STC403-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC403-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-00106-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C, veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por IPS Univisual Choc\u00f3 S.A.S. contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Quibd\u00f3 y el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el declarativo n\u00b0 2018-00056. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante abogado, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, el cual estim\u00f3 trasgredido con la sentencia de 20 de noviembre de 2019, mediante la cual el juez a quo acogi\u00f3 el reclamo indemnizatorio que se formul\u00f3 en su contra, as\u00ed como el auto de 2 de octubre de 2020, con el cual el tribunal declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra ese fallo. <\/p>\n
2. Adem\u00e1s de censurar los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la condena que se le impuso en primera instancia, la accionante dijo no haber sido notificada legalmente del auto con que se admiti\u00f3 su alzada, ni tampoco del prove\u00eddo con que se le corri\u00f3 traslado para que sustentara por escrito su apelaci\u00f3n (en aplicaci\u00f3n del Decreto 806 de 2020), pues ninguna de esas dos providencias se le remiti\u00f3 a su correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
3. Pide, en consecuencia, que se deje sin efecto o, en subsidio, que se declare la nulidad del auto de 2 de octubre de 2020 y que, en su lugar, se ordene al tribunal seguir tramitando el recurso de apelaci\u00f3n y emitir all\u00ed un fallo que armonice con los presupuestos previstos por el ordenamiento jur\u00eddico para las acciones de responsabilidad civil. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistratura accionada defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y enfatiz\u00f3 que en el litigio que incumbe a esta actuaci\u00f3n se respet\u00f3 el derecho a un debido proceso de los contendientes. <\/p>\n
2. Samuel Asprilla Valencia (apoderado de la parte actora del litigio que aqu\u00ed interesa) aleg\u00f3 que en dicho declarativo se respetaron las garant\u00edas fundamentales de los involucrados. Agreg\u00f3 que la accionante pretende reabrir un debate probatorio que ya fue formal y legalmente clausurado y agreg\u00f3 que la providencia materia de censura obedece a la propia incuria de la convocante, quien desaprovech\u00f3 la oportunidad con la que contaba para sustentar sus reparos ante el fallador de segundo grado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la demanda de tutela en referencia satisface el presupuesto de subsidiariedad que le es propio y, de superarse lo anterior, si la magistratura convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda invocada en el escrito introductor, por declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por quien hoy acciona. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre, entre otros eventos, cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria. <\/p>\n
Tal hip\u00f3tesis hace presencia en este asunto, dado que la accionante no recurri\u00f3 el auto con que se declar\u00f3 desierta su alzada (pese a que para esos efectos ten\u00eda a su disposici\u00f3n el recurso de reposici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso), ni tampoco plante\u00f3 ante la magistratura encartada las irregularidades que, seg\u00fan aqu\u00ed lo manifest\u00f3, le habr\u00edan impedido enterarse oportunamente del proferimiento de ese prove\u00eddo. <\/p>\n
Con el rese\u00f1ado proceder, la querellante desaprovech\u00f3 la oportunidad de exponer ante el fallador cognoscente todos los argumentos que esgrimi\u00f3 en esta oportunidad como fundamento de su solicitud de amparo, lo que impide a la Corte abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada, ya que, se insiste, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se desestimar\u00e1 la solicitud de amparo, por cuanto la accionante no hizo uso de los medios de control judiciales pertinentes para plantear ante la autoridad encartada las irregularidades rese\u00f1adas en la demanda de tutela, omisi\u00f3n que torna inviable el mecanismo de protecci\u00f3n en estudio, en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por un medio expedito. En caso de no ser impugnado, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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