STC450-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC450-2020 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00335-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 30 de noviembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la parte pasiva y dem\u00e1s intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con la providencia emitida el 25 de junio de 2018, en el marco de la acci\u00f3n popular por \u00e9l promovida contra la Fundaci\u00f3n de la Mujer, hoy Banco de la Mujer S.A.S., radicada con el No. 2015-01164-00. <\/p>\n
Exige entonces, para la protecci\u00f3n de su debido proceso, dejar sin efecto y valor la mencionada decisi\u00f3n, y que como consecuencia de lo anterior, se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, \u00abcontinuar el tr\u00e1mite de la [citada] acci\u00f3n popular\u00bb1. <\/p>\n
2. En apoyo de tales pretensiones se limit\u00f3 a manifestar que, con la rese\u00f1ada determinaci\u00f3n el aludido estrado judicial dio por terminada la actuaci\u00f3n referida l\u00edneas atr\u00e1s por desistimiento t\u00e1cito, lo que, dice, viola \u00abABIERTA Y TAJANTEMENTE [los art\u00edculos] 5, 6 [de la] ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998\u00bb, ya que dicha figura procesal no aplica en esa especie de juicio, y pese a recurrir lo resuelto, \u00abla juez nunca tramit[\u00f3 la] alzada\u2026 y menos dio tramite a la QUEJA que debi\u00f3 tramitar [conforme con el] art[\u00edculo] 318 CGP\u00bb, lo que, asegura, le lesiona el derecho ius fundamental invocado, raz\u00f3n por la que debe ser acogido el reclamo que promueve a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n2. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Procurador Regional de Risaralda, luego de hacer referencia a las competencias que tiene asignadas ese ente de control en la Ley 472 de 1998, solicit\u00f3 exonerar de responsabilidad a dicho organismo, por cuanto que ha cumplido sus funciones en cada una de las acciones populares de las cuales ha sido notificado3. <\/p>\n
b. El Defensor del Pueblo de Pereira pidi\u00f3 ser desvinculado de la presente actuaci\u00f3n, toda vez que con la queja no se le endilga acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna vulneradora de la garant\u00eda superior invocada por el accionante4. <\/p>\n
c. El representante legal del Banco Mundo Mujer S.A.S. igualmente solicit\u00f3 ser apartado del tr\u00e1mite, por cuanto que el accionante no se duele de alguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n enrostrada a la entidad que regenta5. <\/p>\n
d. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de la mentada capital, a trav\u00e9s de su secretar\u00eda, se limit\u00f3 a memorar las actuaciones que se desplegaron con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular objeto de controversia constitucional, remitiendo copia de la decisi\u00f3n atacada6. <\/p>\n
e. Los dem\u00e1s vinculados, guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia, luego de detallar en qu\u00e9 estado se encuentra la acci\u00f3n popular objeto de la queja acumulada, desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada por existir cosa juzgada en relaci\u00f3n con la queja expuesta por el actor, ya que \u00e9ste \u00abpreviamente hab\u00eda ventilado los mismos cuestionamientos en sede de tutela; en efecto, se trata de la radicada al No.2018-01109 en la que, entre otras peticiones, solicit\u00f3 \u201c(\u2026) decretar la nulidad del auto que termino (Sic) la acci\u00f3n popular (\u2026)\u201d (Cuaderno No.1, documento No.22)\u00bb, la que fue decidida \u00abcon sentencias de primera y segunda instancia del 28-11-2018 y 31-01-2019 (Cuaderno No.1, documento No.22) y ya se agot\u00f3 el tr\u00e1mite de la revisi\u00f3n por la CC (Cuaderno No.1, documento No.23)\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que \u00abse sancionar\u00e1 al accionante por su actuar temerario, porque es evidente que abusa del mecanismo constitucional con el fin de lograr a toda costa la \u201cprotecci\u00f3n\u201d de sus derechos, sin mediar justificaci\u00f3n que habilite su iteraci\u00f3n\u00bb; de ah\u00ed que lo conden\u00f3 en costas7. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 el anterior fallo, exigiendo que \u00abse aplique en derecho [el] decreto 2591 de 1991, YA Q[UE] LA TUTELADA NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO RESPONDE MI TUTELA Y NUNCA SE APLICA TAL DECRETO\u00bb, es decir, la presunci\u00f3n de veracidad contenida en el art\u00edculo 25 de dicho decreto, m\u00e1xime cuando \u00abSI PRESENT[\u00d3] RECURSOS\u00bb contra la providencia criticada8. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para alcanzar la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, pero de car\u00e1cter subsidiario y residual, dado que solamente puede acudirse a ella en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, o cuando existiendo \u00e9stos, el amparo se tramita como mecanismo transitorio de defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
De lo anterior se desprende entonces, que la acci\u00f3n de tutela no es una v\u00eda judicial adicional o paralela a los mecanismos judiciales previstos por el legislador, y tampoco puede ser empleada como un recurso de \u00faltimo minuto al que se puede acudir para corregir sus propios errores, o para revivir t\u00e9rminos ya fenecidos a consecuencia del propio descuido procesal. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada por el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, de entrada se anuncia la ratificaci\u00f3n del fallo refutado, pues, de acuerdo con los soportes adosados a las presentes diligencias, se observa que el amparo solicitado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues la queja enrostrada contra la providencia proferida el 25 de junio de 2018 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, por medio de la cual se resolvi\u00f3, entre otros, dar por terminada la acci\u00f3n popular promovida por el accionante contra la Fundaci\u00f3n de la Mujer, hoy Banco de la Mujer S.A.S., radicada con el No. 2015-01164-00, por desistimiento t\u00e1cito, ya fue objeto de revisi\u00f3n constitucional por esta Sala en la sentencia de tutela de fecha 31 de enero de 2019, en la que se revoc\u00f3 la concesi\u00f3n del resguardo dispuesto por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira en fallo del 29 de noviembre de 2018, tras considerarse que para la data en que se emiti\u00f3 la decisi\u00f3n censurada \u00abel criterio mayoritario de esta Corporaci\u00f3n establec\u00eda que si era aplicable esta figura en las acciones populares, lo que reafirma que no puede endilg\u00e1rsele una v\u00eda de hecho a la providencia que as\u00ed la adopt\u00f3\u00bb (STC737-2019), expediente que fue excluido de revisi\u00f3n por el Alto Tribunal Constitucional9, por lo que dicha determinaci\u00f3n de tutela hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional (Art. 243, Num. 1\u00ba C.P.), y por ende, es oponible a quienes intervinieron en dicho asunto, circunstancia que cierra toda posibilidad de reabrir nuevamente el debate sobre la demarcada actuaci\u00f3n, en lo que a la tem\u00e1tica puntual refiere, toda vez que, como la se\u00f1alado la jurisprudencia constitucional, citada por esta Colegiatura, \u00ab[u]na vez ha culminado el proceso de revisi\u00f3n por parte de la Corte, \u201cno hay lugar para reabrir el debate\u201d y, por tanto, la decisi\u00f3n se torna inmutable y definitivamente vinculante, revisti\u00e9ndose de la calidad de cosa juzgada. As\u00ed las cosas, \u201c(\u2026) [d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026), opera el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisi\u00f3n judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido\u00bb (C.C. SU1219\/01, CSJ STC3678-2020). <\/p>\n
3. Finalmente, aunque el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991 establece, que si la autoridad encartada no rinde el informe que el juez de tutela le solicite, \u00abse tendr\u00e1n por ciertos los hechos\u00bb, esto no significa que solo por esa sola raz\u00f3n deba necesariamente accederse a lo que busca el promotor, pues aqu\u00e9lla es apenas una presunci\u00f3n que puede caerse por cualquiera de los elementos demostrativos allegados al expediente, como los que en este caso finalmente se arribaron ante el a quo constitucional, y que dan cuenta que el actor fue negligente en el uso de los mecanismos de defensa judicial que ten\u00eda a su alcance para cuestionar la decisi\u00f3n censurada. <\/p>\n
Sobre el tema ha explicado la Corporaci\u00f3n, que \u00abaun en el evento de que las querelladas no se hubieran manifestado, esa circunstancia no conlleva, necesariamente, a que se tengan como ciertos los hechos en que se funda la acci\u00f3n y deba concederse (\u2026) porque a la postre, la presunci\u00f3n de veracidad prevista en el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991 es apenas un elemento de juicio que debe ser valorado en conjunto con las dem\u00e1s probanzas (CSJ, STC1298-2020). <\/p>\n
4. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone ratificar, como al inicio se indic\u00f3, el fallo de tutela refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 De acuerdo con la demanda de tutela acopiada al expediente en copia digital remitido a esta Corporaci\u00f3n v\u00eda correo institucional. <\/p>\n
2 Ejusdem. <\/p>\n
3 Informe remitido por la misma senda a esta Corte. <\/p>\n
4 Cit. <\/p>\n
5 Ib\u00eddem. <\/p>\n
6 Ob. <\/p>\n
7 Decisi\u00f3n anexa al archivo digital antes comentado. <\/p>\n
8 Cit. <\/p>\n
9 De acuerdo con el folio 23 del Cuaderno No.1 del expediente de dicha acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
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