STC548-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC548-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2020-00359-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala del veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 3 de diciembre de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas todas las partes e intervinientes al interior del asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada en el curso de una acci\u00f3n popular (radicaci\u00f3n 2015-01331) que inici\u00f3. <\/p>\n
2. El querellante cuestiona que, en el marco del asunto de la referencia, supuestamente, \u00abla tutelada termin\u00f3 ilegalmente la acci\u00f3n popular con figura inaplicable en acci\u00f3n popular llamada desistimiento t\u00e1cito\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 se ordene \u00abla nulidad del auto que termin\u00f3 la acci\u00f3n popular. Se consigne todos los radicados de acciones populares donde he desistido a voluntad de las renuentes acciones populares ante la mora judicial y el incumplimiento sistem\u00e1tico de los t\u00e9rminos de ley. Se digitalice todo lo actuado, incluyendo tutelas de existir a fin que obre en acci\u00f3n penal y en acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por error judicial. Se ordene en tutela que consignen en derecho la norma legal que les permite aplicar desistimiento t\u00e1cito que es de impulso oficioso y obligatorio. Se vincule al procurador delegado en acciones populares y al defensor del pueblo en Pereira a fin que prueben y demuestren c\u00f3mo garantizaron art. 29 CN. Se vincule al consejo seccional judicatura y al tribunal administrativo a fin que aporten copias de todas mis quejas. Se ordene a la juez aporte un listado de todas las acciones populares que dormitan en su despacho\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira remiti\u00f3 copia de la acci\u00f3n popular cuestionada para su inspecci\u00f3n. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, toda vez que \u00abno se ha vulnerado derecho fundamental alguno. De igual forma, las pretensiones del accionante no vinculan la entidad y su resoluci\u00f3n no se encuentra dentro de nuestra competencia\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador Regional Risaralda indic\u00f3 que la presente acci\u00f3n constitucional es improcedente, pues \u00abninguna prerrogativa se ha lesionado al quejoso\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 el amparo \u00abdado que en este caso se presentaron, sin justificaci\u00f3n alguna, dos acciones de tutela con sustento en unos mismos hechos y en las que elevaron similares pretensiones, por tanto, se configura la temeridad al acudir el actor a una nueva a pesar de que ya hab\u00eda ejercido otra y no est\u00e1 acreditado que se halle en circunstancia excepcional de vulnerabilidad o de ignorancia que le permita proceder de esa forma, por el contrario, se conoce de la cantidad de acciones constitucionales que propone, lo que permite concluir que sabe las consecuencias de su conducta, ya que ha sido sancionado en otras oportunidades\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada providencia para cuyo efecto se\u00f1al\u00f3 que \u00abes curioso que no acumule mis tutelas por la misma situaci\u00f3n, ya que es costumbre acumularlas al igual que acciones populares por celeridad. El auto ilegal no ata aun en firme, m\u00e1xime que frente al aparente auto ilegal present\u00e9 todo tipo de recursos que nunca se concedieron en tiempo de ley. Pido se ampare mi acci\u00f3n y se ordene continuar la acci\u00f3n amparado art. 5 ley 472 de 1998 y por da\u00f1o irreparable por exceso ritual. La tutelada no gusta responder mis tutelas y simplemente remite un link, apliquen una sola vez decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el tutelante est\u00e1 actuando con temeridad y, de superarse lo anterior, si el accionado incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en la acci\u00f3n popular (radicaci\u00f3n 2015-01331) al \u00abaplicar el desistimiento t\u00e1cito en contradicci\u00f3n de las normas que regulan la materia\u00bb. <\/p>\n
2. La temeridad en el ejercicio de la tutela. <\/p>\n
El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC2103-2016, 25 feb. rad. 00294-00). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
3.1. El asunto que se examina se enmarca dentro de la anterior hip\u00f3tesis, ya que el gestor promovi\u00f3 un amparo con similares contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, mediante el cual busc\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales, presuntamente desconocidas por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira al \u00abterminar por configuraci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito, regulado en el numeral 1 del canon 317 de la Ley 1564 de 2012 mediante auto de 25 de junio de 2018 la acci\u00f3n popular no. 2015-01331, recurrido v\u00eda reposici\u00f3n sin \u00e9xito\u00bb. <\/p>\n
En efecto, con sentencia STC2376-2019 de fecha 28 de febrero de 2019, esta Sala confirm\u00f3 el fallo proferido por el Tribunal Superior de Pereira que neg\u00f3 el auxilio solicitado, tras considerar que: <\/p>\n
\u00abEl plenario entrev\u00e9 que por auto de 26 de abril de 2018, el Juzgado Tercero Civil del Circuito requiri\u00f3 al accionante, con el fin que \u00abadelant[ara] las gestiones (\u2026) tendientes a concretar la publicaci\u00f3n del aviso informando a la comunidad del tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998 y procur[ara] la notificaci\u00f3n de la entidad accionada a trav\u00e9s de cualquier m\u00e9todo que establece la normatividad vigente\u00bb so pena de acudir a la sanci\u00f3n consagrada en el precepto 317 del C\u00f3digo General del Proceso, que cobr\u00f3 firmeza con la anuencia del discrepante, quien tampoco dio cumplimiento a lo exigido. <\/p>\n
Fue entonces su proceder el que motiv\u00f3 la providencia de 25 de junio de 2018 que hoy lamenta, donde se consign\u00f3: \u00ab[r]evisado el proceso, claramente puede apreciarse que han transcurrido mucho m\u00e1s de treinta d\u00edas sin que la parte accionante haya dado cumplimiento a lo ordenado en el auto fechado abril veintis\u00e9is del a\u00f1o en curso, consistente en adelantar las gestiones necesarias para concretar la publicaci\u00f3n del aviso informando a la comunidad sobre la existencia de la presente acci\u00f3n a las luces del art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998 y la notificaci\u00f3n del auto admisorio a la accionada, por lo que resulta procedente dar aplicaci\u00f3n a la norma antes indicada [inciso 2, numeral 1, art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso]\u00bb. <\/p>\n
Lo as\u00ed definido fue objeto de reparo horizontal pero se mantuvo inc\u00f3lume. En esta oportunidad (2 ago. 2018) la c\u00e9lula judicial atacada tras varias precisiones, acot\u00f3 \u00ab[t]odos los actos desplegados por este Despacho (\u2026) son prueba de la actuaci\u00f3n diligente que adelanta (\u2026) para llevar a buen fin la acci\u00f3n; contrario a lo realizado por el actor popular quien pretende que todo lo haga el Despacho y no colaborar con la administraci\u00f3n de justicia para evacuar las cargas propias de la parte actora\u00bb. <\/p>\n
Ahora, no desconoce esta Corporaci\u00f3n, que recientemente en STC14483-2018, modific\u00f3 su postura en lo que concierne a la \u00abaplicaci\u00f3n\u00bb del \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb en \u00abacciones populares\u00bb, al se\u00f1alar que no es procedente, pero tampoco que en STC236-2019 se asever\u00f3, con ah\u00ednco, que ese pronunciamiento no se extender\u00eda a los casos solventados previamente. En la \u00faltima ocasi\u00f3n se dijo: <\/p>\n
[s]in embargo, un cambio no puede generar sobresaltos, ambivalencias, crisis, desestabilizando un sistema jur\u00eddico o la situaci\u00f3n social de un pa\u00eds o de una comunidad, aniquilando lo ya juzgado y sentenciado. No. Por la seguridad jur\u00eddica y la confianza leg\u00edtima se impone la prudencia y el respeto al pasado y a lo ya juzgado, cuando no est\u00e1 en juego la libertad del ser humano. Por esa raz\u00f3n la doctrina ahora adoptada no procura menoscabar los derechos adquiridos con justo t\u00edtulo ni sembrar el desconcierto. <\/p>\n
Por esa raz\u00f3n se dejar\u00e1n intactas las situaciones consolidadas al estar ya sentenciadas con cosa juzgada que de removerse quedar\u00edan incursas en causal de nulidad consistente en \u201c(\u2026) reviv[ir] un proceso legalmente concluido\u201d; de modo que la nueva doctrina se aplicar\u00e1 dese su adopci\u00f3n el 1 de diciembre de 2018 en sentido gen\u00e9rico. <\/p>\n
En ese orden, no se requieren razones adicionales para que esta justicia especial se mantenga al margen de la resoluci\u00f3n disputada, habida cuenta que los argumentos que la respaldan lucen plausibles\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno est\u00e1n llamadas a prosperar las exigencias que el impulsor impetr\u00f3 frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n porque este camino excepcional adolece de idoneidad al efecto. En verdad si lo que intenta es que dicho ente describa su participaci\u00f3n en la lid, deber\u00e1 acudir a \u00e9l directamente. <\/p>\n
No se olvide que el objeto de esta ruta, al tenor del art\u00edculo 1 del Decreto 2591 de 1991, es la \u00abprotecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares\u00bb y no servir de intermediario para elevar \u00absolicitudes\u00bb a las distintas entidades del pa\u00eds. <\/p>\n
3.- Ahora, esta Colegiatura avala el criterio del \u00aba quo constitucional\u00bb de supeditar la expedici\u00f3n de \u00abcopias\u00bb a que el interesado cancele su valor, por cuanto dicho requisito de ninguna manera imposibilita el ejercicio de los derechos fundamentales de Arias Id\u00e1rraga\u00bb. <\/p>\n
3.2. Esta s\u00faplica vincula a las mismas partes y su prop\u00f3sito primordial es que \u00abse decrete la nulidad del auto que termin\u00f3 la acci\u00f3n popular por desistimiento t\u00e1cito\u00bb por tanto, pese al esfuerzo para demostrar que el presente mecanismo de protecci\u00f3n es distinto, las pretensiones son similares a las resueltas en el fallo de tutela anteriormente citado, lo que permite establecer que se pretende volver sobre un asunto ya definido, de manera que, \u00ab(\u2026) admitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 2012-00517-01 y STC-2015, 12 feb. rad. 00213-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
I. Conforme con ello, se confirmar\u00e1 lo decidido en primera instancia, en tanto esta queja resulta temeraria, pues es el reflejo de un ejercicio repetido en un asunto, esencialmente id\u00e9ntico, replanteando un tema que ya hab\u00eda sido sometido al escrutinio y definici\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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