STC364-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC364-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-21-000-2020-00039-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 24 de noviembre de 2020 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados Anastacio Silva Vega, Cecilia Cruz Contreras, Fanny Mariela Ar\u00e9valo de Pineda y los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se disponga \u00abdecretar la nulidad de lo actuado en el proceso de restituci\u00f3n de tierras\u2026 desde la sentencia del 5 de julio de 2008\u00bb; y se ordene \u00abremit[ir] el proceso\u2026 a la Sala Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior\u2026 para que emita la sentencia acorde con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 79 de la Ley 1448 de 2011\u00bb <\/p>\n
2.1. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas present\u00f3 acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras en nombre de Anastacio Silva Vega y Cecilia Cruz Contreras, tr\u00e1mite en el que el juzgador reconoci\u00f3 como opositora a Fanny Mariela Ar\u00e9valo de Pineda, pero que remitido el expediente al Tribunal Superior se tuvo por extempor\u00e1nea la oposici\u00f3n presentada y devolvi\u00f3 el proceso al juzgado para fallo. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia de 5 de julio de 2018, entre otras cosas, se reconoci\u00f3 el derecho de restituci\u00f3n de los demandantes y la buena fe exenta de culpa de la tercera por no evidenciar un actuar deshonesto o ilegal; y en audiencia de 29 de julio de 2020 se deneg\u00f3 la nulidad impetrada frente a dicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que se incurri\u00f3 en un defecto org\u00e1nico de car\u00e1cter funcional, pues la autoridad acusada se extralimit\u00f3 en las competencias otorgadas por la Constituci\u00f3n y por la Ley 1448 de 2011 -art\u00edculo 79-; que el fallador accionado fund\u00f3 el reconocimiento de la tercera en que no evidenciaba un actuar deshonesto o ilegal, quien tambi\u00e9n era v\u00edctima del conflicto armado. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que pese a que el juzgador conoc\u00eda que el Tribunal Superior hab\u00eda desechado la oposici\u00f3n impetrada, analiz\u00f3 los argumentos y reconoci\u00f3 derechos a favor de la tercera; que omiti\u00f3 la regulaci\u00f3n de la Ley 1448 de 2011, concretamente; y que se desconoci\u00f3 el precedente de T-034 de 2017 que se\u00f1ala que el juez solo tiene funciones de instrucci\u00f3n cuando hay oposici\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Adujo que present\u00f3 una nulidad por falta de competencia del despacho por haber reconocido a la opositora, pero la misma fue denegada; que se incurri\u00f3 en defecto org\u00e1nico de car\u00e1cter funcional, pues se dej\u00f3 de lado el art\u00edculo 79 de la Ley 1448 de 2011 sobre la competencia para conocer este tipo de procesos seg\u00fan exista o no oposici\u00f3n. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que tambi\u00e9n se configur\u00f3 un defecto sustantivo, en tanto que no se observaron las normas especiales y generales que regulan la materia; que al indicar que Fanny Mariela Ar\u00e9valo de Pineda actu\u00f3 con buena fe exenta de culpa, la encasill\u00f3 dentro de uno de los supuestos de la oposici\u00f3n, por lo que se deb\u00eda remitir el expediente al superior y decretar las pruebas que considerara pertinentes; y que se efectu\u00f3 una indebida compensaci\u00f3n. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que se desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial, toda vez que se hizo caso omiso a los pronunciamientos reiterados de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia en punto a la competencia funcional de los jueces y magistrados; que se present\u00f3 un caso similar en el que fue concedido el resguardo; y que se cumpl\u00edan los requisitos de procedencia de la tutela. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que reconoci\u00f3 la buena fe exenta de culpa de Fanny Mariela Ar\u00e9valo de Pineda, pues no evidenci\u00f3 un actuar deshonesto e ilegal de esta, quien no tuvo ninguna incidencia en los hechos victimizantes; que contaba con diversos expedientes para resolver, por lo que hasta la audiencia de seguimiento procedi\u00f3 a resolver la nulidad impetrada, declar\u00e1ndola infundada; que hubo cambi\u00f3 de juez desde el 18 de mayo de 2020; que en la audiencia de seguimiento de cumplimiento de la sentencia requiri\u00f3 a las entidades involucradas en las \u00f3rdenes proferidas para que rindieran cuenta de los avances; que no se opon\u00eda a las peticiones de tutela y se encontraba prest\u00f3 a darles cumplimiento, en tanto que las decisiones emitidas por el nuevo juzgador \u00abhan sido ajustadas a derecho, teniendo en cuenta las normas procedimentales que para el caso se establecen\u00bb. <\/p>\n
2. El Banco Agrario de Colombia solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional, pues no vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados y exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. Fanny Mariela Ar\u00e9valo de Pineda sostuvo que no se cumpl\u00eda con el presupuesto de la subsidiariedad, pues la accionante bien pudo interponer recurso de revisi\u00f3n de conformidad con el art\u00edculo 92 de la Ley 1448 de 2011; que tampoco observaba el requisito de la inmediatez, pues transcurri\u00f3 un a\u00f1o y siete meses para que la Unidad solicitara la nulidad de la actuaci\u00f3n y dos a\u00f1os para impetrar el resguardo frente al fallo; y que se transgred\u00eda el principio de la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
5. El Centro de Servicio de Aprendizaje SENA adujo que sin importar la decisi\u00f3n que se adopte seguir\u00eda ofertando los programas que requieran los beneficiarios. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad ya que no avizoraba que los hechos alegados por la accionante encajen en las causales previstas en la ley; que tampoco observaba el presupuesto de la inmediatez, pues si bien el fallo se emiti\u00f3 hace m\u00e1s de un a\u00f1o, exist\u00eda una petici\u00f3n de nulidad, la que fue resuelta en la audiencia de seguimiento, adem\u00e1s que no se pod\u00eda pasar por alto que se podr\u00eda configurar una afectaci\u00f3n al patrimonio p\u00fablico; que se realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n equivocada del concepto de interviniente, pues se consider\u00f3 que se pod\u00eda analizar su calidad de adquirente de buena fe exenta de culpa, pese a no haber sido reconocido como opositor dentro del proceso de restituci\u00f3n de tierras; que dicha consideraci\u00f3n desconoce la figura del opositor; que la jurisprudencia ha indicado que en los casos en los que no se haya admitido la oposici\u00f3n por extempor\u00e1nea, no se pod\u00eda emitir pronunciamiento alguno a favor de los terceros intervinientes; que el juzgador acusado se apart\u00f3 de lo previsto en el art\u00edculo 88 de la ley de v\u00edctimas y desconoci\u00f3 la interpretaci\u00f3n de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia; que el an\u00e1lisis se debi\u00f3 limitar a reconocer o no el derecho y a verificar si la tercera se encontraba en condiciones de riesgo con la sentencia emitida; que reconocer la buena fe exenta de culpa del opositor era una desviaci\u00f3n del tr\u00e1mite legal; que la Procuradur\u00eda informaba que el despacho accionado ven\u00eda reconociendo la buena fe exenta de culpa de opositores sin tener competencia en otros procesos judiciales, empero, se recuerda que no pod\u00eda entrar a estudiar dichos asuntos por no ser objeto de la presente acci\u00f3n, a mas que los efectos de la tutela no son erga omnes; y que sin perjuicio de ello, compulsar\u00eda copias con miras a que se adelantaran las investigaciones de rigor para establecer la posible comisi\u00f3n de conductas punibles por parte del fallador que emiti\u00f3 la decisi\u00f3n criticada. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fanny Mariela Ar\u00e9valo de Pineda impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en la contestaci\u00f3n de la tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si la persona afectada no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
\u2026 el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se advierte que mediante providencia de 5 de julio de 2018, entre otras cosas, se reconoci\u00f3 el derecho de restituci\u00f3n de los demandantes y la buena fe exenta de culpa de Fanny Mariela Ar\u00e9valo de Pineda, \u00faltima respecto de la que se consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026no se puede perder de vista que la se\u00f1ora FANNY MARIELA AREVALO DE PINEDA, manifest\u00f3 desconocer las circunstancias en que se produjo el abandono del predio por parte de la accionante y su familia, aunado a que ninguno de los testigo dio cuenta de la comunicabilidad entre los contratantes de las circunstancias que motivaron la venta, por lo que si el reclamante no inform\u00f3 que las causas de aquellas eran consecuencia del conflicto armado que derivo en su desplazamiento, mal podr\u00eda ser visibilizado por el comprador, m\u00e1xime cuando como bien lo reconocen solicitante, se trat\u00f3 de un desplazamiento individual rodeado de especiales circunstancias que al aparecer fueron preservada por la \u00f3rbita familiar precisamente por el grave riesgo que entra\u00f1aban para su n\u00facleo familiar, ahora la se\u00f1ora AREVALO DE PINEDA, nunca negoci\u00f3 con el solicitante, como bien se relaciona en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria, el cual aparece como un segundo comprador, negociando el predio con la se\u00f1ora ROSELIA ACEVEDO. <\/p>\n
De esta manera queda claro que no hubo aprovechamiento econ\u00f3mico de la interviniente en relaci\u00f3n de los precios pactados por el inmueble. Tampoco hay evidencia de la pertenencia a grupos al margen de la ley, ni de su vinculaci\u00f3n con actos de despojo, intimidaci\u00f3n, presi\u00f3n o amenaza, hechos estos que ni siquiera son aducidos por la parte solicitante, consideraciones que permiten estimar que la se\u00f1ora Ar\u00e9valo Pineda, tiene conciencia y certeza de adquirir el derecho de quien es leg\u00edtimo due\u00f1o, con conciencia y certeza de que en la negociaci\u00f3n se actu\u00f3 con prudencia y diligencia que hicieran imposible descubrir el verdadero origen del inmueble y conciencia y certeza de que la adquisici\u00f3n se realiz\u00f3 conforme a las condiciones exigidas por la ley, todo estos requisito le dan procedencia de la BUENA FE EXENTA DE CULPA de la se\u00f1ora FANNY MARIELA AREVALO DE PINEDA. <\/p>\n
En ese sentido, la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-330 de 2016, ahond\u00f3 en las condiciones que deben concurrir para que se configure tal figura, as\u00ed\u2026 <\/p>\n
Corolario de lo expuesto, se encuentra ampliamente demostrado que la se\u00f1ora FANNY MARIELA AREVALO DE PINEDA, ostenta la BUENA FE EXENTA DE CULPA, toda vez que es un persona que no tuvo relaci\u00f3n directa ni indirecta con el despojo o abandono, que adem\u00e1s no se vali\u00f3 de dicha situaci\u00f3n para sacar provecho con la venta del predio, pues no lo recibi\u00f3 de manos de la solicitante, sino que mediaron sendas ventas, en cadena traditicia que determinan tal calidad, que es igualmente v\u00edctima del conflicto armado y que por esta raz\u00f3n y por su edad se encuentra en estado de vulnerabilidad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se proteger\u00e1 el derecho fundamental de restituci\u00f3n de tierras del se\u00f1or ANASTACIO SILVA VEGA en la modalidad de compensaci\u00f3n en especie, para ello t\u00e9ngase en cuenta las caracter\u00edsticas y la vocaci\u00f3n del predio y al lugar de ubicaci\u00f3n o domicilio del solicitante; por otra parte, se reconocer\u00e1 la buena fe exenta de culpa de la se\u00f1ora FANNY MARIELA AREVALO DE PINEDA; y para ambos se proferir\u00e1n medidas de reparaci\u00f3n integral\u2026 <\/p>\n
4. Bajo el anterior contexto, se anticipa la confirmaci\u00f3n del resguardo otorgado, puesto que se transgredieron las garant\u00edas de primer orden invocadas, en tanto que la autoridad acusada no hizo una valoraci\u00f3n de la normatividad aplicable al asunto. <\/p>\n
Ciertamente, se advierte que el despacho criticado efectu\u00f3 un estudio de la condici\u00f3n de adquirente de buena fe de la tercera Fanny Mariela Ar\u00e9valo de Pineda -aprovechamiento econ\u00f3mico en relaci\u00f3n a los precios pactados, vinculaci\u00f3n con actos de despojo, negociaci\u00f3n con prudencia y vulnerabilidad-, pese a que el Tribunal Superior no la hab\u00eda reconocido como opositora ante su intervenci\u00f3n extempor\u00e1nea y no le correspond\u00eda a ese fallador hacer lo propio. <\/p>\n
En efecto, el juzgador querellado dej\u00f3 de lado lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y en la sentada jurisprudencia sobre la competencia para conocer este tipo de asuntos, apart\u00e1ndose concretamente de la interpretaci\u00f3n otorgada al art\u00edculo 88 de la citada normatividad al tener como opositora a la tercera. <\/p>\n
En un asunto de similares contornos, en el que fue accionado el mismo despacho judicial, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente, esta Sala destac\u00f3 que: <\/p>\n
3.1. Como se indic\u00f3, la queja constitucional de la Unidad Administrativa demandante gravita en torno a la supuesta ausencia de competencia del Juez Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras para proferir la sentencia que es objeto de escrutinio en la presente salvaguarda, puesto que, aun cuando la oposici\u00f3n formulada por Luis Carlos Mar\u00edn Navarro fue extempor\u00e1nea, materialmente la tuvo en cuenta para reconocer su buena fe exenta de culpa y declarar a su favor la prescripci\u00f3n adquisitiva del predio, circunstancia que solo pod\u00eda dirimir el Tribunal Superior a trav\u00e9s de la respectiva Sala Civil Especializada. <\/p>\n
La colegiatura a quo concluy\u00f3 que el juzgado accionado carec\u00eda de competencia para dictar el fallo cuestionado, interpret\u00f3 y aplic\u00f3 equivocadamente al caso concreto el concepto de interviniente y al reconocer la usucapi\u00f3n a favor de Mar\u00edn Navarro, emiti\u00f3 una decisi\u00f3n incongruente, por lo que dej\u00f3 sin efectos aquella providencia y le orden\u00f3 a la c\u00e9lula judicial cognoscente ajustar el tr\u00e1mite al debido proceso\u2026 <\/p>\n
Descendiendo al caso concreto, la Corte advierte que respaldar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada, pues es evidente que el Juzgado Segundo Civil Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar, en la providencia de 19 de diciembre de 2018, incurri\u00f3 en las causales de procedencia del amparo advertidas por el Tribunal Superior de Cartagena, por cuanto a pesar de que reconoci\u00f3 que no se formul\u00f3 oportunamente ninguna oposici\u00f3n, termin\u00f3 estudiando la solicitud que en ese sentido formul\u00f3 un tercero, cuando ello era competencia del tribunal. <\/p>\n
En primer lugar, en consonancia con la colegiatura a quo, la Sala estima que el despacho accionado al abordar el estudio de la supuesta condici\u00f3n de adquirente de buena fe exenta de culpa propuesta por Mar\u00edn Navarro, pese a que no fue reconocido como opositor (habida consideraci\u00f3n que su intervenci\u00f3n fue extempor\u00e1nea), contrari\u00f3 lo dispuesto el art\u00edculo 88 de la Ley 1448 de 2011, pues es claro que esa alegaci\u00f3n corresponde a un acto de oposici\u00f3n a la solicitud de restituci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed claramente lo indic\u00f3 la Corte Constitucional al pronunciarse sobre la exequibilidad de algunos apartes del citado cuerpo normativo: <\/p>\n
Los art\u00edculos demandados hacen referencia a personas que act\u00faan en el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras como \u201copositores\u201d, es decir, quienes presentan \u201coposici\u00f3n\u201d dentro del tr\u00e1mite. De acuerdo con el art\u00edculo 88 de la Ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras existen tres tipos de oposiciones distintas: (i) aquellas que persiguen demostrar la calidad de v\u00edctima de despojo en relaci\u00f3n con el mismo predio objeto del tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras (supuesto regulado por el art\u00edculo 78 de la misma Ley); (ii) las destinadas a tachar la condici\u00f3n de v\u00edctima del solicitante y (iii) las que pretenden demostrar la existencia de una relaci\u00f3n jur\u00eddica o material sobre el predio objeto del tr\u00e1mite, generada por una conducta de buena fe exenta de culpa. La expresi\u00f3n demandada en los art\u00edculos 88, 91, 98 y 105 de la Ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras [exenta de culpa] tiene que ver exclusivamente con el tercer tipo de oposici\u00f3n. <\/p>\n
De manera que, como lo expuso el tribunal de primer grado, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar se apart\u00f3 del aludido art\u00edculo 88 y de la interpretaci\u00f3n que del mismo realiz\u00f3 la Corte Constitucional, e incluso \u00e9sta Corporaci\u00f3n en STC1537 de 9 de enero de 2017, pues aun cuando en el tr\u00e1mite que all\u00ed se adelant\u00f3, formalmente no hubo oposici\u00f3n -por virtud de la declaratoria de extemporaneidad del memorial presentado por Mar\u00edn Navarro- se abordaron sus alegaciones, teni\u00e9ndosele err\u00f3neamente como opositor y declar\u00e1ndose a su favor la prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio, cuando a lo sumo se le pod\u00eda reconocer, de hallar acreditadas las condiciones necesarias, como segundo ocupante y beneficiario de las medidas asistenciales definidas por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas. <\/p>\n
Por lo anterior, fue acertada la decisi\u00f3n de la colegiatura a quo de dejar sin efectos la providencia de 19 de diciembre de 2018, para que el juzgado convocado ajuste la actuaci\u00f3n al ordenamiento legal. <\/p>\n
3.2. Finalmente, en relaci\u00f3n con lo manifestado por la Procuradora Delegada en su impugnaci\u00f3n, relativo a que es necesario que el asunto sea remitido a la Sala de Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal de Cartagena para que all\u00ed se emita la respectiva sentencia que defina el proceso, no es posible acceder a tal pedimento, ya que ello s\u00f3lo ser\u00eda viable en virtud de la formulaci\u00f3n oportuna de oposici\u00f3n, tal como se desprende del art\u00edculo 79 de la Ley 1448 de 2011, situaci\u00f3n que seg\u00fan se informa no aconteci\u00f3. <\/p>\n
La referida disposici\u00f3n prev\u00e9: <\/p>\n
ART\u00cdCULO 79. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS PROCESOS DE RESTITUCI\u00d3N. Los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial Sala Civil, especializados en restituci\u00f3n de tierras, decidir\u00e1n en \u00fanica instancia los procesos de restituci\u00f3n de tierras, y los procesos de formalizaci\u00f3n de t\u00edtulos de despojados y de quienes abandonaron en forma forzosa sus predios, en aquellos casos en que se reconozcan opositores dentro del proceso. As\u00ed mismo, conocer\u00e1n de las consultas de las sentencias dictadas por los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
Los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restituci\u00f3n de tierras, conocer\u00e1n y decidir\u00e1n en \u00fanica instancia los procesos de restituci\u00f3n de tierras y los procesos de formalizaci\u00f3n de t\u00edtulos de despojados y de quienes abandonaron en forma forzosa sus predios, en aquellos casos en que no se reconozcan opositores dentro del proceso. <\/p>\n
En los procesos en que se reconozca personer\u00eda a opositores, los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restituci\u00f3n de tierras, tramitar\u00e1n el proceso hasta antes del fallo y lo remitir\u00e1n para lo de su competencia al Tribunal Superior de Distrito Judicial. <\/p>\n
Las sentencias proferidas por los Jueces Civiles del Circuito especializados en restituci\u00f3n de tierras que no decreten la restituci\u00f3n a favor del despojado ser\u00e1n objeto de consulta ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial Sala Civil, en defensa del ordenamiento jur\u00eddico y la defensa de los derechos y garant\u00edas de los despojados. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO 1o. Los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Civil, especializados en restituci\u00f3n de tierras, podr\u00e1n decretar de oficio las pruebas adicionales que consideren necesarias, las que se practicar\u00e1n en un t\u00e9rmino no mayor de veinte (20) d\u00edas. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO 2o. Donde no exista Juez civil del Circuito especializado en restituci\u00f3n de tierras, podr\u00e1 presentarse la demanda de restituci\u00f3n ante cualquier juez civil municipal, del circuito o promiscuo, quien dentro de los dos (2) d\u00edas siguientes deber\u00e1 remitirla al funcionario competente. (resalta la Sala)\u2026 (CSJ STC3721-2020, 11 jun. 2020, exp. 2020-00009-01). <\/p>\n
En ese orden, se observa que el yerro se configur\u00f3 cuando el ente acusado se apart\u00f3 de la aplicaci\u00f3n de la normatividad especial para la resoluci\u00f3n de la situaci\u00f3n concreta que se someti\u00f3 a su definici\u00f3n, error suficiente para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
5. Se impone, entonces, confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC364-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC364-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-21-000-2020-00039-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53222","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53222","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53222"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53222\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53222"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53222"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53222"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}