STC454-2021<\/p>\n
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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC454-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01670-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 de noviembre de 2020, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos H\u00e9ctor Tamayo Medina contra Jeanneth Naranjo Mart\u00ednez, Magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de la misma ciudad\u00b8 el Presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma Urbe y el Director Ejecutivo Seccional de Administraci\u00f3n Judicial Bogot\u00e1, Cundinamarca y Amazonas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la honra, al buen nombre y al trabajo en condiciones dignas y justas, presuntamente conculcados por la autoridad accionada, con la decisi\u00f3n definitiva emitida dentro de la Vigilancia Judicial Administrativa Oficiosa No. 2020-0018 OF, tramitada en su contra como Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, \u00abse deje sin efectos la cuestionada decisi\u00f3n de la doctora Jeanneth Naranjo Mart\u00ednez y se le ordene que se abstenga de seguir fustigando, presionando, perturbando [su] tranquilidad y entorpeciendo [su] trabajo, ya que su actuaci\u00f3n [l]e ha generado demasiado estr\u00e9s y [l]e ha hecho perder el buen ritmo de trabajo que tra\u00eda\u00bb <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos, aduce en compendio que, mediante decisi\u00f3n del 26 de octubre de 2020 del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, emitida por la Dra. Jeanneth Naranjo Mart\u00ednez, fue definida la referida vigilancia judicial administrativa en su contra, de la que no ten\u00eda conocimiento, donde se le orden\u00f3 \u00abtomar los correctivos necesarios\u00bb para decidir el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto del 11 de junio de 2020 dentro del proceso penal identificado con el consecutivo \u00abNo. 1100160002023007000340707 (sin preso)\u00bb, orden\u00e1ndose adem\u00e1s anexar copia de aquella providencia administrativa al expediente del precitado asunto \u00abcon el fin de que los interesados se enteren de la misma\u00bb. <\/p>\n
Expone que esa determinaci\u00f3n es \u00abarbitraria\u00bb, porque si bien se le hab\u00eda solicitado informaci\u00f3n sobre la aludida causa penal, en ning\u00fan momento se le puso en conocimiento que se tramitaba una vigilancia judicial administrativa en su contra; la solicitud que se le hizo de \u00abtomar los correctivos necesarios\u00bb dentro del comentado decurso supone que ha incurrido en alguna irregularidad, la cual no se le indic\u00f3 ni se le dio oportunidad de controvertirla; y, porque mediante los oficios No. 290 del 20 de agosto y 353 del 20 de octubre de 2020 inform\u00f3 por qu\u00e9 no hab\u00eda sido posible a\u00fan desatar la alzada. <\/p>\n
Asevera que si bien estaba superado el t\u00e9rmino legal para decidir el precitado mecanismo vertical, ello obedeci\u00f3 a \u00abla descomunal cantidad de trabajo, las prioridades de orden constitucional y legal, la cantidad de casos que llegan al Tribunal a punto de prescribir, los innumerables asuntos relacionados con personas privadas de la libertad que se hallan altamente expuestas al contagio del Covid-19, el n\u00famero de expedientes precedentes en el tiempo \u2013 varios de ellos con preso-, como por ejemplo el caso de alt\u00edsima complejidad concerniente al presidente de Corficolombiana, en el marco del esc\u00e1ndalo de Odebrecht, con persona privada de la libertad\u00bb, asuntos cuyo estudio y definici\u00f3n lo han llevado incluso a ocupar parte de su tiempo libre y periodos de incapacidad m\u00e9dica. <\/p>\n
Finalmente asegura, que si lo pretendido por la accionada es que incremente las horas que dedica al trabajo, ello constituye \u00abacoso laboral\u00bb en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 7\u00ba, literal J de la Ley 1010 de 2006, adem\u00e1s de ser un \u00abultraje\u00bb a su dignidad como Magistrado y generarle desmotivaci\u00f3n para el ejercicio de sus funciones, con desconocimiento de las \u00abinnumerables dificultades\u00bb que para el ejercicio de la actividad judicial ha generado la actual pandemia, situaci\u00f3n que en su criterio amerita la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
a. El Presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 corrobor\u00f3, que esa Colegiatura \u00abpresenta una seria y conocida congesti\u00f3n judicial, asunto que en anteriores oportunidades se ha puesto de presente ante el Consejo Superior de la Judicatura\u00bb, lo cual genera demoras en la prestaci\u00f3n del servicio y lleva a los operadores judiciales a soportar una \u00abcarga laboral injustificada y prolongadas jornadas laborales, incluso m\u00e1s all\u00e1 de la legal\u00bb, sin contar adem\u00e1s, \u00abcon los medios tecnol\u00f3gicos y personal suficiente para atender la carga laboral\u00bb, sin que las medidas a ese respecto adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura resulten suficientes para conjurar la situaci\u00f3n. <\/p>\n
b. El titular del Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que la protecci\u00f3n es improcedente porque no obra prueba en el expediente de que, contra la decisi\u00f3n cuestionada, se hayan agotados los mecanismos de impugnaci\u00f3n del caso; de otro lado, realiz\u00f3 un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas dentro del proceso penal respecto del cual se tramit\u00f3 la vigilancia judicial administrativa objeto de cuestionamiento. <\/p>\n
c. El Consejo Seccional de la Judicatura, a trav\u00e9s de la Magistrada Jeanneth Naranjo Mart\u00ednez, hizo un recuento de los antecedentes y el tr\u00e1mite surtido dentro de la referida vigilancia judicial administrativa y se\u00f1al\u00f3, que lo solicitado al aqu\u00ed accionante en acto administrativo No. CSJBTAVJ20-1421 de 26 de octubre de 2020, con que culmin\u00f3 dicha actuaci\u00f3n, no implica que en el proceso penal se haya cometido alguna irregularidad, y la medida se tom\u00f3 por la dilaci\u00f3n presentada en un caso de \u00abconnotaci\u00f3n nacional\u00bb (carrusel de la contrataci\u00f3n), para que no opere el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n, siendo que ya ha operado sobre otras conductas procesadas, y la alzada pendiente de resolver fue concedida en el efecto suspensivo. <\/p>\n
Acot\u00f3 que no existe acoso laboral o afectaci\u00f3n al buen nombre del aqu\u00ed accionante, por ordenar que se tomen medidas correctivas para que se resuelva un recurso en el t\u00e9rmino que establece la ley procesal penal y que no es pertinente la justificaci\u00f3n para la demora en dicho proceder porque seg\u00fan el Acuerdo 11632 de 30 de septiembre de 2020, a los despachos judiciales pod\u00edan acudir hasta el 40% de los servidores judiciales. <\/p>\n
d. El Director Ejecutivo Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1, Cundinamarca y Amazonas puso de presente, que en su momento atendi\u00f3 la solicitud del aqu\u00ed interesado para transportar unos expedientes judiciales. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, tras hacer un recuento de las actuaciones surtidas en la vigilancia judicial administrativa objeto de cr\u00edtica y colegir, que en ese tr\u00e1mite \u00abse agotaron todas las fases previstas en el Acuerdo No. PSAA11-8716 de octubre 6 de 2011, por lo que no se puede afirmar que hubo vulneraci\u00f3n al debido proceso del Magistrado accionante, quien tuvo la oportunidad correspondiente para rendir su informe y brindar explicaciones, en las que se advierte, adem\u00e1s, que s\u00f3lo puso en conocimiento dificultades presentadas en el apoyo operativo que solicit\u00f3 para el traslado del expediente f\u00edsico, m\u00e1s no las circunstancias que ahora refiere en su escrito de tutela o el informe posterior rendido en este tr\u00e1mite, atendiendo el requerimiento del Magistrado sustanciador\u00bb. <\/p>\n
De otro lado observ\u00f3, que \u00ablas alegaciones relacionadas con el presunto acoso laboral que reclama el peticionario deben ser ventiladas ante la autoridad competente que, por lo menos en este caso, no resulta ser la constitucional, como quiera que no se vislumbra la afectaci\u00f3n de derechos fundamentales como el buen nombre, pues, en verdad, el tr\u00e1mite administrativo no evidencia un actuar subjetivo o arbitrario de la funcionaria convocada; tampoco hay prueba de que la reputaci\u00f3n del Magistrado haya podido \u201csufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas\u00b7, menos si se tiene en cuenta que la comunicaci\u00f3n enviada el 26 de octubre, que cuestiona en la tutela, s\u00f3lo le hace una sugerencia para que \u00e9l, utilizando las facultades procesales que tiene, tome \u201cel correctivo necesario\u201d para no afectar los t\u00e9rminos del proceso que tiene a su cargo el Juzgado 6\u00ba Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el promotor, haciendo \u00e9nfasis en que se omiti\u00f3 valorar la respuesta que dio al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 mediante oficio No. 290 del 20 de agosto de 2020 donde expuso las dificultades para resolver la aludida apelaci\u00f3n, reiteradas en este escenario; que no se indic\u00f3 la v\u00eda ordinaria con que contaba para exponer el acoso laboral, la que consider\u00f3 \u00abno existe\u00bb; si bien el t\u00e9rmino para resolver la apelaci\u00f3n estaba vencido, no es responsable de ello, pues la situaci\u00f3n obedece a la congesti\u00f3n judicial; y, no le fue informado que contra \u00e9l se adelantaba la vigilancia judicial administrativa, ni dentro de la misma se tuvieron en cuenta sus explicaciones. <\/p>\n
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1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Por regla, es improcedente frente a decisiones judiciales, debido al respeto que corresponde garantizar a la autonom\u00eda de la actividad jurisdiccional, no obstante, por v\u00eda jurisprudencial se ha establecido su viabilidad excepcional y extraordinaria, siempre que no existan mecanismos ordinarios para atacar la decisi\u00f3n, el reclamo se eleve con prontitud y exista causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura del ciudadano Carlos H\u00e9ctor Tamayo Medina est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra la decisi\u00f3n de 26 de octubre pasado del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, con que culmin\u00f3 la Vigilancia Judicial Administrativa Oficiosa seguida en su contra respecto de uno de los procesos penales bajo su conocimiento como Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, pues seg\u00fan su criterio, lo resuelto no consult\u00f3 los motivos que expuso en su defensa, no se le inform\u00f3 adecuadamente que en su contra estaba cursando dicho tr\u00e1mite administrativo, y, lo decidido afecta su buen nombre y el desempe\u00f1o de sus funciones, y, constituye acoso laboral. <\/p>\n
3. Del an\u00e1lisis del escrito de tutela y los documentos anexados al expediente constitucional, se extraen los siguientes hechos probados: <\/p>\n
3.1. Previo requerimiento, en el marco de la Vigilancia Judicial Administrativa No. 2015-0026 sobre el proceso penal No. 2007-0034, el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 le manifest\u00f3 al Consejo Seccional de la Judicatura de la ciudad que dicho decurso se encontraba desde el 18 de junio de 2020 en la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma urbe, en tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto del d\u00eda 11 de ese mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n
3.2. Mediante oficio No. CSJBTO20-4852\/2015-0026 del 19 de agosto de 2020, el Consejo Seccional de la Judicatura requiri\u00f3 al aqu\u00ed accionante para que informara sobre el tr\u00e1mite del mecanismo, ante lo cual el precitado respondi\u00f3 con oficio No. 290 del d\u00eda 20 del mismo mes, que no lo hab\u00eda resuelto porque \u00abhay muchos otros asuntos que llegaron con anterioridad, a la vez que es nuestro deber respetar el orden cronol\u00f3gico. En segundo t\u00e9rmino, hay ciertos casos, como los concernientes a acciones constitucionales, procesos en lo que la acci\u00f3n penal est\u00e1 pr\u00f3xima a prescribir, casos en los que las v\u00edctimas son menores de edad, etc. A los que es nuestro deber darles prelaci\u00f3n. En tercer orden, le pongo en conocimiento que en este instante, junto con una de las auxiliares del despacho, estoy ocupado en el proceso contra Jos\u00e9 El\u00edas Melo Acosta, relacionado con el esc\u00e1ndalo de Odebrecht, de alta complejidad y resonancia nacional, que ingres\u00f3 el 22 de mayo de 2019, para el cual inclusive solicit\u00e9 la adopci\u00f3n de alguna medida de descongesti\u00f3n, que no tuvo ning\u00fan eco en el Consejo Superior de la Judicatura, pese a que el acusado se halla privado de la libertad. En cuarto Lugar, en este momento ni siquiera es posible sacar el expediente de la oficina, como quiera que no se est\u00e1 permitiendo la entrada al edificio\u00bb. <\/p>\n
3.3. El 16 de octubre de la misma anualidad, sobre el asunto penal el Consejo Seccional de la Judicatura orden\u00f3 de manera oficiosa la vigilancia judicial administrativa No. 2020-0018 OF, por la posible demora en la resoluci\u00f3n de la comentada alzada, y, con sustento en el numeral 6\u00ba del Art\u00edculo 101 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia) Acuerdo No. 8716 de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura, que reglamenta el ejercicio de la vigilancia judicial administrativa, solicit\u00f3 al aqu\u00ed interesado con oficio No. CSJBTO20-6470\/2020-0018 de la misma fecha, \u00abRef: \u201cVigilancia Judicial Administrativa Oficiosa No. 2020-00018 OF\u201d\u00bb que rindiera informe detallado del tr\u00e1mite y estado del aludido juicio. <\/p>\n
3.4. En su respuesta manifest\u00f3 el aqu\u00ed interesado, que hab\u00eda solicitado al Director Ejecutivo de Administraci\u00f3n Judicial Seccional Bogot\u00e1, Cundinamarca y Amazonas apoyo para enviar el expediente a la residencia de una de sus auxiliares, sin resultado positivo, sin que tampoco existiera claridad sobre la entrega de elementos de bioseguridad; adem\u00e1s, a su comunicaci\u00f3n los oficios que cruz\u00f3 con aquel funcionario. <\/p>\n
3.5. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 consult\u00f3 sobre la situaci\u00f3n al Director Ejecutivo de Administraci\u00f3n Judicial Seccional Bogot\u00e1, Cundinamarca y Amazonas, y \u00e9ste manifest\u00f3 que ya se hab\u00eda asignado un veh\u00edculo y conductor para la log\u00edstica requerida, con las respectivas medidas de bioseguridad. <\/p>\n
3.6. En acto administrativo No. CSJBTAVJ20-1421 de 26 de octubre de 2020 el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 resolvi\u00f3, \u00absolicitarle comedidamente al doctor Carlos H\u00e9ctor Tamayo Medina, H. Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, seg\u00fan sus poderes de ordenaci\u00f3n, instrucci\u00f3n y del director del proceso, tomar los correctivos necesarios, con el fin de que decida la apelaci\u00f3n del auto fechado 11 de junio de 2020 (\u2026) si tienen en cuenta que lleva que lleva en tr\u00e1mite m\u00e1s de cuatro (4) meses de haberse repartido y a la fecha no se ha proferido la decisi\u00f3n respectiva. Una vez resuelto el recurso de apelaci\u00f3n, se proceder\u00e1 al archivo de la vigilancia, agradecemos que nos remita copia de la decisi\u00f3n tomada dentro del expediente (\u2026) Copia de esta providencia, se ordena que se anexe al expediente, con el fin de que los interesados se enteren de la misma\u00bb. <\/p>\n
Para arribar a esa decisi\u00f3n, la autoridad accionada, tras hacer el recuento del tr\u00e1mite surtido y citar el art\u00edculo 178 de la Ley 906 de 2004, modificado por el art. 90 de la Ley 1395 de 20201, consider\u00f3 que \u00aben el caso de estudio podemos analizar de la contestaci\u00f3n de la vigilancia y de la P\u00e1gina de Consulta del Proceso de la Rama Judicial, que el proceso le fue repartido al despacho del doctor Carlos H\u00e9ctor Tamayo Medina, H. Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 15 de junio de 2020, para efectos de que se tramitara y decidiera el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra un auto del 11 de junio de 2020 proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1, expediente que est\u00e1 con medida de descongesti\u00f3n debido a la connotaci\u00f3n nacional y as\u00ed evitar una futura prescripci\u00f3n. Lo anterior nos indica que el aludido Despacho tienen el expediente hace m\u00e1s de cuatro (4) meses para desatar la alzada, situaci\u00f3n que supera el t\u00e9rmino para decidir la apelaci\u00f3n de un auto, por lo tanto, la decisi\u00f3n no se ha tomado en un tiempo razonable, dilaci\u00f3n que se ha debido a que la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Bogot\u00e1 no le prest\u00f3 oportunamente la colaboraci\u00f3n del transporte del expediente, el cual se est\u00e1 prestando el d\u00eda de hoy 26 de octubre de 2020\u00bb <\/p>\n
3.7. La decisi\u00f3n fue comunicada al aqu\u00ed accionante mediante oficio No. CSJBTO20-6716 del 27 de octubre de 2020, y contra la misma no se interpuso ning\u00fan recurso. <\/p>\n
3.8. Seg\u00fan el sistema de consulta de proceso, en audiencia del 1\u00ba de diciembre de 2020 se resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, y el asunto fue devuelto al juzgado de origen el 14 de diciembre siguiente. <\/p>\n
4. Una vez revisadas las precitadas actuaciones y el contenido de la decisi\u00f3n cuestionada al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, no cabe duda para la Sala acerca de la improcedencia del amparo reclamado, toda vez que lo resuelto lejos est\u00e1 de poder ser catalogado como arbitrario o antojadizo, o resultante de un tr\u00e1mite en que no se garantiz\u00f3 al gestor el adecuado ejercicio de su derecho de defensa, situaci\u00f3n que impide al juez constitucional intervenir para invalidar o si quiera modificar la decisi\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, una vez abierta la vigilancia judicial administrativa oficiosa, se brind\u00f3 la oportunidad al aqu\u00ed interesado para que expusiera de forma detallada el tr\u00e1mite que hab\u00eda dado al recurso de apelaci\u00f3n cuya falta de definici\u00f3n justific\u00f3 aquella decisi\u00f3n, informando \u00e9ste que la omisi\u00f3n obedec\u00eda a que no se le hab\u00edan suministrado los medios para trasladar el expediente del proceso a la residencia de una de sus auxiliares, informaci\u00f3n que tras ser contrastada con el funcionario encargado de coordinar dicho transporte, quien inform\u00f3 que ya hab\u00eda dispuesto lo necesario para cumplir con el mismo, llev\u00f3 a que la autoridad accionada resolviera solicitar al promotor que tomara los correctivos necesarios para definir la alzada en la forma que correspondiere, por haber transcurrido el t\u00e9rmino legal para ello. <\/p>\n
5. De este modo, a diferencia de lo considerado por el actor, se constata que lo decidido emergi\u00f3 del adecuado an\u00e1lisis de las pruebas, al tamiz del razonable entendimiento de las normas que rigen la materia, por lo que el mero disentimiento expuesto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez de tutela, con independencia de si se comparte o no el particular an\u00e1lisis realizado al caso, m\u00e1xime cuando lo determinando no implic\u00f3 que dentro del proceso penal vigilado se hubiera cometido una irregularidad procesal, diferente de la sola demora en la definici\u00f3n de un recurso de apelaci\u00f3n, tardanza que en criterio de la autoridad de vigilancia deb\u00eda ser superada, habida cuenta que el motivo esgrimido por el aqu\u00ed interesado para justificarla ya se encontraba superado. <\/p>\n
Ahora, si bien es cierto que antes de la apertura de la vigilancia administrativa judicial el gestor inform\u00f3 a la aqu\u00ed accionada otros motivos para la tardanza en la definici\u00f3n de la aludida apelaci\u00f3n, circunscritos principalmente a una elevada carga laboral, no fueron los mismos que se alegaron en curso de aquel tr\u00e1mite administrativo, y en todo caso, aunque se pudo constatar en este tr\u00e1mite que son una realidad que afecta el eficiente desarrollo de la actividad judicial desempe\u00f1ada por el accionante, no eliminan por si mismos el m\u00e9rito de la decisi\u00f3n administrativa criticada, la que, se enfatiza, aunque pudiera haber tenido un sentido o alcance diferente, es lo cierto que no cuenta con defectos en su forma de obtenci\u00f3n y contenido con alcance para hacerla susceptible de intervenci\u00f3n tutelar. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, como la sola divergencia conceptual, o el no compartir el sentido de la decisi\u00f3n anotada, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues, como lo ha se\u00f1alado invariablemente la Sala de tiempo atr\u00e1s, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC825-2020). <\/p>\n
7. Establecido lo anterior, no es posible afirmar que la inclusi\u00f3n de la decisi\u00f3n administrativa en comento en el expediente del proceso penal objeto de vigilancia, constituya per se una afrenta al derecho al buen nombre del gestor, pues, como se vio, lo decidido no se alej\u00f3 de la realidad del aludido decurso, ya que esencialmente se fund\u00f3 en la demora en la definici\u00f3n de una alzada, constatada en un tr\u00e1mite con el m\u00ednimo de garant\u00edas requeridas, de all\u00ed que no proceda la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, pues, como lo ha establecido el Alto Tribunal Constitucional, \u00abel derecho al buen nombre ha sido definido por la Corte como un derecho-valor, referido a la salvaguarda de toda persona a una buena opini\u00f3n o fama, adquirida como consecuencia de su trayectoria y acciones, por lo que guarda una estrecha relaci\u00f3n con la dignidad humana y otros derechos de rango superior. En otras palabras, est\u00e1 referido al concepto que los dem\u00e1s se forman sobre un individuo, es decir, su reputaci\u00f3n, la cual se ve afectada cuando de manera personal o a trav\u00e9s de los medios de comunicaci\u00f3n, se divulga informaci\u00f3n falsa o err\u00f3nea, o se utilizan de expresiones ofensivas o injuriosas que conlleva a que el prestigio social se distorsione afectando su imagen personal. (\u2026) En ese orden, trat\u00e1ndose de la vulneraci\u00f3n al buen nombre de una persona por divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n, le corresponde al juez de tutela valorar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que se le presenta, analizando si las afirmaciones divulgadas son falsas, equivocadas o contrarias al prestigio que el individuo [h]a construido con su actuar, situaci\u00f3n en la cual debe proceder al restablecimiento y protecci\u00f3n del derecho\u00bb2 (se subraya). <\/p>\n
8. Finalmente, si el actor considera que la decisi\u00f3n cuestionada puede interpretarse como un acto constitutivo de acoso laboral por parte de la Magistrada sustanciadora del mismo, para la protecci\u00f3n de sus derechos puede acudir al procedimiento establecido en la Ley 1010 de 2006, que en su art\u00edculo 12 establece que, \u00abcuando la v\u00edctima del acoso laboral sea un servidor p\u00fablico, la competencia para conocer de la falta disciplinaria corresponde al Ministerio P\u00fablico o a las Salas Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, conforme a las competencias que se\u00f1ala la ley\u00bb, medio procesal cuya existencia impide la intervenci\u00f3n en el asunto por parte del juez de tutela, siendo que no se alega la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, pues como ha sostenido la Corte, \u00abla acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u201cLa acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se la pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin\u00bb (CSJ STC10899-2020). <\/p>\n
9. Corolario de lo esgrimido, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 \u00abRecibida la actuaci\u00f3n objeto del recurso el juez lo resolver\u00e1 en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas y citar\u00e1 a las parte e intervinientes a audiencia de lectura de auto dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. Si se trata de juez colegiado, el Magistrado ponente dispondr\u00e1 de cinco (5) d\u00edas para presentar proyecto y de tres (3) d\u00edas la Sala para su estudio y decisi\u00f3n. La audiencia de lectura de providencia ser\u00e1 realizada en 5 d\u00edas\u00bb <\/p>\n
2 Corte Constitucional, sentencia T-546 de 11 de octubre de 2016, criterio tambi\u00e9n esbozado en las sentencias T-050 de 2016, T-277 de 2015, T-634 de 2013, T-437 de 2004 y SU-1723 de 2000, entre otras. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC454-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC454-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01670-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53266","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53266","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53266"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53266\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53266"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53266"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53266"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}