f3sito a\u00fan cuenta, o cont\u00f3, con la posibilidad de invalidarlos mediante la proposici\u00f3n de la nulidad establecida en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, o, si el vicio procesal no ha sido saneado, a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, conforme lo autoriza el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 355 ib\u00eddem; medios a trav\u00e9s de los cuales es posible alegar la circunstancias tra\u00eddas a esta sede especial\u00edsima. <\/p>\n
Por consiguiente, si la sociedad inconforme no ha agotado, o dejo de agotar todos los medios procesales que le brinda el ordenamiento para obtener lo que aqu\u00ed reclama, no puede pretender a trav\u00e9s de esta herramienta especial\u00edsima que se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural a trav\u00e9s del mecanismo correspondiente, pues, \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC849-2020). <\/p>\n
En igual sentido la Corte ha referido, que<\/p>\n
\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundame del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (STC848-2020). <\/p>\n
4. Corolario de lo expuesto y sin exponer m\u00e1s razones por ser innecesarias, habr\u00e1 de negarse la protecci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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