STC489-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC489-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2020-00096-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de marzo de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Germ\u00e1n Isaza Morales contra el Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes del juicio disciplinario a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con la sentencia de segunda instancia emitida el 20 de noviembre de 2019, en el marco del proceso disciplinario seguido en su contra bajo el radicado No. 2016-06473-00. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, para salvaguardar las citadas prerrogativas, \u00abrevocar la [mentada] providencia\u00bb, y que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, \u00abcancel[ar] las anotaciones que aparecen [en su] contra\u2026 en el Certificado de Vigencia de la Tarjeta Profesional y en el Certificado de Antecedentes [de esa misma autoridad]\u00bb1. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial el accionante, que pese a insistir durante el per\u00edodo probatorio surtido en el juicio disciplinario referido en l\u00edneas precedentes, que se le aclarara la calidad o naturaleza en que fue incorporado al expediente \u00abel escrito de PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD\u00bb que celebr\u00f3 con la Fiscal\u00eda al interior del proceso penal con radicado No. 2015-0008, esto es, si es \u00abun acto de prueba\u00bb o es \u00abobjeto de prueba\u00bb, nunca le fue atendida su petici\u00f3n, al punto que no se le permiti\u00f3 controvertir dicho documento, en la medida que le fue negada como prueba el testimonio de las personas mencionadas por \u00e9l, lo que condujo a que mediante fallo del 22 de agosto de 2019, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 lo sancionara con exclusi\u00f3n de la profesi\u00f3n, con fundamento en el se\u00f1alado diligenciamiento. <\/p>\n
Finalmente refiere, que contra la anterior determinaci\u00f3n formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, con el cual reiter\u00f3 que tal documento no pod\u00eda ser utilizado como \u00fanica prueba en su contra, dado que no ten\u00eda esa naturaleza, y aunque as\u00ed se admitiera, el mismo no fue sometido a contradicci\u00f3n; sin embargo, la Corporaci\u00f3n accionada al resolver la alzada el 20 de noviembre siguiente confirm\u00f3 lo resuelto, \u00absin detenerse a analizar los reparos del disciplinable\u00bb, pues al igual que el a quo, apoy\u00f3 su decisi\u00f3n en el memorado principio de oportunidad, por lo que estima que la mentada autoridad incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por defecto procedimental, el cual debe ser corregido mediante el presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n2. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s de la Magistrada ponente de la sentencia de primera instancia proferida al interior del juicio disciplinario objeto de controversia constitucional, solicit\u00f3 denegar el resguardo implorado, con sustento en que dicho diligenciamiento se adelant\u00f3 de conformidad con lo previsto en la Ley 1123 de 2017, sumado a que lo resuelto en las instancias se ajusta a derecho. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que en el desarrollo del tr\u00e1mite cuestionado el actor solicit\u00f3 pruebas en varias oportunidades, por lo que fueron decretadas algunas y otras se denegaron al no cumplir con los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad, decisiones contra las cuales interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual no prosper\u00f3; que en la sentencia de primer grado dio respuesta a los planteamientos efectuados por el disciplinable con los alegatos de conclusi\u00f3n, resolvi\u00f3 las solicitudes de nulidad que elev\u00f3 relacionadas con el principio de oportunidad, indic\u00e1ndole de manera puntual cual era el valor probatorio de este en esa clase de procesos, y, fundament\u00f3 la sanci\u00f3n en todas las pruebas allegadas, las cuales valor\u00f3 de manera integral, ejercicio del cual pudo concluir que estaba demostrada con certeza la existencia de las faltas imputadas en el pliego de cargos al tutelante, como tambi\u00e9n su responsabilidad disciplinaria3. <\/p>\n
b. La Magistrada ponente de la segunda de las decisiones criticadas se opuso al \u00e9xito del amparo rogado, tras se\u00f1alar que se incumple con el principio de inmediatez frente al prove\u00eddo de 5 de diciembre de 2018, por medio del cual se confirm\u00f3 la negativa de una solicitud probatoria (testimonios) del accionante, mientras que en relaci\u00f3n con la sentencia del 20 de noviembre de 2019, resulta improcedente, ya que la misma est\u00e1 ajustada al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Adem\u00e1s explic\u00f3, en relaci\u00f3n con el escrito de principio de oportunidad referido por el actor, que \u00e9ste fue allegado como prueba a la investigaci\u00f3n disciplinaria, donde confes\u00f3 haber participado de una serie de actos de corrupci\u00f3n que se cometieron en el municipio de Florencia, Caquet\u00e1, donde \u00e9l era el asesor jur\u00eddico externo de la alcaldesa durante el per\u00edodo 2012-2015, la cual tuvo la oportunidad de tachar o repudiar; sin embargo, no lo hizo, pues solo pidi\u00f3 el testimonio de las mismas personas a las que \u00e9l le imput\u00f3 unos posibles delitos para que dieran cuenta de su comportamiento, mas no de que lo confesado era falso, por lo que su declaraci\u00f3n libre ante la fiscal\u00eda fue suficiente para demostrar los hechos por los cuales fue sancionado. <\/p>\n
Finalmente se\u00f1al\u00f3, que la acci\u00f3n disciplinaria es distinta de la penal, por lo que los efectos favorables del principio de oportunidad en esa \u00e1rea del derecho no se traducen en efectos absolutorios en el derecho disciplinario, pues se trata de dos jurisdicciones aut\u00f3nomas e independientes4. <\/p>\n
c. La Secretaria Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, luego de memorar las actividades que despleg\u00f3 con ocasi\u00f3n de la apelaci\u00f3n del fallo sancionatorio de primera instancia, pidi\u00f3 denegar la salvaguarda instada, con fundamento en que no existe vulneraci\u00f3n o amenaza alguna a los derechos fundamentales del tutelante por parte de esa dependencia5. <\/p>\n
d. La vinculada Mar\u00eda Susana Portela Losada, quejosa en el proceso disciplinario debatido, a trav\u00e9s de apoderado judicial solicit\u00f3 declarar improcedente el auxilio invocado, tras manifestar que el actor pretende imponer su particular punto de vista sobre el criterio adoptado las autoridades judiciales en sus fallos6. <\/p>\n
e. Los dem\u00e1s vinculados, guardaron silencio. <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras considerar que \u00abel dicho del actor frente a la omisi\u00f3n del Consejo Superior de la Judicatura-Sala Disciplinaria, en atender su inconformidad frente a la aplicaci\u00f3n del principio de oportunidad en el proceso disciplinario, no es procedente, en tanto se evidencia que a folio 56 de la sentencia confutada, la Sala accionada examin\u00f3 su disenso, indic\u00e1ndole de manera clara que el principio de oportunidad puede ser empleado como prueba en este tipo de procesos\u00bb, criterio que \u00abfue utilizado en primera instancia, al referir que la decisi\u00f3n se emiti\u00f3 no solo con los elementos de prueba que fueron allegados con el principio de oportunidad y su correspondiente resoluci\u00f3n, si no tambi\u00e9n pruebas documentales y testimoniales que condujeron a la certeza sobre la existencia de las faltas y su responsabilidad\u00bb, raz\u00f3n por la que \u00absu pretensi\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, en tanto el fundamento de la demanda gira en torno a la supuesta omisi\u00f3n de la autoridad accionada en resolver los interrogantes del recurso de apelaci\u00f3n, espec\u00edficamente en lo atinente a la aplicaci\u00f3n del principio de oportunidad; no obstante, contrario a lo afirmado por el promotor de la acci\u00f3n, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, se pronunci\u00f3 al respecto y si bien no se extendi\u00f3, claramente le indic\u00f3 que el principio de oportunidad era v\u00e1lido como prueba dentro del proceso disciplinario\u00bb7. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El tutelante replic\u00f3 el fallo anterior, insistiendo en los argumentos que expuso como sustent\u00f3 de la queja constitucional8. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acci\u00f3n, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, esto es, producto de la mera arbitrariedad o capricho, a tal punto que configuren una \u00abcausal espec\u00edfica de procedencia del amparo\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada por el se\u00f1or Germ\u00e1n Isaza Morales, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues se observa claramente que en la providencia criticada, esto es, la emitida el 20 de noviembre de 2019 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por medio de la cual se resolvi\u00f3, entre otros, revocar parcialmente la sentencia proferida el 22 de agosto anterior por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, mediante la cual se resolvi\u00f3 sancionar al accionante con exclusi\u00f3n del ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado, tras hallarlo responsable de las faltas previstas en el numeral 4 del art\u00edculo 30 y numerales 9\u00b0 y 6\u00b0 del canon 33 de la Ley 1123 de 2007, para en su lugar, absolverlo de los cargos imputados por el \u201cCASO OSWALDO GARC\u00cdA Y VI\u00c1TICOS\u201d, y, confirmar la sanci\u00f3n impuesta por dichas faltas, dentro del proceso disciplinario seguido en contra de \u00e9ste bajo el radicado No. 2016-06473-00, la aludida Corporaci\u00f3n si abord\u00f3 el planteamiento del tutelante acerca de la procedencia de la valoraci\u00f3n como prueba del escrito de principio de oportunidad que le fue otorgado por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n dentro del proceso penal con radicado No. 2015-0008 y que se alleg\u00f3 como prueba traslada al citado juicio disciplinario, al precisarle, lo siguiente: <\/p>\n
\u00abSe debe precisar que en el derecho disciplinario si se puede emplear como prueba el principio de oportunidad que le fue concedido en proceso penal No 11001600055220150008-01, adelantado por la Fiscal\u00eda 22 Especializada de la Unidad Nacional Anticorrupci\u00f3n de Bogot\u00e1 y que fue allegado a la investigaci\u00f3n e incorporado en audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n del 3 de septiembre de 2017, por lo tanto se le debe aclarar al apelante que la acci\u00f3n disciplinaria de los abogados, es muy distinta a la acci\u00f3n penal y se ejerce de manera aut\u00f3noma e independiente, no obstante el art\u00edculo 85 de Ley 1123 de 2007 nos dice cuales medios de prueba son admisibles, validos e id\u00f3neas, debiendo resaltarse que pueden ser controvertidas en el trascurso de la actuaci\u00f3n, sin que se hubiera hecho. <\/p>\n
Es decir, si bien es cierto que el derecho disciplinario tiene diferentes fines a las del derecho penal, no por esta raz\u00f3n la sanci\u00f3n disciplinaria no cumple con sus funciones de prevenci\u00f3n y correcci\u00f3n que garantizan la efectividad de los principios previstos en la Constituci\u00f3n y la Ley. <\/p>\n
Lo que equivale a decir, es que en las diferentes audiencias el disciplinado en ning\u00fan momento controvirti\u00f3 la prueba allegada por la Fiscal\u00eda 22 Especializada de la Unidad Nacional Anticorrupci\u00f3n, ni los tacho de falso, pues siempre su defensa se refer\u00eda a los casos que confes\u00f3 en esa oportunidad, por lo tanto el principio de oportunidad concedido por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, no lo desconoci\u00f3 el disciplinable. De modo que han sido v\u00e1lidamente recaudos y objeto de contradicci\u00f3n en este proceso, raz\u00f3n por la cual, pod\u00edan ser utilizadas para basar en ellos la sentencia hoy recurrida. <\/p>\n
Igualmente en la formulaci\u00f3n de cargos la Magistrada, analiz\u00f3 el interrogatorio que rindi\u00f3 el investigado ante la Fiscal\u00eda General de La Naci\u00f3n el formato de solicitud del principio de oportunidad y la correspondiente resoluci\u00f3n donde confiesa unos hechos cuando era asesor externo de la alcald\u00eda de Florencia, Caquet\u00e1. <\/p>\n
Por otro lado tambi\u00e9n se allegaron pruebas documentales, testimoniales que conducen a la certeza sobre la existencia de las faltas en todos los casos que particip\u00f3\u00bb9. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, aunque dicha autoridad no analiz\u00f3 la tem\u00e1tica atr\u00e1s referida de manera extendida, esa circunstancia no constituye un error procedimental, como insistentemente lo sugiere el accionante, mucho menos una falta de motivaci\u00f3n en la providencia, pues como acaba de verse, aqu\u00e9lla dio respuesta al interrogante del recurrente, indicando que dicho principio de oportunidad si pod\u00eda ser valorado como prueba, inferencia que no se aprecia caprichosa o absurda, en la medida que se acompasa con la normatividad que regula el r\u00e9gimen probatorio aplicable a esa especie de proceso. <\/p>\n
Ahora, si para el promotor del resguardo lo anterior no atend\u00eda los reparos que elev\u00f3 a ese respecto, bien pudo solicitar la complementaci\u00f3n de la sentencia, lo que no hizo, por lo que cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de \u00e9xito de obtener lo pretendido, al haber desaprovechado la herramienta que estaba a su disposici\u00f3n para corregir la supuesta omisi\u00f3n cometida por la autoridad censurada. <\/p>\n
4. De otro lado, n\u00f3tese que la sanci\u00f3n finalmente impuesta al gestor del amparo no se bas\u00f3 \u00fanicamente en la resoluci\u00f3n por medio de la cual la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n otorg\u00f3 el principio de oportunidad al aqu\u00ed interesado, sino tambi\u00e9n en los documentos que lo soportaron, as\u00ed como los dem\u00e1s elementos de prueba recaudados, entre ellas, las documentales aportadas por la quejosa, los cuales dan cuenta de la responsabilidad del disciplinado en las faltas que le fueron imputadas y que dieron lugar a la sanci\u00f3n que finalmente le fue asignada. <\/p>\n
5. Por consiguiente, el razonamiento que al asunto le dio la Colegiatura criticada, por m\u00e1s discutible que le parezca al gestor, y aun si pudiera admitir otra posici\u00f3n, no lleva inserta vulneraci\u00f3n superior alguna, lo que torna imposible la intervenci\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, m\u00e1xime cuando est\u00e1 establecido que \u00abla acci\u00f3n de tutela no ha sido erigida como una instancia adicional con la que se pueda controvertir una decisi\u00f3n judicial, al contrario, su alcance es restringido y, por ello no permite cuestionar la interpretaci\u00f3n que un juez realiza de un determinado asunto, a menos que ella sea tan absurda o antojadiza que desborde la l\u00f3gica, o cercene una evidente oportunidad procesal, situaciones inexistentes en el presente asunto\u00bb (CSJ, STC5217-2020). <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo controvertido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 De acuerdo con la demanda de tutela acopiada al archivo digital contentivo de la actuaci\u00f3n surtida en primera instancia, remitido v\u00eda correo institucional a la Corte. <\/p>\n
2 Ejusdem. <\/p>\n
3 Informe anexo al archivo digital mencionado. <\/p>\n
4 Ib\u00eddem. <\/p>\n
5 Ib\u00eddem. <\/p>\n
6 Cit. <\/p>\n
7 Decisi\u00f3n acopiada al referido archivo digital. <\/p>\n
8 Ejusdem. <\/p>\n
9 Decisi\u00f3n acopiada al mentado archivo digital. <\/p>\n
<\/p>\n
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