STC416-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC416-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2020-00839-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Dirime la Corte la tutela que Milton Fern\u00e1ndez Grey le instaur\u00f3 a las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Superior de la Judicatura y Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar, extensiva a los intervinientes en el decurso opugnado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor acudi\u00f3 a este remedio excepcional para reclamar la protecci\u00f3n de su derecho al \u00abdebido proceso disciplinario\u00bb y exigir que se ordenara \u00abdejar sin efecto alguno las sentencias de los dos \u00f3rganos jurisdiccionales\u00bb para que \u00abdicten una nueva que contenga las bases primordiales que se indiquen en la sentencia y omitan todo aquello que sacrifica [sus] derechos constitucionales\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, pidi\u00f3 que en el evento en que se determine la existencia de un \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb, se \u00abdeje sin valor y efecto la mal llamada decisi\u00f3n del cinco (5) de agosto de dos mil veinte (2020) y, en su lugar, se ordene dictar otra por el nuevo organismo judicial creado por el Acto Legislativo 02 de 2015 denominado Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial\u00bb que siga los lineamientos que al efecto se expongan en este fallo. <\/p>\n
Como sustento esencial destac\u00f3 que Jos\u00e9 del Carmen Vega T\u00e1mara lo denunci\u00f3 ante el \u00abConsejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar\u00bb, cuya Sala Disciplinaria le imput\u00f3 pliego de cargos por la trasgresi\u00f3n del deber previsto en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 28 de la Ley 1123 de 2007 y la presunta falta descrita en el ordinal 4\u00ba del canon 35 de esa misma normativa (1\u00ba nov. 2016). <\/p>\n
Asegur\u00f3 que pese a que estaba desvirtuada la \u00abexistencia [del] contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales\u00bb que lo vinculaba con el pensionado inconforme, el \u00f3rgano de primer grado se\u00f1al\u00f3 que estaba acreditada la \u00abmaterialidad de la conducta enrostrada\u00bb y su \u00abresponsabilidad (\u2026) m\u00e1s all\u00e1 de cualquier duda razonable\u00bb en la injustificada \u00abretenci\u00f3n\u00bb de \u00ab$21.391.272\u00bb, recibidos \u00aben virtud de la gesti\u00f3n profesional\u00bb, que pertenec\u00edan a \u00abJos\u00e9 del Carmen Vega T\u00e1mara\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que con ese fundamento el a quo lo castig\u00f3 con \u00absuspensi\u00f3n de dos (2) a\u00f1os en el ejercicio de [su] profesi\u00f3n\u00bb y \u00abmulta de 25 S.M.M.L.V\u00bb (9 nov. 2017), determinaci\u00f3n que ratific\u00f3 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante \u00abdecisi\u00f3n final\u00bb emitida el 5 de agosto de 2020, de cuya \u00abexistencia\u00bb se enter\u00f3 hasta el 10 de noviembre siguiente, gracias a una \u00abtutela\u00bb que present\u00f3 para conocer su contenido. <\/p>\n
Adujo que los falladores carec\u00edan de \u00abcompetencia funcional\u00bb para adelantar esa investigaci\u00f3n, comoquiera que su relaci\u00f3n con el querellante era de \u00edndole estrictamente \u00abcontractual\u00bb, ajena a la \u00ab\u00f3rbita del derecho disciplinario\u00bb, lo que daba lugar a la \u00abterminaci\u00f3n anticipada de las diligencias (\u2026) no una sentencia de responsabilidad\u00bb como la impuesta. En ese punto, aleg\u00f3 que el poder que recibi\u00f3 fue para adelantar una gesti\u00f3n ante la Gobernaci\u00f3n de Bol\u00edvar que ya estaba \u00abconsumada\u00bb y aunque se \u00abnotific\u00f3\u00bb del acto administrativo de reconocimiento pensional, tal conducta la realiz\u00f3 como \u00abcesionario\u00bb del beneficiario, quien adem\u00e1s lo \u00abautoriz\u00f3\u00bb para \u00abrecibir\u00bb en su cuenta bancaria el porcentaje de dinero que le pudiera corresponder, hechos que no se valoraron adecuadamente. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, denunci\u00f3 la existencia de un defecto org\u00e1nico propiciado por el \u00abmagistrado sustanciador\u00bb y por quien \u00abpresidi\u00f3 la sala de decisi\u00f3n y dirigi\u00f3 las deliberaciones\u00bb, dado que para esa fecha (5 ag. 2020) y cumplido su \u00abperiodo constitucional\u00bb, ya no ostentaban esa dignidad, raz\u00f3n que lo llevo a afirmar que la \u00abllamada sentencia que se dice se dict\u00f3 para definir la alzada (\u2026) es absolutamente inexistente [y] no produce ning\u00fan efecto legal\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Bol\u00edvar se opuso a la prosperidad del resguardo y defendi\u00f3 la legalidad de lo confutado. <\/p>\n
Para la fecha en la que se sent\u00f3 este proyecto no se registraban m\u00e1s r\u00e9plicas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como aspecto preliminar, es importante anunciar que la Corte restringir\u00e1 su an\u00e1lisis a la resoluci\u00f3n por medio de la cual la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura zanj\u00f3 la apelaci\u00f3n que propuso el disciplinado (5 ag. 2020), pues al margen de los reparos que enfil\u00f3 contra el desempe\u00f1o de la sede primigenia (9 nov. 2017), ser\u00eda inane detenerse en la confrontaci\u00f3n de hechos y argumentos similares a los que en su momento fueron \u00absometidos a la controversia que legalmente les corresponde ante el juez natural (\u2026) so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC14012-2015. Reiterada en STC2377-2018). <\/p>\n
2. Hecha esta observaci\u00f3n, vale recordar que constituye regla invariable la \u00abimprocedencia\u00ab de este instrumento residual y sumario para disentir o revisar las resoluciones jurisdiccionales, sendero especial que tan s\u00f3lo se abre paso cuando quien dispensa justicia socava o pone en riesgo las garant\u00edas superiores de los litigantes, es decir, frente a un obrar a todas luces arbitrario, grosero o ajeno a la ley, toda vez que no cualquier animadversi\u00f3n tiene la virtualidad de quebrantar la autonom\u00eda e independencia que el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica le reconoce a los juzgadores. <\/p>\n
As\u00ed lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s esta Corte, al advertir que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y, menos a\u00fan, \u00abacometer, bajo ese pretexto, (\u2026) una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (ST 7 mar. 2008. Rad. 2007-00514-01), si se tiene en cuenta que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ST 28 mar. 2012. Rad. 2012-00022-01). <\/p>\n
3. Con esta perspectiva, la revisi\u00f3n del plenario sometido al escrutinio de esta Sala muy pronto permite afirmar que el veredicto que desde\u00f1\u00f3 la \u00abnulidad invocada por el disciplinado\u00bb y ratific\u00f3 la \u00absuspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n por el t\u00e9rmino de dos (2) a\u00f1os\u00bb y la \u00abmulta\u00bb impuesta (5 ag. 2020) no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
Por el contrario, lo que se avizora es una adecuada labor de verificaci\u00f3n del comportamiento desplegado por el demandado en la causa \u00abdisciplinaria\u00bb, as\u00ed como de la conducta que motiv\u00f3 la queja instaurada en su contra por Jos\u00e9 del Carmen Vega T\u00e1mara, todo lo cual llev\u00f3 al ad quem a avalar el tr\u00e1mite surtido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Bol\u00edvar (Exp. 2015 00055), a respaldar su raciocinio y la punici\u00f3n objetadas (9 nov. 2017). <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que la Magistratura censurada parti\u00f3 reafirmando su \u00abcompetencia\u00bb para definir el asunto, acorde con las previsiones de los \u00abart\u00edculos 256 numeral 3\u00b0 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; 112 numeral 4\u00b0 de la Ley 270 de 1996, y 59 numeral 1\u00ba de la Ley 1123 de 2007\u00bb y resalt\u00f3 que al margen de la \u00absupresi\u00f3n del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb que trajo consigo el \u00abActo Legislativo 02 del 1\u00b0 de julio de 2015\u00bb, hizo notar que los c\u00e1nones 18 y 19 de esta normativa, \u00abestableci\u00f3 medidas transitorias con el fin de garantizar la continuidad en el ejercicio de las funciones que se encontraban a su cargo\u00bb, una de estas permitir que los \u00abactuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb ejercieran sus funciones \u00abhasta el d\u00eda que se posesionen los miembros de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial\u00bb, postura que, seg\u00fan expres\u00f3, fue ratificada por la \u00abSala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior cobra especial relevancia de cara al nov\u00edsimo reparo que vino a plantear el censor en sede de \u00abtutela\u00bb, relacionado con ese puntual t\u00f3pico, que convenientemente omiti\u00f3 al momento de radicar su escrito de \u00abapelaci\u00f3n\u00bb, al restringir su pedimento de anulaci\u00f3n a la \u00abinadecuada notificaci\u00f3n\u00bb de la fecha en que deb\u00eda celebrarse la \u00abaudiencia de juzgamiento\u00bb, la carencia de una \u00abadecuada defensa t\u00e9cnica\u00bb, la indebida \u00abimputaci\u00f3n\u00bb de cargos y la inapropiada \u00abrenuncia\u00bb del Instructor a las pruebas solicitadas. No obstante, nada dijo all\u00ed sobre el hipot\u00e9tico yerro \u00aborg\u00e1nico\u00bb que hoy le enrostra a la encargada de solventar sus r\u00e9plicas y que tampoco aleg\u00f3 con posterioridad, pese a las herramientas id\u00f3neas que le otorgaba el Legislador (cfr. arts. 98 y s.s. Ley 1123 de 2007). <\/p>\n
Y debe destacarse que una vez superado el examen de las evidencias que descartaban los \u00fanicos vicios de invalidez sometidos a su escrutinio, la Colegiatura enjuiciada abord\u00f3 el an\u00e1lisis del \u00abeje central de la impugnaci\u00f3n\u00bb, atinente al grado de convicci\u00f3n que ofrec\u00edan los elementos suasorios recaudados en relaci\u00f3n con el \u00abtipo disciplinario endilgado al doctor Milton Fern\u00e1ndez Gray (sic)\u00bb, previsto en el \u00abnumeral 4\u00b0 del art\u00edculo 35 de la Ley 1123 de 2007\u00bb, seg\u00fan el cual constituye falta a la \u00abhonradez del abogado (\u2026) no entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gesti\u00f3n profesional, o demorar la comunicaci\u00f3n de este recibo\u00bb. <\/p>\n
En esa labor, el juez plural evoc\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
En declaraci\u00f3n, el se\u00f1or Jos\u00e9 del Carmen Vega Tamara, bajo la gravedad de juramento se ratific\u00f3 de los hechos expuestos en la queja advirtiendo que en efecto contrat\u00f3 con el encartado para el cobro de unos dineros adeudados a su favor en la Gobernaci\u00f3n de Bol\u00edvar, para lo cual inicialmente pacto como honorarios una cuota litis del 30%, pero que luego por presi\u00f3n del disciplinable accedi\u00f3 a reconocer el 50%, afirmando que convino con este profesional en leyes porque fue recomendado al tener relaciones sociales en dicha entidad que le permitir\u00edan un desenlace favorable a sus pretensiones, no obstante, en el trascurso de la gesti\u00f3n y una vez advirti\u00f3 que ya hab\u00edan sido desembolsado m\u00e1s de $68.000.000 requiri\u00f3 a su poderdante para que le entregara lo correspondiente a sus intereses, pero este solo le entreg\u00f3 la suma de $13.000.000, en dos contados y se rehus\u00f3 a darle el remanente bajo la premisa de que para tal efecto debi\u00f3 repartir el dinero en varias personas, algunas vinculadas a la entidad y otros particulares, de lo cual el no da fe. <\/p>\n
Asimismo, en la diligencia de versi\u00f3n libre el enjuiciado aport\u00f3 al dossier dos constancias de pago adiadas 17 de octubre y 5 de noviembre de 2014, una por $10.000.000 y la otra por $3.000.000, esto luego de que en su intervenci\u00f3n no desconociera que particip\u00f3 en los hechos denunciados y que realmente seg\u00fan su dicho en ese momento tuvo que repartir el dinero obtenido producto de su gesti\u00f3n en terceras personas, a fin de agilizar el pago de esos emolumentos, por lo que seg\u00fan su dicho cont\u00f3 con la autorizaci\u00f3n del quejoso para todo ello (\u2026). <\/p>\n
Por otra parte, se recibi\u00f3 declaraci\u00f3n de Rafael Villa Cabarcas, quien ratific\u00f3 lo expuesto por el quejoso, lo cual no se aparta de lo narrado a groso modo por el enjuiciado, al indicar que solamente le entreg\u00f3 el disciplinable al se\u00f1or Vega Tamara, la suma de $13.000.000, cuando lo percibido ascend\u00eda a un monto mayor de $68.000.000. <\/p>\n
Continuando con esta l\u00ednea valorativa, se tiene que el querellante otorg\u00f3 poder amplio y suficiente al doctor Milton Fern\u00e1ndez Grey, el 25 de septiembre de 2014, obrante a folio 6, para que este lo representara ante la Gobernaci\u00f3n de Bol\u00edvar, en el cobro de varios reajustes que el departamento le adeudaba por ser este Jubilado sustituto de la Finada Bertha Crismatt. <\/p>\n
Se aport\u00f3 al infolio contrato de cesi\u00f3n de cr\u00e9dito en el cual el se\u00f1or Jos\u00e9 del Carmen Vega T\u00e1mara cede el 50% de los valores que por conceptos de mesadas pensi\u00f3nales retroactivas se pudieran cancelar en su favor, al abogado Milton Fern\u00e1ndez Grey. Y de esta forma tambi\u00e9n autoriz\u00f3 a que los dineros objeto de la gesti\u00f3n se entregara solamente al abogado disciplinado, tal como se encuentra probado a folio 4 del cuaderno original (\u2026). <\/p>\n
De este modo, se logr\u00f3 demostrar a criterio de la primera instancia y tambi\u00e9n a juicio de esta Corporaci\u00f3n, que el d\u00eda 10 de octubre de 2014 en la cuenta de ahorros No. 823790691 cuya titularidad recae en el doctor Milton Fern\u00e1ndez Grey, se efectu\u00f3 una transacci\u00f3n de cr\u00e9dito con la descripci\u00f3n \u00abCRE PAGO PROVEEDOR NOVD AUTOM SISTEMA\u00bb por el valor de $68.782.544. Ese valor se transfiri\u00f3 desde la cuenta numero 82276714 denominada \u00abcuenta pagadora\u00bb perteneciente al Departamento de Bol\u00edvar. De conformidad con las certificaciones allegadas por el Banco Av. Villas. <\/p>\n
Por \u00faltimo, y como se indic\u00f3 en el fallo censurado se avizora que debido a que la suma entregada por el jurista Milton Fern\u00e1ndez Grey era de $13.000.000, lo cual no era lo correspondiente toda vez que de acuerdo al contrato de Cesi\u00f3n suscrito entre las partes, al querellante le pertenec\u00eda 50%, los cuales ser\u00edan 34.391.272 y no lo que recibi\u00f3 de manos del hoy enjuiciado, por tal raz\u00f3n elevo reclamo ante el togado, para que procediera a devolver los $21,391.272 que estaba reteniendo injustamente, el cual se itera respondi\u00f3 de forma negativa. <\/p>\n
Entonces, observa la Sala que el cardumen probatorio conduce a una conclusi\u00f3n y es que el abogado Fern\u00e1ndez Grey fue apoderado legal del quejoso al interior del tr\u00e1mite adelantado ante el Fondo Territorial de Pensiones de la Gobernaci\u00f3n de Bol\u00edvar, en el cual, se reconoce y cancela la suma de $68.782.544, a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 1337 del 25 de septiembre de 2014, dineros que fueron consignados a la cuenta de ahorros del disciplinable, de los cuales en sus alegatos de alzada no argumenta una situaci\u00f3n contraria a la ya expuesta, pues su tesis defensiva se finca en se\u00f1alar que no tramit\u00f3 tal gesti\u00f3n, cuando lo cierto es que las pruebas indican todo lo contrario, con lo cual queda comprobado con grado de certeza la comisi\u00f3n del injusto disciplinario endilgado, m\u00e1s cuando los soportes que allega a su apelaci\u00f3n, pese a que no son objeto de an\u00e1lisis por parte de esta Judicatura al ser incorporados al expediente de forma extempor\u00e1nea, no desdibujan la realidad de los hechos. <\/p>\n
Por otra parte, se advierte que pese a que la mayor\u00eda de la documental arrimada por el quejoso son copias simples, las mismas no fueron objeto de tacha por el investigado en su momento, raz\u00f3n por la cual esta Judicatura dar\u00e1 plena credibilidad a dicho infolio al no avizorarse cuestionamiento justificable que exija colegir un an\u00e1lisis distinto al contenido del mismo, y de los cuales se presume su legalidad, por ende que de dicho contenido se evidencia adem\u00e1s de la relaci\u00f3n cliente \u2013 abogado entre el quejoso y el disciplinado, el claro mandato otorgado y los dineros que producto de ello percibi\u00f3 el profesional del derecho, de los cuales no hizo entrega total al mandante. <\/p>\n
Es importante tambi\u00e9n resaltar que el recurrente propuso la hip\u00f3tesis en la cual el no adelant\u00f3 la gesti\u00f3n denunciada, pero olvida el hecho de que fue el mismo quien arrimo los soportes de pago al quejoso de las sumas de $13.000.000, documental que no puede pasar de alto esta Judicatura y que acredita lo expuesto por los testigos y el denunciante, torn\u00e1ndose innecesaria la prueba por solicitada por el investigado que predica relevante en este diligenciamiento, cual es acreditar si el poder otorgado alcanz\u00f3 o no los efectos queridos, siendo evidente que s\u00ed, pues no puede colegir esta Instancia un escenario distinto al expuesto por el a quo (\u2026). <\/p>\n
Bajo tales planteamientos, surge como probable la tesis ultimada por la primera instancia, la cual, esta soportada en los medios de convicci\u00f3n antes enunciados, y siendo que el objeto de la apelaci\u00f3n se limita a solicitar un nuevo an\u00e1lisis probatorio, esta Superioridad considera que est\u00e1n dados los elementos necesarios para proferir fallo sancionatorio, sin que se aviste duda alguna que permita a esta instancia suponer al menos el principio del in dubio pro disciplinado en favor del letrado Fern\u00e1ndez Grey (Destaca la Sala). <\/p>\n
En este punto debe indicarse que al margen que el opugnante compartan tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, producto como son de una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de los mandatos contenidos en la Ley 1123 de 2007, avalada por el contexto particular que revelaba el infolio, de suerte que no puede servirse v\u00e1lidamente de la acci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica para atacar los prove\u00eddos de los que disiente y tampoco aspirar a que se le d\u00e9 prevalencia a su propio criterio sobre el de las sedes inculpadas, pues, <\/p>\n
[i]ndependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales (CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, rad. 2012-00245-01, citado en STC15884-2018). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que esta herramienta \u00abno est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (CSJ STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC,9232-2018). <\/p>\n
4. Son estas breves razones las que determinan la impertinencia de la salvaguarda suplicada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela incoada por Milton Fern\u00e1ndez Grey contra las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Superior de la Judicatura y Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes y dem\u00e1s interesados por el medio m\u00e1s expedito y, si este fallo no es impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC416-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente STC416-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2020-00839-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021). Dirime la Corte la tutela que Milton Fern\u00e1ndez Grey le instaur\u00f3 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53238","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53238","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53238"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53238\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53238"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53238"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53238"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}