STC495-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC495-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2020-00482-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2020 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro de la tutela promovida por Jaime Andr\u00e9s Buenahora Mart\u00ednez contra los Juzgados Noveno y D\u00e9cimo Civil del Circuito y Veinte Civil Municipal, todos de la prenombrada ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de simulaci\u00f3n iniciado por el aqu\u00ed petente frente a Carlos Gabriel Rueda Mayorga, con radicado n.\u00b0 2008-00160. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. De el extenso escrito inicial, se extraen, en s\u00edntesis, los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
El actor suscribi\u00f3 contrato con Carlos Gabriel Rueda Mayorga al cual, seg\u00fan afirma, denominaron: \u201cAcuerdo entre comprador y vendedor de inmueble rural\u201d, en cuyo contenido se\u00f1alaron, de manera expresa, que se trataba de una simulaci\u00f3n. <\/p>\n
Asevera, Rueda Mayorga se aprovech\u00f3 de su buena fe y confianza, por ser el novio de su hija, induci\u00e9ndole en error para firmar dicho documento, a sabiendas de que el inmueble objeto del negocio jur\u00eddico se encontraba hipotecado y su verdadera intenci\u00f3n era insolventarse frente a terceros. <\/p>\n
Posteriormente, Rueda Mayorga formul\u00f3 en su contra demanda de simulaci\u00f3n que correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga, bajo el radicado n\u00b0. 2008-00160; no obstante, el libelo fue rechazado por falta de competencia, por cuanto el titular del estrado judicial determin\u00f3 la cuant\u00eda con base en el valor de la venta simulada ($80.000.000) y no, conforme al importe comercial del inmueble ($2.800.000.000). <\/p>\n
El libelo fue repartido al Juzgado Veinte Civil Municipal de Bucaramanga1, quien procedi\u00f3 a su admisi\u00f3n, decretando, igualmente, la inscripci\u00f3n de la demanda en el certificado de libertad y tradici\u00f3n del inmueble objeto del decurso; sin embargo, la medida no se materializ\u00f3 por la existencia de una cautela previa dispuesta dentro del juicio de reorganizaci\u00f3n adelantado respecto del aqu\u00ed tutelante, en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga2, que promovi\u00f3 ante la dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica en la cual se vio inmerso como consecuencia del aludido negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
Indica que, aun cuando puso en conocimiento del estrado municipal accionado la existencia de ese proceso de insolvencia, aqu\u00e9l, en lugar de remitir a dicho asunto el decurso de simulaci\u00f3n, en prove\u00eddo de 8 de octubre de 2018, lo dio por notificado por conducta concluyente. <\/p>\n
Refiere que solicit\u00f3 la nulidad del decurso por falta de competencia, y al haberle sido negada, inco\u00f3 apelaci\u00f3n, remedio conferido, a su juicio, err\u00f3neamente, en el efecto diferido, y cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Noveno Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
Afirma que, antes de resolver dicha alzada, el estrado municipal confutado, en audiencia del 13 de febrero de 2019, profiri\u00f3 sentencia declarando la simulaci\u00f3n absoluta del aludido contrato de compraventa y orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares decretadas. Aunque inco\u00f3 apelaci\u00f3n, la misma fue concedida, en su entender, equivocadamente, en el efecto diferido. <\/p>\n
El 27 de febrero siguiente, el Juzgado Noveno Civil del Circuito convocado comunic\u00f3 al Juzgado Veinte Civil Municipal de Bucaramanga sobre la admisi\u00f3n en el efecto devolutivo, del remedio vertical incoado por el aqu\u00ed petente contra la decisi\u00f3n de no decretar la nulidad propuesta por falta de competencia, indicando que la ley no contemplaba su concesi\u00f3n en el diferido. <\/p>\n
Asimismo, el 4 de marzo de 2019, el Juzgado Noveno Civil del Circuito, precis\u00f3 al a quo, que admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n frente a fallo de 13 de febrero de 2019, pero, en el efecto suspensivo y no diferido, como hab\u00eda sido concedido. <\/p>\n
En actuaci\u00f3n posterior, el Juzgado Noveno Civil del Circuito se declar\u00f3 impedido para continuar adelantando la segunda instancia, por haber conocido inicialmente la demanda de simulaci\u00f3n, habi\u00e9ndola rechazado por falta de competencia. Por ello, remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito -tambi\u00e9n aqu\u00ed accionado-. <\/p>\n
En prove\u00eddo del 11 de junio de 2020, el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito, inadmiti\u00f3 el disenso vertical frente a la sentencia de 13 de febrero de 2019, aduciendo que el mismo no fue sustentado de forma adecuada. <\/p>\n
Adem\u00e1s, declar\u00f3 desierta la alzada frente al prove\u00eddo por el cual se neg\u00f3 la solicitud de nulidad por falta de competencia, con base en lo contemplado en el numeral 3, inciso 10 del art\u00edculo 323 del C.G.P.3, dejando sin efecto \u201ctodo lo actuado a partir del 17 de octubre de 2019, mediante el cual de admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3. Reclama el amparo de sus garant\u00edas fundamentales, al estimar que las autoridades accionadas incurrieron en defecto constitucional, org\u00e1nico y procedimental. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
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1. El Juzgado Noveno Civil del Circuito afirm\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por cuanto, en su criterio, el tutelante \u00fanicamente reprocha la gesti\u00f3n del estrado municipal convocado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Veinte Civil Municipal defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, manifestando que las decisiones cuestionadas se adoptaron conforme a los procedimientos dise\u00f1ados por el legislador para dicho decurso, con observancia del derecho al debido proceso de las partes, y son el resultado de la valoraci\u00f3n del material probatorio legalmente recaudado y del an\u00e1lisis sustancial aplicable al caso concreto. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito se\u00f1al\u00f3 que el tutelante no expuso verdaderos reparos contra la sentencia de primera instancia, de manera que no se cumpl\u00edan los requisitos para conceder el recurso, por lo cual debi\u00f3 declararse inadmisible, conforme a lo previsto por el inciso 4 del art\u00edculo 325 del C.G.P. <\/p>\n
As\u00ed, al hallarse la sentencia de primer grado debidamente ejecutoriada y en firme, no hab\u00eda camino distinto que declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra el auto proferido en audiencia del 5 de diciembre de 2018, por medio del que se neg\u00f3 la nulidad por falta de competencia por el factor cuant\u00eda, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 323, numeral 3, inciso 10 del C.G.P. <\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 por improcedente el amparo, en lo relacionado con los reproches constitucionales enrostrados al Juzgado Noveno Civil del Circuito por el rechazo de la demanda de simulaci\u00f3n por falta de competencia; al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito, frente a la decisi\u00f3n proferida por auto del 11 de junio de 2020; y al Juzgado Veinte Civil Municipal, en lo referente a la orden de tenerlo como notificado por conducta concluyente, as\u00ed como lo relativo a la concesi\u00f3n de los recursos de apelaci\u00f3n en un efecto distinto; al no hallar observados los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
Asimismo, descart\u00f3 la vulneraci\u00f3n por parte del Juzgado Veinte Civil Municipal, al haber proferido sentencia de primera instancia en el aludido proceso de simulaci\u00f3n sin que se hubiese resuelto previamente la apelaci\u00f3n presentada contra el auto del 5 de diciembre de 2018, por medio del cual se neg\u00f3 la solicitud de nulidad invocada por falta de competencia por el factor cuant\u00eda. Al respecto, anot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la apelaci\u00f3n presentada contra el auto que neg\u00f3 la solicitud de nulidad, se dio en el efecto devolutivo, el que conforme a lo dispuesto por el numeral 2 del art\u00edculo 323 del estatuto ritual civil, no suspende el cumplimiento de la decisi\u00f3n recurrida ni el curso del proceso. <\/p>\n
Por el contrario, dicha norma prev\u00e9 expresamente que \u201cla circunstancia de no haberse resuelto por el superior recursos de apelaci\u00f3n en el efecto devolutivo o diferido, no impedir\u00e1 que se dicte sentencia\u201d, por lo que legalmente, no solo le estaba permitido al juzgado accionado seguir tramitando el mismo y resolver de fondo el asunto, sino que era su deber hacerlo atendiendo lo previsto en el art\u00edculo 121 \u00eddem (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La impetr\u00f3 el actor insistiendo en las vulneraciones alegadas, y en que s\u00ed se observaron los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Son varias las quejas planteadas por Jaime Andr\u00e9s Buenahora Mart\u00ednez con relaci\u00f3n a distintas decisiones adoptadas por las autoridades judiciales convocadas en el curso del aludido juicio de simulaci\u00f3n seguido en su contra por Carlos Gabriel Rueda. <\/p>\n
As\u00ed, cuestiona al Juzgado Noveno Civil del Circuito por haber declarado la falta de competencia para conocer del referido asunto, al estimar que se trataba de un asunto de menor cuant\u00eda, atendiendo al valor indicado en el contrato de compraventa simulado y no al importe comercial del inmueble se\u00f1alado en el l\u00edbelo. <\/p>\n
Por otra parte, al Juzgado Veinte Civil Municipal por: (i) asumir el conocimiento del proceso y tenerlo por notificado por conducta concluyente con fundamento en el informe que dio del inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n, cuando, en su criterio, lo procedente era remitir el sublite al decurso de insolvencia; (ii) negar su solicitud de nulidad por falta de competencia, concediendo la apelaci\u00f3n interpuesta contra dicha decisi\u00f3n en el efecto diferido; (iii) proferir sentencia sin haberse zanjado el remedio vertical antes descrito, y (iv) conceder la alzada frente a dicho fallo, en el efecto diferido cuando, en su entender, lo era en el suspensivo. <\/p>\n
Finalmente, frente al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito por: (i) inadmitir el precitado recurso respecto a la decisi\u00f3n de primera instancia y (ii) declarar desierta la alzada formulada contra el prove\u00eddo que neg\u00f3 la nulidad invocada por falta de competencia. <\/p>\n
2. Con relaci\u00f3n a la queja planteada frente al Juzgado Noveno Civil del Circuito, por haber declarado la falta de competencia para conocer del referido asunto, de entrada, se advierte la improcedencia del amparo por inobservancia del requisito de inmediatez, por cuanto dicha decisi\u00f3n data del 20 de junio de 2018 y el resguardo se inco\u00f3 el 24 de noviembre del a\u00f1o pasado, es decir, luego de transcurridos m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os, sin evidenciarse circunstancias que justifiquen la inactividad del interesado; lapso que supera, ampliamente, el plazo de seis (6) meses considerado por esta Sala como razonable para reclamar la salvaguarda de sus derechos. <\/p>\n
Sobre este aspecto la Corte, reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, si resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
3. Frente a las quejas incoadas respecto al Juzgado Veinte Civil Municipal, se advierte lo siguiente: <\/p>\n
3.1. En punto al reproche del actor por haber sido notificado por conducta concluyente, tambi\u00e9n se observa la intempestividad de la s\u00faplica, pues dicha determinaci\u00f3n se adopt\u00f3 el 8 de octubre de 2018 y, como se anot\u00f3, el amparo se interpuso el 24 de noviembre pasado, es decir, que transcurrieron m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os desde aquella \u00e9poca. <\/p>\n
Adem\u00e1s, tambi\u00e9n se encuentra desatendido el requisito de subsidiariedad, porque el accionante no formul\u00f3 reposici\u00f3n frente al mencionado prove\u00eddo. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, pues de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
2. Con relaci\u00f3n a la inconformidad del actor respecto al efecto en el cual fueron concedidos los recursos de apelaci\u00f3n por \u00e9l incoados frente (i) al auto que neg\u00f3 la solicitud de nulidad invocada por falta de competencia, y contra (ii) la sentencia de primer grado; al margen de la procedencia o no de dichas determinaciones, resulta inviable un estudio de fondo sobre el particular, porque el interesado no formul\u00f3 reposici\u00f3n frente a dichos prove\u00eddos, remedio que resultaba procedente para exponer los motivos de disenso aqu\u00ed expuestos. <\/p>\n
En cuanto a la eficacia de dicho mecanismo de defensa para cuestionar decisiones adversas a los intereses de las partes, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica al precisar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En lo relativo al cuestionamiento por haberse proferido sentencia estando pendiente de resolverse la alzada respecto del auto de 5 de noviembre de 2018, que neg\u00f3 la solicitud de nulidad por falta de competencia; no se advierte la vulneraci\u00f3n alegada por cuanto, una vez adecuado el tr\u00e1mite por el superior, el recurso se tramit\u00f3 en el efecto devolutivo, el cual, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del art\u00edculo 323 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201c(\u2026) no suspende el cumplimiento de la providencia apelada ni el curso del proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Salvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso por causa legal, no podr\u00e1 transcurrir un lapso superior a un (1) a\u00f1o para dictar sentencia de primera o \u00fanica instancia, contado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4. Finalmente, tambi\u00e9n se advierte improcedente el amparo incoado frente al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito por: (i) inadmitir el recurso de apelaci\u00f3n frente a la sentencia de primera instancia y (ii) declarar desierta la alzada formulada contra el prove\u00eddo que neg\u00f3 la nulidad invocada por falta de competencia, pues el actor tampoco controvirti\u00f3 dichas decisiones a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, remedio id\u00f3neo para cuestionar lo concerniente a la suficiencia de los reparos propuestos; omisi\u00f3n que impide efectuar un pronunciamiento de fondo sobre el particular, dada la naturaleza residual y subsidiaria de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19698, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, les permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, por las razones expresadas en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Radicado n\u00b0. 2018-00455. <\/p>\n
2 Radicado n\u00b0. 2018-00008. <\/p>\n
3 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 323. La circunstancia de no haberse resuelto por el superior recursos de apelaci\u00f3n en el efecto devolutivo o diferido, no impedir\u00e1 que se dicte la sentencia. Si la que se profiera no fuere apelada, el secretario comunicar\u00e1 inmediatamente este hecho al superior por cualquier medio, sin necesidad de auto que lo ordene, para que declare desiertos dichos recursos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00 <\/p>\n
5 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
6 CSJ STC, de 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00. <\/p>\n
7 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
8 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
9 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
10 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
17 <\/p>\n
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STC495-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC495-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2020-00482-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53283","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53283","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53283"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53283\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53283"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53283"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53283"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}