STC487-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
STC487-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01696-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia dictada el 18 de noviembre de 2020 por la Sala Civil de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por la Clemencia Roncancio Qui\u00f1onez contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma urbe, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados Veintinueve, Cuarenta y Cuatro Civiles del Circuito, y Segundo Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n, todos de esta capital, as\u00ed como la Inspecci\u00f3n Trece E Distrital de Polic\u00eda del Barrio Teusaquillo, la Alcald\u00eda de Engativ\u00e1, y los se\u00f1ores Viviana Marcela G\u00f3mez Orjuela, Jos\u00e9 Edmundo Burgos Garc\u00eda, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes de los procesos coercitivo y reivindicatorio a los que alude la demanda introductoria. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas y vinculadas, con i) la sentencia proferida en el a\u00f1o 2008 dentro del proceso reivindicatorio identificado con el consecutivo No. 029-2004-00614-00; ii) la orden de apremio pronunciada a continuaci\u00f3n de dicha providencia, el 30 de abril de 2010; iii) la orden de seguir adelante con dicha ejecuci\u00f3n pronunciada el 2 de marzo de 2012; iv) la diligencia de entrega de los inmuebles objeto de las referidas contiendas realizada el 4 de octubre de 2017; v) el auto del 24 de septiembre de 2015 que acept\u00f3 la \u00abcesi\u00f3n de derechos\u00bb que los se\u00f1ores Gallo Fajardo (demandantes y ejecutantes), realizaron a favor de Viviana G\u00f3mez, en el mes de julio pr\u00f3ximo anterior; vi) el prove\u00eddo de 20 de noviembre de 2015 mediante el cual se decret\u00f3 el embargo de otro bien de su propiedad; y, vii) el secuestro de \u00e9ste realizado el 6 de marzo de 2018. <\/p>\n
Exige entonces, para la protecci\u00f3n de las prerrogativas invocadas, que se ordene a las autoridades y sujetos criticados, a) \u00abdecretar la invalidaci\u00f3n del contrato de cesi\u00f3n de derechos litigiosos, suscrito entre la se\u00f1ora Viviana Marcela G\u00f3mez Orjuela, (\u2026) y los se\u00f1ores \u00c1lvaro Gallo, \u00c1lvaro Augusto Gallo Fajardo y Jorge Andr\u00e9s Gallo Fajardo, (\u2026) celebrado d\u00eda 2 de julio del a\u00f1o 2015, el cual est\u00e1 dirigido estrictamente y textualmente sobre el proceso ejecutivo singular No. 11001-31-03- 029-2044-00614, dejando sin efectos la sentencia de septiembre 24 de 2015, (\u2026) as\u00ed como todas las actuaciones posteriores\u00bb; b) \u00abproceda[n] inmediatamente a levantar las medidas cautelares de embargo y secuestre sobre el inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-155684\u00bb; c) \u00abse opere la extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n por concepto de las mejoras reconocidas a los se\u00f1ores \u00c1lvaro Gallo, \u00c1lvaro Augusto Gallo Fajardo y Jorge Andr\u00e9s Gallo Fajardo, (\u2026) por la v\u00eda de la compensaci\u00f3n de acuerdo Rad. 11001 22 03 000 2020 01696 00, con los Art. 1625 numeral 5\u00b0, arts. 1714 a 1716 del C\u00f3digo Civil, con los frutos civiles reconocidos en la sentencia del 08 de agosto de 2008, proferida por el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito\u00bb; d) \u00abdecretar el usufructo perpetuado sobre el inmueble ubicado en la carrera 19 No. 32 A \u2013 21, apartamentos 101, 201 y 301, barrio Teusaquillo de la ciudad de Bogot\u00e1, ejecutado por la se\u00f1ora Viviana Marcela G\u00f3mez Orjuela, (\u2026) desde el d\u00eda 13 de febrero del a\u00f1o 2014 (\u2026) o rendimientos que gener\u00f3 el bien inmueble desde el d\u00eda 13 de febrero del a\u00f1o 2014 hasta el d\u00eda 4 de octubre del a\u00f1o 2017, fecha en la cual se realiza la diligencia de entrega del inmueble por intermedio de la Alcald\u00eda de Teusaquillo\u00bb; e) \u00abdecretar el cobro de los da\u00f1os y perjuicios efectuados en el inmueble ubicado en la carrera 19 No. 32 A \u2013 21, Apartamentos 101, 201 y 301, barrio Teusaquillo de la ciudad de Bogot\u00e1, causados por la se\u00f1ora Viviana Marcela G\u00f3mez Orjuela, (\u2026) el d\u00eda 4 de octubre en la diligencia de entrega del inmueble, por los hechos vand\u00e1licos y saqueos como quedo plasmado en el acta levantada por alcaldesa local de Teusaquillo (\u2026) y adem\u00e1s los servicios p\u00fablicos utilizados por los arrendatarios\u00bb; f) \u00abdecretar el cobro por concepto del impuesto predial que deben pagar los se\u00f1ores \u00c1lvaro Gallo, \u00c1lvaro Augusto Gallo Fajardo y Jorge Andr\u00e9s Gallo Fajardo, (\u2026) por la posesi\u00f3n realizada sobre inmueble ubicado en la carrera 19 No. 32 A \u2013 21, apartamentos 101, 201 y 301, barrio Teusaquillo de la ciudad de Bogot\u00e1 desde el mes de septiembre a\u00f1o 2005, hasta el 13 de febrero de 2014, y la se\u00f1ora Viviana Marcela G\u00f3mez Orjuela, (\u2026) por la posesi\u00f3n ejercida sobre el inmueble desde el 13 de febrero de 2014 hasta el 4 de octubre de 2017\u00bb. <\/p>\n
2. Aun cuando el escrito inicial es bastante extenso y confuso, se logr\u00f3 extraer del mismo, en s\u00edntesis, que desde el a\u00f1o 2000 y por cuenta de las acciones adelantadas por los se\u00f1ores \u00c1lvaro Gallo, \u00c1lvaro Augusto y Jorge Andr\u00e9s Gallo Fajardo, a quienes calific\u00f3 de \u00abinescrupulosos\u00bb, se ha le vedado la posibilidad de ejercer el \u00abuso y goce\u00bb de los apartamentos \u00ab101, 201 y 301 del Edificio Yacal\u00bb, ubicado en la \u00abcarrera 19 No. 32-21 de Bogot\u00e1\u00bb, situaci\u00f3n que no solo le ha causado da\u00f1os de orden patrimonial, sino tambi\u00e9n moral. <\/p>\n
Coment\u00f3 que en el marco del juicio reivindicatorio que aqu\u00e9llos adelantaron en su contra, el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de esta capital estim\u00f3 las pretensiones que reca\u00edan sobre los mentados predios, orden\u00e1ndole restituirlos, as\u00ed como pagar la suma de $3\u2019561.061, por concepto de frutos civiles, previa la cancelaci\u00f3n, por parte de los demandantes, de $26\u00b4559.855, monto correspondiente a las mejoras reconocidas en calidad de poseedora; que con el paso del tiempo, y por no realizarse la respectiva entrega de los inmuebles, dichos frutos ascendieron a la suma de $90\u2019404.127, motivo por el cual, ya en tr\u00e1mite de la ejecuci\u00f3n, el valor que a su favor hab\u00eda sido decretado se \u00abcompens\u00f3\u00bb conforme a lo dispuesto en la sentencia del 2 de marzo de 2012. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el 2 de julio de 2015, los se\u00f1ores Gallo Fajardo cedieron a la se\u00f1ora Viviana Marcela G\u00f3mez Orjuela el cr\u00e9dito cobrado en el mentado juicio coercitivo seguido a continuaci\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria, acto jur\u00eddico que fue tenido en cuenta por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 mediante auto adiado 24 de septiembre siguiente, quien no advirti\u00f3 que en el mentado contrato se cometi\u00f3 un error en el n\u00famero de proceso, motivo que, dice, imposibilitaba su aceptaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego se refiri\u00f3 al embargo decretado en el citado litigio respecto del predio de su propiedad ubicado en la \u00abcra. 100A No. 71B-15\u00bb de esta urbe, y su posterior secuestr\u00f3 practicado el 6 de marzo de 2018 por la comisionada Alcald\u00eda de Engativ\u00e1, encontr\u00e1ndose pendiente \u00fanicamente el se\u00f1alamiento de la fecha y hora para la diligencia de remate, hecho por el cual, asegura, es evidente la \u00abdesigualdad en la aplicaci\u00f3n de la ley al darle prioridad a las actuaciones de los se\u00f1ores Gallo Fajardo\u00bb, circunstancias \u00e9stas por las que considera que los reclamos elevados merecen ser atendidos a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, m\u00e1xime porque no cuenta con otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La titular del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta capital, se limit\u00f3 a efectuar un recuento pormenorizado del tr\u00e1mite adelantado en desarrollo de la ejecuci\u00f3n objeto de an\u00e1lisis, sin referirse puntualmente a las peticiones de la promotora de la salvaguarda. <\/p>\n
b. Por su parte, el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de la misma localidad puso de presente, que desde el mes de noviembre de 2013 remiti\u00f3 el referido asunto a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n, hecho por el cual no conoce de las actuaciones acaecidas con posterioridad a dicha data; que en lo que refiere a las sentencias de los juicios reivindicatorio y ejecutivo, la solicitud de resguardo incumple con el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El juez constitucional de primer grado neg\u00f3 el resguardo implorado, tras advertir que \u00aben el caso de marras, lo primero que salta a la vista es que las providencias judiciales y las actuaciones que la tutelante refiere violatorias de sus derechos fundamentales fueron proferidas y\/o acaecieron durante el periodo comprendido entre los a\u00f1os 2000 y 2018, es decir, hace m\u00e1s de seis (6) meses contados hacia atr\u00e1s desde la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela [5 de noviembre de 2020]\u00bb, sumado al hecho que \u00abno se adujo motivo v\u00e1lido que justifique la inactividad de la accionante en un t\u00e9rmino prudencial, pues del escrito de tutela no se evidencia, como tampoco se encuentra que exista un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales alegada, por lo que se advierte una carencia evidente del requisito de inmediatez estudiado. <\/p>\n
Aunado a lo anterior se avizora la inobservancia del requisito de subsidiariedad, puesto que la accionante, si es que considera que el \u201cremate\u201d al que se refiere que est\u00e1 por suceder -frente al que ni siquiera se ha se\u00f1alado fecha-, aun cuenta con las herramientas procesales dispuesta por el legislador para poner de presente del Juzgado de conocimiento las situaciones que a su criterio impiden llegar hasta dicha etapa, no siendo la acci\u00f3n tuitiva la v\u00eda propicia en este caso para tales fines, m\u00e1xime la notoria ausencia del supuesto perjuicio irremediable alegado en el escrito inaugural. En todo caso, t\u00e9ngase en cuenta que una diligencia de remate no constituye otra cosa diferente que la consecuencia natural por la desatenci\u00f3n de la obligaci\u00f3n que se persigue a trav\u00e9s de un proceso ejecutivo, por lo que anticiparse a la misma de manera alguna puede justificar la interposici\u00f3n de una tutela, para buscar pronunciamientos que solo le son dables emitir a la justicia ordinaria\u00bb <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la gestora de la salvaguarda, fundando su descontento en similares argumentos a los esbozados en el escrito inicial, adem\u00e1s de indicar que, \u00abel Se\u00f1or Juez no examin\u00f3 [sus] argumentos, [pues] la tutela la interpus[o] en el t\u00e9rmino razonable para que mediante providencia judicial se me ampare los derechos constitucionales fundamentales de aplicaci\u00f3n inmediata al DEBIDO PROCESO, ACCESO REAL Y EFECTIVO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, A LA IGUALDAD DE TRATO ANTE LAS AUTORIDADES, establecido por la constituci\u00f3n pol\u00edtica de Colombia, [comoquiera que] el punto de partida para iniciar la acci\u00f3n constitucional [es] el d\u00eda 25 de febrero de 2020, con la promulgaci\u00f3n por parte del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias Bogot\u00e1, de la notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, donde [se] confirm[\u00f3] el auto proferido del 23 de octubre de 2018, mediante el cual [se] (\u2026)deneg\u00f3 una solicitud de medidas cautelares en contra de se\u00f1ora Viviana Marcela G\u00f3mez Orjuela\u00bb. <\/p>\n
Que adem\u00e1s de lo anterior, \u00abel acceso a la administraci\u00f3n de justicia se vio ampliamente disminuido como consecuencia de la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y la Protecci\u00f3n Social; el aislamiento preventivo obligatorio y el estado de emergencia econ\u00f3mica, social y ecol\u00f3gica decretado por el Presidente de la Rep\u00fablica y la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales de modo que se encontraban suspendidos y clausurados los despachos judiciales\u00bb. <\/p>\n
Finalmente refiere, frente al requisito de la subsidiariedad tambi\u00e9n echado de menos por la ad quem constitucional, que aunque seg\u00fan dicha autoridad, \u00abla diligencia de remate no constituye otra cosa diferente que la consecuencia natural por la desatenci\u00f3n de la obligaci\u00f3n que se persigue a trav\u00e9s de un proceso ejecutivo\u00bb, lo cierto es que \u00abno se ha desatendido la obligaci\u00f3n por concepto de las mejoras reconocidas a los se\u00f1ores \u00c1lvaro Gallo, \u00c1lvaro Augusto Gallo Fajardo y Jorge Andr\u00e9s Gallo Fajardo, esta situaci\u00f3n es una consecuencia por la omisi\u00f3n del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, de ejecutar la sentencia del 8 de agosto de 2008, proferida por el Juzgado Veintinueve Civil Del Circuito por el proceso ordinario reivindicatorio No.11001-31-03-029-2004- 00614, que establece claramente en su Par\u00e1grafo cuarto: \u201clas partes en el momento dado, pueden compensar las obligaciones hasta donde el monto lo permita, y de aceptar la cesi\u00f3n del contrato de los derechos litigiosos, a la se\u00f1ora Viviana Marcela G\u00f3mez Orjuela, por una obligaci\u00f3n que ya se hab\u00eda compensado por completo, no exist\u00eda\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acci\u00f3n, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, esto es, producto del mero capricho, a tal punto que configuren una \u00abcausal espec\u00edfica de procedencia del amparo\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n presentada por la gestora del amparo, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la decisi\u00f3n de primer grado merece ser confirmada, no s\u00f3lo porque la decisi\u00f3n impugnada no merece reproche alguno, sino porque el descontento de la se\u00f1ora Clemencia, conforme se transcribi\u00f3 en el ac\u00e1pite correspondiente, se soporta en hechos nuevos alegados en esta instancia1, pues en momento alguno se hizo referencia a ellos en ninguno de los ac\u00e1pites de la demanda introductoria, los cuales no pueden ser ahora analizados, en raz\u00f3n a que la autoridad judicial querellada no pudo defenderse en su debida oportunidad, en tanto que no fueron puestos en consideraci\u00f3n de \u00e9sta en el presente debate, para que ejerciera su derecho de contradicci\u00f3n, motivo por el cual ahora no puede ser sorprendida con una decisi\u00f3n al respecto, pues, de ser as\u00ed, se le desconocer\u00eda tambi\u00e9n su garant\u00eda ius fundamental al debido proceso\uff0e <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que son expuestos en la impugnaci\u00f3n de los fallos de tutela de primer grado, se ha sostenido que si bien \u00abes cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la transgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos de superiores (\u2026) tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, comoquiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se desata el derecho de los convocados a la defensa\u00bb (CSJ STC3681-2020). <\/p>\n
Y es que el 15 de marzo de 2020, mediante Acuerdo PCSJA20-11517 el Consejo Superior dispuso: <\/p>\n
\u00abART\u00cdCULO 1. Suspender los t\u00e9rminos judiciales en todo el pa\u00eds a partir del 16 y hasta el 20 de marzo de 2020, excepto en los despachos judiciales que cumplen la funci\u00f3n de control de garant\u00edas y los despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con persona privada de la libertad, las cuales se podr\u00e1n realizar virtualmente. Igualmente se except\u00faa el tr\u00e1mite de acciones de tutela2\u00bb. (subrayado de la Sala). <\/p>\n
4. Y finalmente, acerca de los puntuales se\u00f1alamientos acerca del incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, debe decirse que tal como lo dijo el a quo constitucional, es cierto que a la fecha, y en el estado en el que se encuentra la ejecuci\u00f3n seguida a continuaci\u00f3n del juicio reivindicatorio varias veces memorado, no es posible atender ninguno de los reparos de la accionante acerca de la viabilidad de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito efectuada y aceptada en el a\u00f1o 2015, y menos a\u00fan, la compensaci\u00f3n de los dineros que por concepto de frutos civiles y mejoras se ordenaron, pues sobre esa materia el debate ya qued\u00f3 finiquitado, estando pendiente tan solo el remate del bien cautelado, actuaci\u00f3n frente a la cual, podr\u00e1 ejercer en su momento su derecho de defensa. <\/p>\n
Ahora, otra situaci\u00f3n bien diferente es que la accionante considere que todav\u00eda no se ha materializado en debida forma la sentencia de la acci\u00f3n reivindicatoria, situaci\u00f3n frente a la cual puede promover, eso s\u00ed, de manera motivada, razonable y contundente, la debida petici\u00f3n ante la autoridad convocada. <\/p>\n
5. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se mantendr\u00e1 el fallo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 a. El auto adiado 23 de octubre de 2018, mediante el cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 una solicitud de medidas cautelares en contra de se\u00f1ora Viviana Marcela G\u00f3mez Orjuela. <\/p>\n
2 Medida que se prorrog\u00f3 hasta el 01 de julio de 2020, en virtud del acuerdo PCSJA20-11567 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
<\/p>\n
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