STC451-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC451-2020 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00320-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 30 de noviembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la parte pasiva y dem\u00e1s intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con las providencias proferidas el 25 de junio y 2 de agosto de 2018, en el marco de la acci\u00f3n popular por \u00e9l promovida contra la Fundaci\u00f3n de la Mujer, hoy Banco de la Mujer S.A.S., radicada con el No. 2015-01178-00; y, al no atender la solicitud que le elev\u00f3 para que informara si con las mencionadas decisiones cometi\u00f3 prevaricato por acci\u00f3n. <\/p>\n
Exige entonces, para la protecci\u00f3n de su debido proceso, i) \u00abdeterminar si la juez [acusada] cometi\u00f3 PREVARICATO al terminar una acci\u00f3n Constitucional, como lo es la [citada] acci\u00f3n popular\u00bb; ii) que se decrete la \u00abNULIDAD de todo lo actuado [en dicho tr\u00e1mite\u00bb; iii) que se ordene a quien corresponda, \u00abaplicar [el] art[\u00edculo] 84 [de la] ley 472 de 1998\u00bb; iv) que se ordene a la aludida funcionaria, \u00abdigitalizar\u00bb el expediente de la mentada actuaci\u00f3n y \u00abenviarlo al correo dinosaurio013hotmail.com\u00bb; y, por \u00faltimo, v) que se ordene al Ministerio P\u00fablico y a la Defensor\u00eda del Pueblo demostrar \u00abc[\u00f3]mo actuaron en la acci\u00f3n popular tutelada y prueben si cumplieron ley 734 de 2002\u00bb1. <\/p>\n
2. En apoyo de tales pretensiones se limit\u00f3 a manifestar, que con la primera de las determinaciones criticadas el aludido estrado judicial dio por terminada la actuaci\u00f3n referida l\u00edneas atr\u00e1s por desistimiento t\u00e1cito, figura procesal que, dice, no opera en esa especie de juicio, y pese a recurrir dicha resoluci\u00f3n y pedir copia digital del expediente, dicha autoridad confirm\u00f3 lo decidido y neg\u00f3 lo solicitado, motivo por el cual requiri\u00f3 a la juez para que le informara si con la adopci\u00f3n de la anterior decisi\u00f3n incurri\u00f3 en prevaricato por acci\u00f3n, pero \u00e9sta guard\u00f3 silencio, todo lo cual, asegura, le lesiona el derecho ius fundamental invocado2. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Procurador Regional de Risaralda, luego de hacer referencia a las competencias que tiene asignadas ese ente de control en la Ley 472 de 1998, solicit\u00f3 exonerar de responsabilidad a dicho organismo, por cuanto que ha cumplido sus funciones en cada una de las acciones populares de las cuales ha sido notificado3. <\/p>\n
b. El Defensor del Pueblo del citado departamento pidi\u00f3 ser desvinculado de la presente actuaci\u00f3n, toda vez que con la queja expuesta con la demanda de tutela no se le endilga acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna vulneradora de la garant\u00eda superior invocada por el accionante4. <\/p>\n
c. El municipio de Sevilla, Valle del Cauca, a trav\u00e9s de apoderada judicial, tambi\u00e9n reproch\u00f3 su citaci\u00f3n al diligenciamiento, por cuanto que el tutelante no le enrostra a ese ente territorial ning\u00fan acto transgresor de derechos fundamentales5. <\/p>\n
d. La Juez Tercero Civil del Circuito de Pereira a trav\u00e9s de su secretar\u00eda, se limit\u00f3 a memorar las actuaciones que se desplegaron con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular objeto de controversia constitucional, remitiendo copia de la decisi\u00f3n atacada6. <\/p>\n
e. Los dem\u00e1s vinculados, guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras considerar que \u00abno es la acci\u00f3n de tutela el medio judicial previsto en el ordenamiento jur\u00eddico para determinar si un funcionario judicial ha cometido o no un hecho punible, y, en cualquier caso, si bien el accionante adujo que le solicit\u00f3 a la funcionaria un pronunciamiento sobre su actuar, lo cierto es que, en el expediente que remiti\u00f3 el juzgado, es inexistente alguna solicitud suya, orientada a que la jueza se pronuncie sobre el presunto prevaricato en que ha incurrido, o a que declare la nulidad que aqu\u00ed invoca, menos una que tienda a que se le env\u00ede el expediente digitalizado a su correo electr\u00f3nico\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que igualmente \u00abson improcedentes las peticiones dirigidas a la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo, pues tampoco est\u00e1 acreditado que el accionante les hubiera solicitado a esas autoridades lo que mediante esta acci\u00f3n de tutela les exige\u00bb, suerte que tambi\u00e9n corre \u00abla petici\u00f3n tendiente a que se le ordene, a la autoridad que corresponda, dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 84 de la Ley 472 de 1998, porque est\u00e1 en cabeza del accionante acudir ante las autoridades que estime convenientes, para que all\u00ed se proceda como desea\u00bb7. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante se mostr\u00f3 inconforme con lo resuelto, \u00fanicamente, en relaci\u00f3n con la terminaci\u00f3n anormal de la acci\u00f3n popular objeto de debate, al esgrimir que \u00abEL AUTO ILEGAL, AUN EN FIRME NO ATA, ES DECIR SE DEBE ORDENAR CONTINUAR CON LA RENUENTE ACCION POPULAR DE IMPULSO OFICIOSO\u00bb8. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar, que en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada por el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, de entrada se anuncia la ratificaci\u00f3n del fallo refutado, pues de acuerdo con los soportes adosados a las presentes diligencias, se observa que el amparo solicitado frente a las providencias por medio de las cuales la Juez Tercero Civil del Circuito de Pereira resolvi\u00f3, en su orden, declarar la terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular promovida por el accionante contra la Fundaci\u00f3n de la Mujer, hoy Banco de la Mujer S.A.S., radicada con el No. 2015-01178-00, por desistimiento t\u00e1cito; y, no reponer la anterior decisi\u00f3n, respectivamente, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que desatiende el presupuesto de procedibilidad general de la prontitud, si se tiene en cuenta que la \u00faltima de esas decisiones data del 2 de agosto de 2018, en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 solo hasta el 11 de noviembre de 2020, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo, por lo que queda establecido que la pretensi\u00f3n dirigida contra las demarcadas determinaciones no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se puede verificar, transcurri\u00f3 un tiempo significativo -2 a\u00f1os, 3 meses y 9 d\u00edas, sin que el accionante solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera vulnerados con dichas actuaciones, lo que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto antes mencionado, el cual impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que <\/p>\n
\u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n
Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC9333-2020). <\/p>\n
3. Ahora bien, aunque se soslayara el anterior requisito en aras de ser garantistas, lo cierto es que para el momento en que se emitieron las decisiones censuradas, el criterio hermen\u00e9utico imperante en la Sala era el de aceptar ese modo de terminaci\u00f3n anormal del proceso en esa clase de litigio, razonamiento que luego vari\u00f3 a partir del fallo de tutela adoptado el 7 de noviembre de 2018 (STC14483-2018), y que hoy se mantiene, de manera que se torna imposible remover una situaci\u00f3n ya consolidada. <\/p>\n
4. Finalmente, en lo que tiene que ver con el pronunciamiento reclamado por el gestor frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, cabe precisarle, como lo ha hecho esta Colegiatura en innumerables pronunciamientos, que le corresponde a \u00e9ste dirigir directamente sus peticiones ante dichas autoridades, dada la residualidad y el car\u00e1cter subsidiario que caracteriza la acci\u00f3n de tutela, pues tal como lo inform\u00f3 la citada Colegiatura, el actor, no ha elevado queja alguna contra la funcionaria convocada, por el tr\u00e1mite acaecido en la acci\u00f3n popular que ahora critica, pues \u00abadem\u00e1s de que la tutela no fue instituida con ese prop\u00f3sito sino para garantizar los derechos fundamentales, el promotor puede presentar esa denuncia directamente ante los organismos competentes, eso s\u00ed, asumiendo las consecuencias de su obrar\u00bb (reiterada recientemente en CSJ STC9513-2019). <\/p>\n
5. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone ratificar, como al inicio se indic\u00f3, el fallo de tutela refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 De acuerdo con la demanda de tutela acopiada al expediente en copia digital remitido a esta Corporaci\u00f3n v\u00eda correo institucional. <\/p>\n
2 Ejusdem. <\/p>\n
3 Informe remitido por la misma senda a esta Corte. <\/p>\n
4 Cit. <\/p>\n
5 Ib\u00eddem. <\/p>\n
6 Ob. <\/p>\n
7 Decisi\u00f3n anexa al archivo digital antes comentado. <\/p>\n
8 Cit. <\/p>\n
<\/p>\n
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