STC498-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC498-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00283-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de noviembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con la demora en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular por \u00e9l promovida contra una de las sucursales de la Fundaci\u00f3n de la Mujer Colombia S.A.S., con radicado No. 2015-01161-00. <\/p>\n
Exige entonces, para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores, que se ordene al i) Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, \u00abaplicar inmediatamente [el] art. 121 C.G.P.\u00bb, y, \u00abdeclarar[se] impedid[o]\u00bb para conocer del referido asunto; ii) al Consejo Seccional de la Judicatura, \u00abdigitalizar todas las quejas y acciones disciplinarias que (\u2026) present[\u00f3] contra la tutelada\u00bb; e \u00abinform[ar] (\u2026) en qu[\u00e9] acciones populares ha ordenado aplicar art. 121 CGP y cu\u00e1l ha sido su actuar en derecho\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de tales pretensiones aduce, en s\u00edntesis, que pese a lo dispuesto en el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 472 de 1998, la sede judicial criticada \u00abse niega a cumplir t\u00e9rminos de tiempo perentorios\u00bb, incurriendo en las sanciones de que trata el art\u00edculo 121 del C. G. del P., y pese a que cursan m\u00faltiples quejas disciplinarias en su contra, la titular del Despacho se declara impedida para conocer de la acci\u00f3n constitucional referida en l\u00edneas anteriores, circunstancias que, asegura, lesionan la prerrogativa superior invocada. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda precis\u00f3, que no conoce de investigaci\u00f3n alguna en contra de la funcionaria convocada por cuenta de la acci\u00f3n popular rad. 2015-01161-00. <\/p>\n
b. La Alcald\u00eda de Arauca \u2013Arauca, y, la Fundaci\u00f3n de la Mujer Colombia SAS, aunque en escritos separados, alegaron su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n se les endilga en el escrito tutelar. <\/p>\n
c. La titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito de la citada ciudad, remiti\u00f3 el link que contiene el acceso al expediente digital contentivo del asunto constitucional criticado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras considerar que la queja tra\u00edda a esta sede especial\u00edsima incumple con el requisito de la subsidiariedad, pues no solo el actor omiti\u00f3 interponer recurso de reposici\u00f3n en contra del auto que resolvi\u00f3 sobre el impedimento de la funcionaria del conocimiento, sino que no ha elevado petici\u00f3n puntal dentro del proceso de cara a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C.G. del P. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante replic\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando que \u00aba saciedad a pedido aplicar art. 121 cgp infructuosamente pese a ser nulidad en derecho, desconociendo ABIERTAMENTE FALLO CSJ SCC\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada, se observa que lo pretendido concretamente por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga, es que se ordene a la titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del Estatuto Procesal Civil vigente, apartarse del conocimiento de la acci\u00f3n popular por \u00e9l frente a una de las sucursales de la Fundaci\u00f3n de la Mujer Colombia SAS, pues en su criterio, no se est\u00e1n respetando los t\u00e9rminos perentorios de que tratan la norma en cita y el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
3. Sin embargo, del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n de la revisi\u00f3n de las diligencias objeto de reproche que originan la queja constitucional, advierte la Sala la improcedencia del amparo reclamado, por incumplir el presupuesto de la subsidiariedad, si en cuenta se tiene que, respecto a lo que manifest\u00f3 el promotor en el escrito de tutela, en cuanto a la p\u00e9rdida de competencia de la funcionaria convocada para conocer de la acci\u00f3n popular referida, se advierte que si bien lo tiene, puede acudir directamente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, mediante solicitud de nulidad por la causal descrita en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, a fin de defender sus derechos que a consideraci\u00f3n han sido conculcados por la autoridad accionada. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, tal y como esta Sala lo ha indicado en varias ocasiones, a este mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda cercenando los principios del derecho procesal, pues la acci\u00f3n de tutela procede \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb; de manera que, \u00ab[m]ientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC3986-2020). <\/p>\n
4. Y en lo que tiene que ver con el argumento del gestor del amparo tendiente a que se tenga en cuenta el precedente de esta Sala Rad. 2019-00590-01, basta con se\u00f1alar que las determinaciones all\u00ed adoptadas son \u00abinter partes [y] no [tienen] la virtualidad de extender sus efectos a la situaci\u00f3n que [se] plantea en relaci\u00f3n con [los interesados] en este tr\u00e1mite\u00bb (CSJ STC3775-2019). <\/p>\n
6. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se ratificar\u00e1 el fallo criticado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00283-01 <\/p>\n
Con pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la sentencia proferida en el asunto de la referencia, procedo a exponer las razones de mi disenso. <\/p>\n
En el presente caso, mayoritariamente se consider\u00f3 improcedente el amparo por la no aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, bajo el entendido de que el reclamante no ha elevado solicitud ante el funcionario de conocimiento en ese sentido. <\/p>\n
No obstante, considero que el precepto mencionado no es aplicable en acciones populares por cuanto no armoniza con la naturaleza de este medio de protecci\u00f3n colectiva y con el hecho de que la normativa que la regula contiene t\u00e9rminos espec\u00edficos. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el tema esta Sala se\u00f1al\u00f3 en precedencia: <\/p>\n
\u00abEn juicios como el aqu\u00ed objetado, huelga destacarlo, no es aplicable lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, porque las acciones populares se hallan sometidas a un tr\u00e1mite singular y especial, reglado en las disposiciones tra\u00eddas en la Ley 472 de 1998, la cual prev\u00e9 t\u00e9rminos espec\u00edficos para adelantar las m\u00faltiples etapas procedimentales y establece sanciones en caso de su incumplimiento, distintas a las previstas en el Estatuto Adjetivo. <\/p>\n
Las acciones populares hallan su fuente directamente en la Constituci\u00f3n y difieren del sistema previsto en el C.G. del Proceso. Este, \u00fanicamente, en casos de vac\u00edos, los colmar\u00e1. Adem\u00e1s, la forma como se reglamentan y prev\u00e9 el acceso es diferente, los estatutos son diversos y el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n cobija escenarios dis\u00edmiles y del mismo modo, su forma de postulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Desde esta \u00f3ptica, no se muestra descabellada la decisi\u00f3n del estrado querellado de desestimar las peticiones de declaratoria de falta de competencia elevadas por ambos extremos de la litis, pues las normas jur\u00eddicas llamadas a regir el asunto no autorizan tal modo de proceder, el cual, vale decirlo, no se acompasa con la arquitectura propia de esas acciones constitucionales, definida y determinada por el legislador. (CSJ STC14340-2018, 2 nov 2018, rad.-2018-00677-01) <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos, dejo fundamentado el salvamento de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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