STC369-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC369-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00060-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la sociedad Asesor\u00edas y Servicios de Ingenier\u00eda Ltda contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculada la parte pasiva y dem\u00e1s intervinientes del juicio compulsivo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante reclama a trav\u00e9s de su representante legal, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con las sentencias de primera y segunda instancia emitidas el 2 de diciembre de 2019 y 18 de diciembre de 2020, respectivamente, en el marco del proceso ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer que promovi\u00f3 contra Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A., en su calidad de administradora del Fideicomiso Zenit, con radicado No. 2017-00033-00. <\/p>\n
Por tanto, solicita para la protecci\u00f3n de las citadas prerrogativas, \u00abRevocar y\/o invalidar la[s mencionadas] providencias\u00bb, y que como consecuencia de lo anterior, se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, proferir una nueva decisi\u00f3n en la que d\u00e9 por \u00abtermina[da la ejecuci\u00f3n] de HACER de la \u201cobligaci\u00f3n original\u201d (\u2026), [para en su lugar], continuar la \u201cejecuci\u00f3n por los perjuicios\u201d [causados]\u00bb1. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial el representante legal, que el 5 de junio del 2017, el aludido estrado judicial libr\u00f3 mandamiento de pago en el que orden\u00f3 en sus ordinales primero, segundo y cuarto, que \u00aben un plazo \u201cINMEDIATO\u201d el deudor diera cumplimiento de la obligaci\u00f3n coactiva \u201coriginal\u201d de registrar una cesi\u00f3n de posici\u00f3n contractual, se registrara contablemente una cuenta por pagar, y adem\u00e1s se pagaran los perjuicios causados\u00bb, decisi\u00f3n frente a la cual la obligada propuso excepciones previas a trav\u00e9s del remedio horizontal, las que denomin\u00f3 \u00ab\u201cFalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u201d y \u201cFalta de t\u00edtulo ejecutivo\u201d\u00bb, direccionas a atacar los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo, las cuales fueron declaradas impr\u00f3speras en auto del 16 de febrero de 2018. <\/p>\n
Asevera que, a la par de lo anterior, la demandada formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito que titul\u00f3, entre otras, como \u00abFalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, \u00abCarencia de derecho sustancial en cabeza de la parte actora ante la ausencia del requisito denominado \u201cprimer requerimiento\u201d\u00bb e \u00abInexistencia del derecho sustancial pretendido por la parte actora ante la ausencia de aceptaci\u00f3n de la cesi\u00f3n por parte de la fiduciaria\u00bb, con las cuales volvi\u00f3 a cuestionar la exigibilidad del t\u00edtulo ejecutivo complejo aportado. <\/p>\n
Refiere que pese a que el juez del cocimiento advirti\u00f3 que no pod\u00eda volverse a debatir los requisitos formales del t\u00edtulo y que no era procedente la prejudicialidad, en sentencia del 2 de diciembre de 2019 resolvi\u00f3 declarar probadas las defensas meritorias propuestas por la parte pasiva, sin indicar cu\u00e1les de ellas, aduciendo que hab\u00eda ausencia del requisito formal de la \u00abEXIGIBILIDAD\u00bb, y que adem\u00e1s \u00abexiste una prejudicialidad\u00bb, por lo que dispuso revocar la orden de apremio, y en consecuencia, levantar las medidas cautelares decretadas y condenar en costas a la parte ejecutante. <\/p>\n
Finalmente indic\u00f3, que controvirti\u00f3 sin suerte dicha determinaci\u00f3n mediante el recurso de apelaci\u00f3n, puesto que la Corporaci\u00f3n accionada confirm\u00f3 lo resuelto a trav\u00e9s de providencia del 18 de diciembre de 2020, tras incurrir, dice, en causal de procedencia del amparo por los defectos org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, sustantivo, error inducido, falta de motivaci\u00f3n y desconocimiento del precedente, dado que, en compendio, omiti\u00f3 \u00abexaminar debidamente los hechos y disposiciones relevantes\u00bb; \u00abignor\u00f3 la doctrina que sus pares o superiores jer\u00e1rquicos han sentado en torno a lo aqu\u00ed debatido y concretamente consignado en el canon 422 ejusdem y siguientes sobre el proceso ejecutivo, el t\u00edtulo y dem\u00e1s exigencias\u00bb, como lo son los fallos de tutela STC2037-2019, T-451 de 2018 y SU-041 de 2018; respald\u00f3 la contradicci\u00f3n que cometi\u00f3 el a quo en cuanto a la prejudicialidad; y, no analiz\u00f3 todos los reparos esgrimidos en la alzada, raz\u00f3n por la que estima que la protecci\u00f3n suplicada en favor de la compa\u00f1\u00eda que regenta debe ser acogida a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n2. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el pasado 20 de enero se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La Magistrada ponente de la decisi\u00f3n criticada, luego de memorar las razones que tuvo para proferirla, solicit\u00f3 declarar improcedente el resguardo implorado, con sustento en que \u00abno se configura ninguna irregularidad que abra la puerta a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues la circunstancia alegada por la sociedad accionante en manera alguna da cuenta de la existencia de una violaci\u00f3n a los derechos fundamentales alegados\u00bb3. <\/p>\n
b. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los otros involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de los particulares, el cual se encuentra regulado en el Decreto 2591 de 1991, cuya procedencia est\u00e1 ligada a los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable y no se tengan, est\u00e9n en tr\u00e1mite o se hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, cuando se promueve esta acci\u00f3n tuitiva contra una decisi\u00f3n adoptada por una autoridad judicial, la jurisprudencia constitucional ha decantado una serie de requisitos, hoy llamados, causales de procedibilidad, que posibilitan el estudio de fondo del asunto y que se subdividen en gen\u00e9ricas y espec\u00edficas4. La primeras, atinentes a que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela, mientras que las segundas, alusivas a vicios o defectos denominados: org\u00e1nico; procedimental absoluto; f\u00e1ctico; material o sustantivo; error inducido; decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; desconocimiento del precedente; y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. En el presente caso, la empresa Asesor\u00edas y Servicios de Ingenier\u00eda Ltda se duele, en concreto, de las sentencias proferidas en ambas instancias, que resolvieron declarar probadas las excepciones de m\u00e9rito formuladas por la parte demandada y, en consecuencia, negar el mandamiento de pago y levantar las medidas cautelares que se hubieren practicado; y, confirmar la anterior decisi\u00f3n, \u00abcon la precisi\u00f3n al numeral primero en el sentido de se\u00f1alar que se declara la prosperidad de las excepciones de \u201ccarencia de derecho sustancial en cabeza de la parte actora ante la ausencia del requisito denominado \u2018primer requerimiento\u2019\u201d e \u201cinexistencia del derecho sustancial pretendido por la parte actora, ante la ausencia de aceptaci\u00f3n de la cesi\u00f3n por parte de la fiduciaria\u201d\u00bb, respectivamente, en el marco de la ejecuci\u00f3n por obligaci\u00f3n de hacer que la aqu\u00ed interesada promovi\u00f3 en contra de la sociedad Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A., en su calidad de administradora del Fideicomiso Zenit, pues en su sentir, las citadas autoridades realizaron una indebida valoraci\u00f3n probatoria; desbordaron sus l\u00edmites al volver a pronunciarse sobre la exigibilidad de la obligaci\u00f3n perseguida; desconocieron los precedentes que sobre esa especifica tem\u00e1tica se ha emitido por parte de las Altas Cortes; y, no abordaron la totalidad de los planteamientos esbozados en la demanda, los alegatos y el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Sin embargo, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n constitucional rogada por la compa\u00f1\u00eda actora resulta improcedente, pues las determinaciones criticadas tuvieron como fundamento argumentos jur\u00eddicos que en manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos5, lo que descarta la posibilidad de censurar esas decisiones en el campo de la acci\u00f3n de tutela, dado que no se trata, entonces, de un comportamiento ileg\u00edtimo que claramente se oponga al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En efecto, revisada la segunda de las citadas providencias, sobre la cual se circunscribir\u00e1 el estudio de la Sala, por ser la que resolvi\u00f3 los reparos expuestos por la parte recurrente, aqu\u00ed accionante, mismos que fueron alegados en esta sede constitucional, se observa que la Corporaci\u00f3n accionada abord\u00f3 los reproches de la apelaci\u00f3n con sujeci\u00f3n a la normatividad y jurisprudencia aplicable al asunto y, apreci\u00f3 las pruebas obrantes en el expediente conforme con las reglas de valoraci\u00f3n dispuestas en el vigente Estatuto Procesal Civil, tarea de la cual concluy\u00f3, en lo esencial, que el juez de primer grado si pod\u00eda analizar la exigibilidad de la obligaci\u00f3n (de hacer) pretendida (registro de cesi\u00f3n), por ser un elemento sustancial de esta, m\u00e1s no un requisito formal, sobre los cuales recae la prohibici\u00f3n contenida en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso, tal y como la precisado la jurisprudencia de esta Corte, sumado a que la valoraci\u00f3n probatoria que realiz\u00f3, no obstante algunas deficiencias, no se advierte il\u00f3gica o desprovista de raz\u00f3n, ya que qued\u00f3 demostrado que las condiciones para que se pudiera exigir la citada obligaci\u00f3n, nunca se dieron en los t\u00e9rminos pactados (requerimiento para registro y aceptaci\u00f3n de cesi\u00f3n), raz\u00f3n por la cual deb\u00eda ser respaldada la decisi\u00f3n apelada. <\/p>\n
Para llegar a la primera de las mentadas inferencias, el Tribunal acusado precis\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab4. Tampoco es cierto, como lo pretende hacer ver en los reparos la recurrente, que la totalidad de los puntos que fueron objeto de pronunciamiento en el auto que confirm\u00f3 el mandamiento de pago quedaran zanjados con esa decisi\u00f3n y no se pudieran volver a estudiar al momento de proferir sentencia. Dicha limitaci\u00f3n se predica exclusivamente respecto del estudio de los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo, conforme se establece en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 430 del C.G.P. <\/p>\n
4.1. En relaci\u00f3n con lo anterior, debe precisarse que cuestiones como las relativas a la existencia o exigibilidad de la obligaci\u00f3n cuyo cobro se pretende no constituyen requisitos de formales del t\u00edtulo ejecutivo y, por contera, sobre aquellos no se predica la limitaci\u00f3n antes mencionada, de tal forma que hacen parte del debate de instancia y el pronunciamiento final respecto de aquellos se produce al momento de dictar sentencia. As\u00ed lo reconoci\u00f3 la Corte Suprema de Justicia al estudiar el art\u00edculo 430 del C.G.P., norma respecto de la que se\u00f1al\u00f3 que la limitaci\u00f3n all\u00ed prevista \u00fanicamente aplica respecto de los requisitos formales del t\u00edtulo, \u201cm\u00e1s no comprende los condicionamientos de orden sustancial como si la obligaci\u00f3n se pag\u00f3 o est\u00e1 insoluta, en tanto se reitera, esa es una decisi\u00f3n reservada para la definici\u00f3n de la litis, una vez agotado el tr\u00e1mite en el que ambas partes hayan ejercido plenamente las garant\u00edas que se desprenden del postulado del debido proceso, mismo que incluye la posibilidad de que la determinaci\u00f3n final sea revisada en segunda instancia, si a ello hubiere lugar\u201d6. <\/p>\n
5. A esto debe agregarse que no le asiste raz\u00f3n a la apelante en que el juez no se pod\u00eda pronunciar en el fallo respecto de la excepci\u00f3n de \u201ccarencia de derecho sustancial en cabeza de la parte actora ante la ausencia del requisito denominado \u2018primer requerimiento\u2019\u201d, debido a que se trataba de una excepci\u00f3n previa \u201cque ataca la formalidad y exigibilidad del t\u00edtulo ejecutivo\u201d, la cual se volvi\u00f3 a alegar como excepci\u00f3n de fondo. Adem\u00e1s de que no se trata de una excepci\u00f3n previa, pues con dicha defensa se est\u00e1 atacando el fondo de la pretensi\u00f3n, que no cuestiones procedimentales, debe se\u00f1alarse que por no versar sobre los requisitos formales del t\u00edtulo era viable su estudio a la hora de dictar sentencia, de acuerdo con lo expuesto\u00bb (negrillas deliberadas). <\/p>\n
Luego, con respaldo en la anterior premisa, analiz\u00f3 uno a uno lo reparos expuestos con la censura, se\u00f1alando, frente al elemento de la exigibilidad de la obligaci\u00f3n perseguida, sobre el cual se centra el reproche expuesto en esta sede, que: <\/p>\n
\u00ab8. De otra parte, esta Colegiatura encuentra que las conclusiones a las que arrib\u00f3 el a quo respecto de la inexistencia del primer requerimiento por parte del cesionario y falta de aceptaci\u00f3n por parte de la fiduciaria, que hac\u00edan inexigibles las obligaciones reclamadas, resultaron acertadas. <\/p>\n
8.2. Seg\u00fan se dej\u00f3 consignado en la Cl\u00e1usula Cuarta de dicho convenio, la sociedad fiduciaria estaba obligada a seguir unas instrucciones, dentro de las que se encontraba (num. 4.1.2.): \u201cRegistrar la cesi\u00f3n de los derechos del FIDEICOMITENTE TRADENTE al FIDEICOMITENTE GERENTE CONSTRUCTOR a primer requerimiento del FIDEICOMITENTE GERENTE CONSTRUCTOR\u201d (Se resalta). <\/p>\n
8.3. En sus alegaciones la apelante manifest\u00f3 que el \u201cprimer requerimiento\u201d se produjo con la comunicaci\u00f3n de 17 de marzo de 2015, remitida por un funcionario de PRABYC INGENIEROS a ACCI\u00d3N SOCIEDAD FIDUCIARIA, con la que se puso en conocimiento de esta \u00faltima el contrato de cesi\u00f3n de la posici\u00f3n contractual en el contrato de fiducia, celebrado entre ASER INGENIER\u00cdA (cedente) y PRABYC INGENIEROS (cesionario), y las instrucciones impartidos por dichos sujetos respecto de dicho acuerdo. <\/p>\n
8.4. Revisado el texto de dicha comunicaci\u00f3n, se advierte que aquella, como lo se\u00f1al\u00f3 el funcionario de PRABYC en su testimonio, es simplemente una carta remisoria. Se observa que la referencia de la comunicaci\u00f3n corresponde a \u201cEnv\u00edo de Otros\u00ed, Carta de Instrucciones y Cesiones PROYECTO ZENIT\u201d y que en el texto se se\u00f1al\u00f3 que \u201cpor medio la presente me permito remitir los siguientes documentos\u201d (fl. 32, C. 1). De acuerdo con esas referencias, es claro que esa misiva no ten\u00eda por objeto servir de primer requerimiento respecto de la cesi\u00f3n. <\/p>\n
8.5. Adem\u00e1s, dicha comunicaci\u00f3n no pod\u00eda servir de primer requerimiento de la cesi\u00f3n, pues trat\u00e1ndose de una manifestaci\u00f3n de voluntad de la persona jur\u00eddica, dirigida a hacer efectivo el acto de cesi\u00f3n de la posici\u00f3n de la posici\u00f3n contractual y adquirir los derechos y obligaciones derivados de su inscripci\u00f3n, aquel \u00fanicamente pod\u00eda emanar de un representante legal de dicha persona jur\u00eddica, punto que, adem\u00e1s no fue controvertido por la actora. <\/p>\n
8.6. Por el contrario, la accionante fund\u00f3 su ataque a la sentencia en que no se hab\u00eda tenido en cuenta que el funcionario de PRABYC que firm\u00f3 dicha comunicaci\u00f3n, si bien no contaba con facultades para obligar a la persona jur\u00eddica, bajo la teor\u00eda de la representaci\u00f3n aparente no pod\u00edan desconocerse por dicha sociedad los efectos producidos por el acto de su dependiente. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
8.7. Adicionalmente, visto el contenido de las instrucciones que se acompa\u00f1aron con dicha comunicaci\u00f3n aquellas dan cuenta que para ese momento no hab\u00eda a\u00fan un primer requerimiento, pues en ambas se hace referencia a que el registro de la cesi\u00f3n deb\u00eda hacerse cuando se realizara el primer requerimiento por el cesionario (PRABYC). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
8.7.3. Como se colige de ambas comunicaciones, no se lleg\u00f3 a impartir una instrucci\u00f3n cierta a la sociedad fiduciaria para que registrara la cesi\u00f3n de la posici\u00f3n contractual. El hecho de que se indicara por ASER INGENIER\u00cdA que el registro del contrato de cesi\u00f3n se deb\u00eda hacer \u201cal primer requerimiento\u201d, lo mismo que en la comunicaci\u00f3n de PRABYC se se\u00f1alara que \u201cen caso de que se hiciera un registro anticipado de la cesi\u00f3n\u2026por instrucci\u00f3n de los CESIONARIOS\u201d, son circunstancias claramente demostrativas de que se encontraba todav\u00eda pendiente la emisi\u00f3n de esa manifestaci\u00f3n \u2013primer requerimiento\u2014 por parte de PRABYC. <\/p>\n
8.7.4. Adem\u00e1s, esa circunstancia fue referida por los diversos testigos que fueron tra\u00eddos al proceso. Gilberto Alejandro Salamanca, funcionario del \u00e1rea jur\u00eddica de la Fiduciaria, manifest\u00f3 que el registro de la cesi\u00f3n no se hab\u00eda realizado porque no hubo un requerimiento en los t\u00e9rminos exigidos en el contrato para que se procediera en ese sentido. De igual manera, refiri\u00f3 que la Fiduciaria no hab\u00eda ni siquiera procedido a estudiar si era procedente la cesi\u00f3n, pues se encontraba pendiente dicho requerimiento. Por su parte, el testigo Jos\u00e9 Sebasti\u00e1n C\u00e1ceres, funcionario de PRABYC, adem\u00e1s que de sostuvo que la carta de 17 marzo de 2015 daba cuenta de una simple remisi\u00f3n de documentos, manifest\u00f3 que la cesi\u00f3n nunca se hab\u00eda pasado a la sociedad fiduciaria para que se registrara. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
9. La ausencia del primer requerimiento necesario en la Cl\u00e1usula Cuarta del Otros\u00ed para el registro de la cesi\u00f3n, pone en evidencia que de que la obligaci\u00f3n cuyo cumplimiento se persigui\u00f3 por la v\u00eda ejecutiva no era exigible, pues no estaba dado uno los requisitos que las partes hab\u00edan pactado como presupuesto para el surgimiento de dicho deber de conducta en cabeza de la sociedad fiduciaria\u00bb (resalto de la Sala). <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3, en cuanto a la aceptaci\u00f3n de la cesi\u00f3n alegada por la parte recurrente, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) tampoco se demostr\u00f3 que ACCI\u00d3N SOCIEDAD FIDUCIARIA hubiera aceptado la cesi\u00f3n, conforme era requerido seg\u00fan la regulaci\u00f3n ajustada por las partes en el Otros\u00ed del contrato de fiducia, requisito al que, adem\u00e1s, hab\u00edan hecho expresamente alusi\u00f3n en el contrato de cesi\u00f3n de la posici\u00f3n contractual las partes de dicho convenio. <\/p>\n
10.1. Seg\u00fan el Otros\u00ed al contrato de fiducia (cl\u00e1usula 4 \u2013 num. 4.1.913 y cl\u00e1usula 814) y el contrato de cesi\u00f3n de la posici\u00f3n contractual, era necesaria la aceptaci\u00f3n de la sociedad fiduciaria para que la cesi\u00f3n produjera sus efectos y, en consecuencia, hubiera lugar a inscribirla. <\/p>\n
10.2. No comparte esta Colegiatura el argumento que fue expuesto en su momento por el a quo, al momento de confirmar el mandamiento de pago, de que dicho requisito se entend\u00eda cumplido por el hecho de que no se hab\u00eda aportado ning\u00fan documento que diera cuenta de que la cesi\u00f3n \u201cno fue aceptada\u201d. Al haberse reservado dicho derecho la Fiduciaria, necesariamente se deb\u00eda acreditar que de alguna manera aquella hab\u00eda avalado la cesi\u00f3n de la posici\u00f3n contractual, para lo que resultaba insuficiente el mero silencio de la demandada. <\/p>\n
10.3. En cuanto a la alegaci\u00f3n que hace la apelante de que la aceptaci\u00f3n se dio por el silencio de la fiduciaria debido a que hab\u00eda pasado un tiempo significativo desde que se present\u00f3 la cesi\u00f3n sin que aquella hubiera dado respuesta, como tampoco devolvi\u00f3 los documentos como s\u00ed lo hizo cuando se le notific\u00f3 la cesi\u00f3n de la posici\u00f3n contractual realizada a MPH S.A.S. <\/p>\n
10.3.1. En relaci\u00f3n con esa situaci\u00f3n, el testimonio de Gilberto Alejandro Salamanca, funcionario del \u00e1rea jur\u00eddica de la fiduciaria, ofrece una explicaci\u00f3n que aparece como razonable y coherente. En efecto, dicho funcionario contest\u00f3 que en el caso de la cesi\u00f3n de la posici\u00f3n contractual realizada por ASER INGENIER\u00cdA a PRABYC no se hab\u00eda dado una respuesta de ACCI\u00d3N SOCIEDAD FIDUCIARIA rechazando la cesi\u00f3n, porque, a diferencia de lo ocurrido en el caso de MPH S.A.S., trat\u00e1ndose de la cesi\u00f3n realizada a favor de PRABYC, no se present\u00f3 nunca el primer requerimiento que era necesario para que se entrara a estudiar la cesi\u00f3n. <\/p>\n
10.3.2. A esto debe agregarse que, como lo ha reconocido la jurisprudencia, \u201cla regla general es que el silencio no puede obligar\u201d y que solo en ciertos eventos muy particulares, en los que expresamente el legislador o las partes han dado esa connotaci\u00f3n a la conducta silente, o cuando los usos y pr\u00e1cticas de un negocio particular as\u00ed lo permiten considerar, aquella no produce efecto jur\u00eddico alguno. No es de recibo para la Sala el argumento esgrimido por la apelante de que en este caso resulta aplicable la regla prevista en el art\u00edculo 2151 del C.C.18 -que tiene cabida en materia mercantil por la v\u00eda del art\u00edculo 822 del C. de C.-, pues no se est\u00e1 ante el supuesto de hecho que contempla dicho precepto\u00bb (\u00e9nfasis ajeno al texto). <\/p>\n
De lo cual concluy\u00f3, lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab11. En consecuencia, en la medida en que no se encontraban reunidos los requisitos para que resultara exigible a ACCI\u00d3N SOCIEDAD FIDUCIARIA proceder a realizar el registro de la cesi\u00f3n de la posici\u00f3n contractual, est\u00e1 llamada a confirmarse la prosperidad de las excepciones de \u201ccarencia de derecho sustancial en cabeza de la parte actora ante la ausencia del requisito denominado \u2018primer requerimiento\u2019\u201d e \u201cinexistencia del derecho sustancial pretendido por la parte actora, ante la ausencia de aceptaci\u00f3n de la cesi\u00f3n por parte de la fiduciaria\u201d\u00bb (destaco premeditado). <\/p>\n
Finalmente anot\u00f3, en relaci\u00f3n con el registro de la cuenta de cobro, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) debe se\u00f1alarse que como aquella se supedit\u00f3, en las instrucciones que imparti\u00f3 PRABYC a ACCI\u00d3N SOCIEDAD FIDUCIARIA, a que se registrara la cesi\u00f3n de la posici\u00f3n contractual, la circunstancia de que dicho acto resultara improcedente supone, a su vez, la inexistencia de la obligaci\u00f3n de registrar la cuenta de cobro y, por contera, el fracaso del reconocimiento de los perjuicios cuya ejecuci\u00f3n se persigui\u00f3 bajo el presente tr\u00e1mite ejecutivo. <\/p>\n
13. Ello descarta que se deba entrar a realizar el estudio del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Memorando de Entendimiento \u2013acuerdo privado\u2014 celebrado entre ASER INGENIER\u00cdA y PRABYC, en tanto que dicho negocio jur\u00eddico \u00fanicamente resultaba relevante de cara a evaluar algunos de los aspectos relacionados con la cuenta de cobro, por lo que se confirmar\u00e1 la sentencia apelada en los t\u00e9rminos anteriormente expuestos\u00bb (subrayas de la Corte)7. <\/p>\n
4. Por virtud de lo anterior, se descarta la eventualidad de predicar que en la demarcada providencia la Colegiatura acusada hubiera incurrido en una actitud susceptible de ser cuestionada positivamente a trav\u00e9s de esta excepcional herramienta, dado que, seg\u00fan acaba de verse, la misma est\u00e1 soportada en la normatividad y jurisprudencia aplicable al tema en discusi\u00f3n, as\u00ed como en una correcta valoraci\u00f3n de las pruebas recaudadas en el tr\u00e1mite, las cuales evidencian con suma claridad que la obligaci\u00f3n de hacer perseguida como principal no era exigible, en tanto que no se dieron las condiciones pactadas para ello, esto es, haberse realizado un primer requerimiento para registrar la cesi\u00f3n y que la misma fuera aceptada, situaci\u00f3n que tornaba innecesario el estudio de los dem\u00e1s reparos expuestos con el recurso de alzada, por obvias razones. <\/p>\n
5. Por otro lado, no le asiste raz\u00f3n a la sociedad actora cuando afirma que el Despacho de instancia no pod\u00eda volver a analizar en la sentencia los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo, por expresa prohibici\u00f3n del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso, pues, a m\u00e1s que la exigibilidad del t\u00edtulo ejecutivo no es un elemento formal de este, sino sustancial, como bien lo apunt\u00f3 el Tribunal acusado, motivo por el cual la autoridad censurada s\u00ed estaba facultado en el caso concreto para realizar ese an\u00e1lisis, la hermen\u00e9utica que esta Sala le ha dado a dicho canon ha sido que dicha prohibici\u00f3n opera exclusivamente para la parte ejecutada, m\u00e1s no para el fallador, sea de \u00fanica, primera o segunda instancia, ya que es deber del juez revisar los t\u00e9rminos interlocutorios del mandamiento de pago, en orden a verificar que a pesar de haberse proferido, realmente se estructura el t\u00edtulo ejecutivo, estudio que puede realizarlo inclusive de forma oficiosa. <\/p>\n
As\u00ed lo precis\u00f3 la Corte en decisi\u00f3n del 14 de marzo de 2019, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abEn conclusi\u00f3n, la hermen\u00e9utica que ha de d\u00e1rsele al canon 430 del C\u00f3digo General del Proceso no excluye la \u00abpotestad-deber\u00bb que tienen los operadores judiciales de revisar \u00abde oficio\u00bb el \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb a la hora de dictar sentencia, ya sea esta de \u00fanica, primera o segunda instancia (\u2026), dado que, como se precis\u00f3 en CSJ STC 8 nov. 2012, rad. 2012-02414-00, \u00aben los procesos ejecutivos es deber del juez revisar los t\u00e9rminos interlocutorios del mandamiento de pago, en orden a verificar que a pesar de haberse proferido, realmente se estructura el t\u00edtulo ejecutivo (\u2026) Sobre esta tem\u00e1tica, la Sala ha indicado que \u201cla orden de impulsar la ejecuci\u00f3n, objeto de las sentencias que se profieran en los procesos ejecutivos, implica el previo y necesario an\u00e1lisis de las condiciones que le dan eficacia al t\u00edtulo ejecutivo, sin que en tal caso se encuentre el fallador limitado por el mandamiento de pago proferido al comienzo de la actuaci\u00f3n procesal (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cDe modo que la revisi\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo por parte del juez, para que tal se ajuste al canon 422 del C\u00f3digo General del Proceso, debe ser preliminar al emitirse la orden de apremio y tambi\u00e9n en la sentencia que, con posterioridad, decida sobre la litis, inclusive de forma oficiosa (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cY es que, valga precisarlo, el legislador lo que contempl\u00f3 en el inciso segundo del art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso fue que la parte ejecutada no pod\u00eda promover defensa respecto del t\u00edtulo ejecutivo sino por la v\u00eda de la reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, cerr\u00e1ndole a \u00e9sta puertas a cualquier intento ulterior de que ello se ventile a trav\u00e9s de excepciones de fondo, en aras de propender por la econom\u00eda procesal, entendido tal que lejos est\u00e1 de erigirse en la prohibici\u00f3n que incorrectamente vislumbr\u00f3 el tribunal constitucional a quo, de que el juzgador natural no pod\u00eda, motu proprio y con base en las facultades de direcci\u00f3n del proceso de que est\u00e1 dotado, volver a revisar, seg\u00fan le ata\u00f1e, aquel a la hora de dictar el fallo de instancia; otro entendido de ese precepto ser\u00eda colegir inadmisiblemente que el creador de la ley lo que adopt\u00f3 fue la il\u00f3gica regla de que de haberse dado el caso de librarse orden de apremio con alguna incorrecci\u00f3n, ello no pod\u00eda ser enmendado en manera alguna, razonamiento que es atentatorio de la primac\u00eda del derecho sustancial sobre las ritualidades que es postulado constitucional y que, por ende, no encuentra ubicaci\u00f3n en la estructura del ordenamiento jur\u00eddico al efecto constituido (\u2026)\u201d\u00bb (CSJ, STC3298-2019, \u00e9nfasis ajeno al texto). <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, el razonamiento que al asunto le dio la Colegiatura criticada, por m\u00e1s discutible que le parezca al gestor, y aun si pudiera admitir otra posici\u00f3n, no lleva inserta vulneraci\u00f3n superior alguna, dado que no se aprecia caprichoso o arbitrario, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en las decisiones cuestionadas se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo denunciadas, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a la misma, ya que como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituyen causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC7700-2020). <\/p>\n
7. T\u00e9ngase presente adem\u00e1s, como repetidamente lo ha se\u00f1alado la Sala, que la acci\u00f3n de tutela \u00abno est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (CSJ STC7686-2020). <\/p>\n
8. Por lo expuesto, se desestimar\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 De acuerdo con la demanda remitida al correo institucional de la Secretar\u00eda de la Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2 Ejusdem. <\/p>\n
3 Informe allegado v\u00eda correo institucional a la Corte. <\/p>\n
4 Consultar al respecto, C.C. SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20. <\/p>\n
5 Con excepci\u00f3n del fallo de primer grado, que como bien anot\u00f3 el Tribunal acusado, cometi\u00f3 algunas imprecisiones, pero que no inciden en lo finalmente resuelto. <\/p>\n
6 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci\u00f3n Civil. Sentencia 17 de noviembre de 2016. No. STC15927-2016 M.P. Luis Alonso Rico Puerta. <\/p>\n
7 Decisi\u00f3n anexa con la demanda de amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC369-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC369-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00060-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la sociedad […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53226","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53226","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53226"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53226\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53226"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53226"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53226"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}