STC499-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC499-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00288-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de noviembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular que instaur\u00f3 en contra del Banco Mundo Mujer S.A., con Rad. No. 2015-01212-00. <\/p>\n
Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de la mentada prerrogativa, que se ordene (i) al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, \u00abaplicar art 121 CGP\u00bb; \u00abdeclarar su impedimento para continuar con la renuente acci\u00f3n popular donde nunca cumple t\u00e9rminos d[e] tiempo perentorios q[ue] le manda la ley 472 de 1998\u00bb; (ii) al Consejo Seccional de la Judicatura, \u00abdigitalizar todas las quejas y acciones disciplinarias q[ue] present[\u00f3] contra la tutelada e igualmente inform[e] para cada proceso el estado actual de la acci\u00f3n disciplinaria\u00bb; \u00abaportar copia digital de TODAS las tutelas donde la csj scc le ha ordenado aplicar art 121 CGP ante su renuencia\u00bb; y, (iii) al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda -Sala Administrativa y Sala Disciplinaria, que \u00abinformen en qu\u00e9 acciones populares le ha ordenado aplicar art 121 CGP y cu\u00e1l ha sido su actuar en derecho tal como lo manda ley art 121 CGP, cuando se pierde competencia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que dentro de la acci\u00f3n constitucional en comento, el Despacho accionado se \u00abrehusa (\u2026) a aplicar\u00bb el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, pese a que el asunto cuestionado \u00ablleva a\u00f1os y a\u00f1os y a\u00f1os vegetando largos periodos est\u00e9riles en el despacho [acusado]\u00bb, y, aunque ha formulado varias denuncias disciplinarias en contra de la funcionaria accionada, \u00e9sta tampoco se declara impedida para continuar con el adelantamiento de dicho pleito, situaci\u00f3n que, en su sentir, conculc\u00f3 la garant\u00eda invocada. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
b.) Por su parte, la Procuradur\u00eda Regional de Sucre adujo, que \u00abdesconoce antecedente alguno relacionado con la acci\u00f3n de tutela que el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga promueve contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira\u00bb. <\/p>\n
c.) El Banco Mundo Mujer S.A. pidi\u00f3 denegar el amparo reclamado, toda vez que el \u00abart\u00edculo 121 del CGP establece que no podr\u00e1 transcurrir un lapso superior a un (1) a\u00f1o para dictar sentencia de primera o \u00fanica instancia, contado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada, al punto se debe manifestar que la notificaci\u00f3n del auto admisorio se dio en fecha 30 de enero de 2020, por tanto no ha transcurrido dicho t\u00e9rmino\u00bb. <\/p>\n
d.) La Alcald\u00eda Municipal de Sincelejo (Sucre) puso de presente que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por no ser la autoridad llamada a acoger las pretensiones del accionante. <\/p>\n
e.) El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira por su parte, alleg\u00f3 copia digital del asunto constitucional cuestionado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, tras advertir que \u00abcon auto del 27 de octubre del a\u00f1o que avanza, la titular del juzgado resolvi\u00f3 (i) Negar la solicitud del actor para que se declarara impedida para seguir conociendo del caso, (ii) En relaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del CGP, adujo que \u201c(…) El t\u00e9rmino de un a\u00f1o para dictar sentencia, no se ha cumplido dado que la notificaci\u00f3n del auto admisorio a la parte accionante se surti\u00f3 hace menos de un a\u00f1o en este tr\u00e1mite en particular, por lo que no hay lugar a declarar nulidad alguna\u201d, (iii) Y explic\u00f3 que cumple con los art\u00edculos 5\u00b0 y 84 de la Ley 472 de 1998 y las dem\u00e1s normas que regulan las acciones populares. Sin embargo, contra esas resoluciones no se formul\u00f3 ning\u00fan recurso\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor replic\u00f3 el anterior fallo, para lo cual pidi\u00f3 aplicar el \u00abDecreto 2591 de 1991\u00bb, ante el silencio de la autoridad judicial convocada frente a la demanda de amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Como se ha repetido de manera reiterada la acci\u00f3n de tutela, fue instituida por el Constituyente de 1991 con un car\u00e1cter netamente subsidiario o residual, que comporta que la solicitud de amparo no se abra paso cuando la persona presuntamente agraviada o amenazada en sus derechos constitucionales fundamentales, dispone o tuvo a su disposici\u00f3n en su momento otros medios de defensa judicial, salvo que aqu\u00e9lla se utilice como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. En esta oportunidad, el se\u00f1or Javier El\u00edas se queja, concretamente, de la falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del proceso por parte del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, al interior de la acci\u00f3n popular por \u00e9l promovida contra el Banco Mundo Mujer SA, con Rad. No. 2015-01212-00, m\u00e1xime cuando la titular del Despacho omiti\u00f3 formular impedimento para continuar adelantando el asunto. <\/p>\n
3. Sin embargo, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, no cabe duda para la Sala acerca de la improcedencia del resguardo reclamado, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
3.1. En auto del 27 de octubre de 2020, el Juzgado accionado desestim\u00f3 la solicitud de nulidad interpuesta por el aqu\u00ed interesado con fundamento en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, con sustento en los siguientes argumentos: <\/p>\n
\u00abLa presente acci\u00f3n fue sometida a reparto, admitida y notificada por estado al accionante dentro de los 30 d\u00edas siguientes a la presentaci\u00f3n de la demanda. As\u00ed las cosas no es posible adicionar el t\u00e9rmino de que habla esta norma en particular para el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino de que habla el art\u00edculo 121 del C.G.P. <\/p>\n
Este Despacho judicial sigui\u00f3 todo el tr\u00e1mite procesal que le correspond\u00eda sin que el actor hubiere realizado los tr\u00e1mites de notificaci\u00f3n a la parte accionada y la publicaci\u00f3n del aviso de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998.Se dict\u00f3 auto dada la nueva doctrina de la Corte Suprema de Justicia entre otras providencias la sentencia STC14483-2018, ordenando impulsar la acci\u00f3n a trav\u00e9s de la Secretaria del Despacho, realiz\u00e1ndose la notificaci\u00f3n del auto admisorio a la parte accionada a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico. La Publicaci\u00f3n del aviso de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, se realiz\u00f3 igualmente a trav\u00e9s de la secretar\u00eda del Despacho y utilizando la p\u00e1gina WEB asignada por la Direcci\u00f3n Nacional Ejecutiva de la Administraci\u00f3n Judicial. Por lo anterior, este Despacho se\u00f1al\u00f3 fecha para llevar a cabo audiencia de pacto de cumplimiento. Como se puede apreciar el t\u00e9rmino de un a\u00f1o para dictar sentencia, no se ha cumplido dado que la notificaci\u00f3n del auto admisorio a la parte accionante se surti\u00f3 no hace m\u00e1s de un a\u00f1o y la admisi\u00f3n de la demanda se realiz\u00f3 dentro de los 30 d\u00edas siguientes a la presentaci\u00f3n de la misma, por lo que el t\u00e9rmino precisado en el inciso 6 del art\u00edculo 90 del C.G.P., no es aplicable para adicionarlo en este caso en particular. El t\u00e9rmino de un a\u00f1o para dictar sentencia, no se ha cumplido dado que la notificaci\u00f3n del auto admisorio a la parte accionante se surti\u00f3 hace menos de un a\u00f1o en este tr\u00e1mite en particular, por lo que no hay lugar a declarar nulidad alguna\u00bb. <\/p>\n
3.2. De otro lado, en cuanto a la petici\u00f3n formulada por el ahora gestor para que la funcionaria acusada manifestara impedimento para continuar conociendo de la acci\u00f3n popular endilgada, el estrado convocado consider\u00f3 que \u00abla titular del Despacho no se halla vinculada a una investigaci\u00f3n disciplinaria, puesto que lo notificado en m\u00faltiples acciones populares son diligencias preliminares, no la apertura formal de la investigaci\u00f3n, donde el quejoso es el ac\u00e1 accionante. Por tanto no hay razones para declararse impedida\u00bb. <\/p>\n
3.3. Contra dicha determinaci\u00f3n, el ac\u00e1 actor guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
4. Bajo el anterior panorama, para la Corte la salvaguarda invocada deviene improcedente, toda vez que el accionante tuvo la posibilidad de formular los reparos que ahora expone en un escenario distinto a la jurisdicci\u00f3n constitucional, a fin de procurar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que estima transgredidos. <\/p>\n
En efecto, el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga pretende a trav\u00e9s de este mecanismo especial\u00edsimo que se ordene al Despacho querellado decretar la nulidad del asunto censurado con base en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, y, que la titular del mismo manifieste su impedimento para seguir adelantando con ese tr\u00e1mite; sin embargo, aqu\u00e9l tuvo la oportunidad de instaurar el recurso de reposici\u00f3n frente a la resoluci\u00f3n que deneg\u00f3 esos pedimentos, a voces de lo establecido en el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, en armon\u00eda con lo dispuesto en el canon 318 ejusdem, pero no lo hizo, lo que sin duda se enmarca en la causal de improcedencia del amparo prevista en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991 toda vez que, \u00abla tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rese, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC1305-2020). <\/p>\n
<\/p>\n
Por lo anterior es que ha dicho la Corte, de tiempo atr\u00e1s, que \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC4284-2020). <\/p>\n
6. De otro lado, en lo que tiene que ver con el pronunciamiento reclamado por el gestor frente al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, cabe precisarle, como lo ha hecho esta Colegiatura en innumerables pronunciamientos, que le corresponde a \u00e9ste dirigir directamente sus peticiones ante dichas autoridades, dada la residualidad y el car\u00e1cter subsidiario que caracteriza la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
7. Finalmente, aunque el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991 establece, que si la autoridad encartada no rinde el informe que el juez de tutela le solicite, \u00abse tendr\u00e1n por ciertos los hechos\u00bb, esto no significa que solo por esa sola raz\u00f3n deba necesariamente accederse a lo que busca el promotor, pues aqu\u00e9lla es apenas una presunci\u00f3n que puede caerse por cualquiera de los elementos demostrativos allegados al expediente, como los que en este caso finalmente se arribaron ante el a quo constitucional, y que dan cuenta que el actor fue negligente en el uso de los mecanismos de defensa judicial que ten\u00eda a su alcance para cuestionar la decisi\u00f3n censurada. <\/p>\n
Sobre el tema ha explicado la Corporaci\u00f3n, que \u00abaun en el evento de que las querelladas no se hubieran manifestado, esa circunstancia no conlleva, necesariamente, a que se tengan como ciertos los hechos en que se funda la acci\u00f3n y deba concederse (\u2026) porque a la postre, la presunci\u00f3n de veracidad prevista en el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991 es apenas un elemento de juicio que debe ser valorado en conjunto con las dem\u00e1s probanzas (CSJ, STC1298-2020). <\/p>\n
8. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00288-01 <\/p>\n
Con pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la sentencia proferida en el asunto de la referencia, procedo a exponer las razones de mi disenso. <\/p>\n
En el presente caso, mayoritariamente se consider\u00f3 improcedente el amparo por la no aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, bajo el entendido de que el reclamante no recurri\u00f3 el auto que neg\u00f3 dicha solicitud. <\/p>\n
No obstante, considero que el precepto mencionado no es aplicable en acciones populares por cuanto no armoniza con la naturaleza de este medio de protecci\u00f3n colectiva y con el hecho de que la normativa que la regula contiene t\u00e9rminos espec\u00edficos. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el tema esta Sala se\u00f1al\u00f3 en precedencia: <\/p>\n
\u00abEn juicios como el aqu\u00ed objetado, huelga destacarlo, no es aplicable lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, porque las acciones populares se hallan sometidas a un tr\u00e1mite singular y especial, reglado en las disposiciones tra\u00eddas en la Ley 472 de 1998, la cual prev\u00e9 t\u00e9rminos espec\u00edficos para adelantar las m\u00faltiples etapas procedimentales y establece sanciones en caso de su incumplimiento, distintas a las previstas en el Estatuto Adjetivo. <\/p>\n
Las acciones populares hallan su fuente directamente en la Constituci\u00f3n y difieren del sistema previsto en el C.G. del Proceso. Este, \u00fanicamente, en casos de vac\u00edos, los colmar\u00e1. Adem\u00e1s, la forma como se reglamentan y prev\u00e9 el acceso es diferente, los estatutos son diversos y el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n cobija escenarios dis\u00edmiles y del mismo modo, su forma de postulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Desde esta \u00f3ptica, no se muestra descabellada la decisi\u00f3n del estrado querellado de desestimar las peticiones de declaratoria de falta de competencia elevadas por ambos extremos de la litis, pues las normas jur\u00eddicas llamadas a regir el asunto no autorizan tal modo de proceder, el cual, vale decirlo, no se acompasa con la arquitectura propia de esas acciones constitucionales, definida y determinada por el legislador. (CSJ STC14340-2018, 2 nov 2018, rad.-2018-00677-01) <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos, dejo fundamentado el salvamento de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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STC499-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC499-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00288-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53285","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53285","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53285"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53285\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53285"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53285"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53285"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}