STC440-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC440-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00299-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 25 de noviembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes e intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular con Rad. No. \u00ab60013103003 2013 0132100\u00bb. <\/p>\n
Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de la mentada prerrogativa, que se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira: (i) \u00ab determinar si (\u2026) cometi\u00f3 PREVARICATO al terminar una acci\u00f3n Constitucional, como lo es la acci\u00f3n popular, acci\u00f3n esta de impulso OFICIOSO, art 5 ley 472 de 1998, terminando ilegalmente la acci\u00f3n con figura llamada DESISTIMIENTO T\u00c1CITO\u00bb; (ii) \u00ab[decretar] la NULIDAD de todo lo actuado ya q[ue] la tutelada desconoci\u00f3 art 5 ley 472 de 1998\u00bb; (iii) \u00abaplicar art 84 ley 472 de 1998 por quien corresponda en derecho, ya q[ue] cuando lo he solicitado nunca se aplica\u00bb; (iv) \u00abdigitalizar todo lo actuado en la acci\u00f3n popular a fin de presentar acci\u00f3n penal y acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por error judicial. Todo se ordene digitalizar y enviarlo al correo dinosaurio013otmail.com, ya que se ha solicitado a la a quo y nunca lo hace, adem\u00e1s como es para acci\u00f3n penal requiero las copias autenticas\u00bb; y; al \u00abProcurador Delegado en Acciones Populares\u00bb y al Defensor del Pueblo de Pereira, que \u00abprueben en derecho c\u00f3mo actuaron en la acci\u00f3n popular tutelada y prueben si cumplieron ley 734 de 2002 o nada hicieron pa[ra] garantizar art 29 CN, pese a que el actor popular no es abogado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que dentro de la acci\u00f3n constitucional en comento, el Juzgado accionado \u00abde manera ilegal\u00bb decret\u00f3 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, situaci\u00f3n que, en su sentir, conculc\u00f3 la garant\u00eda invocada; que pese a que solicit\u00f3 la digitalizaci\u00f3n del expediente, su pedimento fue negado. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). La Defensor\u00eda del Pueblo de la Regional Risaralda pidi\u00f3 ser desvinculada del presente tr\u00e1mite, ya que \u00abno [es] el organismo competente para adelantar las pretensiones del accionante\u00bb. <\/p>\n
b.) El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira adujo, que all\u00ed \u00abno se tramita ni acci\u00f3n Popular ni proceso alguno con el radicado 2013\/1321\u00bb. <\/p>\n
c.) La Alcald\u00eda Mayor de Cartagena de Indias argument\u00f3, que carece de falta de legitimaci\u00f3n en la causa, toda vez que la demanda de amparo se refiere a \u00absituaciones de \u00edndole jurisdiccional que se deprecan contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito Local de Pereira\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, tras advertir que \u00abde acuerdo con lo informado por el juzgado de conocimiento, ning\u00fan proceso se ha tramitado en ese despacho que corresponda al radicado \u201c2013-01321\u201d\u00bb, raz\u00f3n por la que \u00ablos hechos en que se fundament\u00f3 el amparo no han tenido ocurrencia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor replic\u00f3 el anterior fallo, para lo cual expres\u00f3 que el n\u00famero de radicado de la acci\u00f3n popular es \u00ab2015\u00bb, y no \u00ab2013\u00bb, como lo indic\u00f3 en el escrito de la demanda de amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Como se ha repetido de manera reiterada la acci\u00f3n de tutela, fue instituida por el Constituyente de 1991 con un car\u00e1cter netamente subsidiario o residual, que comporta que la solicitud de amparo no se abra paso cuando la persona presuntamente agraviada o amenazada en sus derechos constitucionales fundamentales, dispone o tuvo a su disposici\u00f3n en su momento otros medios de defensa judicial, salvo que aqu\u00e9lla se utilice como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. En el presente caso, el accionante se duele, concretamente, porque el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira decret\u00f3 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito de la acci\u00f3n popular promovida por el gestor con Rad. No. \u00ab60013103003 2013 0132100\u00bb. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisadas las documentales allegadas digitalmente al presente tr\u00e1mite, la Sala advierte que la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. En primer lugar, la vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso del gestor es inexistente, habida cuenta que, si bien \u00e9ste se queja porque el Despacho accionado decret\u00f3 la culminaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular \u00ab2013 0132100\u00bb, revisado el sistema de actuaciones judiciales y la respuesta dada por el estrado atacado, se advierte que el proceso aludido no existe, esto es, que el radicado No. 2013-01321-00 no corresponde a una acci\u00f3n popular, y mucho menos, se le ha asignado al prenombrado funcionario, raz\u00f3n por la cual, en esas condiciones, resulta improcedente estudiar el reparo alegado por el gestor cuando deviene de una actuaci\u00f3n que, se repite, no existe. <\/p>\n
Al respecto, en un caso de similares perfiles al de ahora la Sala consider\u00f3 que, \u00abAnte eventos como el narrado, el resguardo pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de derechos de rango iusfundamental, porque lo cierto que \u00e9stos no fueron infringidos por el accionado. <\/p>\n
De esta manera, queda en evidencia la conducta del convocante, en hacer un uso incorrecto de esta excepcional v\u00eda, pues, invocar hechos infundados e inexistentes como soporte de su reclamo, no solo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los Jueces encargados de resolver el caso, en un asunto carente de fundamento jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por la cual el Constituyente implement\u00f31 la acci\u00f3n de tutela\u00bb (CSJ STC2177-2020). <\/p>\n
3.2. Pero a\u00fan si se aceptara que el accionante se equivoc\u00f3 en la demanda de amparo al digitar la radicaci\u00f3n del asunto cuestionado, revisada la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00famero \u00ab2015-01321-00\u00bb, adelantada por el Juzgado accionado, la solicitud de protecci\u00f3n ser\u00eda igualmente improcedente, por cuanto en pasada oportunidad el ac\u00e1 interesado promovi\u00f3 otra acci\u00f3n tutela, en la cual se quej\u00f3 porque el estrado convocado en la acci\u00f3n popular con radicado No. 2015-01321-00 \u00abviola el debido proceso, al creer terminar la acci\u00f3n constitucional, con figura inexistente en la ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998, y solo existente en el CGP, llamada DESISTIMIENTO T\u00c1CITO, COMETIENDO ABIERTAMENTE UNA V\u00cdA DE HECHO\u00bb y al respecto, esta Corte en sentencia STC707-2019 desestim\u00f3 el amparo, tras considerar lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab[E]l Juez querellado mantuvo la decisi\u00f3n de dar por terminado el proceso por desistimiento t\u00e1cito, frente al incumplimiento por parte del actor de la carga procesal que le correspond\u00eda, y en consecuencia, era dable en esa \u00e9poca la aplicaci\u00f3n de la figura en acatamiento a lo normado en el precepto 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en las providencias del 1\u00b0 y 2 de agosto de 2018, la autoridad judicial encartada explic\u00f3 en forma detallada las razones por las cuales proced\u00eda el desistimiento t\u00e1cito en las acciones populares, por lo que, se reitera, la postura asumida por el despacho encartado no luce antojadiza\u00bb. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, respecto del mismo reproche aqu\u00ed expuesto, ya se hab\u00eda solicitado en anterior ocasi\u00f3n una protecci\u00f3n constitucional del mismo linaje a la presente, de tal manera que, esta tutela es el reflejo de un ejercicio doble, en un asunto similar, donde el accionante demand\u00f3 constitucionalmente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira con base en fundamentos id\u00e9nticos a los que ahora aduce y respecto de la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00famero 2015-01321-00, por lo que es indudable que se presenta identidad de partes, hechos y pretensiones, sin que exista alguna justificaci\u00f3n para entender ese proceder, de ah\u00ed que, se torna evidente, entonces, que lo realmente pretendido por el actor es replantear un tema que ya fue sometido al estudio de un juez constitucional, adecu\u00e1ndose en un todo a lo que regula el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, que en su inciso primero reza: \u00abCuando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb; situaci\u00f3n que desnaturaliza la esencia fundamental de este mecanismo excepcional e impone concluir que el gestor incurri\u00f3 en temeridad, pues tal y como lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abel abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad\u00bb (STC4489-2020). <\/p>\n
3.4. De otro lado, en lo que tiene que ver con el pronunciamiento reclamado por el gestor frente al \u00abProcurador Delegado en Acciones Populares\u00bb y al Defensor del Pueblo de Pereira, cabe precisarle, como lo ha hecho esta Colegiatura en innumerables pronunciamientos, que le corresponde a \u00e9ste dirigir directamente sus peticiones ante dichas autoridades, dada la residualidad y el car\u00e1cter subsidiario que caracteriza la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
4. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 establece: \u201c(\u2026) Toda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
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