STC441-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC441-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2020-00375-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala del veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 2 de diciembre de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas todas las partes e intervinientes al interior del asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada en el curso de una acci\u00f3n popular (radicaci\u00f3n 2016-00618) que inici\u00f3. <\/p>\n
2. El querellante cuestiona que, en el marco del asunto de la referencia, supuestamente, \u00abla tutelada inaplica art. 34 ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 se ordene \u00abaplicar art. 5,6 ley 472 de 1998. Se falle inmediatamente la acci\u00f3n como se orden\u00f3 aplicar al juzgado 3 civil circuito de Pereira. Se ordene digitalizar la acci\u00f3n popular completa\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira manifest\u00f3 que \u00abel asunto cuestionado con radicado 2016-0618 se remiti\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la ciudad el 29 de enero de 2020 por p\u00e9rdida de competencia\u00bb. <\/p>\n
2. La representante legal de Audifarma S.A., indic\u00f3 que no ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante. <\/p>\n
3. La apoderada de la Secretar\u00eda Jur\u00eddica Distrital de la Alcald\u00eda de Barranquilla, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues \u00abdentro de los hechos del escrito de tutela, no se hace alusi\u00f3n a una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n de esta entidad, por el contrario, se trata de un cuestionamiento a las actuaciones que el actor considera debe ejecutar el accionado\u00bb. <\/p>\n
4. La titular del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira se\u00f1al\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n popular fue remitida del Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, frente a la cual avoc\u00f3 conocimiento, actualmente se encuentra a la espera de respuesta del Juzgado Segundo Civil del Circuito al requerimiento enviado por este despacho, nuevamente se solicit\u00f3 la informaci\u00f3n, para determinar si es posible dar aplicaci\u00f3n a la figura de agotamiento de la jurisdicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo declar\u00f3 improcedente el amparo porque \u00abes inexistente alguna petici\u00f3n o recurso del accionante, orientada a que el juzgado aplique los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba Ley 472 de1998, proferir sentencia y digitalizar el expediente, por tanto, no se evidencia omisi\u00f3n transgresora o amenaza de los derechos invocados\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada providencia para cuyo efecto se\u00f1al\u00f3 \u00abmanifiesto no ser abogado para estar requiriendo a la juez que cumpla su deber funci\u00f3n, ley 734 de 2002, solicito conocer la respuesta de la juez a mi tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular (radicaci\u00f3n 2016-00618) que inici\u00f3 el accionante, por supuestamente \u00abno aplicar art\u00edculos 5,6 y 34 de la Ley 472 de 1998 y fallar inmediatamente\u00bb. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, esta Sala precisa que habr\u00e1 de confirmarse el fallo desestimatorio del tribunal a quo, comoquiera que, de las circunstancias expuestas por el memorialista, no se puede colegir la amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas, ni la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, de tal forma que se habilitara la interposici\u00f3n del resguardo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que la queja se circunscribe a que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, supuestamente, \u00abno aplica los art\u00edculos 5,6 y 34 de la ley 472 de 1998\u00bb, sin embargo, se advierte que el gestor no ha presentado solicitud en tal sentido ante la autoridad convocada y que se encuentre pendiente por resolver, siendo el \u00faltimo memorial del quejoso de fecha 30 de octubre de 2019, momento en que solicit\u00f3 abrir incidente de desacato contra la titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, el cual fue resuelto el 3 de diciembre de ese a\u00f1o. <\/p>\n
De igual forma, se observa que la referida acci\u00f3n popular se encuentra en tr\u00e1mite, pues el 26 de noviembre de 2020 se reiter\u00f3 solicitud al Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa urbe para que informe datos de la acci\u00f3n popular con radicaci\u00f3n 2018-0819 que all\u00ed se tramita con el objeto de \u00abestudiar la viabilidad de dar aplicaci\u00f3n a la figura del agotamiento de la jurisdicci\u00f3n\u00bb, por tanto, no se aprecia un actuar de parte del juzgado censurado que imponga dispensar la protecci\u00f3n constitucional en los t\u00e9rminos reclamados, dado que resulta indudable que el despacho est\u00e1 dando el impulso oficioso necesario en los t\u00e9rminos que le ordena la Ley 472 de 1998, por lo que no puede hablarse de una actuaci\u00f3n omisiva desconocedora de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
I. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
II. Conforme con ello, se confirmar\u00e1 lo decidido en primera instancia constitucional, en tanto los hechos expuestos en esta sede no constituyen, por s\u00ed mismos, una vulneraci\u00f3n que deba ser enmendada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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