STC385-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC385-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2020-00268-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 17 de noviembre de 2020, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la salvaguarda promovida por Jair de Jes\u00fas Osorio Jim\u00e9nez a los Juzgados Primero y Segundo Civil del Circuito y Civil Municipal, ambos de Facatativ\u00e1, la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de esa ciudad y la Superintendencia de Notariado y Registro. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
El actor fue denunciado por Inversiones Covadonga Ltda. ante la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Facatativ\u00e1, por cuanto seg\u00fan esa empresa, aqu\u00e9l incurri\u00f3 en infracci\u00f3n urban\u00edstica al construir una casa de habitaci\u00f3n en predio de propiedad de esa compa\u00f1\u00eda denominado \u201cfinca Covadonga\u201d, ubicado en el sector \u201cTres Esquinas\u201d, vereda \u201cTierra Grata\u201d de esa localidad. <\/p>\n
En audiencia de descargos de 9 de noviembre de 2016, el tutelante adujo ser poseedor de ese predio y, en resoluci\u00f3n de 23 de octubre de 2017, la mencionada entidad declar\u00f3 que la queja hab\u00eda caducado. <\/p>\n
Inconforme con lo decidido, Inversiones Covadonga Ltda. impetr\u00f3 apelaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 a la alcald\u00eda de Facatativ\u00e1, quien, en prove\u00eddo de 3 de agosto de 2018, ratific\u00f3 el pronunciamiento protestado. <\/p>\n
El promotor aduce que mediante fallo proferido por el Juzgado Civil Municipal \u201cSeccional\u201d de Facatativ\u00e1, al interior del decurso de pertenencia con radicado 2015-0055-00, adquiri\u00f3 la propiedad de la heredad en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Afirma el censor que, por decisi\u00f3n de ese estrado, se dispuso la cancelaci\u00f3n de las anotaciones 5\u00aa, 6\u00aa y 7\u00aa del folio de matr\u00edcula de su inmueble. <\/p>\n
Adicionalmente, asevera, el bien fue ocupado \u201carbitrariamente\u201d por Pedro Vicente Fajardo Jim\u00e9nez y Fabio Eduardo Rinc\u00f3n G\u00f3mez. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El otorgamiento de las escrituras est\u00e1 sometido a requisitos (\u2026) [y,] para [su] caso fue claro, palmario, evidente, que no se cumpli\u00f3 con todos los requisitos incumpliendo verificaci\u00f3n de huella dactilar, firma, autorizaci\u00f3n, por tal motivo, se produce la nulidad o ineficiencia de la escritura, ya que en este caso el incumplimiento afecta de fondo el instrumento, y produce sanciones fiscales o responsabilidades al Notario (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, ordenar (i) a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda el desalojo de las personas que ocupan su predio; y (ii) al \u201c(\u2026) Superintendente de Notariado y Registro investig[ar], sancion[ar] y cualquier anotaci\u00f3n hecha porque de manera [indebida] y, sin el lleno de [los presupuestos legales] se procedi\u00f3 al perfeccionamiento del negocio, en el cual anexo la resoluci\u00f3n 3598 de 2017 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4. El ruego tuitivo se formul\u00f3 ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativ\u00e1, autoridad que el 24 de julio de 2020 admiti\u00f3 el libelo. <\/p>\n
El 30 de julio postrero, el precitado estrado requiri\u00f3 al tutelante para exigirle claridad sobre (i) los hechos; (ii) la actuaci\u00f3n reprochada; y (iii) los all\u00ed intervinientes; empero, el censor guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
El 5 de agosto ulterior, ese estrado, haciendo referencia a la \u201c(\u2026) difusa redacci\u00f3n (\u2026)\u201d del relato f\u00e1ctico del libelo, dict\u00f3 sentencia denegando las pretensiones al no haberse acreditado los fundamentos de la reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
Por tal motivo, el petente impetr\u00f3 alzada, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. <\/p>\n
5. El 4 de septiembre siguiente, la enunciada corporaci\u00f3n invalid\u00f3 los tr\u00e1mites al advertir que deb\u00eda convocarse al tr\u00e1mite a los Juzgados Primero y Segundo Civil del Circuito de Facatativ\u00e1; por tanto, asumi\u00f3 la competencia, en primera instancia, de este resguardo, al fungir como superior funcional de dichos estrados. <\/p>\n
El 23 de septiembre siguiente, el mencionado colegiado desestim\u00f3 los pedimentos del precursor por resultar ambiguos los hechos aducidos y no acreditarse lesi\u00f3n a garant\u00eda alguna. <\/p>\n
Frente a esa determinaci\u00f3n, el censor inco\u00f3 el mecanismo de defensa vertical. <\/p>\n
6. En auto ATC1020-2020 de 29 de octubre de 2020, esta Sala declar\u00f3 la nulidad de lo actuado por la citada colegiatura, por cuanto no se hab\u00eda vinculado a los tr\u00e1mites a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Facatativ\u00e1 y la Superintendencia de Notariado y Registro, quienes deb\u00edan ser convocadas a este auxilio, al erigirse pretensiones en su contra. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
1. El Juzgado Civil Municipal de Facatativ\u00e1 manifest\u00f3 que en sus registros se encontr\u00f3 la demanda de pertenencia impetrada por el suplicante contra Inversiones Covadonga Ltda. el 8 de febrero de 2013 con el radicado 2013-0055-00, la cual, posteriormente, fue remitida al Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma localidad, quien la ritu\u00f3 bajo el consecutivo 2015-0014-00. <\/p>\n
Igualmente, destac\u00f3, la se\u00f1alada sociedad formul\u00f3 dos (2) acciones reivindicatorias frente al ac\u00e1 gestor en la referida sede municipal, pero, en ambos casos, los pliegos fueron retirados. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Facatativ\u00e1, esboz\u00f3 que el promotor entabl\u00f3 dos (2) decursos con los radicados 2013-0010-00 y \u201c201-0034\u201d (sic), siendo, el primero, enviado al Juzgado Civil Municipal de la aludida urbe el 22 de enero de 2013 y, el \u00faltimo, rechazado el 26 de febrero de 2016 por falta de subsanaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de la municipalidad indicada, adujo no haber conocido de peticiones civiles o constitucionales en nombre del impulsor. <\/p>\n
4. La Superintendencia de Notariado y Registro se\u00f1al\u00f3 carecer de legitimizaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
5. La Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda y la alcald\u00eda de Facatativ\u00e1, indicaron no haber lesionado prerrogativa alguna al actor. <\/p>\n
6. La Notar\u00eda Cuarenta y Cuatro del C\u00edrculo Notar\u00eda de Bogot\u00e1, adujo que all\u00ed no se ha llevado actuaci\u00f3n alguna relacionada con el inmueble en cual el suplicante tiene inter\u00e9s. <\/p>\n
7. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Tras subsanarse las falencias advertidas en auto ATC1020-2020 de 29 de octubre de 2020 de esta Sala, el tribunal deneg\u00f3 el auxilio, al no haberse demostrado la vulneraci\u00f3n denunciada y, en todo caso, agreg\u00f3, cualquier inquietud relacionada con el predio materia de controversia, pod\u00eda enarbolarla el censor ante la justicia ordinaria. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante, manifestando que se incurri\u00f3 \u201cen nulidad\u201d sin especificar en cu\u00e1l actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se pone al descubierto el naufragio de la salvaguarda, al no exponerse con claridad los hechos aducidos como lesivos ni hallarse acreditados los mismos, e incumplirse el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
2. Sobre el primer aspecto, el censor no identific\u00f3 de manera razonada las circunstancias en las que se produjo la amenaza o vulneraci\u00f3n invocada, como tampoco especific\u00f3 las omisiones o actividades en las cu\u00e1les incurrieron autoridades fustigadas y, menos a\u00fan, relat\u00f3 o prob\u00f3 aspectos que lo ubicasen en situaci\u00f3n de inferioridad, desprotecci\u00f3n o debilidad manifiesta, como para forzar la intervenci\u00f3n de esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre lo esbozado, la Corte Constitucional ha establecido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [U]n juez no puede conceder una tutela si en el respectivo proceso no existe prueba, al menos sumaria, de la violaci\u00f3n concreta de un derecho fundamental, pues el objetivo de la acci\u00f3n constitucional es garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, cuya trasgresi\u00f3n o amenaza opone la intervenci\u00f3n del juez dentro de un procedimiento preferente y sumario.\u201d As\u00ed las cosas, los hechos afirmados por el accionante en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n de tutela, deben ser probados siquiera sumariamente, a fin de que el juez pueda inferir con plena certeza la verdad material que subyace con la solicitud de amparo constitucional (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
3. En cuanto a la segunda exigencia se\u00f1alada, se advierte que el actor no ha agotado los medios de defensa a su alcance, pues si pretende que la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Facatativ\u00e1 efectu\u00e9 el desalojo de personas que ingresaron al predio materia de controversia, debe, en primer lugar, solicitar a esa entidad tal pedimento. <\/p>\n
Igualmente, si su queja est\u00e1 fundada en una presunta ocupaci\u00f3n arbitraria por parte de terceros en su heredad, puede acudir ante la justicia ordinaria para incoar un decurso de perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, si el actor es propietario del inmueble en cuesti\u00f3n, igualmente, tiene la posibilidad de impetrar un proceso reivindicatorio o, si su reclamo versa sobre incumplimientos de orden contractual tambi\u00e9n puede concurrir ante un juez de la Rep\u00fablica para exponer sus reparos. <\/p>\n
Del mismo modo, en el hipot\u00e9tico caso de cuestionarse la invalidez de escrituras p\u00fablicas, el ordenamiento le brinda al censor herramientas para la defensa de sus intereses. <\/p>\n
Este mecanismo impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de protecci\u00f3n a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente supletivo, de otra manera se convertir\u00eda en un medio para obviar las alternativas contempladas en los ordenamientos ordinarios y ante los jueces naturales. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades p\u00e9rdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Corte Constitucional, sentencia T-571-15 de 4 de septiembre de 2015, exp. T-4952361 <\/p>\n
2 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
3 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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