STC458-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC458-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01766-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de noviembre de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Eyer Germ\u00e1n Benavides S\u00e1nchez contra la Direcci\u00f3n Nacional de Derechos de Autor \u2013Subdirecci\u00f3n de Asuntos Jurisdiccionales, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso especial a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con las decisiones proferidas en el marco del proceso verbal que Egeda Colombia promovi\u00f3 en contra de HV Televisi\u00f3n S.A.S., tr\u00e1mite en el que \u00e9l act\u00faa como apoderado judicial de la demandada. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda \u00abse decrete la nulidad de todo lo actuado a partir del Auto 11 del 7 de Julio de 2020 (incluyendo ese mismo Auto)\u00bb, y que como consecuencia de ello, \u00abse ordene nuevamente solicitar una nueva interpretaci\u00f3n prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja expone en compendio y en lo que interesa para resolver el presente asunto, que pese a que en el marco del litigio en comento interpuso recurso de reposici\u00f3n contra el prove\u00eddo por medio del cual se solicit\u00f3 al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, \u00absu interpretaci\u00f3n de las normas comunitarias aplicables\u00bb, pues se hac\u00eda necesario \u00abformular (\u2026) una serie de preguntas que (\u2026) resultan indispensables a efectos de la interpretaci\u00f3n solicitada\u00bb, la Direcci\u00f3n Nacional de Derechos de Autor \u2013Subdirecci\u00f3n de Asuntos Jurisdiccionales, sin resolver el citado mecanismo remiti\u00f3 el expediente a la aludida autoridad. <\/p>\n
Se\u00f1ala que aunque el 28 de septiembre del a\u00f1o pasado, no solo se mantuvo en reposici\u00f3n la aludida decisi\u00f3n, sino que se orden\u00f3 \u00abremitir una comunicaci\u00f3n al Tribunal incluyendo una copia del Recurso de Reposici\u00f3n y formulando unas consultas adicionales\u00bb, solo hasta el 8 de octubre siguiente se materializ\u00f3 lo dispuesto, actuaci\u00f3n que, asegura, result\u00f3 tard\u00eda, puesto que el mentado Tribunal emiti\u00f3 la interpretaci\u00f3n el d\u00eda 7 del mismo mes y a\u00f1o, concepto que a voces del art\u00edculo 127 de la Decisi\u00f3n 500 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tiene que ser adoptado obligatoriamente por el juez jurisdiccional, todas \u00e9stas circunstancias, dice, lesionan las garant\u00edas esenciales invocadas. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica y representante judicial de la Unidad Administrativa Especial \u2013 Direcci\u00f3n Nacional de Derecho de Autor \u2013DNDA precis\u00f3, que no ha vulnerado derecho fundamental alguno del actor, pues aqu\u00e9l no es parte en el juicio criticado, m\u00e1xime cuando la particular tem\u00e1tica ya se expuso a trav\u00e9s de un mecanismo similar al presente, y, est\u00e1n pendientes por resolver los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que la parte demandada all\u00ed formul\u00f3 frente al prove\u00eddo de 14 de octubre pasado, junto con la solicitud de nulidad de todo lo actuado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 el amparo deprecado, tras considerar que el abogado Eyer Benavides carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, pues \u00absi bien acot\u00f3 que funge como apoderado especial de la demandada (\u2026), tal circunstancia no lo acredita como sujeto procesal en el tr\u00e1mite debatido, y por ende, con un inter\u00e9s directo en [la] protecci\u00f3n rogada, sin que se evidencia que, en la calidad inmediatamente referida, esto es, como apoderado, hayan podido resulta transgredidos sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor recurri\u00f3 el anterior fallo se\u00f1alando para el efecto, que \u00abel apoderado de un proceso, a\u00fan sin ser parte procesal, tiene el derecho a ejercer su trabajo con el respeto al debido proceso (\u2026). Es que de considerarse que [este] (\u2026) es una garant\u00eda solo de las partes procesales y no de sus apoderados, se estar\u00eda permitiendo que a estos \u00faltimos se les pueda inobservar e inaplicar las reglas de un juicio justo sin mayor reproche o sanci\u00f3n para quien lo hace\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que ahora suscita la atenci\u00f3n de la Corte, el accionante Eyer Germ\u00e1n Benavides S\u00e1nchez, pretende a trav\u00e9s de este mecanismo especial, que se ordene a la Subdirecci\u00f3n de Asuntos Jurisdiccionales de la Direcci\u00f3n Nacional de Derechos de Autor, declarar la nulidad de todo lo actuado en el marco del proceso verbal que Egeda Colombia promovi\u00f3 en contra de HV Televisi\u00f3n S.A.S., donde \u00e9l obra como mandatario judicial de la demandada, pues en su sentir, no se tuvieron en cuenta sus inquietudes antes de remitir la solicitud de interpretaci\u00f3n normativa al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisadas las documentales allegadas al expediente digital, y los informes presentados a las diligencias, advierte la Corte la improcedencia de la protecci\u00f3n reclamada, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 contemplan como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales derivada de actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o son terceros con inter\u00e9s. <\/p>\n
3.2. En el caso concreto, se advierte de entrada que el abogado Eyer Germ\u00e1n Benavides S\u00e1nchez no es parte ni tercero con inter\u00e9s reconocido en el proceso que concita la atenci\u00f3n de esta Corte, por lo que carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar, en sede de tutela, lo actuado en la susodicha controversia y pedir que se impartan \u00f3rdenes tendientes a la nulitaci\u00f3n de decisiones dentro del aludido litigio, pues tal y como lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s la Sala, \u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9l tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u00bb (ver entre otro, en CSJ STC831-2020). <\/p>\n
Lo anterior, bajo el entendido que \u00abno es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones s\u00f3lo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo de amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite no lograron que \u00e9stas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley\u00bb (ver, entre otras, en CSJ STC4058-2020). <\/p>\n
3.3. Y ello es as\u00ed, porque aunque en las diligencias judiciales censuradas el accionante fue reconocido como apoderado de la sociedad demandada, esa circunstancia no lo habilita per se para cuestionar las decisiones adoptadas por la autoridad jurisdiccional convocada en el citado litigio mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que, si bien la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela no exige la calidad de abogado en quien la suscribe, ya que \u00e9sta puede ser interpuesta por la persona que estime pertinente solicitar ante un Juez el amparo de sus garant\u00edas constitucionales, cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que se acompa\u00f1e a la demanda el poder por medio del cual se act\u00faa, o se proceda en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, y aunque en la primera instancia se le requiri\u00f3 el respectivo mandato especial al togado mediante, \u00e9ste guard\u00f3 silencio, ratificando en la impugnaci\u00f3n su postura de actuar en nombre propio. <\/p>\n
De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (citada recientemente en CSJ STC3984-2020). <\/p>\n
3.4. Adicionalmente t\u00e9ngase en cuenta, que aunque el abogado accionante manifest\u00f3 en el escrito de tutela actuar en causa propia, es preciso memorar que los profesionales del derecho no se encuentran autorizados legalmente para alegar vulneraci\u00f3n de sus propios \u00abderechos\u00bb en las controversias en que act\u00faan en nombre de otros, pues no se puede comunicar la violaci\u00f3n de normas superiores, en defensa de intereses que le son ajenos, ello si se tiene en cuenta que \u00abla persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (ver en CSJ STC3089-2020). <\/p>\n
4. Sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone confirmar el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC458-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC458-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01766-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53270","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53270","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53270"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53270\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53270"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53270"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53270"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}