STC434-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC434-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2020-0237-01 <\/p>\n
ACUMULADA A 54001-22-13-000-2020-00241-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2020). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de noviembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de las acciones de tutela acumuladas promovidas por Mery Zabala Gonz\u00e1lez y Cecilia Gonz\u00e1lez de Zabala1, contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Los Patios, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Villa del Rosario, as\u00ed como la parte activa y dem\u00e1s intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las accionantes reclaman la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con la sentencia de segunda instancia emitida el 28 de abril de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela que la sociedad Mapecase S.A.S. promovi\u00f3 frente a la Alcald\u00eda Municipal de Villa del Rosario, la Secretar\u00eda de Control Urbano e Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda, ambos de dicha localidad, y, los herederos del causante Avelino Zabala Ayala, con radicado No. 2020-00063-00. <\/p>\n
Solicitan entonces de manera concreta, para salvaguardar su debido proceso, que se ordene al Juzgado Promiscuo de Familia de Los Patios, dejar sin efecto y valor la aludida providencia, y que como consecuencia de ello, \u00abSUSPEND[A] los efectos de la Resoluci\u00f3n 1019 de 16\/10\/2020, en especial el punto tres del resuelve\u00bb, y, proceda a emitir un nuevo pronunciamiento realizando \u00abun estudio a fondo de los t\u00edtulos traslativos de la propiedad y las pruebas aportadas por las partes\u00bb2. <\/p>\n
2. Como soporte f\u00e1ctico de lo reclamado y en cuanto interesa para la definici\u00f3n del asunto3, aducen en lo esencial las actoras, que su difunto padre y esposo, respectivamente, adquiri\u00f3 a trav\u00e9s de compraventa un lote de terreno de 9.125 m2, el cual se identifica con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 260-2546 y la c\u00e9dula catastral No. 01-02-321-0001-000, el cual explot\u00f3 por m\u00e1s de 27 a\u00f1os hasta el d\u00eda de su deceso. <\/p>\n
Asevera que arbitrariamente la sociedad Mapecase SAS realiz\u00f3 un cercamiento del citado terreno, hecho al cual se opusieron junto a sus dem\u00e1s familiares, lo que motiv\u00f3 que la aludida compa\u00f1\u00eda presentara una querella por perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n, la cual no prosper\u00f3, ya que se consider\u00f3 que no hab\u00eda claridad sobre la propiedad del predio objeto de controversia, en la medida que la parte interesada alleg\u00f3 como prueba de la titularidad del derecho de dominio el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 260-328021, motivo por el cual dicho conflicto deb\u00eda ser discutido ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria civil. <\/p>\n
Refiere que la parte vencida, inconforme con lo resuelto por la Alcald\u00eda de Villa del Rosario en segunda instancia dentro del mentado tr\u00e1mite policivo, promovi\u00f3 la acci\u00f3n constitucional referida en p\u00e1rrafos precedentes, la cual correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de esa misma localidad, quien mediante fallo del 26 de marzo de 2020 neg\u00f3 el amparo rogado; sin embargo, en virtud del recurso de impugnaci\u00f3n formulado por la interesada, el Juzgado Promiscuo de Familia de Los Patios revoc\u00f3 lo decidido a trav\u00e9s de providencia del 28 de abril siguiente, para en su lugar, acceder al auxilio suplicado, por lo que orden\u00f3 a la parte accionada que resolviera nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n presentado por la querellante frente a la decisi\u00f3n adoptada por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de la aludida municipalidad, lo cual hizo dicha autoridad al expedir la resoluci\u00f3n No. 1019 del pasado 16 de octubre, por medio de la cual accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n de la posesi\u00f3n instada, y en consecuencia, orden\u00f3 a ellas y a sus dem\u00e1s familiares desalojar el susodicho bien inmueble. <\/p>\n
Finalmente sostienen, que la decisi\u00f3n adoptada por el estrado judicial accionado no tuvo en cuenta lo se\u00f1alado por las autoridades accionadas para negar el amparo policivo, esto es, que la sociedad querellante nunca demostr\u00f3 ser la propietaria del lote de terreno del causante Avelino Zabala Ayala, menos a\u00fan haberlo pose\u00eddo, pues omiti\u00f3 realizar el estudio de los t\u00edtulos aportados por las partes, circunstancia que, dicen, tornan procedente el reclamo que elevan a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n4. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Juez Primero Promiscuo Municipal de Villa del Rosario, luego de memorar las actuaciones que se surtieron con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela cuestionada, pidi\u00f3 declarar improcedente el resguardo implorado, comoquiera que no ha vulnerado derecho fundamental alguno a las parte e intervinientes de la citada actuaci\u00f3n5. <\/p>\n
b. El titular del Juzgado Promiscuo de Familia de Los Patios se limit\u00f3 a se\u00f1alar, que en ese despacho se tramit\u00f3 la cuesti\u00f3n sin emitir pronunciamiento frente a lo pretendido por las accionantes6. <\/p>\n
c. El representante legal de la sociedad Mapecase S.A.S. se opuso al \u00e9xito del amparo rogado, con sustento en que en el presente caso no est\u00e1n reunidos los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela7. <\/p>\n
d. El Secretario de Gobierno de la Alcald\u00eda de Villa del Rosario solicit\u00f3 denegar la salvaguarda deprecada, con fundamento en que no ha conculcado ninguna garant\u00eda superior a las tutelantes8. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada en las demandas de tutela acumuladas, tras considerar que \u00abno re\u00fanen los requisitos generales de procedencia\u00bb, dado que \u00ablas alegaciones del escrito genitor en una serie de defectos relacionados con el an\u00e1lisis probatorio por parte del Juzgado de Familia de Los Patios a la hora de emitir el fallo de segunda instancia dentro de la acci\u00f3n de tutela radicado No. 54874-4089-001-2020-00063-00, pero no se se\u00f1ala, menos a\u00fan se demuestra, la ocurrencia de un fraude\u00bb, y como se sabe, \u00abla acci\u00f3n de resguardo constitucional frente a sentencias de tutela es improcedente\u00bb9. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La parte accionante replic\u00f3 el fallo anterior, insistiendo en los argumentos que expuso como sustent\u00f3 de la queja constitucional10. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. Aqu\u00ed, tras realizar el correspondiente escrutinio a las demandas de resguardo constitucional instauradas por las se\u00f1oras Mery Zabala Gonz\u00e1lez y Cecilia Gonz\u00e1lez de Zabala, se revela sin asomo de duda que la misma debe desestimarse, habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, su objetivo es atacar la sentencia proferida el 28 de abril de 2020 por el Juzgado Promiscuo de Familia de Los Patios, dentro de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente que hace poco promovi\u00f3 la sociedad Mapecase SAS frente a la Alcald\u00eda Municipal de Villa del Rosario, la Secretar\u00eda de Control Urbano e Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda, ambos de dicha localidad, y, los herederos del causante Avelino Zabala Ayala, con radicado No. 2020-00063-0011, que revoc\u00f3 la negativa de la concesi\u00f3n del amparo dispuesta por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Villa del Rosario, para en su lugar, acceder al mismo, y en consecuencia, ordenar a la mentada alcald\u00eda resolver nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n formulado por la compa\u00f1\u00eda accionante contra la decisi\u00f3n adoptada por la aludida inspecci\u00f3n de polic\u00eda al interior del tr\u00e1mite policivo de perturbaci\u00f3n de la posesi\u00f3n que \u00e9sta inici\u00f3 frente a las accionantes y dem\u00e1s familiares, cuesti\u00f3n que comporta se\u00f1alar, desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, am\u00e9n que no se evidencia la ocurrencia de la hip\u00f3tesis prevista en el punto 4.6.2.2. de la providencia citada l\u00edneas atr\u00e1s, esto es, el \u201cfen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta\u201d, para que de manera excepcional\u00edsima se autorice la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela. <\/p>\n
4. Por otro lado, t\u00e9ngase en cuenta adem\u00e1s, que la jurisprudencia constitucional ha insistido en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, no es un nuevo instrumento de la misma naturaleza el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, toda vez que con ese fin el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional, escenario donde la parte interesada podr\u00e1, seg\u00fan el caso, acudir al recurso de insistencia previsto en el art\u00edculo 33 del citado decreto12, para pedir a dicha Corporaci\u00f3n su escogencia, \u00fanicos mecanismos procesales que pueden interponerse o solicitarse ante los funcionarios habilitados para el efecto. <\/p>\n
En este sentido, la Sala ha se\u00f1alado que proceder de esta manera \u00abevita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ STC6711-2020). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo controvertido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Con radicado No. 54001-2213-000-2020-0241-00. <\/p>\n
2 De acuerdo con las demandas de tutela acopiadas al archivo digital contentivo de la actuaci\u00f3n surtida en primera instancia. <\/p>\n
3 Teniendo en cuenta que el Juez constitucional de instancia con el auto admisorio de tales escritos escindi\u00f3 la queja enrostrada contra la Alcald\u00eda Municipal de Villa del Rosario y la sociedad Mapecase S.A.S., la cual remiti\u00f3 a los Juzgados Municipales (reparto). <\/p>\n
4 Ejusdem. <\/p>\n
5 Informe anexo al mentado archivo digital. <\/p>\n
6 Cit. <\/p>\n
7 Ib\u00eddem. <\/p>\n
8 Cfr. <\/p>\n
9 Ejusdem. <\/p>\n
10 Ob. <\/p>\n
11 Providencia que hace parte del expediente en copia digital mencionado. <\/p>\n
12 Reglamentado en el Acuerdo No 05 de 1992, emanado de la Corte Constitucional. <\/p>\n
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