STC439-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC439-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2020-00239-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia dictada el 18 de noviembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Elsa Patricia Garc\u00eda Bol\u00edvar, Maite Yalime, Jaime Stiven y Pedro Alejandro S\u00e1nchez Garc\u00eda, contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma urbe, tr\u00e1mite al que fue vinculada la parte pasiva y dem\u00e1s intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes reclaman la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, al declarar terminado por desistimiento t\u00e1cito el proceso ejecutivo iniciado por su esposo y padre, respectivamente, se\u00f1or Pedro Nel S\u00e1nchez Triana (q.e.p.d.), contra Luz Marina Laverde Mu\u00f1oz, identificado con el radicado No. 2004-00271-00. <\/p>\n
Exigen, entonces, para la protecci\u00f3n de la prerrogativa invocada, que se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de C\u00facuta, invalidar la decisi\u00f3n dictada el 13 de noviembre de 2014, pronunciada en la contienda atr\u00e1s descrita (fl. 22, exp. digital). <\/p>\n
2. Como soporte f\u00e1ctico de lo reclamado, y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aducen en s\u00edntesis los accionantes, que en vida el se\u00f1or S\u00e1nchez Triana adelant\u00f3 juicio coercitivo quirografario frente a Luz Marina Laverde Mu\u00f1oz, libr\u00e1ndose la respectiva orden de apremio el 13 de enero de 2005, as\u00ed como el embargo y secuestro de dos inmuebles de propiedad de la deudora; que mediante providencia datada 31 de agosto siguiente, se dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Explican que concomitantemente, se inici\u00f3 una causa penal en contra de la mentada ejecutada, juicio en el que tambi\u00e9n fueron cauteladas las heredades antes mencionadas, encontr\u00e1ndose a la espera de la resoluci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n que promovieron contra la providencia del 2 de agosto de 2013, en la que se orden\u00f3 su extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
Que pese a lo anterior, y a la imposibilidad de continuar con el tr\u00e1mite de avalu\u00f3 y posterior remate de los predios embargados y secuestrados, la autoridad civil convocada decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del litigio por desistimiento t\u00e1cito, motivo por el cual acuden a la presente v\u00eda excepcional, por no contar con otro mecanismo judicial efectivo para la protecci\u00f3n de la garant\u00eda primaria que invocaron, en calidad de sucesores del ejecutante (fls. 2 a 24, ejusdem). <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito de C\u00facuta, luego de hacer un resumen de las actuaciones adelantadas con ocasi\u00f3n del juicio compulsivo memorado, puso de presente que la decisi\u00f3n de la que se duelen los accionantes se acompasa con los lineamientos establecidos en el canon 317 del C\u00f3digo General del Proceso; que contra la misma la parte demandante no propuso recurso alguno, y, que dentro del expediente civil no obra prueba alguna de la existencia de la causa penal a la que aqu\u00e9llos aluden (fls. 97 a 102, ib\u00eddem). <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El juez constitucional de primer grado neg\u00f3 el resguardo implorado, tras advertir el incumplimiento de los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad que gobiernan las acciones de este linaje, comoquiera que, de un lado, la providencia por esta v\u00eda cuestionada data del 13 de noviembre de 2014; y del otro, que la misma no fue recurrida (112 a 118, Cit.). <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon los gestores, fundando su descontento en similares argumentos a los esbozados en el escrito inicial (fls. 126 a 135, ib.). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acci\u00f3n, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, esto es, producto del mero capricho, a tal punto que configuren una \u00abcausal espec\u00edfica de procedencia del amparo\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n constitucional rogada por quienes dicen obrar como sucesores del ejecutante Pedro Nel S\u00e1nchez Triana, es improcedente ante el incumplimiento del presupuesto general de la prontitud que la caracteriza, toda vez que la decisi\u00f3n cuestionada, esta es, la providencia por medio de la cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de C\u00facuta decidi\u00f3 declarar terminado el juicio ejecutivo objeto de an\u00e1lisis por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, data del 13 de noviembre de 2014, en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 6 de noviembre de 2020, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Es m\u00e1s, para efectos del c\u00e1lculo del t\u00e9rmino de inactividad de los gestores, y aun cuando se tuviera en cuenta la data desde la cual acaeci\u00f3 el fallecimiento del mentado demandante, esta es, la del 1\u00b0 de junio de 2016, se advierte que tambi\u00e9n ha transcurrido un lapso m\u00e1s que considerable. <\/p>\n
3. Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n frente a la rese\u00f1ada determinaci\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se acot\u00f3, transcurri\u00f3 un periodo significativo, casi 4 a\u00f1os, sin que los tutelantes solicitaran la protecci\u00f3n de los derechos que consideran hoy vulnerados con la misma, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del mencionado presupuesto, seg\u00fan el cual, el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
La Corte, en la materia ha se\u00f1alado que, \u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n
Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ, STC3043-2020). <\/p>\n
4. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se mantendr\u00e1 el fallo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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