STC433-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC433-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2020-00364-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 20 de noviembre de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Berna Mar\u00eda Palacios contra los Juzgados Doce Civil del Circuito de Medell\u00edn y Primero Civil del Circuito de Rionegro, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, dentro del proceso verbal de responsabilidad civil que junto con Betty del Carmen Palacios y otros, promovi\u00f3 contra SBS Seguros de Colombia S.A., la Empresa Transportadora Sotrasanvicente & Guatap\u00e9 La Piedra S.C.A., Jos\u00e9 Reinaldo Valencia Franco, y, Guillermo Le\u00f3n Villegas Vanegas. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene al Juzgado Doce Civil del Circuito de Medell\u00edn, \u00abrevo[car] el auto del 18 de agosto de 2020 (\u2026) bajo el entendido que la parte demandante en ejercicio de sus facultades procesales claramente le eligi\u00f3 como competente para conocer el proceso\u00bb, o de manera subsidiaria, que \u00abse revoque el auto interlocutorio No. 453 del 5 de octubre de 2020 que rechaz\u00f3 la demanda por la cuant\u00eda y que de este modo el Juez Primero Civil del Circuito de Rionegro active el conflicto negativo de competencia\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos, aduce en compendio, que debido a los perjuicios que le caus\u00f3 el accidente de tr\u00e1nsito en que estuvo involucrado un veh\u00edculo afiliado a la empresa de transporte demandada, el cual cubr\u00eda la ruta Medell\u00edn \u2013 San Vicente, le reclam\u00f3 indemnizaci\u00f3n a \u00e9sta, al conductor del veh\u00edculo, al propietario, y, a la aseguradora del rodante, mediante demanda que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Doce Civil del Circuito de Medell\u00edn, quien la rechaz\u00f3 el 19 de agosto de 2020 por falta de competencia territorial, ya que la ciudad no correspond\u00eda al domicilio de la empresa de transporte demandada, es decir, el Municipio de San Vicente, circuito judicial de Rionegro. <\/p>\n
Narra que solicit\u00f3 reponer la anterior decisi\u00f3n, pero su recurso fue rechazado por improcedente, por lo que el libelo fue remitido al reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Rionegro, siendo asignada al Primero, donde el 7 de octubre de ese mismo a\u00f1o tambi\u00e9n fue rechazado y remitido al Juzgado Promiscuo Civil Municipal de San Vicente, Antioquia, bajo el argumento que \u00ablas pretensiones de la demanda no exceden los 150 SMLMV\u00bb, conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 esa autoridad tras tener \u00abpor no v\u00e1lida ni procedente una pretensi\u00f3n indemnizatoria de la demanda en una especie de sentencia anticipada parcial\u00bb, al considerar que un pedimento por unos honorarios profesionales reclamados con sustento en la p\u00f3liza de seguro que explicaba la demanda contra la aseguradora, deb\u00eda ser dirimido por un juez laboral. <\/p>\n
Finalmente asevera, que la decisi\u00f3n del Juzgado Doce Civil del Circuito de Medell\u00edn de desprenderse de la demanda desconoci\u00f3 su voluntad, porque si bien es cierto que se confundi\u00f3 sobre el domicilio de la empresa de transporte, porque crey\u00f3 que estaba ubicado en la ciudad de Medell\u00edn y no en San Vicente, tambi\u00e9n lo es que, el escrito de demanda y el poder estaban dirigidos a los jueces de Medell\u00edn, donde tiene domicilio una de las sucursales de la aseguradora tambi\u00e9n demandada, situaci\u00f3n que al no poder subsanada con el retiro de la demanda, \u00abpor t\u00e9rminos, seg\u00fan algunas posturas sobre el contrato de transporte\u00bb, en su criterio, amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Doce Civil del Circuito de Medell\u00edn inform\u00f3, que rechaz\u00f3 la aludida demanda por competencia el 18 de agosto de 2020, por lo que el 9 de septiembre siguiente la remiti\u00f3 a los Juzgados Civiles del Circuito de Rionegro, Antioquia. <\/p>\n
b. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir la versi\u00f3n digital del expediente contentivo del proceso objeto de reproche. <\/p>\n
c. El Juzgado Promiscuo Municipal de San Vicente indic\u00f3 que la referida demanda est\u00e1 pendiente de calificaci\u00f3n. <\/p>\n
d. SBS Seguros de Colombia S.A., por intermedio de apoderado judicial, tras precisar que no ha sido notificada de la existencia del citado asunto, se\u00f1al\u00f3 que el an\u00e1lisis que hizo el Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro sobre la pretensi\u00f3n indemnizatoria de pago de honorarios, no pude considerarse un prejuzgamiento, porque lo cierto es que, al no recaer ese cobro sobre una tarifa fija, no puede tenerse en cuenta su monto para determinar la cuant\u00eda de la demanda; que contra el auto que rechaza la demanda s\u00ed proced\u00edan recursos, y que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, pues al margen del juez que conozca del litigio declarativo en comento, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia est\u00e1 garantizado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, tras considerar que \u00abauscultadas las providencias enjuiciadas, los juzgados accionados efectuaron un razonamiento suficiente de cara al presupuesto procesal de la acci\u00f3n; por cuanto la normativa procesal aplicable a este tipo de asunto, prev\u00e9 que las controversias ocasionadas en torno a la competencia ser\u00e1n \u2013 en principio-, dirimidas por los mismos funcionarios judiciales, facultando a quien recibe el proceso, seg\u00fan el caso, ya, asumir su conocimiento, ora remitirlo por competencia- como lo hizo, o suscitar conflicto. (\u2026) As\u00ed las cosas no luce caprichosa o antojadiza la determinaci\u00f3n adoptada por los estrados judiciales acusados, con independencia de que se comparta o no lo por ellos resuelto, toda vez que los argumentos que estos expusieron, consultaron las reglas m\u00ednimas de razonabilidad jur\u00eddica, propias de la labor hermen\u00e9utica del juez\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el promotor, haciendo \u00e9nfasis en similares argumentos a los expuestos en el escrito introductorio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura de la ciudadana Berna Mar\u00eda est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra i) el prove\u00eddo dictado el 18 de agosto de 2020 por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Medell\u00edn, a trav\u00e9s del cual se rechaz\u00f3 por falta de competencia territorial, la demanda verbal de responsabilidad civil que junto con Betty del Carmen Palacios y otros, aqu\u00e9lla promovi\u00f3 frente a la Empresa Transportadora Sotrasanvicente & Guatap\u00e9 La Piedra S.C.A. y otros; y, ii) frente a la decisi\u00f3n que en el mismo sentido profiri\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro el 5 de agosto subsiguiente, para remitir el asunto pero por el factor cuant\u00eda, al Juzgado Promiscuo Municipal de San Vicente, Antioquia, pues seg\u00fan su criterio, el conocimiento del asunto debi\u00f3 ser asumido por el primer Despacho judicial, conforme a su escogencia. <\/p>\n
3. Del an\u00e1lisis del expediente del proceso cuestionado realizado por el a quo constitucional, y las documentales digitales allegadas con la tutela, se extraen los siguientes hechos probados, a saber: <\/p>\n
3.1. Mediante la demanda en comento, se pretende declarar que los demandados \u00abson civil y solidariamente responsables de los perjuicios causados a los demandantes en virtud del accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 1 de abril de 2018\u00bb, y que se les condene, junto con la aseguradora demandada, el pago de la indemnizaci\u00f3n pretendida; el libelo una vez presentado, fue sometido al reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Medell\u00edn, porque seg\u00fan el ac\u00e1pite de \u00abcompetencia territorial\u00bb, el \u00abdomicilio de uno de los demandados Sotrasanvicente & Guatap\u00e9 La Piedra S.C.A. es Medell\u00edn\u00bb. <\/p>\n
3.2. Asignado el asunto al Juzgado Doce Civil del Circuito de la precitada ciudad, fue rechazado por falta de competencia territorial el 18 de agosto del a\u00f1o pasado, tras considerar que \u00abseg\u00fan la normatividad procesal, parte de la premisa electiva que tiene el demandante, quien, en el asunto de marras, se\u00f1al\u00f3 que la competencia estaba radicada en los Juzgados Civiles del Circuito de Medell\u00edn, ya que la Empresa Transportadora Sotrasanvicente & Guatap\u00e9 La Piedra S.C.A. ten\u00eda su domicilio en Medell\u00edn. Se insiste, seg\u00fan se desprende del ac\u00e1pite correspondiente a la \u201ccompetencia\u201d que obra en la demanda, el \u00fanico factor aducido por el demandante, para que sea competente este Despacho, es por el Domicilio de la Empresa Transportadora Sotrasanvicente & Guatap\u00e9 La Piedra S.C.A., de ah\u00ed que, observado el respectivo certificado de registro mercantil, debidamente allegado como anexo a la demanda, se concluye de su lectura que el domicilio de dicha demandada est\u00e1 en el Municipio de San Vicente, Antioquia. Adem\u00e1s, prec\u00edsese que los hechos base de esta acci\u00f3n ocurrieron en el municipio de Guarne \u2013 Antioquia (hecho 7\u00ba), motivo por el cual no es dable arribar a la conclusi\u00f3n que el sub-examine sea de un asunto ligado a una sucursal o agencia de esta, am\u00e9n que sobre el particular presupuesto nada se dijo, es m\u00e1s, claramente la voluntad del actor estuvo encaminada a enmarcar la competencia en lo establecido en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G. del P., \u201cEn los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del demandante (\u2026)\u201d en raz\u00f3n a Empresa Transportadora Sotrasanvicente & Guatap\u00e9 La Piedra S.C.A., aspecto que inclusive fue resaltado por la actora\u00bb, raz\u00f3n por la cual las diligencias fueron remitidas a los Juzgados Civiles del Circuito de Rionegro, Antioquia. <\/p>\n
3.3. Aunque la aqu\u00ed interesada interpuso reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n frente a lo determinados, dichos recursos fueron rechazados \u00abde plano\u00bb por improcedentes, en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto por el legislador en el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3.4. La demanda correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro, quien tambi\u00e9n rehus\u00f3 el conocimiento, bajo el argumento que \u00abla pretensi\u00f3n de la demanda registrada no excede los 150 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (\u2026). Lo anterior teniendo en cuenta que, los pedimentos elevados con relaci\u00f3n a los \u201chonorarios profesionales a cuota Litis por representaci\u00f3n judicial\u201d, a que se hace referencia en la pretensi\u00f3n No. 6, deber\u00e1 ser ventilada ante el juez laboral en aquel evento en que haya incumplimiento de contrato de prestaci\u00f3n de servicios a que se hace referencia. Adicionalmente, se conmina a la parte demandante para que acuda al contenido de los art\u00edculos 365 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso, y se le recuerda que a trav\u00e9s de las agencias en derecho se realizar\u00e1 la compensaci\u00f3n respectiva por los gastos de apoderamiento en que incurri\u00f3 la parte vencedora, valores que son decretados a favor de la parte y no de su representante judicial\u00bb; por lo que \u00abatendiendo a la regla de reparto elegida por los demandantes\u00bb, remiti\u00f3 el expediente al Juzgado Promiscuo Municipal de San Vicente Antioquia (reparto). <\/p>\n
3.5. El asunto fue recibido por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Vicente, Antioquia, donde se encuentra pendiente de evaluaci\u00f3n de admisibilidad. <\/p>\n
4. De conformidad con lo que precede, no cabe duda para la Sala acerca de la improcedencia del amparo reclamado, toda vez que lo resuelto lejos est\u00e1 de poder ser catalogado como arbitrario o antojadizo, situaci\u00f3n que impide al juez constitucional intervenir para invalidar o siquiera modificar la decisi\u00f3n. <\/p>\n
5. De este modo, no cabe duda que, a diferencia de lo considerado por la promotora del resguardo lo decidido emergi\u00f3 del razonable entendimiento de las normas procesales que rigen la materia, por lo que el mero disentimiento expuesto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez de tutela, con independencia de si se comparte o no el particular an\u00e1lisis realizado al caso, situaci\u00f3n que descarta la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso alegada, a la par que deja en evidencia que la garant\u00eda de acceso a la administraci\u00f3n de justicia tambi\u00e9n ha sido respetada, pues, es claro que no se ha negado a la accionante de forma injustificada someter su ruego al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n, lo que, en suma, impide que se conceda la protecci\u00f3n pretendida, tanto de forma principal como subsidiaria, m\u00e1xime cuando la sola divergencia conceptual, o el no compartir el sentido de la decisi\u00f3n anotada, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues, como lo ha se\u00f1alado invariablemente la Sala de tiempo atr\u00e1s, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC825-2020). <\/p>\n
6. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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