STC500-2021 <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC500-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2020-00311-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 25 de noviembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa misma urbe, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Banco Davivienda sucursal Medell\u00edn, la Alcald\u00eda, la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo de Medell\u00edn, la Personer\u00eda Municipal y la Defensor\u00eda del Pueblo de Pereira, y, el Procurador Judicial para Asuntos Civiles, as\u00ed como las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, al haber negado la aplicaci\u00f3n del canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso, en el marco de la acci\u00f3n popular promovida por Uner Augusto Becerra Largo contra el Banco Davivienda S.A., con radicado No. 2015-00770-00. <\/p>\n
2. Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, i) \u00abAPLICAR INMEDIATAMENTE [el] ART. 121 [del] C.G.P.\u00bb; ii) \u00abCONSIGN[AR] EL RADICADO COMPLETO de todas las acciones populares donde ha aplicado el art. 121 [del] C.G.P. y ha perdido competencia ante su RENUENCIA\u00bb; iii) que env\u00ede copia al Tribunal de \u00abtodo lo actuado\u00bb en la acci\u00f3n popular atr\u00e1s identificada, para que obre como prueba en el presente asunto, as\u00ed como al Consejo Seccional de la Judicatura de Pereira \u2013Sala Disciplinaria, para que se inicien las respectivas investigaciones, por la supuesta mora judicial acaecida y; finalmente, que se ordene tanto al Procurador Delegado en el juicio objeto de an\u00e1lisis, como al Defensor del Pueblo de esa urbe, que iv) \u00abact\u00faen en derecho y presenten acciones legales a fin [de] que se aplique [el] art. 121 [del] CGP y la [Juez] tutelada pierda competencia; que soliciten aplicar [el] art. 84 [de] la Ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
3. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado se limit\u00f3 a manifestar el inconforme, que obra como demandante \u00aben la acci\u00f3n popular [identificada con el radicado] 660013103000 2015 00770 00, donde se inaplica [el] art. 121 CGP, pues [la Juez convocada] (\u2026) incumpl[e] los t\u00e9rminos (\u2026) perentorios que ORDENA ley 472 de 1998 y por ello debe perder competencia\u00bb, circunstancia que, en su sentir, vulnera la garant\u00eda invocada. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) El Defensor del Pueblo -Regional Risaralda, expres\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que no ha conculcado derecho fundamental alguno al actor, quien no \u00abha sido usuario del servicio de esta dependencia\u00bb. <\/p>\n
b.) A su turno, el Banco Davivienda S.A. pidi\u00f3 denegar la protecci\u00f3n reclamada por improcedente, habida cuenta que el tr\u00e1mite censurado se ha \u00abdesarrollado dentro de los t\u00e9rminos legales previstos y en cumplimiento de sus funciones por el despacho accionado\u00bb. <\/p>\n
c.) Por su parte, la Secretaria del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira puso de presente, que respecto a la acci\u00f3n popular blanco de las s\u00faplicas, \u00abcon anterioridad se present\u00f3 la acci\u00f3n de tutela 2020-00284 de la que conoci\u00f3 el Magistrado Jaime Alberto Saraza Naranjo\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda rogada, tras advertir, en lo fundamental, que \u00e9sta emerge temeraria, toda vez que comporta identidad de causa, partes y pretensiones respecto de otra queja del mismo linaje promovida en pret\u00e9rita oportunidad por el aqu\u00ed accionante frente al estrado judicial criticado, motivo por el que declar\u00f3 la improcedencia de la demanda de amparo objeto de an\u00e1lisis, y, en consecuencia, \u00abconden\u00f3 en costas\u00bb al gestor por \u00abla suma de un (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente\u00bb a favor del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor se mostr\u00f3 inconforme frente al anterior fallo, exigiendo, de un lado, que se ordene la aplicaci\u00f3n del varias veces nombrado precepto 121 de la Ley 1564 de 2012 en el asunto examinado, as\u00ed como que se revoque la \u00abcondena\u00bb proferida en su contra por el a quo constitucional, \u00abtal como lo ha ordenado\u00bb la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, puesto que se \u00abdebi\u00f3 abrirse incidente\u00bb (fl. 52, \u00eddem). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Siguiendo los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en los procesos para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, en virtud precisamente del principio de autonom\u00eda que le otorga la Constituci\u00f3n a las autoridades judiciales. Sin embargo, en el evento en que el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado ha hecho uso de los medios de protecci\u00f3n judicial a su alcance, y no cuenta con ninguno otro que le permita conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a los motivos que originaron la impugnaci\u00f3n, se advierte que la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, teniendo en cuenta que tal lo expuso el a quo constitucional, el asunto que se somete hoy a estudio coincide con el sentenciado por esa misma dependencia el 23 de noviembre pasado (rad. 66001221300020200028400), habida cuenta que los \u00abhechos, partes y pretensiones\u00bb se identifican, en tanto que ambos se circunscriben a la acci\u00f3n popular identificada con el consecutivo No. 2015-00770-00. <\/p>\n
Y es que basta con un cotejo simple para arribar a la conclusi\u00f3n de que el pedimento ahora expuesto, all\u00ed ya fue resuelto, esto es, la inaplicaci\u00f3n de la pauta 121 del Estatuto Procesal vigente, sobre lo cual en su momento resolvi\u00f3 el Tribunal de Pereira, que \u00aben el caso concreto, y al revisar el expediente remitido por la accionada, de entrada, se advierte la improcedencia del amparo en lo que al Juzgado encartado respecta, pues carece del presupuesto de la subsidiaridad. En efecto, con auto del 16 de octubre, la titular del juzgado despach\u00f3 desfavorablemente una solicitud para que perdiera competencia, en virtud de lo previsto en el art\u00edculo 121 del CGP, explicando, adem\u00e1s, que cumple con los art\u00edculos 5\u00b0 y 84 de la Ley 472 de 1998 y las dem\u00e1s normas que regulan las acciones populares. Y despu\u00e9s, con auto del 27 de octubre, resolvi\u00f3 negar la solicitud del actor de declararse impedida para seguir conociendo del caso1. Sin embargo, contra esas resoluciones, no se formul\u00f3 ning\u00fan recurso. <\/p>\n
Lo dicho es suficiente para declarar la improcedencia de esta acci\u00f3n de tutela, primero, porque se omiti\u00f3 formular alg\u00fan recurso contra las decisiones notificadas el 16 de octubre, y segundo, porque antes de que se venciera la ejecutoria del auto del 27 de octubre, formul\u00f3 esta acci\u00f3n de tutela, dejando de lado la utilizaci\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n (Art. 36, Ley 472), que es el medio judicial id\u00f3neo para controvertir las decisiones que reprocha. Para la Sala es palmario que el accionante, de manera principal y prematura, est\u00e1 haciendo uso de esta tutela, para propiciar el proceder que de la funcionaria encausada desea, sin tener en cuenta el car\u00e1cter eminentemente residual que caracteriza este tipo de acciones. <\/p>\n
De conformidad con las explicaciones y jurisprudencia que preceden, tambi\u00e9n es improcedente la demanda frente al Consejo Seccional de la Judicatura y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Risaralda, habida cuenta de que son inexistentes peticiones radicadas ante esas entidades, orientadas a que digitalicen todas las quejas que el actor ha formulado contra la funcionaria encausada, indiquen su estado actual, e informen su proceder en las acciones populares en las que se ha aplicado el art\u00edculo 121 del CGP. <\/p>\n
Se declarar\u00e1, entonces, la aludida improcedencia, m\u00e1xime porque ning\u00fan perjuicio irremediable se ha invocado\u00bb. <\/p>\n
3. De este modo, advierte la Sala que el auxilio rogado por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga es improcedente, dado que est\u00e1 plenamente demostrado que en pret\u00e9rita oportunidad el aqu\u00ed interesado ya present\u00f3 otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza respecto de los mismos hechos y derechos cuya protecci\u00f3n hoy demanda, sin diferencia sustancial alguna. <\/p>\n
Al punto, la Sala ha se\u00f1alado en otras oportunidades lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab[L]a demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u00bb (ver recientemente en CSJ STC2289-2019). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, no cabe duda que la condena en costas que le fue impuesta al se\u00f1or Javier El\u00edas por el Tribunal Superior de Pereira \u2013Sala Civil Familia, es consecuencia de lo previsto en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, raz\u00f3n por la cual, con independencia de que se comparta o no \u00edntegramente aqu\u00e9l razonamiento, a esta Sala no le est\u00e1 permitido entrar a modificar o revocar lo resuelto, m\u00e1xime cuando, evidentemente, han sido m\u00faltiples los pronunciamientos proferidos con ocasi\u00f3n de s\u00faplicas del mismo linaje, que han sido interpuestas por el quejoso. <\/p>\n
En reciente pronunciamiento donde se resolvi\u00f3 la misma inconformidad aqu\u00ed tra\u00edda por el gestor, la Sala indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abEl correctivo dispuesto por el tribunal constitucional a quo, se ratificar\u00e1, pues el mismo deviene de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, y se funda en el actuar temerario del accionante, muchas veces comprobado por esta Sala. El inciso final de la citada regla ense\u00f1a: \u201cSi la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u201d (\u2026) Al margen de lo expresado en otros resguardos, donde esta Corporaci\u00f3n ha concedido la protecci\u00f3n frente a quejas de iguales perfiles, por no agotarse un tr\u00e1mite previo al imponer una sanci\u00f3n pecuniaria1, en este caso s\u00ed resulta procedente el correctivo enunciado aun cuando no se surti\u00f3 un incidente para definirlo, pues es palmaria la intenci\u00f3n del promotor de insistir en impetrar esta acci\u00f3n sin justificaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
Ahora, si bien esta Sala, en pret\u00e9ritas ocasiones, ha revocado las sanciones impuestas a Arias Id\u00e1rraga al no vislumbrar, en su proceder, mala fe o dolo, en esta oportunidad, atendiendo al apabullante volumen de amparos impulsados por el aludido sujeto que por causa de temeridad han sido desestimados, considera la Corte no s\u00f3lo procedente sino tambi\u00e9n imperiosa la aplicaci\u00f3n de medidas de esta clase, tras constatar su desatenci\u00f3n frente a los continuos llamamientos hechos por la judicatura para que cesara la presentaci\u00f3n de auxilios por las mismas cuestiones (\u2026) No hay lugar, por tanto, a tramitar incidente para imponer sanciones en este asunto, por cuanto, como qued\u00f3 explicitado, es reiterativo el proceder del petente en hacer uso de este mecanismo, desatendiendo los constantes requerimientos de la administraci\u00f3n de justicia para que modere la interposici\u00f3n de salvaguardas, quedando acreditado, sin lugar a dudas, su conducta temeraria\u00bb (CSJ STC023-2020). <\/p>\n
5. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la \u00abcondena en costas\u00bb impuesta por temeridad, prevista en el art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, se asemeja a una multa o sanci\u00f3n, al respecto ha dicho que \u00abTrat\u00e1ndose de la tutela, la parte final del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, no establece en forma paralela las costas Y la temeridad, sino que identifica \u00e9sta con aquellas, as\u00ed debe ser la lectura de tal norma porque, entre otras cosas, dicha interpretaci\u00f3n es coherente con el car\u00e1cter p\u00fablico, informal, gratuito de la tutela. <\/p>\n
Significa lo anterior que cuando la tutela es rechazada o denegada, solamente puede hablarse de costas cuando se incurri\u00f3 en temeridad; lo que se castiga es la temeridad como expresi\u00f3n del abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener raz\u00f3n, de mala f\u00e9 se instaura la acci\u00f3n. Y quien tasa las \u00abcostas\u00bb es el Juez de tutela porque el inciso final del art\u00edculo 25 del decreto 2591\/95 se refiere a \u00e9l (algo muy distinto ocurre en la situaci\u00f3n consagrada en el primer inciso del mismo art\u00edculo en el cual lo principal son los perjuicios). <\/p>\n
Fuera de la temeridad no puede existir otro factor cuantificable en la liquidaci\u00f3n de estas costas y hubiera sido m\u00e1s apropiado emplear la expresi\u00f3n multa por temeridad, puesto que, en la moderna ciencia procesal las \u00abcostas\u00bb responden a factor objetivo y la temeridad a lo subjetivo\u00bb (Resalta la Sala, CC T-443\/95; citada en CSJ STC5621-2019). <\/p>\n
En este orden de ideas, no era necesario entonces que se agotara un tr\u00e1mite previo para que el Juez constitucional lo sancionara pecuniariamente por el abuso del mecanismo de tutela, mucho menos un incidente, como as\u00ed lo sugiere el aqu\u00ed interesado, pues en asuntos similares se ha considerado que, \u00aben este caso s\u00ed resulta procedente dicho correctivo aun cuando no se surti\u00f3 un decurso incidental para definirlo. <\/p>\n
Lo aducido porque, de un lado, como lo esgrimi\u00f3 el a quo constitucional, han sido incontables las oportunidades en las cuales se ha negado la pretensi\u00f3n del censor esbozada en id\u00e9nticos t\u00e9rminos frente a la Defensor\u00eda del Pueblo, advirti\u00e9ndosele, en todos los casos, que su actuar contrar\u00eda la moralidad procesal, evidencia un abuso del derecho y se revela como temerario. <\/p>\n
No obstante, aqu\u00e9l ha continuado erigiendo la misma acusaci\u00f3n respecto de ese ente sin explicitar razones para justificarse o allegar prueba alguna que lo excuse, incluso, en este espec\u00edfico asunto, ciment\u00f3 su impugnaci\u00f3n reiterando los reproches contra la autoridad mencionada y se\u00f1alando la ausencia de prueba de su mala fe, cuando los expedientes contentivos de los m\u00faltiples amparos contra la Defensor\u00eda del Pueblo dan cuenta de lo contrario. <\/p>\n
Y, de otro, por cuanto, esta Sala, para decursos como el presente, se acoge desde ahora a lo considerado por su hom\u00f3loga Laboral en la sentencia STL6749-2016 de 16 de noviembre de 2016\u00bb (citada en CSJ STC5621-2019). <\/p>\n
6. Finalmente, en lo que tiene que ver con el pronunciamiento reclamado por el gestor frente a al Consejo Seccional de la Judicatura de Pereira, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, y, la Defensor\u00eda del Pueblo, cabe precisarle, como lo ha hecho esta Colegiatura en innumerables pronunciamientos, que le corresponde a \u00e9ste dirigir directamente sus peticiones ante dichas autoridades, dada la residualidad y el car\u00e1cter subsidiario que caracteriza la acci\u00f3n de tutela, pues tal como lo inform\u00f3 la citada Colegiatura, el actor, no ha elevado queja alguna contra la funcionaria convocada, por el tr\u00e1mite acaecido en la acci\u00f3n popular que ahora critica, pues \u00abadem\u00e1s de que la tutela no fue instituida con ese prop\u00f3sito sino para garantizar los derechos fundamentales, el promotor puede presentar esa denuncia directamente ante los organismos competentes, eso s\u00ed, asumiendo las consecuencias de su obrar\u00bb (CSJ STC9513-2019). <\/p>\n
7. De acuerdo a lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Por Secretar\u00eda rem\u00edtase al correo electr\u00f3nico del accionante las copias solicitadas en el escrito de tutela, y, exp\u00eddanse f\u00edsicamente a su costa, las que \u00e9ste requiera. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00311-01 <\/p>\n
Con pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la sentencia proferida en el asunto de la referencia, procedo a exponer las razones de mi disenso. <\/p>\n
En el presente caso, mayoritariamente se consider\u00f3 improcedente el amparo por la no aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, bajo el entendido de que el reclamante actu\u00f3 con temeridad. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el tema esta Sala se\u00f1al\u00f3 en precedencia: <\/p>\n
\u00abEn juicios como el aqu\u00ed objetado, huelga destacarlo, no es aplicable lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, porque las acciones populares se hallan sometidas a un tr\u00e1mite singular y especial, reglado en las disposiciones tra\u00eddas en la Ley 472 de 1998, la cual prev\u00e9 t\u00e9rminos espec\u00edficos para adelantar las m\u00faltiples etapas procedimentales y establece sanciones en caso de su incumplimiento, distintas a las previstas en el Estatuto Adjetivo. <\/p>\n
Las acciones populares hallan su fuente directamente en la Constituci\u00f3n y difieren del sistema previsto en el C.G. del Proceso. Este, \u00fanicamente, en casos de vac\u00edos, los colmar\u00e1. Adem\u00e1s, la forma como se reglamentan y prev\u00e9 el acceso es diferente, los estatutos son diversos y el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n cobija escenarios dis\u00edmiles y del mismo modo, su forma de postulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Desde esta \u00f3ptica, no se muestra descabellada la decisi\u00f3n del estrado querellado de desestimar las peticiones de declaratoria de falta de competencia elevadas por ambos extremos de la litis, pues las normas jur\u00eddicas llamadas a regir el asunto no autorizan tal modo de proceder, el cual, vale decirlo, no se acompasa con la arquitectura propia de esas acciones constitucionales, definida y determinada por el legislador. (CSJ STC14340-2018, 2 nov 2018, rad.-2018-00677-01) <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos, dejo fundamentado el salvamento de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 CSJ. STC de 1\u00b0 de diciembre de 2016, exp. 11001-22-03-000-2016-02342-01 <\/p>\n
<\/p>\n
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