STC444-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC444-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2020-00150-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales el pasado 9 de diciembre, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Inversiones Guillermo Villa Jaramillo S. A. S. contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la Dorada, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio divisorio 2019-00393. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La persona jur\u00eddica accionante, obrando por conducto de apoderado judicial, acude al presente instrumento para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Relata que en el Juzgado Primero Civil del Circuito de La Dorada se adelanta el asunto arriba indicado, promovido en su contra por Mady Villa de Navia y otros, en el que se pretende la divisi\u00f3n de dos inmuebles ubicados en los municipios de La Victoria (Caldas) y San Mart\u00edn (Meta). <\/p>\n
Dice que a trav\u00e9s de recurso de reposici\u00f3n formul\u00f3 la excepci\u00f3n previa de \u00abfalta de competencia del juzgado\u2026 para conocer del proceso divisorio respecto del inmueble ubicado en San Mart\u00edn, Meta\u00bb, desestimada con auto del 8 de julio de 2020. <\/p>\n
Aduce que la c\u00e9lula judicial convocada \u00abest\u00e1 obrando en contra v\u00eda de la norma adjetiva [art. 28 del C\u00f3digo General del Proceso] al tramitar la pretensi\u00f3n divisoria respecto del inmueble\u2026 ubicado en el municipio San Mart\u00edn\u00bb por carecer de competencia territorial, habida consideraci\u00f3n que la facultad \u00abpara conocer de los procesos divisorios es privativa del sitio donde est\u00e1 ubicado el inmueble objeto de la pretensi\u00f3n divisoria y solo en el evento que, por la extensi\u00f3n del inmueble, sean competentes varios juzgados, la norma faculta al demandante para elegir el juzgado ante el cual tramitar\u00e1 el proceso\u00bb, circunstancia que no se presenta en el litigio objeto de la queja toda vez que el aludido bien se encuentra localizado en la aludida poblaci\u00f3n. <\/p>\n
3. En consecuencia, solicita \u00abdecretar la nulidad de todo lo actuado en el proceso divisorio [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Primera Civil del Circuito de La Dorada pidi\u00f3 desestimar la protecci\u00f3n suplicada pues la decisi\u00f3n cuestionada \u00abse ci\u00f1\u00f3 a los postulados que establece la ley para tramitar el proceso divisorio\u2026 por lo tanto la conducta desplegada\u2026 no ha generado ni genera vulneraci\u00f3n alguna del derecho fundamental\u00bb adicionalmente porque el actor pretende convertir la acci\u00f3n constitucional en un \u00abrecurso adicional a los establecidos en la norma y los cuales no fueron utilizados en su momento procesal oportuno [sic]\u00bb <\/p>\n
2. Mady Villa de Navia, Mario Andr\u00e9s Villa Giraldo, Sandra Villa Jim\u00e9nez y Hern\u00e1n e Iv\u00e1n Villa Jaramillo, demandantes en el proceso escrutado, por conducto de apoderado, solicitaron declarar improcedente el resguardo por cuanto \u00abno se satisface\u2026 ninguno de los requisitos de procedencia y de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales\u00bb, no se han agotado \u00abtodos los recursos con que cuenta dentro del iter [sic]\u00bb y \u00abno se revela vicio en las actuaciones desplegadas por el despacho accionado\u00bb comoquiera que la desestimaci\u00f3n del medio exceptivo se fundament\u00f3 en una estricta aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Manizales dijo que en el presente asunto se configur\u00f3 un defecto sustantivo, que habilita la procedencia del resguardo contra determinaciones judiciales, pues \u00abla decisi\u00f3n censurada resulta ser contraria a las preceptivas legales que rigen el asunto\u00bb <\/p>\n
Lo anterior en la medida que el despacho convocado realiz\u00f3 \u00abuna indebida interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 28, numeral 7 [del Estatuto Ritual]\u00bb que lo llev\u00f3 a arrogarse la competencia para conocer de la divisi\u00f3n de un inmueble ubicado por fuera de la comprensi\u00f3n territorial donde ejerce jurisdicci\u00f3n. En raz\u00f3n de ello, dej\u00f3 sin efectos la providencia acusada y orden\u00f3 al despacho convocado dictar una nueva \u00aben la que tenga en cuenta lo expuesto\u00bb <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon los vinculados, quienes ratificaron lo manifestado en la contestaci\u00f3n de la demanda, relativo al desconocimiento del presupuesto de la subsidiariedad y de la no configuraci\u00f3n del defecto material. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a esta Sala establecer si, como lo concluy\u00f3 el Tribunal Superior de Manizales, la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda fundamental de la persona jur\u00eddica accionante, al desestimar la excepci\u00f3n previa de falta de competencia propuesta, respecto de uno de los bienes vinculados al proceso divisorio 2019-00393 que se encuentra ubicado en el municipio de San Mart\u00edn (Meta). <\/p>\n
2. De la v\u00eda de hecho por indebida motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Se ha indicado que, aunque en l\u00ednea de principio la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, en casos donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, y ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, surge posible la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
En esos eventos la Sala ha indicado que resulta necesario estudiar el fondo de la salvaguarda si: <\/p>\n
\u00ab\u2026existen circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u00abpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u00bb, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, reiterada en STC9491-2016, 13 jul. 2016, rad. 00035-02, entre otras). <\/p>\n
Y ciertamente, uno de los eventos en los cuales se habilita la salvaguarda para conjurar la afectaci\u00f3n que pueden causar los actos judiciales a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, es la certeza de haber dictado una providencia relevante en la actuaci\u00f3n que desconozca la obligaci\u00f3n de una \u00abdebida motivaci\u00f3n\u00bb. Sobre el tema, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las sentencias constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, \u2018(\u2026) la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. La sentencia, como acto procesal que es, seg\u00fan el art\u00edculo 303 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, debe ser motivada \u2018de manera breve y precisa\u2019 \u2013pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u2018examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u2019 que sean indispensables para fundamentarla (art. 304 ib.). (\u2026) \u2018la funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas. La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo\u00bb (Sentencia de 22 de mayo de 2003, exp. 00526-01, citada en STC, 3 nov. 2011, exp. 02274-00, ratificada y reiterada en STC7781-2016, 13 jun. rad. 00057-01, y STC6688-2018, 23 may. 2018, rad. 00074-01). <\/p>\n
Igualmente, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que, en eventos como \u00e9ste, \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC 2 mar. 2008, rad. 00384-00, reiterada entre otras en STC 16 feb. 2011, rad. 2010-445-01, y STC9162-2015, 15 jul. 2015, rad. 00281-01). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Bajo las anteriores premisas y delimitada la controversia, desde ya la Corte anticipa que respaldar\u00e1 el fallo impugnado, es decir, la concesi\u00f3n del amparo acogiendo la tesis del tribunal a quo que advirti\u00f3 la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda supralegal de la gestora, originada en el prove\u00eddo que resolvi\u00f3 sobre las excepciones previas formuladas en el divisorio 2019-00393. <\/p>\n
Al respecto, analizada la providencia de 8 de julio de 2020 emanada del Juzgado Primero Civil del Circuito de La Dorada, se tiene que, la desestimaci\u00f3n de la defensa de falta de competencia para conocer del asunto respecto del inmueble ubicado en el municipio de San Mart\u00edn (Meta), se fundament\u00f3 en las siguientes consideraciones: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Con respecto a esta excepci\u00f3n, se tiene que la misma no puede abrirse paso puesto que tal como se advirti\u00f3 en el art\u00edculo trasuntado, la competencia radica en el lugar en el que se encuentren ubicados los bienes, siendo que cuando son varios los predios objeto de la acci\u00f3n divisoria el demandante, a prevenci\u00f3n, puede escoger el lugar donde se ubique alguno de ellos como el de competencia para interponer la demanda. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dado que uno de los predios se encuentra ubicado en el municipio de La Victoria, Caldas y que en tal localidad no existe un juzgado de categor\u00eda circuito que pueda conocer el asunto, es claro que la misma recae en esta instancia judicial; porque fue decisi\u00f3n de la parte impetrante imponer en esta ciudad el conocimiento del presente tr\u00e1mite y no en el municipio donde se encuentra ubicado el otro bien cuya divisi\u00f3n se pretende, as\u00ed considera esta sede que no hay lugar a decretar probado el medio exceptivo propuesto (\u2026)\u00bb\u00bb <\/p>\n
De lo transcrito, se observa que el pronunciamiento rese\u00f1ado dista notoriamente del mandato constitucional y legal de motivar adecuadamente las decisiones judiciales, pues la resoluci\u00f3n del asunto se torn\u00f3 carente de profundidad y se apart\u00f3 injustificadamente del precedente de esta Corporaci\u00f3n contenido en la sentencia STC2006 de 20 de febrero de 2019, en la cual se se\u00f1alaron reglas para la correcta interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 28-7 del C\u00f3digo General del Proceso respecto de la competencia territorial en procesos divisorios, puntualmente, cuando el litigio tiene como objeto dos o m\u00e1s bienes ubicados en diferentes circunscripciones territoriales. <\/p>\n
En dicha providencia la Sala explic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Para mayor claridad, obs\u00e9rvese c\u00f3mo la citada regla (art. 28 n\u00fam. 7) consagra un fuero real y con base en \u00e9l le asigna, y con car\u00e1cter privativo, el conocimiento de los cert\u00e1menes divisorios al funcionario del sitio donde est\u00e9n localizados los activos que se busque repartir materialmente o bajo el sistema ad valorem (seg\u00fan el valor). <\/p>\n
N\u00f3tese c\u00f3mo el comentado art\u00edculo dispone que <\/p>\n
[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, ser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante (se resalta). <\/p>\n
Ahora bien, aunque en su inciso final esa preceptiva prev\u00e9 que si dichos haberes se \u00abhallan en distintas circunscripciones territoriales, ser\u00e1 competente el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb, lo cierto es que la aplicaci\u00f3n de ese enunciado impone, como conditio sine qua non, que todos los bienes indivisos que se pretenda fraccionar tengan al menos una misma \u00abcircunscripci\u00f3n territorial\u00bb en com\u00fan, porque si uno de ellos no cumple con esa exigencia ello impedir\u00e1 hablar de foros reales concurrentes, debiendo seguirse en tal supuesto el criterio restrictivo previsto en el aparte inicial del aludido mandato en el sentido de acudir ante la oficina judicial de la zona de su ubicaci\u00f3n, sin perjuicio que respecto de las dem\u00e1s heredades se acuda -a prevenci\u00f3n- a cualquiera de los jueces que seg\u00fan la \u00abcircunscripci\u00f3n territorial\u00bb compartida tenga aptitud para adelantar la contienda (subrayado fuera del texto original). <\/p>\n
Es de destacar que concern\u00eda al juez cognoscente verificar, adem\u00e1s de las circunstancias f\u00e1cticas, los preceptos normativos y jurisprudenciales aplicables al caso concreto, como el que se acaba de transcribir parcialmente; no obstante, esa labor no fue desarrollada, de all\u00ed que la determinaci\u00f3n adolezca de una adecuada fundamentaci\u00f3n lo que, como se anticip\u00f3, trasgrede las garant\u00edas de los sujetos procesales. <\/p>\n
Sobre el particular ha dicho esta Corte \u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u2026\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00). <\/p>\n
Conforme lo discurrido, al ser claro que existe una situaci\u00f3n que es necesario conjurar en aras del derecho fundamental al debido proceso y con miras a evitar una denegaci\u00f3n de justicia, se encuentra autorizada la intervenci\u00f3n excepcional\u00edsima del juez de tutela para restablecer el orden constitucional quebrantado. <\/p>\n
Por lo dicho, se confirmar\u00e1 el fallo censurado mediante el cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales otorg\u00f3 el resguardo invalidando la providencia que resolvi\u00f3 las excepciones previas propuestas por la sociedad aqu\u00ed convocante dentro del proceso divisorio 2019-00393, a efectos de que el Juzgado Primero Civil del Circuito de La Dorada, emita una nueva decisi\u00f3n teniendo en cuenta las consideraciones plasmadas en esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La sustentaci\u00f3n de la providencia materia de la queja constitucional, de cara a las precisas connotaciones que encierra la particular situaci\u00f3n, fue indebida, lo que condujo al quebranto del derecho fundamental previsto en el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica, por lo que se torna imperioso la ratificaci\u00f3n de la salvaguarda en los mismos t\u00e9rminos de la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo resuelto a las partes y a la sala a quo, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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