STC456-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC456-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01180-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 27 de agosto de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Manuel Antonio Bernal D\u00edaz contra la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio, y, la Fiscal\u00eda Treinta y Uno de la Unidad de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio y Lavado de Activos, ambas autoridades de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculada la Sociedad de Activos Especiales S.A.E. S.A.S., as\u00ed como el representante del Ministerio P\u00fablico, la Procuradora Judicial 110 Penal II, y el representante del Banco de Bogot\u00e1, adem\u00e1s de las partes e intervinientes del juicio penal a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, con la providencia del 5 de diciembre de 2019, mediante la cual en sede de apelaci\u00f3n, se revoc\u00f3 parcialmente la sentencia de primer grado que declar\u00f3 la extinci\u00f3n de dominio de los bienes de su propiedad. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, dejando sin valor ni efecto la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2019 por la Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, y que como consecuencia de ello, se le restituyan los bienes afectados con la acci\u00f3n de extinci\u00f3n. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado aduce, en lo esencial, que luego de ser requerido por distintas autoridades judiciales internacionales por el delito de tr\u00e1fico de estupefacientes, fue arrestado el 14 de noviembre de 1989 en Miami \u2013Florida, y sentenciado por autoridades de ese Estado el 14 de mayo de 1990; que luego, fue trasladado a Italia, para ser procesado por el delito de \u00abasociaci\u00f3n de malhechores\u00bb, circunstancias por las cuales, la Fiscal\u00eda 31 de la Unidad de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio mediante Resoluci\u00f3n del 7 de octubre de 2004, dio inicio al tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio de sus bienes y los de su esposa, es decir, 12 veh\u00edculos, 4 inmuebles y un establecimiento de comercio, los cuales fueron embargados y puestos a disposici\u00f3n de la Sociedad de Activos Especiales S.A.E. S.A.S. <\/p>\n
Aduce que fenecida la respectiva investigaci\u00f3n, el asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1, quien zanj\u00f3 el asunto mediante sentencia del 23 de febrero de 2016, en la que se declar\u00f3 la nulidad respecto \u00abdel veh\u00edculo tipo buseta, marca Chevrolet, identificado con la placa SDE-311\u00bb, y se orden\u00f3 extinguir el dominio de los dem\u00e1s bienes; que aunque atac\u00f3 dicha decisi\u00f3n verticalmente, la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de este distrito capital la revoc\u00f3 parcialmente, esto es, solo en lo que refiere al inmueble identificado con matr\u00edcula No. 50S-74633, confirmando lo dem\u00e1s, motivo por el cual acude a la presente v\u00eda excepcional, pues lo cierto es que, asegura, dicha Colegiatura no realiz\u00f3 un debido an\u00e1lisis del material probatorio recaudado, y que daba cuenta de \u00absu trayectoria como un hombre trabajador, dedicado al comercio de veh\u00edculos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1, luego de efectuar un resumen pormenorizado del tr\u00e1mite acaecido en el marco del procedimiento judicial objeto de an\u00e1lisis, se\u00f1al\u00f3 que las determinaciones de las que se duele el accionante son el resultado de un an\u00e1lisis concienzudo de los medios de convicci\u00f3n allegados a las diligencias, de los que se pudo extraer, que la procedencia de los bienes incautados era il\u00edcita, motivo por el cual solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la protecci\u00f3n suplicada. <\/p>\n
b. De otro lado, la Sala Penal de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de esta ciudad puso de presente, que la solicitud de amparo incumple el presupuesto de la inmediatez; no obstante, hizo \u00e9nfasis en que la sentencia apelada \u00abse encuentra dentro del marco de interpretaci\u00f3n de la ley de extinci\u00f3n de dominio, independientemente de que coincida con las pretensiones de la parte actora\u00bb. <\/p>\n
d. A su turno, el Director Jur\u00eddico del Ministerio de justicia y del Derecho solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente asunto, por carecer dicha Cartera de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en tanto que ninguna injerencia tuvo en el juicio penal adelantado en contra del inconforme. <\/p>\n
e. Finalmente, el Vicepresidente Jur\u00eddico de la S.A.E S.A.S., de manera general indic\u00f3, que la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 contemplada para suplir las instancias judiciales, hecho por el cual, al no haberse demostrado la existencia de un perjuicio irremediable o la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, no hay lugar a la concesi\u00f3n del auxilio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Especializada en lo Penal de esta Corte deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, tras advertir que \u00abno es posible establecer la materializaci\u00f3n de la causal invocada por el demandante, pues al margen de si las decisiones objeto de an\u00e1lisis se amoldan o no a las expectativas del accionante, asunto que, por principio, es extra\u00f1o a la acci\u00f3n de tutela, las mismas contienen argumentos razonables ya para arribar a esa conclusi\u00f3n, las autoridades accionadas, fundaron su postura en una amplia ponderaci\u00f3n probatoria y normativa, propia de la adecuada actividad judicial\u00bb, pues la Colegiatura accionada al desatar el recurso de alzada, \u00abrevis\u00f3 las actividades il\u00edcitas por las que fue condenado Bernal D\u00edaz en Estados Unidos e Italia por delitos relacionadas con el tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos, a fin de determinar el impacto que dichas actividades pudieron tener en el incremento de su patrimonio. Punto sobre el cual recalc\u00f3 que seg\u00fan lo precisado en el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 793 de 2002, la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio se rige por el principio de la carga de la prueba, por lo cual, quien se considera afectado debe acreditar que el bien objeto de la acci\u00f3n tiene un origen leg\u00edtimo. <\/p>\n
Seguidamente, enlist\u00f3 los 17 bienes que ingresaron al peculio del accionante, sobre los cuales resalt\u00f3: <\/p>\n
\u2018Se tiene que a partir del a\u00f1o 2001 adquiri\u00f3 seis (6) veh\u00edculos y dos predios. Para el a\u00f1o 2002 obtuvo dos veh\u00edculos y dos inmuebles m\u00e1s; en el 2003, tres veh\u00edculos y en el a\u00f1o 2004 un veh\u00edculo y el establecimiento de comercio denominado MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MABERCENTRO, con matr\u00edcula Mercantil No. 1060516 del 23 de enero de 2001 y report\u00f3 activos por $45.000.000.oo. (Folio 62 oposici\u00f3n 1). <\/p>\n
Alega el recurrente que la sustentaci\u00f3n del a quo se hizo bajo el an\u00e1lisis exclusivo de los documentos provenientes de Estados Unidos e Italia, relacionados con el pedido de extradici\u00f3n por delitos de tr\u00e1fico de estupefacientes. Si bien el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 793 de 2002 define que la naturaleza de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio es de car\u00e1cter real, y contenido patrimonial (…) distinta, e independiente de cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado simult\u00e1neamente o de la que se haya desprendido, en este caso resulta relevante la sentencia proferida de los Estados Unidos y, la solicitud extradici\u00f3n de Italia en contra de Manuel Berna al tratarse de la configuraci\u00f3n de las causales 1 y 2 cuya fuente normativa es el art\u00edculo 34 de la C.N., que establece que cuando el origen de la adquisici\u00f3n es ilegitimo y espurio, o contrario al orden jur\u00eddico y la moral colectiva, se debe excluir de la protecci\u00f3n del Estado; de ah\u00ed que la Carta traza l\u00edmites materiales al proceso de adquisici\u00f3n de bienes y simult\u00e1neamente otorga la herramienta judicial para hacer efectivo y palpable el postulado, deducido del concepto mismo de justicia, seg\u00fan el cual el crimen, fraude y la inmoralidad no generan derechos. <\/p>\n
Al analizar los testimonios, prima facie podr\u00eda deducirse la legal procedencia, por ende, la tenencia de las divisas retenidas a los afectados; sin embargo, se evidencia en las diligencias varias circunstancias que controvierten y anulan esa probabilidad necesaria para desestimar la consecuencia jur\u00eddica impuesta por la autoridad judicial de primera instancia. (\u2026) <\/p>\n
En este caso, fue precisamente la certeza de la realizaci\u00f3n de una actividad il\u00edcita la que origin\u00f3 la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio, plenamente demostrada a trav\u00e9s de la sentencia allegada por los Tribunal de los Estados Unidos, haci\u00e9ndose necesario la consolidaci\u00f3n y comprobaci\u00f3n de la ilicitud para demostrar las causales invocadas, situaci\u00f3n que va acompasada a la falta de justificaci\u00f3n l\u00edcita\u2019. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las pruebas que acreditan las causales de extinci\u00f3n del derecho de dominio, refiri\u00f3: i) el estudio contable y financiero elaborado por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n que determin\u00f3 incrementos patrimoniales por justificar; ii) la falta de acreditaci\u00f3n de actividades de compra y venta de repuestos supuestamente desarrolladas por el establecimiento de comercio Mabercentro; iii) certificaci\u00f3n emitida por la Flota la Macarena S.A. que desvirt\u00faa la actividad de transporte p\u00fablico de pasajeros del accionante; Tutela 1a Instancia No. 112025 Manuel Antonio Bernal D\u00edaz 14 iv) relaci\u00f3n laboral que sostuvo Manuel Antonio Bernal D\u00edaz con la Empresa de Tel\u00e9fonos de Bogot\u00e1 de 1972 a 1983 con un salario promedio mensual de $50.202, y una liquidaci\u00f3n de 433.567, recursos con lo que no se demostr\u00f3 la compra de ning\u00fan bien; y v) informe pericial rendido por el Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n que determin\u00f3 que antes del 1997 Bernal D\u00edaz no ten\u00eda vida crediticia ni patrimonio propio y la descripci\u00f3n de los bienes adquiridos desde el 2001, donde se concluye que no ten\u00eda capacidad econ\u00f3mica para su compra. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, adujo: \u00abLuego entonces, las afirmaciones de la Juez de primera instancia se encuentran acordes con la valoraci\u00f3n de la prueba allegada, por tanto, no puede esta Sala asumir la postura del apelante al afirmar que estudio probatorio fue precario, sesgado o insuficiente. Ins\u00edstase, que si bien la condena dentro del proceso penal en los Estado Unidos y las investigaciones penales en varias ciudades de Italia contra Manuel Bernal D\u00edaz no son per se las que determinaron la declaratoria de extinci\u00f3n del derechos de dominio, toman relevancia en el hecho que los negocios jur\u00eddicos celebrados para la adquisici\u00f3n de 31 automotores y cuatro predios no lograron ser justificados, que precisamente fueron conseguidos a partir del a\u00f1o 2001 fecha en la cual decidi\u00f3 radicarse en su pa\u00eds de origen.\u00bb <\/p>\n
Finalmente, asever\u00f3 que, para derruir las pruebas legamente allegadas, los opositores debieron aportar similares medios suasorios que permitieran demostrar una cadena probatoria que lleva al origen de los recursos con que se adquirieron los bienes, situaci\u00f3n que no ocurri\u00f3\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor recurri\u00f3 el anterior fallo, esgrimiendo como sustento de su inconformidad similares argumentos a los esbozados en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. Revisado el escrito de tutela y las documentales allegadas digitalmente, observa la Sala que la decisi\u00f3n constitucional de primer grado deber\u00e1 mantenerse, ello porque, como de lo que se duele en \u00faltimas el accionante, es de la providencia que resolvi\u00f3 la alzada propuesta frente a la sentencia que orden\u00f3 la extinci\u00f3n de 16 de los 17 bienes cautelados, al interior del proceso que para tal efecto fue seguido en su contra por la Fiscal\u00eda 31 de la Unidad de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de Bogot\u00e1, no cabe duda que se incumple con el presupuesto general de la inmediatez que gobierna este tipo de acciones especial\u00edsimas, si en cuenta se tiene que tal prove\u00eddo fue dictado por la Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de la misma urbe el 5 de diciembre de 2019, en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 v\u00eda correo electr\u00f3nico s\u00f3lo hasta el 11 de agosto de 2020, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido que, pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n frente a la rese\u00f1ada determinaci\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se acot\u00f3, transcurri\u00f3 un periodo bastante significativo \u2013m\u00e1s de 8 meses, sin que el tutelante solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con la misma, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del mencionado presupuesto, seg\u00fan el cual, el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que <\/p>\n
\u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n
Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC4117-2020). <\/p>\n
3. Por otra parte, y para ahondar en razones desestimatorias de lo reclamado a trav\u00e9s del amparo, basta decir que, el an\u00e1lisis efectuado por el ad quem criticado fue concienzudo y detallado en punto de establecer, si en efecto los bienes cautelados al aqu\u00ed interesados hab\u00edan sido o no adquiridos con recursos il\u00edcitos, y para ello, bast\u00f3 con traer a colaci\u00f3n el estado contable y financiero elaborado por el ente investigador, que arroj\u00f3 como hecho incontrovertible el incremento patrimonial injustificado del se\u00f1or Bernal D\u00edaz, sin que por dem\u00e1s se hubiese demostrado el adelantamiento de operaciones propias de la actividad comercial a la que supuestamente se dedicaba a trav\u00e9s del establecimiento de comercio denominado \u00abMabercentro\u00bb; a su vez, estudi\u00f3 la certificaci\u00f3n emitida por la Flota la Macarena SA, de la que se tuvo que el investigado no se dedicaba al transporte p\u00fablico de pasajeros, as\u00ed como los soportes que daban cuenta de los salarios percibidos por \u00e9ste como empleado de la Empresa de Tel\u00e9fonos de Bogot\u00e1, los cuales resultaban a todas luces insuficientes para poder haber adquirido todos los bienes cautelados, sin que, entonces, no hubiera podido ser otra la conclusi\u00f3n de que \u00e9stos fueron obtenidos con recursos al margen de la ley. <\/p>\n
De este modo, y a diferencia de lo considerado por el gestor del amparo, lo determinado reposa sobre un razonable entendimiento de las normas y las pruebas recaudadas en el asunto, a la par de la aplicaci\u00f3n de la sana critica, cuesti\u00f3n que impide sostener, as\u00ed, que en esa actividad se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo invocadas, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le abre paso al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab[A]l sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c[\u2026] independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u201d <\/p>\n
No existe duda, por consiguiente, que no fue por defecto f\u00e1ctico, procedimental, sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que la autoridad accionada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, ya que los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del tutelante\u00bb. (CSJ STC1381-2020). <\/p>\n
4. Por expuesto, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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