STC447-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC447-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 47001-22-13-000-2020-00309-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2020). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta el pasado 3 de diciembre, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Seguridad Oncor Ltda. contra los Juzgados Cuarto Civil del Circuito y Quinto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, ambos de aquella ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la acci\u00f3n de tutela 2020-00573. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La persona jur\u00eddica accionante, obrando por conducto de su representante legal para asuntos judiciales, acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso, legalidad y la recta administraci\u00f3n de justicia [sic]\u00bb. <\/p>\n
2. Del extenso escrito introductor se desprende que Jorge Augusto Dur\u00e1n Ar\u00e9valo promovi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela contra la aqu\u00ed gestora, a trav\u00e9s de la cual pretend\u00eda la protecci\u00f3n de las garant\u00edas supralegales \u00abal m\u00ednimo vital, estabilidad laboral reforzada, seguridad social y vida digna\u00bb buscando se declarara la ineficacia de su despido por encontrarse en condici\u00f3n de \u00abpre-pensionado\u00bb, orden\u00e1ndose, como consecuencia de ello, el reintegro laboral y el pago de emolumentos dejados de percibir. <\/p>\n
Tal actuaci\u00f3n fue asignada al Juzgado Quinto de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Santa Marta, despacho que mediante sentencia de 28 de septiembre de 2020 concedi\u00f3 de forma transitoria la protecci\u00f3n suplicada. <\/p>\n
La parte vencida impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n, siendo confirmada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, con fallo de 22 de octubre siguiente. <\/p>\n
3. Para la gestora las decisiones constituyen \u00abuna flagrante v\u00eda de hecho\u00bb habida consideraci\u00f3n que dieron un \u00abalcance equivocado\u00bb a la condici\u00f3n de pre-pensionado de Jorge Augusto Dur\u00e1n Ar\u00e9valo, apart\u00e1ndose del precedente de la Corte Constitucional. <\/p>\n
4. Por lo anterior solicita \u00abdejar sin efecto las sentencias de tutela de 28 de septiembre de 2020 y 22 de octubre de del mismo [sic]\u00bb <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Cuarta Civil del Circuito de Santa Marta, manifest\u00f3 que \u00abreferente a la circunstancia planteada\u2026 y la existencia de las sentencias por \u00e9l citada SU 003 de 2018, no es cierto lo indicado pues en esa acci\u00f3n de tutela resuelve dos acciones de tutela con relaciones jur\u00eddicas distintas entre ellas, y en la que se ampar\u00f3 el derecho precisamente de los accionados y en la que se confirma la de la relaci\u00f3n jur\u00eddica habida en la que desvinculaci\u00f3n surge por un concurso de m\u00e9rito, circunstancia distinta a lo encontrado en la acci\u00f3n de tutela en reproche y que no puede ser base para este asunto [sic]\u00bb; no obstante dijo atenerse a lo que se llegare a resolver. <\/p>\n
2. Jorge Augusto Dur\u00e1n Ar\u00e9valo se limit\u00f3 a reiterar las causas que lo motivaron a formular la salvaguarda objeto de la presente queja, sin referirse a los argumentos esbozados por la aqu\u00ed promotora y solicit\u00f3 \u00abmantener en firma [sic] los fallos\u2026 proferidos\u00bb. <\/p>\n
3. La Juez Quinta de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Santa Marta se opuso a la prosperidad del resguardo habida consideraci\u00f3n que \u00abcumpli\u00f3 con todas las formalidades legales, siguiendo las normas vigentes de tal suerte que todas y cada una de las actuaciones tomadas y llevadas a cabo, as\u00ed como la sentencia dictada, son conforme a derecho\u00bb <\/p>\n
4. Por su parte los representantes de Aliansalud EPS y de la Administradora Colombiana de Pensiones solicitaron la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb del presente tr\u00e1mite dada la ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva.. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Santa Marta declar\u00f3 improcedente el auxilio dado que \u00ablas providencias aludidas [no] se muestran arbitrarias o ausentes de motivaci\u00f3n y mucho menos engendran una situaci\u00f3n de fraude o [fueron] producto de la misma, visto que \u00fanicamente se le enrostra a los jueces equivocaciones al emitir sus decisiones en un an\u00e1lisis err\u00e1tico\u2026 postura que comp\u00e1rtase o no, lejos est\u00e1 de poder calificarse de fraudulenta\u00bb <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La sociedad promotora disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n reproduciendo los mismos argumentos del libelo genitor, a los que agreg\u00f3 que la equivocaci\u00f3n en que incurrieron los falladores de instancia \u00abconfigura una v\u00eda de hecho por fraude\u00bb toda vez que \u00abde manera ligera, superflua y ambigua basaron sus decisiones en un an\u00e1lisis err\u00e1tico y grosero [sic] sobre la calidad de pre-pensionado del se\u00f1or Duran\u2026 resultando arbitraria e infundada sus actuaciones\u00bb adem\u00e1s que se\u00f1al\u00f3 que el mecanismo de la revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional no es un medio id\u00f3neo para obtener la protecci\u00f3n de sus derechos, por cuanto \u00abla selecci\u00f3n de una tutela\u2026 es un aspecto puramente discrecional\u2026 [que] depender\u00e1 de cumplir unos criterios objetivos, subjetivos y complementarios [de all\u00ed que] no se pueda ejercer de manera ordinaria\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por la persona jur\u00eddica accionante, al otorgar la protecci\u00f3n suplicada por Jorge Augusto Dur\u00e1n Ar\u00e9valo dentro de la acci\u00f3n de tutela 2020-00573. <\/p>\n
2. La improcedencia de este mecanismo contra sentencias de tutela. <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. En este sentido se ha expuesto: \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u00bb (CSJ STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016). <\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
3.1. Con sujeci\u00f3n a las anteriores premisas, observa la Sala que no se abre paso el amparo propuesto, por lo que se ratificar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada, comoquiera que en esta oportunidad, la querellante pretende quebrantar el fallo proferido en virtud de una acci\u00f3n de tutela y ello significa desatender una de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad, ya que de permitirse, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de procedimientos de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del asunto (ver, entre otras, CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, STC11794-2014 y STC1894-2016, 18 feb. 2016, rad. 00245-01). <\/p>\n
Sobre la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela en estos casos, la reiterada postura de la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que es un aspecto unificado y constante que debe ser atendido, ya que \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (CC SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Insiste la Sala en que para cuestionar lo resuelto en un tr\u00e1mite de tutela el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
Significa lo anterior que el mecanismo de resguardo tambi\u00e9n debe cumplir con el requisito de subsidiariedad, el cual es inherente a la acci\u00f3n de tutela, como lo precis\u00f3 esta Corte, acogiendo precedentes jurisprudenciales de la misma Corporaci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ SC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, reiterada, en STC8289, 22 jun. 2016). <\/p>\n
3.2. S\u00famese a lo anterior, que no hay prueba de que hubiera concluido el tr\u00e1mite de la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, de all\u00ed que la empresa quejosa a\u00fan cuenta con ese instrumento para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas, as\u00ed como tambi\u00e9n con la formulaci\u00f3n de la insistencia en caso de no resultar seleccionada la salvaguarda, por lo que se incumple tambi\u00e9n el requisito de procedibilidad citado. <\/p>\n
Dicho instrumento dise\u00f1ado para la revisi\u00f3n de los fallos de tutela por parte del Tribunal de cierre en materia de derechos fundamentales es eficaz porque, como lo ha sostenido esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que no se diga que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01, reiterada en STC13335-2016, 21 sep. 2016, rad. 201513-01 entre otras) <\/p>\n
Adicionalmente que en otras oportunidades se agreg\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia\u00bb (CSJ STC, 2 sep. 2003, rad. 00561-01; 14 oct. 2004, rad. 1120; 8 mar. 2006, rad. 00263-00; y 7 mar. 2013, rad. 00122-01). <\/p>\n
3.3. Ahora bien, para esta Corporaci\u00f3n los argumentos de la gestora para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas supralegales no se subsumen en ninguna de las hip\u00f3tesis aludidas en la Sentencia de Unificaci\u00f3n 627 de 2015 en la que se indic\u00f3 que la salvaguarda constitucional procede contra decisiones de similar naturaleza cuando: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Lo anterior, en la medida que el fundamento de la presente acci\u00f3n gravit\u00f3 en torno a lo que la gestora calific\u00f3 como una inadecuada interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, as\u00ed como una valoraci\u00f3n probatoria ligera, superflua y ambigua; es decir la queja se finc\u00f3 exclusivamente en un subjetivo disentimiento con lo resuelto, circunstancia que refuerza la improcedencia del presente resguardo. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, en el sentido de negar la protecci\u00f3n solicitada, en atenci\u00f3n a que no se cumplen las exigencias jurisprudenciales que habilitan la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra una decisi\u00f3n adoptada en un tr\u00e1mite de similar naturaleza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese, por el medio m\u00e1s expedito, lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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