STC460-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01198-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 1\u00ba de septiembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Amparo Quintero de Parra contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la causa penal a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama a trav\u00e9s de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la \u00abpresunci\u00f3n de inocencia\u00bb y al \u00abtercero de buena fe\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, al haberle negado en ambas instancias la entrega del veh\u00edculo decomisado en el marco de la acci\u00f3n penal que se sigue en contra de V\u00edctor Manuel Jaramillo Fl\u00f3rez por el delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes en la modalidad de \u00abtransportar\u00bb. <\/p>\n
Aunque no elev\u00f3 una petici\u00f3n en concreto, de la lectura del escrito de tutela se advierte, que lo pretendido es que se revoque la orden de comiso del veh\u00edculo automotor de su propiedad, y que como consecuencia de ello, se le haga entrega del mismo. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado aduce, en lo esencial, que pese a que acredit\u00f3 dentro de las diligencias judiciales referidas en l\u00edneas anteriores, que es la propietaria del taxi de placas VDY-402 que le fue incautado al procesado en el momento de su detenci\u00f3n, con quien ella ten\u00edan una relaci\u00f3n laboral \u00abmediante contrato verbal\u00bb para la conducci\u00f3n, y que de \u00e9ste \u00abdevenga su \u201csustento diario\u201d, y el de su familia\u00bb desde hace \u00abm\u00e1s de 15 a\u00f1os\u00bb, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 en su integridad lo decidido por el Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, en punto de mantener el comiso sobre el rodante y negar su entrega, circunstancia que, dice, desconoce su condici\u00f3n de \u00abtercera de buena fe\u00bb, lo que lesiona las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La Sala Penal del Tribunal Superior de esta capital indic\u00f3, que la actora no logr\u00f3 probar que \u00abhaya entregado el automotor para fines distintos a los que decidi\u00f3 ejecutar el condenado V\u00edctor Manuel Jaramillo Fl\u00f3rez\u00bb; que el fallo objeto de queja fue objeto de recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual a la fecha no se ha desatado. <\/p>\n
b. La Procuradora 97 Judicial II Penal refiri\u00f3, que \u00aben el caso de la accionante aun cuando demostr\u00f3 la propiedad del veh\u00edculo sobre el cual alegaba el derecho, no se estableci\u00f3 qu\u00e9 tipo de acciones tom\u00f3 para prevenir que un bien de su dominio se viera involucrado en acciones il\u00edcitas. Adem\u00e1s, pese a que era posible que tuviera un contrato de arrendamiento con el hoy condenado, tampoco acredit\u00f3 que hubiese sido diligente en su desarrollo, por el contrario, entreg\u00f3 su veh\u00edculo de servicio p\u00fablico a una persona sin ning\u00fan tipo de registro de la actividad, bajo la existencia de un contrato verbal, sin que refiriera a la judicatura los controles que ejerc\u00eda sobre la actividad que realizaba el tenedor\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, tras advertir que resultaba prematura, pues \u00abla actuaci\u00f3n se encuentra en tr\u00e1mite, a la espera de la definici\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n. Por tanto, es en ese estadio procesal, ante el funcionario competente, donde la parte demandante debe presentar las peticiones y argumentos encaminados a remediar la situaci\u00f3n que plantea como desconocedora de sus garant\u00edas fundamentales, esto es, que no se haya dispuesto la entrega del rodante del que dice tener su propiedad como tercero de buena fe, sin que el juez <\/p>\n
constitucional pueda interferir en ese asunto porque, se repite, se encuentra en curso\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La actora recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando que \u00abno fue (\u2026) quien interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, quien lo interpuso fue la defensa t\u00e9cnica del procesado VICTOR MANUEL JARAMILLO FLOREZ, que era el conductor del taxi y v\u00eda preacuerdo acept\u00f3 responsabilidad de los hechos, cuyo cargo \u00fanico formulado en sede de casaci\u00f3n, lo fue por violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, generado en un tema de indebida dosificaci\u00f3n punitiva, que por obvias razones no tendr\u00eda inter\u00e9s jur\u00eddico la accionante, como para haber podido recurrir en casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el acaso sub examine se observa, que la censura formulada por Luz Amparo Quintero de Parra est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra el prove\u00eddo proferido el 29 de julio del 2019 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s del cual se ratific\u00f3 \u00edntegramente el prove\u00eddo adiado 6 de septiembre de 2018, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de la misma ciudad, entre otras, resolvi\u00f3 \u00abNO ORDENAR la entrega definitiva del veh\u00edculo de placas VDY402\u00bb, en el marco de la acci\u00f3n judicial seguida en contra de V\u00edctor Manuel Jaramillo Fl\u00f3rez por la comisi\u00f3n del delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico o porte de estupefacientes, pues en sentir de la aqu\u00ed inconforme, se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico al desconocerse que ella es tercera de buena fe. <\/p>\n
3. Sin embargo, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias digitales, se observa que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Se incumple con el presupuesto de la prontitud que gobierna este tipo de acciones especial\u00edsimas, toda vez que la determinaci\u00f3n que defini\u00f3 de fondo sobre la retenci\u00f3n del automotor de propiedad de la gestora del amparo, data del 29 de julio de 2019, mientras que se acudi\u00f3 al amparo constitucional s\u00f3lo hasta el 14 de agosto de 2020, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurri\u00f3 m\u00e1s de un (1) a\u00f1o desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que confirm\u00f3 lo resuelto en punto de la solicitud invocada por la aqu\u00ed inconforme, sin que \u00e9sta solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que consideran hoy vulnerados con tal la determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
3.2. As\u00ed mismo, y sin perjuicio de lo expuesto, t\u00e9ngase en cuenta que revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.2.1. El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para confirmar lo decidido por el juez cognoscente, y acoger en \u00faltimas el comiso decretado respecto del veh\u00edculo automotor propiedad de la acci\u00f3n accionante, luego de memorar los art\u00edculos 82 de la Ley 906 de 2004 y 100 de la Ley 599 de 2000, junto con jurisprudencia sobre la materia, precis\u00f3 que no estuvo desacertado el a quo en cuanto adujo que aqu\u00e9lla no prob\u00f3 \u00abcu\u00e1l era la relaci\u00f3n contractual que exist\u00eda\u00bb con el condenado, pues advirti\u00f3 que aunque se aport\u00f3 \u00abdiversos documentos (\u2026) de los cuales se desprende que el veh\u00edculo incautado a (\u2026) JARAMILLO FL\u00d3REZ con ocasi\u00f3n de su captura en flagrancia (\u2026) registraba como titular del derecho de dominio a (…) QUINTERO DE PARRA\u00bb y este estaba afiliado a Taxatelite S.A.S., empresa que expidi\u00f3 el tarjet\u00f3n de circulaci\u00f3n al primero, lo cierto es que \u00abno obra en el expediente prueba del tipo de relaci\u00f3n ya sea contractual, comercial o laboral, celebrado entre la propietaria y el condenado, que permita inferir un posible v\u00ednculo entre ellos, y de contera, la legitimaci\u00f3n como tercera de buena fe de la peticionaria de la entrega del rodante\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea argumentativa precis\u00f3 que, \u00ablo demostrado es que el se\u00f1or JARAMILLO FL\u00d3REZ era quien se encontraba en posesi\u00f3n del veh\u00edculo connotado, en momentos en que transportaba sustancia prohibida, luego es claro que el bien mueble inescindiblemente se encuentra vinculado con la infracci\u00f3n objeto de sanci\u00f3n, por lo que acert\u00f3 la falladora al denegar la entrega\u00bb. <\/p>\n
3.2.2. Con todo, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Colegiatura criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretenden la peticionaria del amparo (all\u00ed tercera), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir el an\u00e1lisis probatorio y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda el m\u00e1s adecuada. <\/p>\n
3.2.3. Ahora, t\u00e9ngase en cuenta que, a diferencia de lo considerado por la gestora del amparo, la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la Colegiatura endilgada se soport\u00f3, precisamente, en los hechos, los medios de prueba existentes, las normas y la jurisprudencia que eran aplicables al asunto debatido, que permitieron determinar que el veh\u00edculo objeto del comiso estuvo involucrado en los hechos delictuales del procesado, sin que aquella, lograra en efecto, demostrar no solo la existencia de una relaci\u00f3n contractual con el condenado, sino adem\u00e1s, que se le hubiese dado al automotor una destinaci\u00f3n diferente, sin que resulte suficiente la documental que fue aportada. <\/p>\n
3.2.4. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC3841-2020). <\/p>\n
4. Finalmente, tampoco resulta procedente la tutela como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable a la aqu\u00ed inconforme, pues lo cierto es que no se alleg\u00f3 elemento de juicio alguno para demostrarlo, sin que sea suficiente para ello la mera manifestaci\u00f3n de su existencia, \u00abpor cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC2632-2020). <\/p>\n
5. Por los argumentos anotados, se impone mantener la providencia examinada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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