STC368-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC368-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00115-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Medicina Alta Complejidad S.A. -MACSA S.A.- a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, integrada por los magistrados Abd\u00f3n Sierra Guti\u00e9rrez, Alfredo Castilla Torres y Yaens Castell\u00f3n Giraldo, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo con radicado 2019-00011-03, incoado por Servicios M\u00e9dicos Olimpus I.P.S. S.A.S. contra la gestora. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Servicios M\u00e9dicos Olimpus I.P.S. S.A.S. demand\u00f3 compulsivamente a la promotora ante el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Barranquilla, para exigirle la cancelaci\u00f3n de $194.639.450, respaldados en facturas cambiarias derivadas de actividades relacionadas con la salud. <\/p>\n
El 13 de febrero de 2019, el mencionado estrado libr\u00f3 mandamiento de pago y decret\u00f3 las medidas cautelares rogadas. <\/p>\n
Enterada de esa decisi\u00f3n, la impulsora formul\u00f3 excepciones perentorias, cuestionando los requisitos de los t\u00edtulos ejecutivos e, igualmente, aleg\u00f3 la inembargabilidad de los recursos del sistema general de seguridad social. <\/p>\n
Mediante sentencia de 22 de septiembre de 2020, el enunciado despacho acogi\u00f3 la defensa de la aqu\u00ed actora, pues, en decir de esa colegiatura, los documentos allegados como b\u00e1culo del coercitivo, carec\u00edan de idoneidad para su cobro. <\/p>\n
Inconforme con lo prove\u00eddo, la sociedad demandante impetr\u00f3 apelaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 al tribunal confutado. <\/p>\n
El 3 de noviembre de 2020, la aqu\u00ed querellante adujo que, una vez vencido el t\u00e9rmino se\u00f1alado, esto es, el 28 de octubre ulterior, no le fue enviada la fundamentaci\u00f3n de la alzada y, por ello, el 29 octubre siguiente, \u201c(\u2026) solicit[\u00f3] (\u2026) informaci\u00f3n al respecto (\u2026) y\/o (\u2026) declar[arla] desiert[a] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Frente a lo anterior, dentro del litigio, la sociedad recurrente manifest\u00f3 la falta de veracidad de lo alegado por la actora porque, acot\u00f3, el recurso lo sustent\u00f3 ante el a quo y, \u201c(\u2026) del escrito dando alcance al recurso (\u2026)\u201d se envi\u00f3 copia al correo [de la tutelante] (\u2026)\u201d y, para acreditar tal circunstancia, alleg\u00f3 el pantallazo con env\u00edo datado el \u201c25\/09\/2020\u201d. <\/p>\n
El 6 de noviembre ulterior, la accionante reiter\u00f3 que la apelaci\u00f3n en cuesti\u00f3n deb\u00eda declararse desierta, pues no hab\u00eda sido motivada en los t\u00e9rminos del pronunciamiento de 16 de octubre de 2020. <\/p>\n
La petente alega que, hasta el 10 de noviembre de 2020, la firma recurrente present\u00f3 los argumentos basilares del remedio vertical, esto es, de manera extempor\u00e1nea y, con todo, \u00e9stos no le fueron puestos en conocimiento. <\/p>\n
El 11 de noviembre postrero, la empresa all\u00ed demandante y recurrente manifest\u00f3 al tribunal convocado que no pudo acceder al contenido del prove\u00eddo mediante el cual se le corri\u00f3 traslado para sustentar la apelaci\u00f3n y, solo se enter\u00f3 de la existencia del mismo, cuando, la aqu\u00ed reclamante, pidi\u00f3 informaci\u00f3n de lo sucedido al no haber recibido documento alguno para su r\u00e9plica. <\/p>\n
En la enunciada calenda, la compa\u00f1\u00eda apelante volvi\u00f3 a adosar el escrito con los argumentos del mecanismo vertical que impetr\u00f3. Adicionalmente, exigi\u00f3 vigilancia administrativa del proceso al Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico, ante las posibles irregularidades en la notificaci\u00f3n del auto que le corri\u00f3 traslado para fundamentar el referido remedio. <\/p>\n
El 26 de noviembre siguiente, en el mencionado tr\u00e1mite administrativo, se requiri\u00f3 a la colegiatura acusada rendir un informe sobre lo denunciado; y, el 27 de noviembre ulterior, dicha autoridad solicit\u00f3 a su secretar\u00eda que diera cuenta de los rituales adelantados en el asunto. <\/p>\n
En oficio n\u00b0291120 de 29 de noviembre postrero, la precitada dependencia alleg\u00f3 el historial de las actuaciones deprecadas. <\/p>\n
El 30 de noviembre ulterior, el tribunal censurado respondi\u00f3 al Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico que \u201cel temor\u201d de la empresa apelante en torno a la declaratoria de deserci\u00f3n de esa defensa, era infundado, pues no exist\u00eda un pronunciamiento al respecto; adem\u00e1s, alleg\u00f3 capturas de pantalla de la fecha de notificaci\u00f3n del auto que corri\u00f3 traslado para sustentar el remedio vertical. <\/p>\n
En fallo de 14 de diciembre siguiente, la colegiatura encausada profiri\u00f3 sentencia en el juicio reprochado, revocando la determinaci\u00f3n recurrida y ordenando seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Para la gestora, se lesionaron sus garant\u00edas, pues (i) se defini\u00f3 el remedio vertical incoado por la compa\u00f1\u00eda demandante, cuando la sustentaci\u00f3n fue allegada fuera de t\u00e9rmino; (ii) no se le dio la oportunidad de replicar la argumentaci\u00f3n del recurso de su contraparte; y (iii) el fallo del ad quem se emiti\u00f3 al margen de los requisitos exigidos para el cobro de las facturas arrimadas como base del recaudo. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, dejar sin efecto la sentencia refutada y, en su lugar, declarar desierta la alzada materia de controversia. <\/p>\n
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1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
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1. La colegiatura enjuiciada manifest\u00f3 que no se ha conculcado prerrogativa alguna en el procedimiento reprochado y, alleg\u00f3 el expediente \u201c(\u2026) en el cual se aportan las actuaciones desplegadas para lo pertinente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
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2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso, la actora cuestiona que, durante el plazo para sustentar la apelaci\u00f3n frente al fallo de primer grado, la sociedad ejecutante no cumpli\u00f3 esa carga procesal y, aun cuando puso en conocimiento tal situaci\u00f3n a la corporaci\u00f3n encausada, nada se dijo al respecto. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En el ritual acusado se encuentra acreditado que, en el prove\u00eddo de 16 de octubre de 2020, el colegiado censurado admiti\u00f3 el remedio vertical incoado por la sociedad demandante y all\u00ed mismo indic\u00f3 el momento a partir del cual iniciar\u00eda el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas para sustentar el recurso, es decir, desde su ejecutoria, tiempo en donde, a su vez, deb\u00eda ponerse en conocimiento, de la aqu\u00ed tutelante, el escrito correspondiente. <\/p>\n
De acuerdo con lo expuesto, se advierte que el lapso conferido para la fundamentaci\u00f3n iniciar\u00eda el 22 de octubre postrero y, culminar\u00eda, el 28 de octubre ulterior. <\/p>\n
Ahora bien, el 29 de octubre siguiente, la aqu\u00ed promotora, all\u00ed demandada, le expres\u00f3 a la corporaci\u00f3n confutada que no hab\u00eda recibido la argumentaci\u00f3n del recurso y, por tanto, \u201c(\u2026) solicit[\u00f3] (\u2026) informaci\u00f3n (\u2026) y\/o (\u2026) declar[arla] desiert[o] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Frente a lo anterior, la empresa apelante manifest\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La audiencia oral de instrucci\u00f3n y juzgamiento art. 373 del C.G. P. se llev\u00f3 a cabo el 22 de septiembre de 2020, de 8:00 am a 12:00 m, en la cual qued\u00f3 sustentado el recurso de apelaci\u00f3n, como le aclar\u00e9 dentro de esta, al a quo (\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) La [ac\u00e1 petente] asisti\u00f3 de manera virtual a la audiencia y se identific\u00f3 plenamente ante el a quo, y qued\u00f3 notificada por estrado, donde tuvo la garant\u00eda de ley y la oportunidad procesal para ejercer su derecho de contradicci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Falta a la verdad la [precursora], y act\u00faa con temeridad y mala fe, del escrito dando alcance al recurso de sustentaci\u00f3n se le envi\u00f3 copia al correo info@macsa.co del demandado, igualmente se le envi\u00f3 al juzgado 16 civil del circuito de Barranquilla, adjunto los pantallazos correspondientes [con fecha de env\u00edo 25 de septiembre de 2020] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Para la Sala, se incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n denunciada, por cuanto, si el plazo para la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n venc\u00eda el 28 de octubre de 2020, el cuestionamiento de la aqu\u00ed impulsora, planteado el d\u00eda 29 de los mismos y relativo a no haberse informado de la fundamentaci\u00f3n \u201cy\/o\u201d ser pertinente la deserci\u00f3n el remedio vertical, merec\u00eda un pronunciamiento de fondo de la corporaci\u00f3n fustigada, previo a emitir sentencia. <\/p>\n
Lo antelado, porque en el contexto de la controversia, adem\u00e1s de alegar la falta de actividad de la ejecutante, la ac\u00e1 suplicante expres\u00f3 que conoc\u00eda del auto donde se corri\u00f3 traslado y, de contera, dio cuenta de la publicidad de esa providencia. <\/p>\n
Adicionalmente, la respuesta brindada por la recurrente a las alegaciones de la aqu\u00ed tutelante, en donde se\u00f1al\u00f3 haber fundamentado la alzada ante el a quo, exig\u00eda al tribunal recriminado verificar tales aseveraciones; todo ello, con el fin de constatar si, en efecto, el auto de 16 de octubre de 2020 se notific\u00f3 debidamente a las partes. <\/p>\n
En la hip\u00f3tesis de un enteramiento de esa determinaci\u00f3n, libre de irregularidades, si el apelante se limit\u00f3 a manifestar que ya hab\u00eda argumentado la apelaci\u00f3n ante el estrado de primer grado, la colegiatura demandada ten\u00eda la obligaci\u00f3n de constatar esa situaci\u00f3n, pues si no se acat\u00f3 el deber de sustentar dicho mecanismo ante el ad quem, como lo ha reiterado esta Corte en m\u00faltiples oportunidades, la apelaci\u00f3n deven\u00eda desierta. <\/p>\n
Sobre lo discurrido, esta Corporaci\u00f3n ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]\u00e1ndole un sentido integral al art\u00edculo 322 de[l C\u00f3digo General del Proceso], se tiene que de acuerdo a su numeral 1\u00ba, cuando la providencia se emite en el curso de una audiencia o diligencia, la apelaci\u00f3n \u00abdeber\u00e1 interponerse en forma verbal inmediatamente despu\u00e9s de pronunciada\u00bb, a lo que seguidamente indica que de todos los recursos presentados, al final de la audiencia el juez \u00abresolver\u00e1 sobre la procedencia (\u2026) as\u00ed no hayan sido sustentados\u00bb (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Significa lo anterior que una es la ocasi\u00f3n para interponer el recurso que indudablemente es \u00abinmediatamente despu\u00e9s de pronunciada\u00bb, lo cual da lugar a que se verifique el requisito tempestivo, y otro es el momento del desarrollo argumentativo del reproche, que trat\u00e1ndose de sentencias presenta una estructura compleja, seg\u00fan la cual la sustentaci\u00f3n debe presentarse frente al a quo y luego ser desarrollada \u00abante el superior\u00bb, conforme lo contemplan los incisos 2\u00ba y 3\u00ba del numeral 3 del citado canon 322 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En tal sentido, el segundo de los apartados de la preceptiva en cita establece: \u00abal momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustanciaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior\u00bb (\u2026)\u201d1 (se destaca). <\/p>\n
Ahora, si, efectivamente, se le dio la debida publicidad al auto de 16 de octubre de 2020, y la apelante alleg\u00f3 tempestivamente la sustentaci\u00f3n, de la cual se omiti\u00f3, aparentemente, darle traslado a la actora para replicarla y, si esta reclam\u00f3, de inmediato, un pronunciamiento al respecto, se advierte con claridad, que se estaba en presencia de la causal de nulidad prevista en el numeral 6, art\u00edculo 133 de la Ley 1564 de 20122, cuesti\u00f3n que, para ese momento, bien pod\u00eda conjurar el fallador denunciado. <\/p>\n
Se concluye, si se encontraba pendiente de definir la solicitud de la accionante, relativa a la deserci\u00f3n de la alzada y lo concerniente al cercenamiento de su derecho de contradicci\u00f3n y defensa frente a la hipot\u00e9tica fundamentaci\u00f3n, el tribunal enjuiciado no pod\u00eda emitir sentencia de segunda instancia sin, previamente, resolver las peticiones de la gestora, dada la trascendencia de los cuestionamientos relatados. <\/p>\n
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1. Tocante a las quejas, seg\u00fan las cuales, de un lado, la argumentaci\u00f3n del remedio vertical solo se produjo hasta el 10 de noviembre de 2020, es decir, mucho tiempo despu\u00e9s del t\u00e9rmino concedido en el auto de 16 de octubre anterior y, de otro, tampoco de ello se le dio espacio a la censora para replicar, en el dossier se observa que, sobre el tema, ning\u00fan reproche elev\u00f3 aqu\u00e9lla. <\/p>\n
Con todo, esa circunstancia tampoco relevaba al tribunal de definir tal tem\u00e1tica, m\u00e1xime si la apelante le hab\u00eda se\u00f1alado que la raz\u00f3n para allegar la sustentaci\u00f3n hasta el 10 de noviembre de 2020 deven\u00eda de los problemas para acceder al contenido del auto de 16 de octubre pasado, mediante el cual se le corri\u00f3 traslado para fundamentar, cuesti\u00f3n, igualmente, relegada por el colegiado censurado. <\/p>\n
Agr\u00e9guese, al momento de emitir el fallo de 14 de diciembre postrero, la corporaci\u00f3n recriminada no hizo ning\u00fan recuento de la actuaci\u00f3n surtida ante ella, pese a tener un historial de lo acontecido, elaborado por su secretar\u00eda, el cual, adem\u00e1s, fue puesto en conocimiento del Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico, ante el requerimiento exigido por esa autoridad, dada la petici\u00f3n de vigilancia administrativa rogada por la all\u00ed recurrente. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se insiste, en el procedimiento refutado se conculcaron las garant\u00edas superlativas de la promotora, pues exist\u00edan temas importantes por dirimir que fueron soslayados a la hora de definir la contienda. <\/p>\n
Varios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de motivar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n del fallo y muestra la transparencia con que act\u00faan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional. <\/p>\n
3. En consecuencia, se otorgar\u00e1 la salvaguarda, pero no de la manera rogada en la demanda de amparo, pues en ella se pide que, en sede constitucional, la Sala declare desierto el recurso de apelaci\u00f3n, aspecto de la \u00f3rbita exclusiva del juez natural; por tanto, dada la naturaleza de la controversia, se ordenar\u00e1 a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, deje sin efecto el fallo que profiri\u00f3 el 14 de diciembre de 2020, as\u00ed como las providencias que de ella se deriven y, en el mismo t\u00e9rmino, defina las solicitudes de la accionante, conforme a lo aqu\u00ed expuesto. <\/p>\n
4. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19693, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, les permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo a lo discurrido, se otorgar\u00e1 el auxilio implorado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER la tutela solicitada por Medicina Alta Complejidad S.A. -MACSA S.A.- a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, integrada por los magistrados Abd\u00f3n Sierra Guti\u00e9rrez, Alfredo Castilla Torres y Yaens Castell\u00f3n Giraldo, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo con radicado 2019-00011-03, incoado por Servicios M\u00e9dicos Olimpus I.P.S. S.A.S. contra la gestora. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, se ordena a la autoridad confutada que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, deje sin efecto el fallo proferido el 14 de diciembre de 2020, as\u00ed como las providencias que de ella se deriven y, en el mismo t\u00e9rmino, defina las solicitudes de la accionante, conforme a lo aqu\u00ed expuesto. Env\u00edesele la reproducci\u00f3n de esta sentencia. <\/p>\n
TERCERO: Notificar lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
CUARTO: Si este fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. STC de 9 de febrero de 2017, exp. 68001-22-13-000-2016-00808-01; ver en el mismo sentido el fallo de 13 de marzo de 2017, exp. 76001-22-03-000-2017-00041-01 <\/p>\n
2 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: (\u2026). 6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusi\u00f3n o para sustentar un recurso o descorrer su traslado (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
3 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
6 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
7 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
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STC368-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC368-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00115-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021) Se decide la salvaguarda impetrada por Medicina Alta Complejidad S.A. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53225","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53225","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53225"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53225\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53225"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53225"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53225"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}