STC448-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC448-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-00490-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 24 de abril de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por N\u00e9stor Acelas Ordo\u00f1ez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en su propio nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, pesan en su contra tres condenas penales; la primera, del 3 de abril de 2008 proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga, a 50 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abtr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n y porte de estupefacientes\u00bb; la segunda, a 200 meses de prisi\u00f3n por \u00abhomicidio agravado\u00bb impuesta por el Juzgado Doce Penal del Circuito de esa misma ciudad el 8 de abril de 2016; y, la tercera, dictada el 4 de mayo de 2017 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de C\u00facuta, con sanci\u00f3n de 36 meses de privaci\u00f3n de la libertad por el il\u00edcito de \u00abconcierto para delinquir\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga que tiene a su cargo esas condenas, las acumul\u00f3 y estableci\u00f3 una \u00fanica sanci\u00f3n de 264 meses. <\/p>\n
Empero, se\u00f1al\u00f3 que, ese mismo despacho, mediante auto del 10 de octubre de 2019 neg\u00f3 la concesi\u00f3n del \u00abpermiso de 72 horas\u00bb por incumplimiento del requisito normativo objetivo de haber descontado el 70% de la pena, conforme lo prev\u00e9 el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, dicha determinaci\u00f3n la confirm\u00f3 en su integridad el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Penal, con prove\u00eddo del 25 de febrero de 2020. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 las anteriores providencias por cuanto alega que, la normativa aplicada y el requisito considerado \u00abno es viable, pues no todas las sentencias fueron dictadas por juzgados Especializados\u00bb; agreg\u00f3 tambi\u00e9n que, \u00abequivocadamente\u00bb se le endilga una condena del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, lo cual, aduce, \u00abno es cierto y constituye un argumento falso para denegar el beneficio a que tiene derecho\u00bb <\/p>\n
3. En consecuencia, pide \u00ab(\u2026) se aclare mi situaci\u00f3n jur\u00eddica (\u2026) solicito el favor de diferenciar el monto de la condena de la justicia ordinaria a la especializada (\u2026) pido la oportunidad del beneficio de 72 horas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Magistrado Ponente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga sostuvo que, \u00abno puede extraerse ninguna anomal\u00eda del auto del 25 de febrero de 2020, mediante el cual confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, en el sentido que no es procedente el otorgamiento del permiso de 72 horas que requiere el actor\u00bb. Al respecto, a\u00f1adi\u00f3 que el accionante registra una condena de la justicia especializada, y teniendo en cuenta ello, \u00ab(\u2026) los requisitos para acceder al beneficio pretendido son m\u00e1s exigentes, en la medida que no se trata de acreditar el cumplimiento de la pena en una tercera parte, sino del 70% de la condena\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la capital santandereana, reconoci\u00f3 que en el prove\u00eddo recriminado existi\u00f3 un error, en cuanto se indic\u00f3 que la condena de 200 meses corresponder\u00eda a la justicia especializada, cuando en realidad la profiri\u00f3 el Juzgado Doce Penal del Circuito de esa ciudad. Pese a ello, a\u00f1ade que no se trata de un yerro que implique inevitablemente el otorgamiento del beneficio administrativo deprecado, pues en todo caso el sentenciado s\u00ed cuenta con una condena proferida por un juzgado penal especializado. <\/p>\n
Finalmente, preciso que, el 70% del total de la pena ser\u00edan 184,8 meses, y Acelas Ordo\u00f1ez ha descontado \u00ab117 meses y 17 d\u00edas de prisi\u00f3n\u00bb <\/p>\n
3. La Fiscal 5\u00aa Seccional de Bucaramanga indic\u00f3 que, no ha incurrido en ninguna acci\u00f3n que atente contra los derechos fundamentales del actor, pues, \u00abconcretamente, no es la autoridad que expidi\u00f3 la negativa a la concesi\u00f3n del permiso de 72 horas que exige el demandante\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al considerar los pronunciamientos reprochados razonables, en la medida en que se apoyaron adecuadamente en la normativa y jurisprudencia aplicable al asunto. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El querellante reiter\u00f3 la argumentaci\u00f3n del escrito inicial, e insisti\u00f3 en que, comoquiera que la pena m\u00e1s alta de las acumuladas es la de la justicia ordinaria, no corresponde aplicar el cumplimiento del 70% de la sanci\u00f3n total; al respecto, se pregunt\u00f3 que \u00ab\u00bfc\u00f3mo es posible que 19 meses de la justicia especializada (sic) le quite los beneficios a 244 meses de la justicia ordinaria?\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde establecer si las autoridades accionadas vulneraron las prerrogativas invocadas por el promotor del amparo (quien cumple una pena de prisi\u00f3n acumulada de 264 meses de prisi\u00f3n), al negarle el permiso administrativo de 72 horas por fuera del centro de reclusi\u00f3n previsto en el art\u00edculo 147 de la ley 65 de 1993, con la exigencia del cumplimiento del 70% de la pena, pese a que la sanci\u00f3n principal que le fue impuesta corresponde a la justicia penal ordinaria y no a la especializada. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los autos de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 25 de febrero de 2020 por el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala penal, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. <\/p>\n
Sobre la determinaci\u00f3n que habr\u00e1 de abordar la Sala se ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Ahora bien, atendidos los argumentos que fundan la determinaci\u00f3n de la magistratura censurada, no se advierte procedente el amparo, puesto que la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve notoria desviaci\u00f3n del ordenamiento y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
En efecto, para refrendar el auto de primer grado que neg\u00f3 el beneficio, el ad quem determin\u00f3 con meridiana claridad que el condenado no satisfac\u00eda las exigencias normativas para acceder al permiso impetrado. En tal sentido, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abSin que -a juicio de la Sala- resulta plausible la hermen\u00e9utica postulada por el recurrente en su libelo de sustentaci\u00f3n en el sentido de que, como la pena por el Juez Especializado se acumul\u00f3 a la sanci\u00f3n fijada por el Juez del Circuito, por esa raz\u00f3n, a manera de un efecto de atracci\u00f3n, las nomas a aplicar en su caso no son las de la justicia especializada sino las de la ordinaria, pues la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica no implica en modo alguna -como si fuera una ficci\u00f3n-, que una de las condenas deja de haber sido impuesta por un delito de competencia de los Penales de Circuito Especializados -Concierto para delinquir agravado-, como en efecto lo es y lo sigue siendo. <\/p>\n
Pero adem\u00e1s, porque es que, en la fase de ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n, las reglas con las mismas para todos los condenados, independientemente de que el fallo lo haya dictado el Juez de Circuito o uno Especializado, pues el \u00fanico factor diferenciador subyace en el tr\u00e1mite de la investigaci\u00f3n y el juzgamiento, b\u00e1sicamente en punto de la atribuci\u00f3n de competencia \u2013 C.P.P., art\u00edculos 35 y 36 \u2013 pero ejecutoriada la condena, su ejecuci\u00f3n corre a cargo de los jueces de Ejecuci\u00f3n de Penas, sin importar cu\u00e1l fue el juez que profiri\u00f3 la sentencia, debiendo por tanto, sujetarse a un pleno normativo com\u00fan, no otro que el previsto en los art\u00edculos 459 y ss., del C.P.P., por lo que mal puede hablarse \u2013 en esta fase \u2013 de justicia ordinaria y de justicia especializada. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Finalmente, partiendo de la claridad de que una de las penas acumuladas a la sanci\u00f3n principal fue dictada por un juez penal del circuito especializado, la colegiatura ad quem puntualiz\u00f3 en lo concerniente al tiempo descontado que, <\/p>\n
Luego -entonces-, si se toma en consideraci\u00f3n que ACELAS ORDO\u00d1EZ purga una pena acumulada de 264 meses de prisi\u00f3n, el 70% de la misma corresponde a 184 meses y 24 d\u00edas -como lo precis\u00f3 la primera instancia-; en guarismo a\u00fan inalcanzado, puesto que hasta ahora aqu\u00e9l ha descontado -seg\u00fan las constancias algo m\u00e1s de 111 meses \u2014sumados detenci\u00f3n f\u00edsica y redenci\u00f3n de pena reconocida-, por lo que frente a ese \u00f3bice objetivo, resulta improcedente el otorgamiento del beneficio reclamado, ofreci\u00e9ndose por ende inane verificar los dem\u00e1s requisitos establecidos en la norma reguladora\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed entonces, lo adoptado por el tribunal acusado estuvo acorde con el contexto procesal analizado y la normativa espec\u00edfica que rige la materia, esto es, el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, modificado por el 29 de la Ley 502 de 1999, precepto con plena vigencia, y cuya exequibilidad fue refrendada por la Corte Constitucional en la sentencia C-392 de 2000; luego, la aplicaci\u00f3n de dicha disposici\u00f3n se aprecia razonable, y en todo caso, lejos de constituir el desafuero jur\u00eddico que se denuncia, dado que, al margen de la discusi\u00f3n planteada, la existencia de una pena impuesta por la justicia penal especializada es motivo suficiente para hacer valer la exigencia contenida en la precitada disposici\u00f3n normativa. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no se halla incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, porque la negativa reprochada estuvo sustentada en una hermen\u00e9utica coherente, labor en la que no es viable interferir y, adem\u00e1s, porque la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento no es suficiente para habilitar el amparo, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que m\u00e1s all\u00e1, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
Corolario de lo discurrido se impone confirmar el fallo que neg\u00f3 la salvaguarda porque, <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, por cuanto la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve una manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas, por el contrario, se ajust\u00f3 de manera concreta a la normativa espec\u00edfica aplicable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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