STC406-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC406-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2020-00475-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 12 de noviembre de 2020 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que concedi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Plutarco Le\u00f3n Quiroz Vega en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite fueron vinculados Carmen Sof\u00eda Mart\u00ednez Naranjo, Rita Matilde, Jos\u00e9 Manuel, Gustavo y Alba Rosa Quiroz Vega. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por el Despacho encartado dentro del proceso de radicado 2013-00115-00. <\/p>\n
2. En respaldo narr\u00f3, que present\u00f3 demanda de pertenencia contra la se\u00f1ora Carmen Sof\u00eda Mart\u00ednez Naranjo, quien integr\u00f3 el contradictorio junto con las personas indeterminadas \u00abdebidamente emplazadas\u00bb1. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla, el cual, mediante auto del 24 de mayo de 2013, lo admiti\u00f3 a tr\u00e1mite2. <\/p>\n
2.1. Refiri\u00f3 que en el a\u00f1o 2013, el proceso fue abierto a pruebas3, las que al finalizar esa anualidad se hab\u00edan practicado en su totalidad4. Sin embargo, el \u00ab17 de enero de 2014, los herederos de la se\u00f1ora CARMEN JOSEFINA VEGA OROZCO [\u2026] Apelaron el auto que orden\u00f3 el traslado para alegar de conclusi\u00f3n\u00bb. Dicho recurso fue resuelto en providencia del 21 de ese mismo mes y a\u00f1o, donde el citado juzgado se abstuvo de concederlo5. <\/p>\n
2.2. Manifest\u00f3 que durante el 2014, el extremo opositor present\u00f3 ante el Tribunal de Barranquilla, acci\u00f3n de tutela por la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales al \u00abdebido proceso y defensa\u00bb, la cual fue denegada6 y luego confirmada por esta Corporaci\u00f3n7. <\/p>\n
Asimismo, interpuso \u00abincidente de nulidad procesal\u00bb, que fue \u00abrechazado de plano por el Juzgado de conocimiento\u00bb8. <\/p>\n
Posteriormente, \u00abinterpuso un segundo incidente de nulidad procesal el d\u00eda 24 de febrero de 2014\u00bb. Actuaciones que al ser resueltas hasta \u00abfinales del mes de julio de 2014\u00bb, verificaron \u00ababsoluta claridad sobre la legalidad de todo el procedimiento que hab\u00eda adelantado el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla\u00bb. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 que en prove\u00eddo del 13 de mayo de 2014, el juzgado cuestionado \u00abadmiti\u00f3 algunas pruebas documentales y compuls\u00f3 copias del proceso a la FISCAL\u00cdA GENERAL DE LA NACI\u00d3N, con el fin de que se investigara la ocurrencia de cualquiera (sic) infracci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
2.4. Resalt\u00f3 que el 7 de mayo de 2015, \u00absin justificaci\u00f3n de ninguna extirpe\u00bb, el funcionario acusado ofici\u00f3 a la \u00abOficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos del C\u00edrculo de Barranquilla\u00bb con el fin de que informara sobre \u00aba qu\u00e9 folio de matr\u00edcula inmobiliaria le corresponde el inmueble ubicada en la calle 80 N\u00b0 45 \u2013 21 de esta ciudad y expida con destino a este proceso los folios de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 040-245932 y 040-174861\u00bb9. Contestaci\u00f3n que fue entregada el 24 de junio de siguiente. <\/p>\n
2.5. El 2 de julio de ese mismo a\u00f1o, el expediente pas\u00f3 al Despacho \u00aba fin de que [resolviera] el INCIDENTE DE NULIDAD presentado por la apoderada judicial de la parte demandada\u00bb. Y el 10 de diciembre posterior, el accionante advirti\u00f3 al juez que el asunto ha permanecido \u00abpor m\u00e1s de doce (12) meses, sin que haya resuelto siquiera un simple incidente de nulidad procesal, formulado temerariamente por la parte opositora\u00bb10. <\/p>\n
2.6. Se\u00f1al\u00f3 que el \u00abincidente de nulidad procesal propuesto\u00bb fue negado el 13 de noviembre de 201811, y una vez apelado, fue confirmado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, el 12 de diciembre de 201912. <\/p>\n
Aduce una tardanza injustificada por parte de la autoridad judicial recriminada en la resoluci\u00f3n del litigio, y que a la fecha de presentaci\u00f3n de la salvaguarda no se ha dictado la sentencia correspondiente. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se \u00abordene al Juez Segundo Civil del Circuito de Barranquilla, a dictar dentro del t\u00e9rmino no prorrogable de cuarenta y ocho (48) horas, la sentencia resolutoria del litigio envuelto en el proceso ordinario antes mencionado, con la advertencia de la legislaci\u00f3n procedimental aplicable con motivo del tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n del C\u00f3digo de Procedimiento Civil al C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El juzgado cuestionado, despu\u00e9s de referir algunas actuaciones dentro del tr\u00e1mite criticado, solicit\u00f3 la declaratoria de improcedencia del amparo ante la inexistencia de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, pues aduce que \u00abno ten\u00eda el expediente en su dominio, a fin de imprimirle el tr\u00e1mite subsecuente\u00bb13. <\/p>\n
2. La se\u00f1ora Rita Matilde Quiroz Vega exigi\u00f3 la negaci\u00f3n de la presente s\u00faplica, por cuanto considera que el actor \u00abno es y nunca ha sido poseedor del inmueble ubicado en la calle 80 No. 45-21 del Barrio el Porvenir de esta ciudad, adem\u00e1s de las artima\u00f1as realizadas por este para apropiarse de la totalidad de un inmueble, argumentando posesiones inexistentes, presentando pruebas falsas y omitiendo realidades que le consta\u00bb14. <\/p>\n
3. Los se\u00f1ores Jos\u00e9 Manuel y Gustavo Adolfo Quiroz Vega se\u00f1alaron, en relaci\u00f3n con lo dictado por la Corte Suprema de Justicia que, \u00abno existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo, sino que \u00e9sta debe ser injustificada, debe probarse la negligencia de la autoridad judicial demandada o el perjuicio o quebrantamiento del supuesto derecho irremediable\u00bb15. <\/p>\n
4. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Barranquilla concedi\u00f3 el amparo, al considerar que una vez verificado el expediente de la causa \u00abno se observa la existencia de una excusa distinta a la inspecci\u00f3n realizada por el CTI y de la cual, ya se dijo, no justifica la demora tan prolongada que ha existido en el asunto sometido al escrutinio constitucional de esta Sala; ello pues, ninguna alusi\u00f3n hizo la juzgadora a la existencia de turnos precedentes que hayan conllevado a la demora, tampoco hizo alusi\u00f3n a la carga excesiva de expedientes ni alguna otra circunstancia que haga justificable el descuido presentado\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, determin\u00f3 que \u00abresultaba evidentemente viable la intervenci\u00f3n de esta Sala en sede constitucional, para reivindicar el derecho al debido proceso y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia; para ordenar a la juzgadora que ene un t\u00e9rmino prudente, imprima los tr\u00e1mites que resulten necesarios para que emita sentencia en un t\u00e9rmino que no exceda de 20 d\u00edas\u00bb16. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La presentaron los se\u00f1ores Jos\u00e9 Manuel y Gustavo Adolfo Quiroz Vega, en la que manifestaron que si bien contestaron lo pertinente frente al escrito de tutela, tambi\u00e9n lo es que \u00ablos honorables magistrados, no estimaron, no valoraron, subestimaron e hicieron caso omiso a todas estas apreciaciones, resultando como consecuencia de ellos que han transgredido los verdaderos derechos de las v\u00edctimas que son haber adquirido un inmueble por sucesi\u00f3n testada, frente a una presunta e imaginaria pertenencia inexistente, en la que nunca se ha dado relaci\u00f3n material Poseedor-inmueble, ni el lleno de los requisitos axiol\u00f3gicos\u00bb17. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, el gestor pretende que se ordene al Juez Segundo Civil del Circuito de Barranquilla dictar sentencia dentro del juicio de pertenencia de radicado 2013-00115-00, por cuanto aduce una demora injustificada en la definici\u00f3n de la causa. <\/p>\n
2. La Corte ha indicado que la acci\u00f3n de tutela es el instrumento a trav\u00e9s del cual se busca el resguardo inmediato de los derechos fundamentales de las personas frente a la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de autoridades o incluso de particulares, en aquellos casos reglados en la ley. <\/p>\n
3. Pese a ello, es posible que en virtud de las \u00f3rdenes dictadas por el juez constitucional o en tr\u00e1nsito de los recursos presentados frente a dichas determinaciones, termine la infracci\u00f3n demandada. Lo cual, no configura el decaimiento de la protecci\u00f3n amparada, pues efectivamente el quebrantamiento existi\u00f3. <\/p>\n
4. Analizada la situaci\u00f3n planteada por el solicitante y el material probatorio aportado a la causa, La Sala advierte la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n impugnada. Ello, en la medida en que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla incurri\u00f3 en mora judicial injustificada, al no dictar la sentencia de primera instancia dentro del litigio debatido. Lo cual, ten\u00eda entidad suficiente para comprometer el derecho fundamental al debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
4.1. la Corte Constitucional en sentencias T-186 de 2007 y T 052 de 2018, ha reconocida que la mora judicial puede tener consecuencias respecto de la garant\u00eda constitucional al debido proceso, cuando quiera que pueda predicarse de la misma, que es infundada. <\/p>\n
Para establecer tal juicio, esa misma Corporaci\u00f3n ha establecido unos par\u00e1metros que permiten determinar razonablemente tal adjetivo. <\/p>\n
As\u00ed, se ha dicho, que la mora judicial injustificada se evidencia cuando: <\/p>\n
\u201c(i) se presenta un incumplimiento de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congesti\u00f3n judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisi\u00f3n en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial.\u201d (Sentencia T 186 de 2017) <\/p>\n
4.2. Lo anterior, se predica de la defensa ejercida por el juzgado querellado18, la cual se circunscribi\u00f3 exclusivamente a manifestar que el expediente desde el 17 de enero de 2020 y hasta el 30 de octubre de esa anualidad, se encontraba en custodia del CTI de la Fiscal\u00eda para su reproducci\u00f3n. <\/p>\n
De lo anotado, no es posible extraer con claridad las razones de la inactividad durante dicho lapso, toda vez que a folio 317 se verifica que el 29 de enero de esa anualidad, el estrado determin\u00f3 \u00ab[\u2026] c\u00famplase lo resuelto por el Tribunal Superior Sala Civil\u00bb. Y tambi\u00e9n, se evidencian sendos memoriales presentados por el extremo activo dentro de la causa en ese preciso interregno19. <\/p>\n
En ese orden, el tiempo de 10 meses, en que el proceso estuvo por fuera del Despacho, no resulta justificaci\u00f3n suficiente para no haberse pronunciado de fondo al interior de la tramitaci\u00f3n, pues ni siquiera dicho argumento alud\u00eda a una carga excesiva de expedientes o que el orden de fallos en esa dependencia correspondiera a turnos para emitir las decisiones, y que eventualmente pudiera convalidarse por el funcionario atacado. <\/p>\n
4.3. En tal sentido, se observa que el 12 de noviembre de 2020, la Sala de Decisi\u00f3n Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla concedi\u00f3 los derechos conculcados, y por ello orden\u00f3 a la juez atacada \u00ab\u2026que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo, imprima los tr\u00e1mites necesarios para que en un plazo que no exceda de veinte (20) d\u00edas, emita sentencia dentro del proceso de pertenencia radicado bajo el n\u00b0. \u00fanico 08-001-31-03-002-2013-00115-01\u00bb. <\/p>\n
En cumplimiento de esa determinaci\u00f3n, el Despacho cuestionado el 14 de diciembre de la pasada anualidad, profiri\u00f3 la decisi\u00f3n pretendida en esta oportunidad. <\/p>\n
No obstante lo anterior, debe precisarse que, si bien la omisi\u00f3n denunciada fue conjurada, no es posible variar la decisi\u00f3n emitida en su contra. Esto, porque de dicha situaci\u00f3n no puede predicarse la \u00abcesaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n impugnada\u00bb, ya que el problema generador del ruego debe ser dirimido antes de que el juez constitucional lo defina. De lo contrario, cualquier medida adoptada con ese prop\u00f3sito lo ser\u00e1 en cumplimiento del veredicto correspondiente. <\/p>\n
Sobre el punto, la Sala ha recordado que: <\/p>\n
Sin embargo, y pese a que tal situaci\u00f3n podr\u00eda entenderse como una carencia actual de objeto al haberse atendido el fin \u00faltimo de la tutela, \u00e9sta solo se da cuando en el intervalo comprendido entre la interposici\u00f3n del resguardo y el fallo se supera la amenaza o vulneraci\u00f3n del derecho cuya protecci\u00f3n se pretende. <\/p>\n
Por lo tanto, no es posible declarar que en este evento se presenta tal presupuesto, pues se reitera, la correcci\u00f3n o resarcimiento de la afectaci\u00f3n debi\u00f3 suceder antes de que se emitiera la decisi\u00f3n objeto de impugnaci\u00f3n, mas no con ocasi\u00f3n al cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas por el juez de primer grado. <\/p>\n
Tampoco puede hablarse de la configuraci\u00f3n de un hecho superado, pues la definici\u00f3n de fecha para la entrega obedeci\u00f3 al acatamiento de la sentencia del a quo, es decir la supuesta infracci\u00f3n a los derechos fundamentales ces\u00f3 \u00fanicamente en observancia de dicha providencia (\u2026). (STC2325-2019, reiterado en STC6906-2020, 4 sept, radicado 2020-00230-01). <\/p>\n
5. Las razones expuestas, son suficientes para concluir que el amparo pretendido estaba dirigido a la prosperidad, y por ello se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Fl. 54 del expediente digitalizado. <\/p>\n
2\u0002 Fl. 39 ibidem <\/p>\n
3\u0002 Fl. 68 ibidem <\/p>\n
4\u0002 Fl. 141 ibidem <\/p>\n
5\u0002 Fls. 146-147 ibidem <\/p>\n
6\u0002 Fl. 151 ibidem. Oficio notifica fallo. <\/p>\n
7\u0002 Fls. 176 a 185 ibidem <\/p>\n
8\u0002 Fls. 153 a 154 \u00eddem <\/p>\n
9\u0002 Fl. 192. <\/p>\n
11\u0002 Fls. 309 a 312. <\/p>\n
12\u0002 Fl. 326 a 329. <\/p>\n
13\u0002 Fls. 339 a 340. <\/p>\n
14\u0002 Fls. 361 a 362. <\/p>\n
15\u0002 Fls. 370 a 373. <\/p>\n
16\u0002 Fls. 388 a 395 ibidem. <\/p>\n
17\u0002 Fls. 406 a 407 ibidem. <\/p>\n
18\u0002 Fls. 339 a 340. <\/p>\n
19\u0002 Consulta de procesos. www.ramajudicial.gov.co. Consultado el 20 de enero de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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