STC386-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC386-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 4 de noviembre de 2020, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de tutela, instaurada por Previsora S.A. frente al Juzgado Primero Civil del Circuito de la citada ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio \u201cejecutivo singular\u201d, promovido por la Cl\u00ednica Norte S.A. a la aqu\u00ed actora. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante exige la protecci\u00f3n de la prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente transgredida por el convocado. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, manifiesta que, en el Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta, se tramita el litigio materia de amparo, asunto en el cual, siendo las 3:59 p.m. del 20 de agosto de 2020, impetr\u00f3 mediante \u201ccorreo electr\u00f3nico\u201d, reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago all\u00ed emitido; sin embargo, el despacho querellado, en prove\u00eddo de 2 de septiembre siguiente, declar\u00f3 extempor\u00e1neo ese recurso, ordenando seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Afirma que \u201cen los canales de comunicaci\u00f3n del despacho accionado\u201d no se ha informado a la ciudadan\u00eda el nuevo horario de \u201crecepci\u00f3n de memoriales o atenci\u00f3n al p\u00fablico\u201d1, motivo por el cual, \u201casumi\u00f3 que la jornada laboral habitual era hasta las 6 p.m.\u201d. <\/p>\n
Sostiene que actu\u00f3 con la \u201cconfianza o expectativa razonable\u201d de haber incoado a tiempo el comentado remedio y de estar \u201csuspendidos\u201d los t\u00e9rminos para contestar la demanda, por cuanto el estrado fustigado, no dej\u00f3 constancia en los \u201cportales virtuales\u201d sobre la extemporaneidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, \u201crevocar\u201d el prove\u00eddo criticado, y \u201ccomputar los t\u00e9rminos para contestar la demanda\u201d presentada en el litigio bajo estudio. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Remiti\u00f3 de forma digital el expediente contentivo del pelito subex\u00e1mine. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda tras considerar: <\/p>\n
(\u2026) [N]o puede pretender la aseguradora accionante que a trav\u00e9s de este mecanismo de defensa judicial se ordenen revivir t\u00e9rminos procesales fenecidos, cuando por su olvido instaur\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n de manera extempor\u00e1nea, no siendo de recibo el desconocimiento que alega (\u2026) de la modificaci\u00f3n del horario de atenci\u00f3n y radicaci\u00f3n en las dependencias judiciales del Distrito Judicial de C\u00facuta, toda vez que el Acuerdo que lo fij\u00f3 es una reglamentaci\u00f3n de orden p\u00fablico, a la cual puede tener acceso cualquier ciudadano, m\u00e1s a\u00fan los abogados consultando el portal web de la Rama Judicial (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 la quejosa insistiendo en los mismos argumentos de disenso expuestos en le libelo genitor. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Previsora S.A. critica la decisi\u00f3n del Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta, mediante la cual tuvo por extempor\u00e1neo el recurso impetrado por ella frente al mandamiento de pago emitido en el caso bajo estudio. <\/p>\n
2. Sin dificultad se advierte el fracaso del resguardo por la inobservancia del presupuesto de subsidiariedad, pues, la referida determinaci\u00f3n, era susceptible de atacarse mediante reposici\u00f3n, procedente a voces de lo establecido en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso; empero, la tutelante no hizo uso de esa herramienta. <\/p>\n
3. El descuido del convocante le cierra el paso a esta excepcional jurisdicci\u00f3n dada su naturaleza subsidiaria, pues a trav\u00e9s del mecanismo relegado, la actora pudo aducir las cuestiones aqu\u00ed ventiladas, as\u00ed habr\u00eda obtenido una decisi\u00f3n frente al supuesto desconocimiento del Acuerdo CSJNS2020-120 de 13 de marzo de 2020, a trav\u00e9s del cual se fij\u00f3 el horario de trabajo y atenci\u00f3n al p\u00fablico de la Rama Judicial para el Distrito Judicial de C\u00facuta. <\/p>\n
Sobre ese aspecto, esta Corte ha sido enf\u00e1tica al se\u00f1alar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
No es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias o descuidos en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa al interior del proceso. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Colegiatura ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a accionante (\u2026), no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria judicial acusada, (\u2026) a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
4. Adicionalmente, el amparo resulta inviable como mecanismo transitorio, al no alegarse ni probarse los presupuestos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad, propios del perjuicio irremediable. En cuanto a las caracter\u00edsticas del mismo, la Corte ha enfatizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (\u2026)\u201d4 (negrillas originales). <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 la determinaci\u00f3n examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente o por mensaje de datos lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Seg\u00fan el acuerdo CSJNS2020-120 de 13 de marzo de 2020, proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, el horario de trabajo y atenci\u00f3n al p\u00fablico de la Rama Judicial para el Distrito Judicial de C\u00facuta es de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. <\/p>\n
2 CSJ STC, de 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00. <\/p>\n
3 CSJ. STC. 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de noviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, respectivamente. <\/p>\n
4 CSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03021-00. <\/p>\n
5 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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