STC453-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC453-2020 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00358-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de diciembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la parte pasiva y dem\u00e1s intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, en el marco de la acci\u00f3n popular promovida por Leandro Giraldo contra la sucursal de Bancolombia ubicada en \u00abla calle 34 No. 41-59\u00bb de la ciudad de Barranquilla, con radicado No. 2015-01275-00, juicio en el que act\u00faa como coadyuvante de la parte actora. <\/p>\n
Exige entonces, para la protecci\u00f3n de su debido proceso, que \u00abse decrete [la] NULIDAD del auto por el cual se termin\u00f3 anormalmente la [citada] acci\u00f3n popular\u00bb, y se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, \u00abcorrer traslado al procurador delegado\u2026 a fin [de] q[ue] act\u00fae en derecho y garantice [el] art[\u00edculo] 29 CN\u00bb, y, \u00abdigitalice\u2026 todo lo actuado\u00bb1. <\/p>\n
2. En apoyo de tales pretensiones se limit\u00f3 a manifestar, qu, la titular del aludido estrado judicial dio por terminada la actuaci\u00f3n referida l\u00edneas atr\u00e1s por desistimiento t\u00e1cito, figura procesal que, asegura, no opera en esa especie de asuntos, y pese a que solicit\u00f3 que se corriera traslado al Procurador Delegado designado para que interviniera, dicha funcionaria no atendi\u00f3 su petici\u00f3n, todo lo cual, asegura, le lesiona el derecho ius fundamental invocado2. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Procurador Regional de Risaralda, luego de hacer referencia a las competencias que tiene asignadas ese ente de control en la Ley 472 de 1998, solicit\u00f3 exonerar de responsabilidad a dicho organismo, por cuanto que ha cumplido sus funciones en cada una de las acciones populares de las cuales ha sido notificado3. <\/p>\n
b. El Defensor del Pueblo del citado departamento pidi\u00f3 ser desvinculado de la presente actuaci\u00f3n, toda vez que con la queja expuesta con la demanda de tutela no se le endilga acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna vulneradora de la garant\u00eda superior invocada por el accionante4. <\/p>\n
c. Tanto la Alcald\u00eda de Pereira como de la ciudad de Barranquilla, aunque en escritos separados y a trav\u00e9s de apoderado judicial, tambi\u00e9n reprocharon su citaci\u00f3n al presente diligenciamiento, por cuanto que el tutelante no le enrostra a dichos entes territoriales ning\u00fan acto transgresor de derechos fundamentales5. <\/p>\n
d. La Juez Tercero Civil del Circuito de Pereira a trav\u00e9s de su secretar\u00eda, se limit\u00f3 a memorar las actuaciones que se desplegaron con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular objeto de controversia constitucional, remitiendo copia de la decisi\u00f3n atacada6. <\/p>\n
e. Los dem\u00e1s vinculados, guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras considerar, frente a la queja expuesta contra la decisi\u00f3n de dar por terminada la acci\u00f3n popular censurada por desistimiento t\u00e1cito, que \u00e9sta \u00abse encuentra en curso\u00bb, pues est\u00e1 en \u00abEtapa de alegatos\u00bb, mientras que, en relaci\u00f3n al reproche atinente a la falta de traslado al Procurador Delegado para que act\u00fae en dicho tr\u00e1mite, que el accionante \u00abno present\u00f3 solicitudes [a \u00e9ste] en los t\u00e9rminos descritos en la tutela\u00bb, am\u00e9n que el reclamo no atiende el requisito general de procedibilidad de la inmediatez, en la medida que el memorial a trav\u00e9s del cual el tutelante pidi\u00f3 dicho traslado, \u00abfue presentado cuatro (4) a\u00f1os atr\u00e1s (11-11-2016) (Cuaderno No.1, carpeta No.14, documento No.1, folio 28)\u00bb7. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante se mostr\u00f3 inconforme con lo resuelto, \u00fanicamente, en relaci\u00f3n con la supuesta terminaci\u00f3n anormal de la acci\u00f3n popular objeto de debate constitucional, al esgrimir que \u00abel AUTO ILEGAL no ata aun en firme siendo as\u00ed pido se ampare [su derecho] y se ordene continuar [el tr\u00e1mite] amparado [en el] art 5 ley 472 de 1998\u00bb8. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar, que en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte al motivo de disenso esgrimido en la impugnaci\u00f3n formulada por el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, de entrada se anuncia la ratificaci\u00f3n del fallo opugnado, pues de acuerdo con los soportes adosados a las presentes diligencias digitales, se observa que el amparo solicitado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que, como bien lo anot\u00f3 el a quo constitucional, en ning\u00fan momento la Juez Tercero Civil del Circuito de Pereira ha declarado el desistimiento t\u00e1cito de la demanda que dio origen a la acci\u00f3n popular identificada con el consecutivo No. 2015-01275-00, juicio en el que el aqu\u00ed interesado act\u00faa como coadyuvante, y que por ende, se haya decretado su terminaci\u00f3n, toda vez que la \u00faltima actuaci\u00f3n que all\u00ed se registra es la providencia del 14 de octubre de 2020, por medio de la cual se corri\u00f3 traslado a las partes para alegar de conclusi\u00f3n, lo que ya hizo la entidad financiera demandada; luego, entonces, es claro que la vulneraci\u00f3n alegada deviene inexistente. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corte ha venido sosteniendo que para la prosperidad del resguardo, \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb; de igual modo, se requiere \u00abel cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC1193-2020). <\/p>\n
3. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone ratificar, como al inicio se indic\u00f3, el fallo de tutela refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 De acuerdo con la demanda de tutela acopiada al expediente en copia digital remitido a esta Corporaci\u00f3n v\u00eda correo institucional. <\/p>\n
2 Ejusdem. <\/p>\n
3 Informe remitido por la misma senda a esta Corte. <\/p>\n
4 Cit. <\/p>\n
5 Ib\u00eddem. <\/p>\n
6 Ob. <\/p>\n
7 Decisi\u00f3n anexa al archivo digital antes comentado. <\/p>\n
8 Cit. <\/p>\n
<\/p>\n
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