STC378-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC378-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00083-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Ulises y Clara Elsa Miranda Vargas contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de la esta capital, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2014-00160. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, a trav\u00e9s de apoderado, invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, honra, buen nombre y propiedad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Seg\u00fan se extrae del escrito inicial y los anexos, Carlos Ulises Miranda Vargas fue procesado (bajo el rito procedimental penal de la Ley 600 de 2000) y condenado por el delito de \u00abfraude procesal\u00bb a la pena de 72 meses de prisi\u00f3n y multa de 200 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
Los hechos que dieron origen a dicho juicio penal se remontan a 1994, a\u00f1o en el que el mencionado sentenciado (aqu\u00ed accionante) compr\u00f3 a su progenitora Elvira Vargas de Miranda (fallecida el 29 de agosto de 2009), un inmueble ubicado en \u00abcalle 2 No. 24 A \u2013 06 de Bogot\u00e1\u00bb, negocio jur\u00eddico elevado a escritura p\u00fablica \u2013 del 13 de mayo de 1994 \u2013 en la que la vendedora declar\u00f3 haber recibido el pago por el precio estipulado (para entonces Carlos Ulises Miranda Vargas conviv\u00eda en uni\u00f3n marital con la se\u00f1ora Mar\u00eda Goretty Quintero Buritic\u00e1). <\/p>\n
Para el a\u00f1o 1998, se inici\u00f3 judicialmente la disoluci\u00f3n de la sociedad patrimonial conformada por los compa\u00f1eros permanentes Miranda Vargas y Quintero Buritic\u00e1; a ese tr\u00e1mite concurri\u00f3 (2001) como acreedora de la sociedad la madre de Carlos Ulises Miranda Vargas, reclamando el pago de un t\u00edtulo valor por $9\u2019000.000.oo, suscrito por aqu\u00e9l como garant\u00eda del precio pactado respecto del inmueble objeto de compraventa en 1994; sin embargo, esa deuda no fue reconocida en el inventario al ser objetada en su oportunidad. El Juzgado 14 de Familia de esta capital adjudic\u00f3 en com\u00fan y proindiviso (en partes iguales) el referido inmueble (diciembre de 2002). <\/p>\n
Dado lo anterior, la se\u00f1ora Elvira Vargas de Miranda promovi\u00f3 contra su hijo Carlos Ulises proceso de resoluci\u00f3n de contrato de compraventa, asunto que conoci\u00f3 el Juzgado Veinte Civil Municipal de Bogot\u00e1, que resolvi\u00f3 acceder a la pretensi\u00f3n principal, empero, determin\u00f3 que dicho contrato \u00abno le era oponible a Mar\u00eda Goretty Quintero\u00bb respecto del 50% que le fue adjudicado sobre el inmueble en cuesti\u00f3n; decisi\u00f3n confirmada en segunda instancia por el Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de esta ciudad. <\/p>\n
Contra esas providencias civiles la se\u00f1ora Elvira Vargas de Miranda interpuso acci\u00f3n de tutela, concretamente solicitando que se hiciera oponible la resoluci\u00f3n de la compraventa frente a la excompa\u00f1era permanente de su hijo, due\u00f1a del 50% de la vivienda. El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Civil (25 de abril de 2007) concedi\u00f3 el amparo, por lo que, en acatamiento de la orden tutelar, los precitados despachos judiciales retomaron la actuaci\u00f3n y dictaron nuevamente sentencia, esta vez, declarando resuelto el contrato, incluso respecto de la cuota radicada en cabeza de Mar\u00eda Goretty Quintero. <\/p>\n
Esta \u00faltima, al verse despojada de la porci\u00f3n que se le hab\u00eda asignado, formul\u00f3 denuncia penal contra su excompa\u00f1ero Carlos Ulises Miranda Vargas y Elvira Vargas de Miranda por el delito de fraude procesal. <\/p>\n
El juicio penal contra Carlos Ulises Miranda Vargas lo adelant\u00f3 el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogot\u00e1, que el 27 de febrero de 2018 dict\u00f3 sentencia condenatoria, y dispuso reestablecer los derechos de la v\u00edctima (la denunciante Mar\u00eda Goretty Quintero Buritic\u00e1) en el sentido de ordenar dejar sin efecto las anotaciones (12 y 14) en el folio de matr\u00edcula (50C-101811) del bien en las que se registraron el embargo de la cuota y cancelaci\u00f3n de su inscripci\u00f3n como propietaria del 50%; todo lo cual fue ratificado en segunda instancia por el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial. <\/p>\n
A esa causa penal acudi\u00f3 Clara Elsa Miranda Vargas (aqu\u00ed accionante, hermana del procesado Carlos Ulises) como heredera de Elvira Vargas de Miranda, quien, pese a que interpuso los recursos de apelaci\u00f3n (contra el fallo de primer grado) y casaci\u00f3n (contra el del tribunal) le fueron rechazados por no tener reconocimiento como tercero incidental en el juicio, situaci\u00f3n que corrigi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal que, al resolver un recurso de queja propuesto por aqu\u00e9lla, le otorg\u00f3 legitimaci\u00f3n para intervenir. <\/p>\n
Fue as\u00ed como se le permiti\u00f3 a Clara Elvira presentar y sustentar el recurso extraordinario ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal, que mediante veredicto del 4 de marzo de 2020 resolvi\u00f3 no casar la decisi\u00f3n del tribunal ad quem, desestimando los argumentos planteados por su apoderado dirigidos a la absoluci\u00f3n de Carlos Ulises Miranda Vargas y a reestablecer las anotaciones canceladas del folio de matr\u00edcula del inmueble objeto del debate. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, enfilan los gestores del amparo, no solo cuestionamientos frente a las antedichas determinaciones sobre todo respecto de la valoraci\u00f3n probatoria efectuada en cada una las instancias, sino a la investigaci\u00f3n y el proceso penal. En lo atinente, aducen que result\u00f3 lesivo de los derechos de Clara Elsa Miranda que su progenitora Elvira Vargas de Miranda no haya sido vinculada por la fiscal\u00eda al juicio, pese a que en la denuncia se habl\u00f3 de una \u00abconfabulaci\u00f3n\u00bb de esta \u00faltima y Carlos Ulises Miranda Vargas para despojar a Mar\u00eda Goretty Quintero Buritic\u00e1 del 50% sobre inmueble; en tal sentido, Clara Elsa Miranda Vargas, asegur\u00f3 que ten\u00eda \u00ab(\u2026) derecho a continuar como litisconsorte pasiva (sic) de la acci\u00f3n civil de este proceso penal, as\u00ed nunca la causante hubiera sido vinculada y, por tanto, se le ha conculcado su derecho de defensa (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Alegaron tambi\u00e9n que el enjuiciado Carlos Ulises careci\u00f3 de defensa t\u00e9cnica, dado que no cont\u00f3 con un profesional id\u00f3neo o \u00abcalificado\u00bb para presentar la demanda de casaci\u00f3n y, adem\u00e1s, porque el abogado adscrito a la defensor\u00eda del pueblo que lo asisti\u00f3 durante el juicio, fuera de no cumplir con la sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario, termin\u00f3 su vinculaci\u00f3n laboral con esa entidad por motivos de salud; de forma que, en el interregno entre la sentencia de segundo grado y la de casaci\u00f3n, no tuvo defensor \u00aby tan solo se le vino a asignar uno nuevo [\u2026] despu\u00e9s de dictado el fallo de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, para justificar la tardanza en acudir al amparo, manifestaron que la situaci\u00f3n de anormalidad y la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales les impidieron \u00abtener acceso al expediente para examinarlo en orden a determinar su ajuste al debido proceso [\u2026] lo cual ha sido un \u00f3bice insalvable para presentar en forma adecuada y debidamente respaldada la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene \u00abla cesaci\u00f3n del procedimiento en el referido proceso por no configurarse ni estar probada la existencia del delito fraude procesal y, adem\u00e1s, haber operado la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal para los eventuales delitos que pudieren derivarse de los hechos denunciados ocurridos hace m\u00e1s de 15 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
2. Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, solicit\u00f3 se deniegue la demanda dado que los cuestionamientos que esta contiene, en cuanto a la responsabilidad de Carlos Ulises Miranda, \u00abpretenden reabrir debates concluidos y propios de las instancias, finalidad para la cual la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez Cincuenta Penal del Circuito de esta capital, efectu\u00f3 un recuento de la actuaci\u00f3n que le correspondi\u00f3 adelantar en el proceso penal contra Carlos Ulises Miranda; seguidamente, sostuvo que, \u00ab(\u2026) la lectura de la extensa demanda de tutela permite evidenciar sin lugar a duda que la \u00fanica pretensi\u00f3n de quienes la interpusieron es la de lograr retrotraer sin ning\u00fan fundamento las sentencias de instancia proferidas en el devenir procesal, argumentando la vulneraci\u00f3n de derechos inexistentes y con el \u00fanico objetivo de que a toda costas sus argumentos sean acogidos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y, de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas denunciadas por los actores en el proceso penal radicado n\u00ba 2014-00160 donde fue condenado Carlos Ulises Miranda Vargas a 72 meses de prisi\u00f3n por el delito de fraude procesal (sentencia de casaci\u00f3n del 4 de marzo de 2020), y adicionalmente, se dispuso la cancelaci\u00f3n de las anotaciones 12 y 14 del folio de matr\u00edcula 50C-101811. <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo y el que a continuaci\u00f3n pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ago. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la demanda constitucional debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Del an\u00e1lisis de lo expuesto, se concluye que los cuestionamientos a las actuaciones de las autoridades judiciales penales, no atienden el postulado que viene de comentarse, ya que los hechos alegados por los tutelantes como transgresores de sus garant\u00edas superan desde su ocurrencia el semestre se\u00f1alado por la jurisprudencia como prudente para la interposici\u00f3n del auxilio. <\/p>\n
As\u00ed, obs\u00e9rvese, los quejosos dirigieron sus reclamos, en primer t\u00e9rmino, contra el fallo proferido el 27 de febrero de 2018 por el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogot\u00e1; as\u00ed mismo, contra el del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal dictado el 28 de septiembre de ese mismo a\u00f1o; y finalmente, frente al de la Sala de Casaci\u00f3n Penal del 4 de marzo de 2020 que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n formulado por Clara Elsa Miranda Vargas como tercero incidental. <\/p>\n
Es decir, aun partiendo de la decisi\u00f3n m\u00e1s reciente, esto es, la emitida por la Sala Especializada de esta Corporaci\u00f3n, hasta el momento en que se ejerci\u00f3 la presente acci\u00f3n constitucional \u2013 15 de enero de 2021 \u2013 transcurrieron m\u00e1s de nueve meses; de manera que, es cierto que los afectados debieron acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, ya que su prolongado silencio se aprecia como signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la providencia criticada, adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a actuaciones o sentencias judiciales. <\/p>\n
4.2. Ahora, los interesados, por intermedio de su apoderado, explican su inactividad frente al resguardo arguyendo que las restricciones que ha conllevado la pandemia, como la suspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos judiciales, les impidieron acceder al expediente penal, necesario para sustentar la demanda tutelar, lo que consideran representan circunstancias exculpantes de la inmediatez. <\/p>\n
En lo atinente, es cierto que dicho criterio eventualmente puede flexibilizarse a partir de razones suficientes que lo justifiquen, esto es, situaciones acreditadas como la \u00abdebilidad manifiesta por condiciones como la interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad\u00bb, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores (como ocurre respecto de los asuntos que involucran derechos de orden pensional); as\u00ed lo ha apuntado la Corte Constitucional en repetidas ocasiones, en sentencias como la SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Y aunque los tutelantes abrigan su inercia en las referidas situaciones, para la Corte no pueden ser de recibo, por cuanto, en primer lugar, la coyuntura presentada por la pandemia mundial no resulta excusa v\u00e1lida, dado que la judicatura no entr\u00f3 en cese de actividades para efectos de resolver acciones constitucionales, tal como dan cuenta los Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528, PCSJA20- 11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549 y PCSJA20-11556 expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
Adicionalmente, esa misma Corporaci\u00f3n con la expedici\u00f3n del Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020 orden\u00f3 el levantamiento de la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales y la reactivaci\u00f3n general de la prestaci\u00f3n del servicio de justicia a partir del 1\u00ba de julio de ese mismo a\u00f1o; de manera que, esta Sala no encuentra v\u00e1lida la justificaci\u00f3n planteada para no haber acudido al presente mecanismo dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado como oportuno. <\/p>\n
De manera que, al no evidenciar la Corte la concurrencia de alguna de las causales expuestas por la jurisprudencia en cita como eximentes del presupuesto de inmediatez, ser\u00e1 este el criterio que se impondr\u00e1 para la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n rogada, lo que releva a esta particular justicia de ahondar en an\u00e1lisis de otras tem\u00e1ticas como la juridicidad de las providencias atacadas, examen que sin duda est\u00e1 condicionado a la superaci\u00f3n del referido requisito temporal. <\/p>\n
5. Consideraci\u00f3n final \u2013 de la falta de defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
Ahora bien, tampoco se vislumbra una vulneraci\u00f3n del derecho de defensa en los t\u00e9rminos indicados por los actores, y en concreto respecto de quien fue procesado y declarado penalmente responsable, Carlos Ulises Miranda Vargas, toda vez que, no es admisible la reclamaci\u00f3n por falta de defensa t\u00e9cnica a partir de hechos aislados como el no agotar un espec\u00edfico recurso \u2013 en este caso el de casaci\u00f3n \u2013 sin apuntar ning\u00fan grado de trascendencia de la situaci\u00f3n desde un an\u00e1lisis integral de la gesti\u00f3n; adem\u00e1s no evidenci\u00f3 que la se\u00f1alada actitud pasiva del defensor tuviese una determinante incidencia en las resultas del juicio. <\/p>\n
Al respecto, la Hom\u00f3loga Penal, ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no siempre la inactividad del defensor puede conducir inevitablemente a la vulneraci\u00f3n del derecho a la defensa que asiste a todo sindicado dentro del proceso penal, pues es en cada caso concreto donde se impone determinar la situaci\u00f3n real de la defensa, a fin de establecer de acuerdo a las circunstancias particulares si hubo actuaciones que a pesar de advertirse como indispensables para demostrar la inocencia o atenuar la responsabilidad del acusado, dejaron de llevarse a cabo, y si dicha ausencia puede atribuirse a la negligencia o descuido del abogado; pues no se trata de proponer nulidades sobre el escueto supuesto de que hubo inactividad del defensor, como que no se trata que por medio de este recurso, y en ello tambi\u00e9n ha insistido la Corte, puedan luego postularse mejores estrategias defensivas que las asumidas por quien tuvo a cargo durante el tr\u00e1mite judicial la representaci\u00f3n de los intereses del procesado, habida cuenta que el ejercicio de profesiones liberales como lo es la del derecho, parte de la base del respeto del conocimiento que cada persona tenga de las materias de las que se ocupa, sin que sea posible determinar en forma acertada o por lo menos irrebatible frente a cada asunto cu\u00e1l hubiera sido la m\u00e1s afortunada estrategia defensiva, pues cada individuo especializado en estos temas, tiene de acuerdo a su formaci\u00f3n acad\u00e9mica, experiencia y personalidad misma, su propia forma de enfrentar sus deberes como tal\u00bb (STP3618-2017, 14 mar. 2017, rad. 90811). <\/p>\n
Y, finalmente, cabe resaltar que, en todo caso, la Sala de Casaci\u00f3n Penal realiz\u00f3 un examen de la actuaci\u00f3n a partir de las alegaciones y cargos formulados por Clara Elsa Miranda Vargas como tercero incidental quien, entre otros cuestionamientos, propugn\u00f3 con \u00e9nfasis por la absoluci\u00f3n del enjuiciado. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Los accionantes tardaron en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, as\u00ed mismo no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n v\u00e1lida que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC378-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC378-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00083-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Ulises y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53228","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53228","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53228"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53228\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53228"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53228"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53228"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}