STC365-2021 <\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC365-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00103-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Juan David Arteaga Fl\u00f3rez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite de incidente de desacato formulado por Diana Patricia Gallego Mar\u00edn contra Savia Salud E.P.S. <\/p>\n
Solicita, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene a las autoridades judiciales accionadas, \u00abdeclarar que Savia Salud E.P.S-S ha cesado con el incumplimiento de la acci\u00f3n constitucional debido al fallecimiento de Diana Patricia Gallego Mar\u00edn (Q.E.P.D), situaci\u00f3n que imposibilita \u2013 ahora- darle continuidad al cumplimiento de lo ordenado mediante el fallo de tutela y consecuentemente se ordene (\u2026) dejar sin efectos los Autos que negaron la inaplicaci\u00f3n y en su lugar proceda a levantar la sanci\u00f3n impuesta el d\u00eda 29 de mayo de 2018 en [su] contra\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo aduce, en s\u00edntesis, que mediante fallo del 7 de octubre de 2015, el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Medell\u00edn ampar\u00f3 los derechos fundamentales a la vida y a la salud de Diana Patricia Gallego Mar\u00edn, y en consecuencia, le orden\u00f3 a Savia Salud E.P.S. suministrar a favor de aqu\u00e9lla el medicamento denominado \u00abtracleer bosetan Tab 125 MGS\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n el tratamiento integral de su patolog\u00eda (hipertensi\u00f3n pulmonar primaria). <\/p>\n
Asegura que la all\u00e1 gestora formul\u00f3 en contra de la entidad promotora de salud referida incidente por el incumplimiento de la orden constitucional referida, y una vez agotado el tr\u00e1mite legal pertinente, en auto del 29 de mayo de 2018 el Despacho accionado lo declar\u00f3 a \u00e9l en desacato, imponi\u00e9ndole multa equivalente a 4 SMLMV, como representante legal de la EPS accionada, decisi\u00f3n que fue confirmada por el Tribunal convocado en auto del 6 de junio de 2018, en sede de consulta. <\/p>\n
Manifiesta que ha elev\u00f3 sendas peticiones ante el a-quo convocado para que se inaplique el castigo pecuniario impuesto en su contra, no solo porque Savia Salud E.P.S. le brind\u00f3 la prestaci\u00f3n integral del servicio de salud a Diana Patricia Gallego Mar\u00edn, sino adem\u00e1s, porque la prenombrada se\u00f1ora desafortunadamente falleci\u00f3, raz\u00f3n por la cual no existe actualmente fundamento alguno para que dicha sanci\u00f3n a\u00fan se encuentre vigente; no obstante, en autos del 15 de enero y 3 de diciembre, ambos de 2020, sus ruegos fueron desestimados. <\/p>\n
Tras ese relato, sostiene que las autoridades judiciales atacadas vulneraron las garant\u00edas imploradas, habida cuenta que hoy d\u00eda no existe raz\u00f3n para mantener vigente la multa impuesta en su contra por desacato, en primer lugar, porque la entidad de salud all\u00e1 accionada cumpli\u00f3 con la orden constitucional mencionada y, en segundo t\u00e9rmino, la interesada falleci\u00f3, por lo que \u00abdesaparecieron los fundamentos facticos que motivaron tanto el amparo constitucional en sede de tutela, como el fin y por ende el objeto del incidente de desacato\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 20 de enero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure un actuar que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
No obstante, esta Sala ha reiterado la impertinencia del amparo constitucional para cuestionar decisiones proferidas en el curso de un incidente de desacato, salvo el evento del abierto desconocimiento de la prerrogativa fundamental al debido proceso de los intervinientes. <\/p>\n
2. En el presente asunto se advierte, que Juan David Arteaga Fl\u00f3rez pretende a trav\u00e9s de este mecanismo especial, que se revoque la sanci\u00f3n pecuniaria que le fue impuesta por haber supuestamente desacatado lo ordenado por el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Medell\u00edn en fallo constitucional proferido el 7 de octubre de 2015, al interior de la acci\u00f3n de tutela que Diana Patricia Gallego Mar\u00edn promovi\u00f3 en contra de Savia Salud E.P.S., pues seg\u00fan su criterio, se incurri\u00f3 en casual de procedencia del amparo al haberse desconocido que no s\u00f3lo s\u00ed acat\u00f3 la orden constitucional dispuesta en dicha providencia, sino que la all\u00e1 gestora del amparo muri\u00f3, por lo que no hay raz\u00f3n para mantener el castigo impuesto. <\/p>\n
3. Para brindar soluci\u00f3n a la presente contienda, resulta necesario para la Corte verificar la documentaci\u00f3n obrante en el expediente, y que permite advertir lo siguiente: <\/p>\n
3.1. En aras de garantizar los derechos a la vida y a la salud de la ciudadana Diana Patricia Gallego Mar\u00edn, el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Medell\u00edn orden\u00f3 a Savia Salud E.P.S., suministrar a favor de aquella el medicamento denominado \u00abtracleer bosetan Tab 125 MGS\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n el tratamiento integral la hipertensi\u00f3n pulmonar primaria padecida. <\/p>\n
3.2. Comoquiera que la all\u00e1 accionante manifest\u00f3 el incumplimiento de la referida orden, el 18 de mayo de 2018 el citado Despacho dio apertura al respectivo incidente de desacato, y agotado el tr\u00e1mite de rigor, en auto del 29 del mes y a\u00f1o citados resolvi\u00f3 sancionar a Juan David Arteaga Fl\u00f3rez, ac\u00e1 interesado, en calidad de representante legal de la entidad promotora de salud referida, con multa equivalente a cuatro (4) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes. <\/p>\n
3.3. En sede de consulta, el Tribunal Superior de Medell\u00edn \u2013Sala Civil, mediante prove\u00eddo del 6 de junio siguiente ratific\u00f3 el castigo impuesto, tras advertir que \u00abE.P.S. Savia Salud ha incumplido la orden judicial impartida, toda vez que no ha garantizado la entrega de los medicamentos (\u2026) para tratar la patolog\u00eda de la demandante\u00bb. <\/p>\n
3.4. Posteriormente, en sendas peticiones el aqu\u00ed gestor solicit\u00f3 que se \u00abinaplicara\u00bb el castigo pecuniario mencionado, toda vez que cumpli\u00f3 con la entrega de las recetas medicinales requeridas para el tratamiento de la enfermedad de la all\u00e1 accionante, adem\u00e1s porque \u00e9sta hab\u00eda fallecido, raz\u00f3n por la cual no exist\u00eda motivo alguno para mantener la sanci\u00f3n impuesta. <\/p>\n
3.5. En autos del 15 de enero y 3 de diciembre, ambos de 2020, el Juzgado accionado desestim\u00f3 la aspiraci\u00f3n del ahora promotor, con sustento en que \u00abdicha petici\u00f3n no tiene fundamento jur\u00eddico viable para su procedencia, pues en su momento fueron sancionados por el incumplimiento al fallo de tutela, por lo tanto, no pueden ahora valerse del lamentable suceso, para pretender levantar unas sanciones donde no se acredit\u00f3 cumplimiento en el momento oportuno\u00bb. <\/p>\n
4.1. En casos que guardan relaci\u00f3n con el presente, esta Corporaci\u00f3n ha sido reiterativa en precisar la impertinencia del amparo constitucional para cuestionar decisiones proferidas en el curso de un incidente de desacato, toda vez que en esos tr\u00e1mites \u00abno se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional\u2026 Es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones\u00bb (CSJ STC9955-2020). <\/p>\n
Se ha dicho, entonces de tiempo atr\u00e1s, que \u00absi hoy es pac\u00edfico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato)\u00bb (CSJ, STC1985-2020). <\/p>\n
4.2. Sin embargo, tambi\u00e9n se ha establecido que, de manera excepcional, es procedente este mecanismo cuando en la tramitaci\u00f3n del desacato se ha desconocido de manera flagrante la garant\u00eda constitucional al debido proceso de los intervinientes, por lo que \u00aben el evento en que durante el curso del incidente se advierta desconocimiento del derecho al debido proceso y como consecuencia de ello se constituya una v\u00eda de hecho, es perfectamente admisible que quien considere vulnerado su derecho acuda a la acci\u00f3n de tutela en procura de obtener protecci\u00f3n constitucional. Ser\u00e1 el juez de tutela, entonces, el que entre a valorar si en el caso concreto se configuran los presupuestos para la procedencia de la acci\u00f3n contra providencias judiciales y si se configura o no una v\u00eda de hecho\u00bb (\u00edd.). <\/p>\n
4.3. Bajo los anteriores lineamientos, no cabe duda para la Sala que, si bien en principio no resultar\u00eda procedente el amparo aqu\u00ed reclamado frente a las providencias del 15 de enero y 3 de diciembre, ambas de 2020, por haber sido proferidas en el marco de un incidente de desacato, lo cierto es que los argumentos expuestos en dichas determinaciones resultan arbitrarios, y de contera, quebrantan la prerrogativa superior al debido proceso de Juan David Arteaga Fl\u00f3rez, incurri\u00e9ndose as\u00ed en causal de procedencia del amparo. <\/p>\n
4.4. Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, pues con posterioridad al auto del 28 de mayo de 2018, mediante el cual se le impuso sanci\u00f3n por desacato al aqu\u00ed gestor, \u00e9ste aport\u00f3 varios documentos para acreditar el acatamiento de las \u00f3rdenes superiores que le fueron impartidas; luego entonces, en virtud de los incisos 2\u00ba y 4\u00ba del art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 19911, el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Medell\u00edn estaba en la obligaci\u00f3n de estudiar y resolver de fondo la procedencia de mantener el castigo pecuniario impuesto, pues no solo la norma en cita prev\u00e9 que \u00e9ste debe perdurar \u00fanicamente hasta que se verifique el cumplimiento del fallo, sino que no puede aceptarse el argumento esbozado en torno a que, la multa impuesta debe mantenerse porque en el pasado la orden constitucional fue desatendida. <\/p>\n
4.5. Aunado a lo anterior, t\u00e9ngase en cuenta que de vieja data se ha insistido en que, aunque entre los objetivos del incidente de desacato est\u00e1 el de sancionar el incumplimiento del fallo de tutela por parte de la autoridad responsable, el prop\u00f3sito final no es otro que el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada, y por ende, la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales con ella protegidos; de ah\u00ed que, entonces, \u00abcuando se observa el cabal cumplimiento de la orden de tutela, as\u00ed sea extempor\u00e1neamente e incluso despu\u00e9s de decidida la consulta, la Corte ha prohijado la tesis de que es del caso levantar las sanciones respectivas\u2026 \u2018pues el fin perseguido con el tr\u00e1mite del desacato ya se cumpli\u00f3. (\u2026) Cabe acotar, que la Corte Constitucional sobre el tema ha precisado que \u2018(\u2026) se puede deducir que la finalidad del incidente de desacato no es la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n en s\u00ed misma, sino la sanci\u00f3n como una de las formas de b\u00fasqueda del cumplimiento de la sentencia\u00bb (CSJ STC1985-2020) (Resalta la Sala). <\/p>\n
4.6. Pero si lo dicho hasta ahora fuera poco, el Juzgado accionado tambi\u00e9n se abstuvo de analizar la vigencia de la sanci\u00f3n por desacato impuesta en contra de Juan David Arteaga Fl\u00f3rez, pues ante la manifestaci\u00f3n acerca del fallecimiento de la all\u00e1 accionante la se\u00f1ora Diana Patricia Gallego Mar\u00edn, ha debido proceder a verificar la veracidad de esa informaci\u00f3n con el prop\u00f3sito de establecer si el castigo pecuniario actualmente carece de objeto; en esas condiciones, ha debido el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de esta capital abarcar el an\u00e1lisis del cumplimiento de la orden de tutela dispuesta en el fallo del 7 de octubre de 2015, y la vigencia actual de la sanci\u00f3n impuesta en contra del aqu\u00ed interesado, situaci\u00f3n que resulta censurable por esta v\u00eda por falta de motivaci\u00f3n, toda vez que aquella autoridad, se reitera, de manera alguna estudi\u00f3 si se daban o no los supuestos necesarios para levantar el castigo pecuniario, pasando por alto, inclusive, las documentales adosadas; luego en ese orden, siendo deber del Juez del proceso resolver sobre la totalidad de las tem\u00e1ticas puestas a su conocimiento, y analizar en conjunto todo el recaudo probatorio, no cabe duda que en el asunto revisado constitucionalmente se incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por las omisiones advertidas. <\/p>\n
4.7. Esta Corte, sobre la argumentaci\u00f3n de las sentencias proferidas por los funcionarios judiciales, ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar, que \u00abla motivaci\u00f3n de las sentencias constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, \u2018(\u2026) la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. La sentencia, como acto procesal que es, seg\u00fan el art\u00edculo 303 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, debe ser motivada \u2018de manera breve y precisa\u2019 \u2013pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u2018examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u2019 que sean indispensables para fundamentarla (art. 304 ib.). (\u2026) \u2018la funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas. La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo\u2019 sentencia de 22 de mayo de 2003, Exp. 00526-01\u00bb (CSJ STC3831-2020). <\/p>\n
5. Corolario de lo anterior, se impone conceder el resguardo solicitado, para que el Despacho del Circuito criticado se pronuncie como corresponde, frente a la solicitud de \u00abinaplicaci\u00f3n\u00bb de la sanci\u00f3n presentada por el ac\u00e1 gestor, al interior del incidente de desacato objeto de revisi\u00f3n constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONCEDE la protecci\u00f3n constitucional invocada por Juan David Arteaga Fl\u00f3rez. <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA al Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Medell\u00edn, que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, tras dejar sin valor ni efecto los autos calendados de 12 de enero y 3 de diciembre, ambos de 2020, proceda nuevamente a resolver la solicitud de \u00abinaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n\u00bb presentada por el aqu\u00ed accionante, dentro del incidente de desacato con radicado No. 2015-00961-00, teniendo cuenta lo aqu\u00ed considerado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 (\u2026) El juez podr\u00e1 sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. (\u2026).En todo caso, el juez establecer\u00e1 los dem\u00e1s efectos del fallo para el caso concreto y mantendr\u00e1 la competencia hasta que est\u00e9 completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza. <\/p>\n
<\/p>\n
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