STC370-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC370-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00100-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por la se\u00f1ora Flor Victoria Rubio Ar\u00e9valo contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados Once Civil del Circuito, y, Veintinueve de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, ambos de la misma ciudad, as\u00ed como la parte activa y dem\u00e1s intervinientes del juicio declarativo especial a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama a trav\u00e9s de gestor judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la vivienda digna, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la providencia emitida el 4 de diciembre de 2020, en el marco del proceso declarativo de resoluci\u00f3n de contrato de compraventa que en su contra promovieron Luis Domingo Bernal Galvis y Mar\u00eda de Jes\u00fas Lagos de Bernal, con radicado No. 2017-00632-00. <\/p>\n
Por tanto solicita, para la protecci\u00f3n de tales prerrogativas, dejar sin efecto y valor la citada decisi\u00f3n, y que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00abdecidir en estricto derecho la segunda instancia\u2026 con base en las pruebas allegadas en debida y legal forma y con base en ello y lo permitido por el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 134 del C. G. del Proceso\u2026 proceda a revocar el auto proferido por el Juzgado 29 de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 en diligencia de entrega llevada a cabo el 6 de octubre de 2020, para que en su defecto se tramite y decrete la nulidad [alegada]\u00bb1. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto aduce, en s\u00edntesis, su apoderada, que el 1\u00b0 de abril de 2019 se llev\u00f3 a cabo dentro del litigio referido en l\u00edneas precedentes, la audiencia prevista en el art\u00edculo 372 del Estatuto Procesal vigente, donde las partes conciliaron, que en caso de incumplimiento se autorizaba al Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1, proferir sentencia anticipada. <\/p>\n
Asevera que el 5 de abril siguiente, los contendientes celebraron un \u00abACUERDO MARCO DE CONCILIACI\u00d3N\u00bb, el cual, dice, \u00abmodific\u00f3 sustancialmente la [anterior] conciliaci\u00f3n\u00bb, toda vez que \u00abincluy\u00f3 aspectos nuevos\u00bb, al punto que, \u00abde manera indelicada, por decir lo menos\u00bb, los demandantes agregaron una nueva carga monetaria a cargo de su mandante, como fue el hecho de imponer y luego exigir judicialmente el pago de una nueva cl\u00e1usula penal, cuyo proceso ejecutivo cursa actualmente en el Juzgado Catorce Civil Municipal de la misma urbe. <\/p>\n
Refiere que, a trav\u00e9s de apoderado su poderdante radic\u00f3 el 3 de julio de ese mismo a\u00f1o un escrito en la secretar\u00eda de dicho Despacho, informando sobre la existencia del nuevo pacto, lo que no hab\u00eda hecho la parte actora, el juez del conocimiento, a petici\u00f3n de \u00e9sta, emiti\u00f3 sentencia anticipada, y orden\u00f3 la entrega del bien inmueble objeto del contrato que se decret\u00f3 resuelto, siendo comisionado para tal el efecto el Juzgado Veintinueve de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, quien fij\u00f3 para el 6 de octubre de 2020 la realizaci\u00f3n de la diligencia. <\/p>\n
Indica que llegada la fecha atr\u00e1s se\u00f1alada, formul\u00f3 en representaci\u00f3n de su cliente incidente de nulidad con fundamento en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 134 del C\u00f3digo General del proceso, por existir invalidez en la sentencia, al no haberse tenido en cuenta que el acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes en la audiencia inicial fue modificado por \u00e9stas posteriormente a trav\u00e9s del documento mencionado con antelaci\u00f3n, el cual, luego de impart\u00edrsele tr\u00e1mite y sin que se decretaran las pruebas all\u00ed pedidas, fue negado por el Despacho, bajo el argumento que la nulitaci\u00f3n alegada no se encontraba enlistada en las causales relacionadas en el canon 133 ib\u00eddem, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 sin suerte a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, puesto que la Corporaci\u00f3n acusada en providencia del pasado 4 de diciembre confirm\u00f3 lo resuelto, tras incurrir, dice, en los mismos desatinos interpretativos del juez cognoscente, determinaci\u00f3n frente a la cual \u00abse manifest\u00f3 la inconformidad respectiva la que hasta el momento de presentar esta acci\u00f3n constitucional no ha sido resuelta\u00bb. <\/p>\n
Finalmente sostiene, que la Colegiatura accionada con su actuar incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por los defectos procedimental y f\u00e1ctico, con los cuales, asegura, le fueron vulnerados a su poderdante las garant\u00edas superiores invocadas, lo que torna procedente el reclamo que eleva en favor de \u00e9sta a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n.2 <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 20 de enero de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. As\u00ed mismo, se neg\u00f3 la medida provisional rogada, por no cumplir los presupuestos para su decreto3. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Magistrado ponente de la decisi\u00f3n cuestionada se limit\u00f3 a manifestar, que \u00abel recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto emitido en la audiencia celebrada el seis de octubre de dos mil veinte dentro del proceso radicado 11001310301120170063201 fue resuelto en su debida oportunidad, el cuatro de diciembre de la pasada anualidad. Con posterioridad, mediante determinaci\u00f3n adiada veintid\u00f3s de enero de dos mil veintiuno se declar\u00f3 improcedente el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la misma parte contra la anterior decisi\u00f3n en concordancia con lo dispuesto en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb4. <\/p>\n
b. La Juez Veintinueve de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, despu\u00e9s de compendiar las actuaciones que ha realizado con ocasi\u00f3n del despacho comisorio que le fue asignado para la entrega del bien inmueble objeto del litigio criticado, pidi\u00f3 denegar el amparo rogado, con sustento en que \u00abes[e] juzgado no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental, pues la persona que no est\u00e1 de acuerdo con la diligencia de entrega, efectivamente hizo uso de las acciones y recursos que consider\u00f3 pertinentes, para defenderse y para salvaguardar los derechos que considera violentados\u00bb5. <\/p>\n
c. Los vinculados Luis Domingo Bernal Galvis y Mar\u00eda de Jes\u00fas Lagos de Bernal, a trav\u00e9s de gestor judicial, se opusieron al \u00e9xito del resguardo implorado, tras manifestar que lo decidido por la autoridad judicial accionada est\u00e1 ajustado al ordenamiento jur\u00eddico6. <\/p>\n
d. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los otros involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de los particulares, el cual se encuentra regulado en el Decreto 2591 de 1991, cuya procedencia est\u00e1 ligada a los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable y no se tengan, est\u00e9n en tr\u00e1mite o se hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, cuando se promueve esta acci\u00f3n tuitiva contra una decisi\u00f3n adoptada por una autoridad judicial, la jurisprudencia constitucional ha decantado una serie de requisitos, hoy llamados, causales de procedibilidad, que posibilitan el estudio de fondo del asunto y que se subdividen en gen\u00e9ricas y espec\u00edficas7. La primeras, atinentes a que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela, mientras que las segundas, alusivas a vicios o defectos denominados: org\u00e1nico; procedimental absoluto; f\u00e1ctico; material o sustantivo; error inducido; decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; desconocimiento del precedente; y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. En el caso que es objeto de estudio, la se\u00f1ora Flor Victoria Rubio Ar\u00e9valo se duele, concretamente, de la providencia emitida el 4 de diciembre de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 resolvi\u00f3, a trav\u00e9s de la cual se resolvi\u00f3, entre otros, ratificar el prove\u00eddo dictado el 6 de octubre anterior por el Juzgado Veintinueve de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de la misma ciudad, que a su vez decidi\u00f3 negar la nulidad originada en la sentencia invocada por la demandada, dentro del proceso de resoluci\u00f3n de contrato de compraventa que Luis Domingo Bernal Galvis y Mar\u00eda de Jes\u00fas Lagos de Bernal promovieron en contra de la aqu\u00ed interesada, pues en su sentir, est\u00e1 demostrado en el expediente el supuesto f\u00e1ctico que genera ese modo de invalidaci\u00f3n, esto es, haberse modificado el acuerdo conciliatorio en el que se autoriz\u00f3, ante su incumplimiento, dictar fallo anticipadamente. <\/p>\n
3. Sin embargo, se advierte con vista en los medios de convicci\u00f3n obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n constitucional rogada de manera transitoria por la accionante no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues, dejando de lado que \u00e9sta interpuso recurso de reposici\u00f3n contra la determinaci\u00f3n criticada, el cual no ha sido resuelto por el Magistrado sustanciador censurado8, se aprecia que \u00e9sta tuvo como fundamento argumentos jur\u00eddicos que en manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurar esa decisi\u00f3n en el campo de la acci\u00f3n de tutela, dado que no se trata, entonces, de un comportamiento ileg\u00edtimo que claramente se oponga al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En efecto, al revisarse el argumento expuesto por la recurrente, aqu\u00ed actora, para respaldar el motivo de nulidad que aleg\u00f3, se recuerda, la que se origina en la sentencia, se tiene que este no se enmarca en ninguno de los eventos en los que la jurisprudencia de la Corte admite su configuraci\u00f3n, verbigracia, i) cuando \u00e9sta se haya proferido en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacci\u00f3n o perenci\u00f3n; ii) condenar en ella a quien no ha figurado como parte; iii) cuando dicha providencia se dicta estando suspendido o interrumpido el litigio; iv) cuando el fallo est\u00e1 firmado con menor n\u00famero de magistrados o ha sido adoptado con un n\u00famero de votos diversos al previsto por la ley; v) si al resolver la solicitud de aclaraci\u00f3n de la sentencia se termina modific\u00e1ndola; y, vi) cuando se emite sin haberse abierto el proceso a pruebas o sin que se hayan corrido los traslados para alegar cuando el procedimiento as\u00ed lo exija9; por tanto, hizo bien el Tribunal cuestionado en respaldar la negativa de la memorada solicitud de invalidaci\u00f3n dispuesta por el juzgado que tiene en la actualidad el conocimiento del asunto, en la medida que, como antes se dijo, la nulidad invocada no se hallaba configurada. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, el razonamiento que al asunto le dio dicha autoridad, por m\u00e1s discutible que le parezca a la gestora, y aun si pudiera admitir otra posici\u00f3n, no lleva inserta vulneraci\u00f3n superior alguna, dado que no se aprecia caprichosa o arbitraria, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en la decisi\u00f3n cuestionada se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo denunciadas, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a la misma, ya que como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituyen causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC7700-2020). <\/p>\n
T\u00e9ngase presente adem\u00e1s, como repetidamente lo ha se\u00f1alado la Sala, que la acci\u00f3n de tutela \u00abno est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (CSJ STC7686-2020). <\/p>\n
5. Por otra parte, n\u00f3tese que la tutelante, en una conducta constitutiva de incuria, desaprovech\u00f3 la verdadera oportunidad procesal que ten\u00eda en el tr\u00e1mite del juicio declarativo objeto de controversia para exponer el reparo que ahora esgrime por esta v\u00eda excepcional, como lo era presentar recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia anticipada del 22 de agosto de 2019, remedio procedente a voces del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, escenario a trav\u00e9s del cual pod\u00eda ventilar la referida inconformidad, lo que no hizo, por lo que cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de \u00e9xito de obtener lo finalmente pretendido, al haber desaprovechado la herramienta que estaba a su disposici\u00f3n para controvertir la decisi\u00f3n que estima lesiva para sus derechos fundamentales, desidia de la cual ahora no se puede valer para anular o retrotraer dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte de vieja data, en diversos pronunciamientos ha dicho que, \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC6715-2020). <\/p>\n
Puntualizando que, \u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC9360-2020). <\/p>\n
6. Corolario de lo expuesto, se desestimar\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 De acuerdo con la demanda de tutela remitida v\u00eda correo institucional de la Secretar\u00eda de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2 Ejusdem. <\/p>\n
3 Seg\u00fan informa el expediente. <\/p>\n
4 Informe remitido v\u00eda correo institucional a la Corte. <\/p>\n
5 Ib\u00eddem. <\/p>\n
6 Ejusdem. <\/p>\n
7 Consultar al respecto, C.C. SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20. <\/p>\n
8 Cuya procedencia no le compete dilucidar a esta Corte. <\/p>\n
9 Consultar, entre otras, CSJ SC9228-2017, SC5408-2018 y SC1899-2019. As\u00ed mismo, se aclara, que no hay unanimidad en la Sala sobre la procedencia de la nulidad referida cuando en la sentencia haya \u201cgraves deficiencias en la motivaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
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