STC478-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC478-2020 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 85001-22-08-000-2020-00261-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 4 de diciembre de 2020 por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Elvia Mar\u00eda Boh\u00f3rquez Mora contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los dem\u00e1s intervinientes del juicio liquidatorio a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la defensa y contradicci\u00f3n, al debido proceso, a la \u00abPrevalencia del Derecho Sustancial sobre el Derecho Procesal\u00bb y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con el auto proferido el 19 de agosto de 2015, en el marco del proceso de concordato que promovi\u00f3 en favor de su hermano Ra\u00fal Antonio Boh\u00f3rquez Mora, con radicado No. 2005-00030-00. <\/p>\n
Solicita entonces de manera concreta, para salvaguardar sus prerrogativas, \u00abDejar sin valor y efecto la [citada] Providencia\u00bb, y que como consecuencia de lo anterior, se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal, \u00abpronunci[arse] nuevamente sobre la presentaci\u00f3n de cr\u00e9ditos [que] formul[\u00f3] a trav\u00e9s de apoderada judicial el 24 de junio de 2015 al [interior del aludido] tr\u00e1mite liquidatorio\u00bb1. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la definici\u00f3n de la instancia, aduce en lo esencial la actora, que a ra\u00edz del secuestro y desaparici\u00f3n de su pariente el 7 de abril de 2004, de quien se declar\u00f3 su muerte presunta el 19 de noviembre de 2012, la Fiscal\u00eda 32 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de la mentada capital mediante auto del 17 de mayo de aqu\u00e9lla anualidad, la design\u00f3 como administradora y curadora de sus bienes, calidad en la que radic\u00f3 el 15 de febrero de 2005 solicitud de concordato de persona natural ante el estrado judicial acusado, ante la proliferaci\u00f3n de procesos de ejecuci\u00f3n seguidos en contra de su familiar. <\/p>\n
Asevera que en decisi\u00f3n del 9 de marzo siguiente, el titular del estrado judicial accionado dispuso la apertura del tr\u00e1mite concordatario, por lo que su apoderada, bajo el errado ep\u00edgrafe de \u00abrecurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n\u00bb, present\u00f3 la relaci\u00f3n de las acreencias que su hermano le adeudaba con anterioridad a su secuestro y desaparici\u00f3n; sin embargo, dicho funcionario no interpret\u00f3 adecuadamente lo que pretend\u00eda con ello, esto es, que fueran reconocidas dichas obligaciones para su correspondiente pago, pues mediante providencia del 19 de agosto de ese mismo a\u00f1o neg\u00f3 la procedencia de tales remedios, en vez de acceder a lo realmente solicitado, desconociendo de esta manera, dice, \u00ablo preceptuado por el art\u00edculo 224 numeral cuatro de la misma Ley 222 de 1995\u00bb. <\/p>\n
Finalmente sostiene, que la citada instancia judicial con lo resuelto incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por defecto procedimental, por exceso de ritual manifiesto, el cual debe ser corregido a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n2. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juez Primero Civil del Circuito de Yopal se opuso al \u00e9xito del resguardo implorado, tras manifestar que mediante la decisi\u00f3n criticada se pronunci\u00f3 sobre los remedios horizontal y vertical que la apoderada de la demandante, ahora accionante, formul\u00f3 contra la providencia del 17 de junio de 2015, que dispuso la liquidaci\u00f3n obligatoria dentro del tr\u00e1mite concordatario que se debate, dentro del cual se reconoci\u00f3 como acreedor al se\u00f1or Bernardo L\u00f3pez Solorzano, actuaciones que se encuentran ajustadas a derecho, sumado a que la acci\u00f3n de tutela incoada resulta improcedente por incumplir el requisito de la inmediatez, pues han transcurrido m\u00e1s de 5 a\u00f1os desde que se emiti\u00f3 el auto que presuntamente gener\u00f3 la vulneraci\u00f3n alegada por la accionante3. <\/p>\n
b. El vinculado Bernardo L\u00f3pez Sol\u00f3rzano a trav\u00e9s de gestor judicial solicit\u00f3 negar el amparo rogado, dado que desatiende los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, en la medida que mediante prove\u00eddos del 10 de noviembre de 2016 y 31 de agosto de 2017, la dependencia judicial accionada lo reconoci\u00f3 como acreedor junto a Edgar Uriel Reyes, Mar\u00eda Alicia Rodr\u00edguez Perilla, Flor Alba G\u00e1mez Roa, Ariel Delgado y Cesar Rodr\u00edguez C\u00e1ceres, y, las sociedades Desmotolima S.A., Recaz S.A., Arroz Montecarlo S.A., Sanar Ltda., Improarroz Ltda. y Celta Ltda., frente a los cuales la tutelante no interpuso recurso alguno, sumado a que desde entonces ha trascurrido un tiempo considerable, sin que exista prueba que excuse la tardanza en la presentaci\u00f3n del reclamo4. <\/p>\n
c. Los dem\u00e1s vinculados, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Yopal neg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras considerar que la misma no atiende el presupuesto general de procedibilidad de la inmediatez, toda vez que \u00abla providencia cuestionada data del 19 de agosto de 2015, notificada en estado el 21 de agosto de 2015, es decir, desde que se notific\u00f3 la providencia a la fecha han pasado m\u00e1s de cinco a\u00f1os, t\u00e9rmino abiertamente desproporcionado para interponer una acci\u00f3n constitucional contra una providencia judicial, por cuanto ello es contrario al principio de la seguridad jur\u00eddica que se pretende en nuestro ordenamiento jur\u00eddico y en la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, m\u00e1xime cuando en el plenario \u00abno obra justificaci\u00f3n alguna que d\u00e9 cuenta de la mora en la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela\u00bb5. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El tutelante se mostr\u00f3 inconforme con lo resuelto, tras esgrimir que el presupuesto echado de menos s\u00ed se encuentra atendido, en raz\u00f3n a que la vulneraci\u00f3n generada con la providencia criticada se ha mantenido en el tiempo6. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por consagraci\u00f3n constitucional y legal, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo preferente y sumario al alcance de las personas para la efectiva protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando \u00e9stos son vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades, y en ciertos casos, de los particulares. <\/p>\n
Del mismo modo, la jurisprudencia constitucional de esta Sala ha ahondado en la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar; adem\u00e1s, tambi\u00e9n ha insistido la Corte, en que a falta de cualquiera de las aludidas exigencias debe negarse la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada por la se\u00f1ora Elvia Mar\u00eda Boh\u00f3rquez Mora, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la misma no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues claramente se observa que la salvaguarda instada frente a la providencia por medio de la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal resolvi\u00f3, entre otros, confirmar el prove\u00eddo de 17 de junio de 2015, que dispuso la liquidaci\u00f3n obligatoria dentro del proceso de concordato que la accionante promovi\u00f3 en favor de su hermano Ra\u00fal Antonio Boh\u00f3rquez Mora, con radicado No. 2005-00030-00, y, negar la concesi\u00f3n de la alzada, no atiende el presupuesto de procedibilidad general de la inmediatez, tal y como lo indic\u00f3 el a quo constitucional, si se tiene en cuenta que dicha decisi\u00f3n, data del 19 de agosto de 2015, en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 solo hasta el 24 de noviembre de 2020, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo, por lo que queda establecido que la pretensi\u00f3n dirigida contra esta no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se puede verificar, transcurri\u00f3 un tiempo significativo -5 a\u00f1os, 2 meses y 5 d\u00edas, sin que la accionante solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera vulnerados con dicha actuaci\u00f3n, lo que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto antes mencionado, el cual impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que <\/p>\n
\u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n
Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC9333-2020). <\/p>\n
3. De otra parte, cabe acotar que, si bien la gestora pregona que la transgresi\u00f3n denunciada se ha mantenido en el tiempo, lo que tornar\u00eda factible el estudio de fondo de la acci\u00f3n de amparo, lo cierto es que con la determinaci\u00f3n criticada no se le cerr\u00f3 a \u00e9sta la posibilidad de hacer valer sus acreencias, pues all\u00ed solo se le indic\u00f3 que ese no era la oportunidad propicia para introducirlas, pero posteriormente no realiz\u00f3 actuaci\u00f3n alguna para materializar dicho cometido, seg\u00fan lo informa el expediente contentivo de la memorada actuaci\u00f3n, por lo que ahora no puede alegar su propia culpa a su favor. <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo controvertido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 De acuerdo con la demanda de tutela acopiada al archivo digital contentivo del expediente de primera instancia, remitido a esta Corte. <\/p>\n
2 Ejusdem. <\/p>\n
3 Informe que hace parte del archivo digital referido. <\/p>\n
4 Ib\u00eddem. <\/p>\n
6 Escrito anexo a este. <\/p>\n
<\/p>\n
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