STC480-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC480-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00353-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de diciembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Johan Gallego Osorio contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito primigenio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 contra Bancolombia S.A., con Rad. No. 2020-00219-00. <\/p>\n
Reclama entonces, para la protecci\u00f3n de la mentada prerrogativa, que se ordene al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira: (i) \u00abadmit[ir] la acci\u00f3n popular 2020 00 219 00\u00bb; (ii) \u00abrealice el reparto a fin q[ue] demuestre cu\u00e1ndo envi\u00e9 mi acci\u00f3n popular, cu\u00e1ndo la reparti\u00f3 y cu\u00e1ndo lleg\u00f3 al despacho tutelado a fin de probar la mora judicial\u00bb; (iii) \u00abno entorpezca el tr\u00e1mite Constitucional de [su] acci\u00f3n popular\u00bb; (iv) \u00abcumpla t\u00e9rminos de tiempo perentorio q[ue] le ordena ley 472 de 1998 a fin d no tutelarle m\u00e1s por violar lo q[ue] manda ley 472 de 1998\u00bb; y, (v) \u00abemita copia del acta de reparto y del auto que avoca mi acci\u00f3n a fin de probar la MORA JUDICIAL y la desidia por cumplir lo q[ue] manda ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que pese a que promovi\u00f3 la acci\u00f3n constitucional en comento, sin el Despacho accionado \u00abnada hace al respecto para admitir[la] o inadmitir[la]\u00bb, desconociendo de esta manera los \u00abt\u00e9rminos perentorios de tiempo para su tr\u00e1mite\u00bb, circunstancia que, en su sentir, vulnera la garant\u00eda esencial invocada. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira aleg\u00f3, que mediante auto del \u00ab23 de noviembre de 2020, (\u2026) se dispuso el rechazo de la acci\u00f3n [cuestionada] por falta de competencia y se orden\u00f3 la remisi\u00f3n de la misma a los Juzgados Civiles del Circuito de Medell\u00edn para ser all\u00ed repartida, asimismo se propuso el conflicto de competencia negativo en caso de que el funcionario a quien llegue la presente acci\u00f3n se declare sin competencia\u00bb. <\/p>\n
b.) Por su parte, la Defensor\u00eda del Pueblo Regional de Risaralda pidi\u00f3 denegar el amparo reclamado, comoquiera que las \u00abpretensiones enunciadas por el accionante no vinculan a nuestra Entidad y su resoluci\u00f3n no se encuentra dentro de nuestras competencias\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, tras advertir que \u00abel juzgado accionado, el 23 de noviembre pasado, profiri\u00f3 auto rechazando la acci\u00f3n popular, remiti\u00e9ndola por competencia a los Juzgados Civiles del Circuito de Medell\u00edn \u2013 reparto (archivo denominado \u201c003 Auto Rechaza Demanda\u201d \u2013 expediente digital), en consecuencia, no existe en este momento objeto jur\u00eddico sobre el cual fallar y ser\u00eda vano adoptar en esta sede cualquier decisi\u00f3n al respecto, por la ausencia de inter\u00e9s jur\u00eddico o sustracci\u00f3n de materia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor replic\u00f3 el anterior fallo, sin manifestar las razones de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Como se reiterado en varias ocasiones, la acci\u00f3n de tutela fue instituida por el Constituyente de 1991 con un car\u00e1cter netamente subsidiario o residual, que comporta que la solicitud de amparo no se abra paso cuando la persona presuntamente agraviada o amenazada en sus derechos constitucionales fundamentales, dispone o tuvo a su disposici\u00f3n en su momento otros medios de defensa judicial, salvo que aqu\u00e9lla se utilice como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. En el presente caso, el accionante se duele, concretamente, porque supuestamente el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira \u00abnada hace al respecto para admitir o inadmitir\u00bb la acci\u00f3n popular que instaur\u00f3 contra Bancolombia S.A., identificada con el consecutivo No. 2020-00219-00. <\/p>\n
Por tanto, como para la fecha en que se profiri\u00f3 el fallo confutado ya se hab\u00eda subsanado la omisi\u00f3n denunciada por el peticionario, y por ende, cesado la posible o eventual vulneraci\u00f3n o amenaza a los derechos fundamentales por \u00e9l invocados, es claro que \u00abemerge una carencia actual de objeto del auxilio, en la medida que existe plena certeza de que el fin \u00faltimo perseguido con \u00e9ste fue cumplido, no siendo dable impartir una orden en la forma solicitada, cuando la irregularidad referida es a la fecha inexistente\u00bb (CSJ, STC2249-2020). <\/p>\n
Al punto, la Corte Constitucional ha precisado que <\/p>\n
\u00absi bien se tiene que el prop\u00f3sito de la tutela, es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las \u00f3rdenes que considere pertinentes a la autoridad p\u00fablica o al particular que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar as\u00ed la defensa actual y cierta de los mismos, cuando la situaci\u00f3n de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acci\u00f3n de tutela pierde toda raz\u00f3n de ser como mecanismo m\u00e1s apropiado y expedito de protecci\u00f3n judicial, por cuanto la decisi\u00f3n que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultar\u00eda a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acci\u00f3n\u00bb (C.C. T-308\/03, citada entre otra, en CSJ STC027-2020 y STC1341-2020). <\/p>\n
4. De otro lado, en lo que tiene que ver con la pretensi\u00f3n del gestor para que el Juzgado accionado \u00abemita copia del acta de reparto y del auto que avoca [su] acci\u00f3n\u00bb, como lo ha precisado esta Colegiatura en innumerables pronunciamientos, le corresponde a \u00e9ste dirigir directamente sus peticiones ante dicha autoridad judicial, dada la residualidad y el car\u00e1cter subsidiario que caracteriza la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
5. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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