STC437-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC437-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01348-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 de septiembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ernesto S\u00e1nchez Vaquiro y Hugo Mauricio Ossa Calder\u00f3n, contra la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Florencia y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bel\u00e9n de los Andaqu\u00edes, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto penal a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores del amparo reclaman la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a la \u00abdebida aplicaci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades judiciales accionadas, con ocasi\u00f3n de la causa judicial seguida en su contra. <\/p>\n
Reclaman, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene a la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Florencia, \u00abdecret[ar], como decisi\u00f3n de reemplazo, la nueva tasaci\u00f3n conforme a las correcciones legales y constitucionales que reglan el procedimiento respectivo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para respaldar su queja exponen, en s\u00edntesis, que mediante sentencia del 24 de febrero de 2010, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bel\u00e9n de los Andaqu\u00edes los conden\u00f3 a la pena principal de \u00ab21 a\u00f1os\u00bb de prisi\u00f3n, luego de que aceptaran la comisi\u00f3n de los delitos de \u00abtr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte armas de fuego o municiones, hurto calificado y agravado, acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir y utilizaci\u00f3n ilegal de uniformes e insignias\u00bb. <\/p>\n
Aseguran que el quantum del castigo impuesto fue \u00abexorbitante e incluso mal tasad[o]\u00bb, raz\u00f3n por la cual instauraron recurso de revisi\u00f3n frente a la determinaci\u00f3n memorada; no obstante, en prove\u00eddo del 17 de septiembre del a\u00f1o pasado el Tribunal accionado inadmiti\u00f3 dicho mecanismo por improcedente, con fundamento en que la estimaci\u00f3n de la pena era un aspecto que no pod\u00eda debatirse en ese escenario extraordinario. <\/p>\n
De este modo, sostienen que con la actuaci\u00f3n referida se vulneraron las garant\u00edas invocadas, toda vez que, la sanci\u00f3n impuesta en su contra no est\u00e1 correctamente graduada, pues, cuando existe concurso de delitos la \u00abpr\u00e1ctica judicial caquete\u00f1a\u00bb indica que los jueces penales aumentan el castigo de \u00abuno a dos a\u00f1os\u00bb teniendo en cuenta el \u00abdelito de mayor entidad\u00bb, el cual, en su caso es el \u00abacceso carnal violento\u00bb, cuya pena establecida corresponde de \u00ab12 a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n\u00bb; de ah\u00ed que, aseguran, su condena no debi\u00f3 superar los \u00ab15 a\u00f1os\u00bb de c\u00e1rcel; de otro lado, dicen, el error en la determinaci\u00f3n del quantum punitivo es una \u00abclara situaci\u00f3n de injusticia\u00bb, motivo por el que era procedente el recurso extraordinario de revisi\u00f3n frente a la sentencia condenatoria, incluso, conforme a la sentencia de tutela STP5390-2014, los yerros cometidos por los jueces en la tasaci\u00f3n de la pena pueden ser corregidos a trav\u00e9s del mecanismo de amparo, a\u00fan con prescindencia de los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). La Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia puso de presente, que dentro del juicio penal seguido en contra de los aqu\u00ed gestores, \u00abno se vislumbra irregularidad alguna que atente contra los derechos fundamentes constitucionales reclamados por [\u00e9stos], pues tal y como se puede leer en la providencia emitida, la misma fue tomada en estricta legalidad, sin que los argumentos expuestos en el cuerpo de la demanda constitucional, puedan contradecir o derrumbar los preceptos jur\u00eddicos que edificaron la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
b). El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad Florencia, pidi\u00f3 ser apartado del presente tr\u00e1mite, \u00abal no poder endilg\u00e1rsele acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna que constituya transgresi\u00f3n a los derechos fundamentales de los [accionantes]\u00bb. <\/p>\n
c). Finalmente, la Fiscal\u00eda 13 Seccional manifest\u00f3, que no ha conculcado garant\u00eda esencial alguna a los actores, comoquiera que la imposici\u00f3n y la tasaci\u00f3n de las condenas \u00abson de resorte de los jueces de la Rep\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, tras advertir, en primer lugar, que \u00aben cuanto al agotamiento de los medios de defensa judicial emerge con claridad que los accionantes equivocaron la v\u00eda para elevar sus reclamos, puesto que sus pretensiones las deb\u00edan postular al interior del proceso en las oportunidades procesales previstas para tal fin y por medio de los recursos legales que se mostraban procedentes, de manera particular, el ordinario de apelaci\u00f3n y el extraordinario de casaci\u00f3n, los cuales no fue impetrados\u00bb; y, de otro lado, que \u00abel fallo objeto de cuestionamiento constitucional data de febrero del a\u00f1o 2010, en tanto que la acci\u00f3n de tutela fue presentada en agosto del a\u00f1o en curso, lo cual significa que transcurrieron m\u00e1s de 10 a\u00f1os entre la comisi\u00f3n del presunto agravio y la solicitud de amparo \u2013 situaci\u00f3n que no var\u00eda por haberse acudido a la acci\u00f3n extraordinaria de revisi\u00f3n aduciendo las mismas razones que se presentan a trav\u00e9s de la demanda de tutela \u2013, apart\u00e1ndose tal circunstancia del concepto de plazo razonable que ha acu\u00f1ado la jurisprudencia constitucional para la aplicaci\u00f3n del aludido principio, plazo que ha sido estimado en un m\u00e1ximo de 6 meses contabilizados desde el momento en el que se gener\u00f3 el hecho vulnerador cuya cesaci\u00f3n se depreca\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los accionantes replicaron el anterior fallo, con base en argumentos iguales a los planteados en la demanda de amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
2. En el presente asunto, los accionantes pretenden, en \u00faltimas, que se ordene al Juzgado Promiscuo del Circuito de Bel\u00e9n de los Andaqu\u00edes, corregir el fallo del 24 de febrero de 2010, pues, en su sentir, es \u00abinjusta\u00bb la tasaci\u00f3n de la pena principal de \u00ab21 a\u00f1os\u00bb de prisi\u00f3n impuesta dentro del juicio penal seguido en su contra, por la comisi\u00f3n de los punibles de \u00abtr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte armas de fuego o municiones, hurto calificado y agravado, acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir y utilizaci\u00f3n ilegal de uniformes e insignias\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Sin embargo, examinados los soportes digitales adosados a las presentes diligencias, se advierte que la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
La Corte, en la materia, de vieja data ha se\u00f1alado que \u00ab[t]al conclusi\u00f3n no responde a un parecer arbitrario de esta Sala; por el contrario, coincide con la posici\u00f3n que sobre el tema han fijado la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional. <\/p>\n
En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n
Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC117-2020). <\/p>\n
3.2. S\u00famese a lo anterior, que la cuesti\u00f3n planteada por los gestores del amparo resultan ajenas al campo de acci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que no hicieron uso de las herramientas de defensa que tuvieron a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que en un acto constitutivo de incuria, dejaron de formular en la oportunidad procesal correspondiente los recursos de apelaci\u00f3n y extraordinario de casaci\u00f3n, mecanismos de impugnaci\u00f3n que estaban a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural los reparos aqu\u00ed tra\u00eddos, pero como los mismos no fueron interpuestos por los tutelantes, cerrada les qued\u00f3 la posibilidad de acudir a esta acci\u00f3n especial\u00edsima, en virtud de su car\u00e1cter subsidiario y residual, comoquiera que \u00abno se puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC10544-2020). <\/p>\n
En igual sentido ha referido la Sala, que<\/p>\n
\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ib). <\/p>\n
3.3. Por otra parte, para la Sala no se present\u00f3 quebranto alguno a los derechos fundamentales invocados con lo determinado por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Florencia dentro del tr\u00e1mite del recurso extraordinario de revisi\u00f3n formulado por los accionantes contra la sentencia cuestionada, en la medida en que fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en argumentos respetables, que impiden la intervenci\u00f3n del juez de tutela para invalidar o modificar lo resuelto. <\/p>\n
Ciertamente, la autoridad accionada rechaz\u00f3 el mecanismo aludido tras considerar que: <\/p>\n
\u00abComo quiera que la acci\u00f3n de revisi\u00f3n se promovi\u00f3 al amparo de la causal 7\u00b0 del art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004, la Sala proceder\u00e1 a efectuar su estudio para determinar la prosperidad o no de la misma. <\/p>\n
La referida causal, contempla entonces que la acci\u00f3n de revisi\u00f3n proceder\u00e1 cuando: \u201cmediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jur\u00eddico que sirvi\u00f3 para sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de la punibilidad.\u201d Partiendo de ello, no encuentra la Sala dentro de la demanda de revisi\u00f3n, situaci\u00f3n tan siquiera parecida o que se adecue a lo all\u00ed previsto, pues lo que pretende el abogado es que a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional se modifique la pena impuesta a sus asistidos, al considerarla exagerada y err\u00f3nea, aspecto que no obedece en manera alguna a un cambio de criterio de la Corte Suprema de Justicia que variara las condiciones en que la misma fue tasada y establecida por el juez competente, inconformidad que por dem\u00e1s, debi\u00f3 presentarse en el momento procesal previsto para ello a trav\u00e9s de los recursos de impugnaci\u00f3n que prev\u00e9 la norma, no obstante, la sentencia condenatoria emitida en contra de ERNESTO SANCHEZ VAQUIRO y HUGO MAURICIO OSSA CALDERON, no fue apelada. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De ah\u00ed que, cuestionar la dosificaci\u00f3n de una pena y tildarla de exagerada, err\u00f3nea e injusta, como lo hace el accionante y pretender su modificaci\u00f3n mediante este medio, es desnaturalizar la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, pues v\u00e9ase que ni siquiera se relacionan los pronunciamientos judiciales, emitidos por la Corte Suprema de Justicia que se contrapongan, en raz\u00f3n, a que esa Corporaci\u00f3n haya cambiado favorablemente el criterio jur\u00eddico que sirvi\u00f3 para sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de la punibilidad\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, dichos razonamientos, por m\u00e1s discutibles que les parezca a los gestores, no lleva inserta la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas superiores, por lo que, ello impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional, m\u00e1s a\u00fan cuando de tiempo atr\u00e1s se ha dejado establecido, que \u00abla acci\u00f3n de tutela no ha sido erigida como una instancia adicional con la que se pueda controvertir una decisi\u00f3n judicial, al contrario, su alcance es restringido y, por ello no permite cuestionar la interpretaci\u00f3n que un juez realiza de un determinado asunto, a menos que ella sea tan absurda o antojadiza que desborde la l\u00f3gica, o cercene una evidente oportunidad procesal, situaciones inexistentes en el presente asunto\u00bb (CSJ STC056-2020). <\/p>\n
3.4. Pero a\u00fan con prescindencia de lo dicho, los accionantes tampoco allegaron elementos de prueba con el fin de acreditar sus reparos, esto es, omitieron aportar los pronunciamientos en los que, en sentir de aquellos, los jueces penales del Distrito Judicial de Florencia han aumentado el quantum punitivo de \u00abuno a dos a\u00f1os\u00bb teniendo en cuenta el \u00abdelito de mayor entidad\u00bb o, en su defecto, han dictado condenas menores a la pena impuesta en su caso por los mismos delitos. <\/p>\n
3.5. Finalmente, en el sub examine no es aplicable el precedente STP5390-2014, dado que la situaci\u00f3n all\u00ed planteada difiere de la alegada por los aqu\u00ed interesados. En efecto, en aquel pronunciamiento se accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n superior tras apreciarse que el juzgado penal de conocimiento err\u00f3 al fijar la pena del sindicado aplicando circunstancias de mayor punibilidad que no fueron propuestas en la acusaci\u00f3n, en tanto que, en el asunto bajo examen, los accionantes argumentan que el castigo impuesto en su contra no atiende la \u00abpr\u00e1ctica judicial caquete\u00f1a\u00bb, por ende, las premisas expuestas en dicha sentencia no son aplicables al presente caso. <\/p>\n
4. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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