STC459-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC459-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01650-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de noviembre de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Inversiones y Suministros MVR S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso verbal sumario a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo reclama por la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y al buen nombre, presuntamente conculcados por la autoridad accionada, dentro del proceso verbal sumario de protecci\u00f3n al consumidor que en su contra promovi\u00f3 Luis Abelardo Parra Garz\u00f3n. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, \u00abrevocar la decisi\u00f3n proferida el 26 de junio de 2020 solo en lo relativo al reconocimiento y pago de la suma de $10\u00b4590.000 a favor de Luis Abelardo Parra Garz\u00f3n, por considerar dicha decisi\u00f3n contraria a derecho, al demostrarse que el mismo, nunca fue objeto del v\u00ednculo contractual mediado por un contrato solemne y que el consumidor no cumpli\u00f3 el requisito de procedibilidad frente a dicho accesorio, pues jam\u00e1s elev\u00f3 una reclamaci\u00f3n a la constructora para el reconocimiento del duplicador \u201cpresuntamente\u201d prometido\u00bb; de otro lado \u00abemitir pronunciamiento de fondo en relaci\u00f3n con el pago del precio del inmueble por parte del se\u00f1or Luis Abelardo Parra Garz\u00f3n\u00bb; y, que \u00abse armonice el cumplimiento de los mantenimientos ordenados al inmueble, con los decretos del Distrito y del Gobierno Nacional, teniendo en cuenta la situaci\u00f3n de emergencia que atraviesa la ciudad [y que] algunas actividades no consideradas como indispensables no est\u00e1n autorizadas por el Gobierno Nacional\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos, aduce en compendio, que luego que la sociedad construyera un edificio de apartamentos, el 23 de abril de 2018 Abelardo Parra Garz\u00f3n celebr\u00f3 contrato de promesa de compra respecto del apartamento 401 y el estacionamiento denominado \u00abdoble P5 P6\u00bb, negocio que se realiz\u00f3 tras la constataci\u00f3n f\u00edsica del bien por parte de \u00e9ste, quien no obstante, el 31 de mayo de 2019 los demand\u00f3 ante la Superintendencia de Industria y Comercio, porque supuestamente se le entreg\u00f3 el inmueble sin las terminaciones convenidas, con defectos en los acabados, y, sin un parqueadero doble con un \u00abduplicador\u00bb. <\/p>\n
Narra que dentro del referido proceso le fueron negadas varias pruebas que daban cuenta que no se pact\u00f3 la entrega del duplicador y el 26 de junio de 2020 el ente de supervisi\u00f3n dict\u00f3 sentencia en que consider\u00f3 que hubo publicidad enga\u00f1osa para la venta del bien, orden\u00e1ndole realizar unas modificaciones y reparaciones al mismo, sin tener en cuenta las restricciones de actividades impuestas por los Decretos de Emergencia emitidos por el gobierno nacional y distrital, adem\u00e1s le orden\u00f3 pagar al demandante $10\u00b4590.000 por el duplicador, pasando por alto que \u00e9ste no ha terminado de cubrir el precio del inmueble y que la reclamaci\u00f3n de dicho aparato no fue objeto de conciliaci\u00f3n extra judicial, de modo que vino a exigirse hasta la demanda. <\/p>\n
Finalmente asevera, que en la decisi\u00f3n no se tuvo en cuenta el peritaje elaborado por la empresa Tinsa para el estudio de factibilidad del cr\u00e9dito para la compra del apartamento, que concluy\u00f3 que al momento de la venta el inmueble estaba completamente terminado, y, que \u00abel objeto de la promesa de compraventa cumpl\u00eda con todas las especificaciones jur\u00eddicas, t\u00e9cnicas y financieras\u00bb; adem\u00e1s, en el contrato de compraventa, que es solemne, no se indic\u00f3 que se entregar\u00eda un duplicador sino un parqueadero ampliable, por lo que el comprador no pod\u00eda v\u00e1lidamente suponer que ello ocurrir\u00eda, de manera que \u00abcuando se origina un debate o se pretende una indemnizaci\u00f3n de perjuicios con fundamento en que se ha incumplido un contrato solemne, la prosperidad de semejantes pretensiones, supone entre otras demostraciones, que se acredite cabalmente un obrar contrario al acreditado en la solemnidad constitutiva\u00bb, situaci\u00f3n que haber sido desconocida en la decisi\u00f3n cuestionada, amerita en su criterio la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
La Superintendencia de Industria y Comercio, tras hacer un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas en el proceso objeto de cuestionamiento, se\u00f1al\u00f3 que la tutela es por regla improcedente contra decisiones judiciales, sin que en este caso se cumplan los requisitos para su viabilidad excepcional, por cuanto no se vulner\u00f3 el debido proceso, habi\u00e9ndose concluido en el fallo criticado que \u00abhubo falta al deber de informaci\u00f3n pues el consumidor siempre pens\u00f3 que se refer\u00eda a la entrega de dos parqueaderos, cuando fue uno solo el que finalmente se entreg\u00f3 . Es pertinente precisar que, ante la ambig\u00fcedad, siempre se resolver\u00e1 a favor del consumidor\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, para lo cual cit\u00f3 apartes de la sentencia reprochada, resaltando que la misma \u00abtuvo soporte en el art\u00edculo 23 de la Ley 1480 de 2011, pues la informaci\u00f3n suministrada por la demandada \u201cfue insuficiente, en el sentido que llev\u00f3 al consumidor a pensar y a creer que \u2013como me ofrecieron un parqueadero doble, y si bien yo conoc\u00ed el parqueadero, me iban a entregar el gato para que sirviera o prestara dicha funci\u00f3n-, y no tuvo la precauci\u00f3n la sociedad demandada de asegurar de manera efectiva en dar una informaci\u00f3n exacta frente al hecho de que se vend\u00eda un parqueadero que podr\u00eda extender su funcionalidad a doble asumiendo el adquirente la compra de un gato para tales fines\u201d\u00bb, adem\u00e1s, precis\u00f3, era carga del productor o proveedor acreditar que no deb\u00eda prestar la garant\u00eda legal, mientras que al consumidor solo le correspond\u00eda acreditar el defecto del producto, coligiendo de lo anterior, que \u00abestos argumentos no pueden tildarse de caprichosos o arbitrarios, pues objetivamente tienen respaldo sustantivo y probatorio y procesal (\u2026) sin que el Tribunal, como juez constitucional, est\u00e9 habilitado para examinar la relevancia que pudo tener en la decisi\u00f3n el tema del pago del precio de la compraventa o la falta de protesta \u2013 en forma extrajudicial- sobre la no entrega del duplicador, dado que, en estrictez, son cuestiones meramente legales que escapan al \u00e1mbito de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la sociedad promotora, con similares argumentos a los que expuso en el escrito inicial, haciendo \u00e9nfasis en que no se abordaron todas las informidades expuestas en \u00e9ste. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla, la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales es improcedente, debido al respeto que corresponde garantizar a la autonom\u00eda de la actividad jurisdiccional, no obstante, por v\u00eda jurisprudencial se ha establecido su viabilidad excepcional y extraordinaria, siempre que no existan mecanismos judiciales para atacar la decisi\u00f3n, el reclamo se eleve con prontitud y exista causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura de la sociedad Inversiones y Suministros M.V.R. S.A.S. est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra la sentencia dictada el 26 de junio de 2020 por la Superintendencia de Industria y Comercio, con que se accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones, en el marco del proceso verbal sumario de protecci\u00f3n al consumidor que en su contra promovi\u00f3 Luis Abelardo Parra Garz\u00f3n, pues en su criterio, lo fallado emergi\u00f3 de la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas y el desconocimiento de la normativa sustancial y procesal aplicable, porque estaba probado en el proceso que el inmueble vendido no se ofreci\u00f3 con un gato para duplicar la capacidad del parqueadero, ni el comprador elev\u00f3 reclamo por la no entrega de \u00e9ste en la audiencia de conciliaci\u00f3n extrajudicial realizada antes de iniciarse el proceso, as\u00ed mismo, nada se dijo en el fallo sobre la falta de pago del saldo del precio de la venta por parte de \u00e9ste. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en la determinaci\u00f3n criticada, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo fallado no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca la promotora de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
En la decisi\u00f3n de fondo, el Delegado de la autoridad de supervisi\u00f3n sustent\u00f3 su decisi\u00f3n de ordenar a la aqu\u00ed accionante pagar a su contraparte $10\u00b4590.000,oo por concepto de un duplicador de parqueo, con sustento en que \u00aben el marco de los derechos del consumidor y de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, la norma establece en cabeza de los productores y\/o proveedores la obligaci\u00f3n de suministrar a los consumidores una informaci\u00f3n clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e id\u00f3nea, sobre los productos que se ofrezcan, de all\u00ed que sea este el elemento determinante sobre el cual el consumidor adoptara una decisi\u00f3n de consumo razonable. <\/p>\n
Hecha esta precisi\u00f3n, explic\u00f3 a continuaci\u00f3n que \u00bbde all\u00ed que sea necesario entrar a determinar si la informaci\u00f3n otorgado por la sociedad demandada en cuanto al parqueadero, realmente cumpl\u00eda con esta obligaci\u00f3n, para ello pues debemos centrarnos en las defensas planteadas. Al respecto se indica que por parte de la constructora, en ning\u00fan momento se indic\u00f3 que se iba a entregar el referido gato y que dicha obligaci\u00f3n no qued\u00f3 contenida en ninguno de los documentos soporte de la relaci\u00f3n contractual, sea la promesa de compraventa o el contrato de compraventa, no obstante lo anterior, el hecho de que esa obligaci\u00f3n no quede contenida en el contrato, no quiere decir que no exista una informaci\u00f3n insuficiente y me explico, frente a este punto ha de encontrar el despacho probada la vulneraci\u00f3n a los derechos del consumidor y el incumplimiento de la sociedad demandada, respecto de las obligaciones contenidas en el art\u00edculo 23, pues la informaci\u00f3n por ellos brindada fue insuficiente, en el sentido de que llev\u00f3 al consumidor a pensar y a creer que, como me ofrecieron un parqueadero doble, y si bien yo conoc\u00ed el parqueadero, me iban a entregar el gato para que sirviera o prestara dicha funci\u00f3n, y no tuvo la precauci\u00f3n la sociedad demandada, de asegurar de manera efectiva en dar una informaci\u00f3n exacta frente al hecho de que se vend\u00eda un parqueadero que pod\u00eda extender su funcionalidad a doble, asumiendo el adquirente la compra de un gato para tales fines. <\/p>\n
Agreg\u00f3 en seguida, \u00abque a lo largo del asunto siempre se habl\u00f3 de parqueadero doble, es m\u00e1s, en la misma promesa de compraventa se habla de parqueadero \u201cP5 y P6\u201d si no estoy mal, ello lleva al consumidor a tener una creencia efectiva que lo que est\u00e1 adquiriendo es un parqueadero doble, no obstante, se entrega un solo espacio para la disposici\u00f3n de un veh\u00edculo y que en caso de requerir el parqueo de un segundo, deber\u00e1 asumir en consecuencia la instalaci\u00f3n de un gato hidr\u00e1ulico, bajo esos t\u00e9rminos entonces claramente encuentra el despacho en cuanto a este punto se incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n de los derechos al consumidor. <\/p>\n
Precis\u00f3 a continuaci\u00f3n, que \u00abde cara a la informaci\u00f3n ser\u00e1 el productor o proveedor quien tenga la mayor carga, y quien deba entrar a demostrar efectivamente que la informaci\u00f3n que se brind\u00f3 fue completa, veraz, suficiente y oportuna. Ahora de cara a la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, lo cierto es que el elemento probatorio en cabeza de la sociedad demanda de haber brindado esa informaci\u00f3n no se encuentra, toda vez que de la negociaci\u00f3n solo se deja constancia de los referidos contratos, en los cuales se obliga a la entrega de un parqueadero doble, sin hacer menci\u00f3n a si entrega o no se entrega con el dispositivo necesario para su uso, pero que al no dejarse dicha precisi\u00f3n, pues se parte del hecho que si ofrezco un parqueadero doble, estoy brindando todas las garant\u00edas para que este pueda ser disfrutado y utilizado al momento de adquirir. De acuerdo a lo anterior y conforme al dicho de este despacho, pues entonces habr\u00e1 de accederse a la devoluci\u00f3n del dinero pagado por la instalaci\u00f3n de dicho componente y cuya factura obra en el expediente\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 al finalizar las consideraciones de su decisi\u00f3n, que \u00abla mayor carga probatoria que se establece en materia de las acciones de protecci\u00f3n al consumidor y al derechos establecidos en la Ley 1480 de 2011, se encuentran en cabeza de productores y \/o proveedores, pues ser\u00e1n estos los llamados a aportar todos los elementos de prueba que desvirt\u00faen la obligaci\u00f3n de la garant\u00eda legal, esto se puede encontrar en el art\u00edculo 10\u00ba, a trav\u00e9s del cual se impone como carga \u00fanica y exclusiva al consumidor de probar el defecto del producto, y a partir de la demostraci\u00f3n de ese defecto del producto, se trasladar\u00e1 la carga al productor y\/o proveedor, quien pues deber\u00e1 desvirtuar la obligaci\u00f3n de la garant\u00eda legal, bajo las excepciones propuestas o contempladas en el art\u00edculo 16 de esta norma, no obstante, de cara a lo ya estudiado en el expediente, la sociedad demandada no logr\u00f3 desvirtuar en consecuencia dicha obligaci\u00f3n, de all\u00ed que sea dable entrar a libar las ordenes a que haya lugar (\u2026) si bien es cierto que se demuestra por parte de la sociedad demanda haber prestado servicios de garant\u00eda, lo cual se logra hacer con los testigos que fueron tra\u00eddos al despacho, quiero recordar que la obligaci\u00f3n de la garant\u00eda legal es un obligaci\u00f3n de car\u00e1cter objetivo, de all\u00ed que la prueba de que se haya prestado el servicio, no exonera de responsabilidad a la parte, en tal sentido, las \u00fanicas formas de exonerarse de la responsabilidad de la garant\u00eda legal, ser\u00e1 bajo los t\u00e9rminos de las causales de exoneraci\u00f3n, que se encuentran contempladas en el art\u00edculo 16\u00bb. <\/p>\n
4. De este modo, a diferencia de lo considerado por la sociedad accionante, no cabe duda que la decisi\u00f3n emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio se soport\u00f3 en las pruebas allegadas al proceso, a la luz de un razonable entendimiento de las normas sustanciales aplicables al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n normativa realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto. <\/p>\n
Como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, el Delegado de la autoridad de supervisi\u00f3n precis\u00f3 el marco legal de protecci\u00f3n de los derechos al consumidor, de cuyo an\u00e1lisis encontr\u00f3 que la aqu\u00ed accionante vulner\u00f3 el deber de informaci\u00f3n que le correspond\u00eda, al haber quedado probado dentro del proceso que al comprador del inmueble se le dio a entender que adquir\u00eda un parqueadero doble, aun cuando no se mencion\u00f3 expresamente la entrega del mecanismo que as\u00ed lo viabilizara (duplicador), siendo deber del productor o proveedor brindar esa claridad y as\u00ed probarlo dentro del proceso, de suerte que al no haber logrado ese cometido, le correspond\u00eda pagar el valor del mecanismo. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, como la sola divergencia conceptual, o el no compartir el sentido de la decisi\u00f3n anotada, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues, como lo ha se\u00f1alado invariablemente la Sala de tiempo atr\u00e1s, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC825-2020). <\/p>\n
6. De otro lado, son improcedentes en este escenario las quejas elevadas porque en la decisi\u00f3n cuestionada se omiti\u00f3 pronunciamiento sobre i) la no conciliaci\u00f3n extrajudicial por la no entrega del duplicador, ii) el incumplimiento del comprador en el pago del saldo del precio de la venta, y, iii) la modulaci\u00f3n de la orden de hacer reparaciones al bien vendido para armonizarla con las restricciones de actividades impuestas por los gobiernos nacional y distrital, ello, si se tiene en cuenta que las gestora del amparo, en un acto constitutivo de incuria, desaprovech\u00f3 la oportunidad con que cont\u00f3 para hacer valer sus derechos dentro del proceso cuestionado, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no puede pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior porque la aqu\u00ed interesada, en un acto constitutivo de incuria, omiti\u00f3 exponer esas omisiones dentro del proceso cuestionado, habiendo tenido como \u00faltima oportunidad para ello la solicitud de adici\u00f3n o aclaraci\u00f3n del fallo cuestionado, conforme autorizan los art\u00edculos 285 y 287 del C\u00f3digo General del Proceso, momento en el que pudo ventilar las inconformidades expuestas en este escenario para provocar un pronunciamiento por parte de la autoridad del caso, por lo que mal podr\u00eda ahora el juez de tutela entrar a usurpar a \u00e9sta en sus funciones, ya que, de forma inalterada ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar esta Corte, que \u00abes inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u00bb (CSJ STC11736-2020). <\/p>\n
7. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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