STC462-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC462-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01706-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia dictada el 18 de noviembre de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Armotec industrial S.A. contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes de la contienda compulsiva a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante, por intermedio de su apoderada judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la defensa, presuntamente conculcados por la autoridad convocada, al fijar fecha y hora para llevar a cabo la subasta del bien inmueble objeto de garant\u00eda real, dentro de la ejecuci\u00f3n seguida en su contra por el Banco Popular S.A. <\/p>\n
Por lo anterior, solicita de manera concreta que se revoque \u00abla decisi\u00f3n contenida en el auto de 13 de octubre de 2020\u00bb, y que en consecuencia, se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta capital, \u00abse abstenga de emitir se\u00f1alamiento de fecha de remate por fuera de los requisitos contemplados en el art\u00edculo 448 del C.G.P.\u00bb, hasta tanto se efectu\u00e9 un \u00abcontrol de legalidad\u00bb en el que subsanen lo yerros relativos a la falta de identidad de la parte ejecutada. <\/p>\n
2. Narra la gestora del amparo en el escrito inicial, en s\u00edntesis, que ya son cuatro las ocasiones en las que el Despacho convocado ha decretado la pr\u00e1ctica del martillo en comento, sin advertir, dice, que la heredad objeto de garant\u00eda identificada con el folio de matr\u00edcula N\u00b050N-20259923, no ha sido debidamente embargada y secuestrada, en tanto que existe una incongruencia en el nombre del propietario inscrito frente al que se libr\u00f3 la orden de apremio, y el que aparece en el respetivo certificado de tradici\u00f3n, m\u00e1xime cuando a la fecha el auxiliar de la justicia que llev\u00f3 a cabo el secuestro ya no obra en el litigio, ni tampoco se ha actualizado el aval\u00fao del predio, incumpli\u00e9ndose as\u00ed lo dispuesto en el canon 448 del C\u00f3digo General del Proceso, motivos que la habilitan para acudir a la presente v\u00eda excepcional. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El titular del Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, luego de hacer un resumen pormenorizado de las actuaciones acaecidas con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario, hizo \u00e9nfasis en que a la fecha se encuentra pendiente por resolver el recurso horizontal que la aqu\u00ed interesada promovi\u00f3 en contra de la providencia objeto de la queja constitucional; y, que \u00ablas afirmaciones efectuadas por [aqu\u00e9lla] no corresponden a la realidad, pues si bien al interior del asunto se indic\u00f3 que se libr\u00f3 mandamiento de pago en contra de \u201cArmotec S.A. antes Armotec Industrial Limitada\u201d, cuando lo correcto era \u201cArmotec Industrial S.A.\u201d, no es menos cierto que para evitar confusiones al futuro el despacho mediante auto adiado 22 de septiembre de 2014 se indic\u00f3 de forma clara y precisa que la ejecutada al interior de este asunto es ARMOTEC INDUSTRIAL S.A., antes ARMOTEC INDUSTRIAL LIMITADA con Nit. 800.051.660-1\u00bb, situaci\u00f3n que por dem\u00e1s, fue objeto de pronunciamiento en sede tutela, donde la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema indic\u00f3, que \u00abes de advertirse, que los autos de 28 de noviembre de 2014, 22 de octubre, 16 de diciembre de 2015, 3 de mayo, 15 de noviembre de 2016, 6 de marzo, 10 de mayo, 25 de agosto de 2017, 29 de enero, 14 de junio, 29 de agosto de 2018 y 15 de enero de 2019, no comportan la vigencia del mentado requisito, raz\u00f3n por la que las alegaciones est\u00e1n llamadas al fracaso en tanto que se fundan en que la sociedad obligada era diferente a la que fue ejecutada, cuesti\u00f3n que ya qued\u00f3 definida desde el anotado prove\u00eddo de 22 de septiembre de 2014, a trav\u00e9s del cual se resolvi\u00f3 la petici\u00f3n de invalidez\u00bb1. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El juez constitucional de primer grado neg\u00f3 el resguardo implorado, tras advertir que \u00abno se dan los restringidos elementos gen\u00e9ricos de procedibilidad, los que deben presentarse en forma acumulativa, m\u00e1s no alternativa, para que se abra paso el amparo solicitado, ya que de acuerdo con lo que ha ense\u00f1ado la jurisprudencia, al fallar uno solo de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad se torna improcedente la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. En lo que respecta al requisito de subsidiaridad, la Sala estima que no se cumple con el mismo, toda vez que el accionante ciertamente cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para controvertir la decisi\u00f3n del 4 de noviembre de 2020, cuya revocatoria se persigue, como lo es el espec\u00edficamente, el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en desarrollo de la audiencia de fallo, el cual fue concedido por la se\u00f1ora Juez de instancia y que se encuentra pendiente de env\u00edo al Superior, para que se resuelva lo que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s puso de presente, que al margen de lo anterior, \u00abrevisadas las diligencias surtidas dentro del proceso de privaci\u00f3n de la patria potestad 2020-00039, se observa que \u00e9ste se encuentra ajustado al procedimiento reglado en el art\u00edculo 368 del CGP, observ\u00e1ndose que, dentro de las mismas se surti\u00f3 debidamente la notificaci\u00f3n del auto admisorio al demandado, quien se abstuvo de dar contestaci\u00f3n a la demanda, habi\u00e9ndose verificado la participaci\u00f3n en la actuaci\u00f3n de la PROCURADORA DE FAMILIA y EL DEFENSOR DE FAMILIA DE TUNJA, en garant\u00eda de los derechos de la menor involucrada en el tr\u00e1mite, sin que se observe por esta Colegiatura que por cuenta del Juzgado accionado se haya tomado decisi\u00f3n alguna que menoscabe los derechos fundamentales de la menor SALOM\u00c9 GARC\u00cdA MORALES\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la sociedad gestora de la salvaguarda, tras se\u00f1alar similares argumentos a los esbozados en la s\u00faplica introductoria. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. En el presente asunto, la inconformidad de la sociedad accionante se soporta, en lo fundamental, en el auto pronunciado el 13 de octubre de 2020, a trav\u00e9s del cual se fij\u00f3 fecha y hora para llevar a cabo el remate del inmueble hipotecado, dentro del juicio coercitivo que para tal efecto adelant\u00f3 en su contra el Banco Popular. <\/p>\n
En ese orden de ideas, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede en ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho violado o amenazado, requisito que se echa de menos en el sub examine, pues estando a la espera de lo que decida el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 en sede horizontal (canon 318 del C\u00f3digo General del Proceso), que contra la determinaci\u00f3n criticada propuso la compa\u00f1\u00eda aqu\u00ed tutelante, es f\u00e1cil concluir que el amparo rogado deviene prematuro, en raz\u00f3n a que no puede el Juez constitucional anticiparse a la adopci\u00f3n de la determinaci\u00f3n que deber\u00e1 tomar el respectivo funcionario a quien le fue enviado tal asunto, pues vedado tiene arrogarse facultades ajenas, sin que se tenga certeza en este momento acerca de pronunciamiento alguno en este particular sentido. <\/p>\n
Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, (\u2026) en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (STC8312-2020). <\/p>\n
Y por ello es que ha dicho la Corte, de tiempo atr\u00e1s, que \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (ejusdem). <\/p>\n
4. Finalmente, aunque la persona jur\u00eddica accionante tambi\u00e9n se duele de la supuesta vulneraci\u00f3n de su garant\u00eda superior a la igualdad, debe decirse que \u00abno existe evidencia alguna de que haya recibido un trato diferencial, en detrimento de sus garant\u00edas, frente a otros casos similares\u00bb,2 m\u00e1s a\u00fan cuando, se resalta, no hizo alusi\u00f3n alguna a un caso que se pueda asimilar al suyo y que haya sido resuelto por la misma autoridad judicial a la aqu\u00ed enjuiciada de una manera diferente. <\/p>\n
5. Por los anteriores argumentos, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley CONFIRMA la decisi\u00f3n confutada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1STC3091-2019, Mag. Ponente Dr. Aroldo Wilson Quiroz M. <\/p>\n
2 C.S.J. STC4915-2020. <\/p>\n
9 <\/p>\n
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