STC452-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC452-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00339-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de diciembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con las decisiones proferidas en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular por \u00e9l promovida contra la sucursal Sura E.P.S, con radicado No. 2019-00193-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando i) al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, \u00abnotifi[car] la acci\u00f3n [popular] al accionado (sic)\u00bb, y que \u00abSIEMPRE que notifique una acci\u00f3n popular por estado, env\u00ede en ese mismo estado el link\u00bb; y, ii) a la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, y, a la Defensor\u00eda Regional del Pueblo de Risaralda, que \u00abpresenten acciones legales a fin de garantizar (\u2026) art 29 CN\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del asunto aduce en compendio, que pese a lo dispuesto en los art\u00edculos 5\u00b0 y 6\u00b0 de la Ley 472 de 1998, en el marco del citado asunto el Juzgado cognoscente omite cumplir con los t\u00e9rminos \u00abperentorios\u00bb, sin notificar adem\u00e1s a las partes procesales, situaci\u00f3n que, en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La titular del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira puntualiz\u00f3, que no ha vulnerado garant\u00eda esencial alguna del actor, pues en el marco del asunto criticado ha cumplido con las cargas procesales que le competen, y \u00abpor auto del 3 de noviembre hoga\u00f1o fueron resueltas diversas solicitudes presentadas por el aqu\u00ed accionante encaminadas a notificar a la accionada al correo electr\u00f3nico de la misma (\u2026), su voluntad de ceder las costas (\u2026), manifestando nuevamente el desistimiento de la acci\u00f3n (\u2026). Actualmente la acci\u00f3n popular se encuentra pendiente de que el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga aporte la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico de la accionada EPS SURA\u00bb. <\/p>\n
b. El Defensor del Pueblo Regional de Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de las presentes diligencias, pues \u00abno es el organismo competente para adelantar las pretensiones del accionante\u00bb. <\/p>\n
d. El Procurador Regional de Risaralda puso de presente, que su \u00abintervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, situaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada (\u2026) en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba, convocado previamente por el Juez con el fin de llegar a un acuerdo de voluntades, pues cabe resaltar que, de existir el mismo, no s\u00f3lo debe ser avalado por el juez, en el caso de encontrar que el proyecto de acuerdo no contiene vicios de ilegalidad, sino que ha de contar con la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 el amparo reclamado, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, pues el actor en un acto constitutivo de incuria, omiti\u00f3 el ejercicio de los mecanismos procesales que le eran procedentes respecto del prove\u00eddo que lo requiri\u00f3 para que suministrara en debida forma el lugar de notificaci\u00f3n de la entidad all\u00e1 convocada. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante replic\u00f3 el fallo, se\u00f1alando que \u00abse viola mi acceso a la justicia, por exceso ritual manifiesto\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa que la censura del se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga est\u00e1 encaminada, concretamente, frente al prove\u00eddo dictado el 3 de noviembre del a\u00f1o pasado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, a trav\u00e9s del cual resolvi\u00f3, previa notificaci\u00f3n de la parte accionada, requerirlo para que entregue el correo electr\u00f3nico de \u00e9sta, al interior de la acci\u00f3n popular por \u00e9l promovida contra una de las sucursales de Sura EPS, pues seg\u00fan su dicho, se est\u00e1n desconociendo los t\u00e9rminos perentorios de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisadas las documentales allegadas al presente tr\u00e1mite y el informe de la autoridad convocada, no cabe duda del fracaso de lo aqu\u00ed reclamado, teniendo en cuenta que las cuestiones planteadas por el gestor del amparo resultan ajenas al escenario de acci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro del prenotado tr\u00e1mite judicial \u00e9ste no hizo uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, pues el actor popular, aqu\u00ed interesado, tal y como lo precis\u00f3 el a quo constitucional, en un acto constitutivo de incuria, dej\u00f3 de formular en la oportunidad procesal correspondiente el mecanismo id\u00f3neo para exponer la particular tem\u00e1tica, esto es, el recurso de reposici\u00f3n contra la decisi\u00f3n que critica, de conformidad con las previsiones del art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, medio de impugnaci\u00f3n que estaba a su alcance para debatir ante el juez natural los reparos ahora expuestos, sin que sea del caso adelantarse al pronunciamiento o partir de supuestos improbables para, ahora acudir a esta acci\u00f3n constitucional, it\u00e9rese, sin haber agotado previamente los medios procesales contemplados en la ley para controvertir la determinaci\u00f3n que estima lesiva de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Al punto, la Sala de tiempo atr\u00e1s ha precisado, que \u00abla falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC10785-2020). <\/p>\n
Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que, \u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (Cit.). <\/p>\n
4. Finalmente, en lo que tiene que ver con el pronunciamiento reclamado por el gestor frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, cabe precisarle, como lo ha hecho esta Colegiatura en innumerables pronunciamientos, que le corresponde a \u00e9ste dirigir directamente sus peticiones ante dichas autoridades, dada la residualidad y el car\u00e1cter subsidiario que caracteriza la acci\u00f3n de tutela, pues tal como lo inform\u00f3 la citada Colegiatura, el actor, no ha elevado queja alguna contra la funcionaria convocada, por el tr\u00e1mite acaecido en la acci\u00f3n popular que ahora critica, pues \u00abadem\u00e1s de que la tutela no fue instituida con ese prop\u00f3sito sino para garantizar los derechos fundamentales, el promotor puede presentar esa denuncia directamente ante los organismos competentes, eso s\u00ed, asumiendo las consecuencias de su obrar\u00bb (reiterada recientemente en CSJ STC9513-21019). <\/p>\n
5. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se ratificar\u00e1 el fallo criticado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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