STC549-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC549-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 19001-22-13-000-2020-00063-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 19 de noviembre de 2020, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovieron Juan Eugenio Canal Fayat y M\u00f3nica Esperanza S\u00e1nchez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma localidad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes, actuando en nombre propio, reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada en un tr\u00e1mite reivindicatorio (radicaci\u00f3n 2019-00166) que se inici\u00f3 en su contra. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indicaron que ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Popay\u00e1n se adelant\u00f3 la precitada causa, en la cual se resolvi\u00f3, en primera instancia, declarar no probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, por lo que interpusieron recurso de apelaci\u00f3n en la misma diligencia, \u00abel cual fue concedido por el a quo en el efecto suspensivo, de la misma manera la ratificaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n a los reparos concretos y\/o motivos de inconformidad fueron remitidos al correo electr\u00f3nico del juzgado [a quo] el 22 de julio de 2020\u00bb. <\/p>\n
Agregaron que, mediante auto de 3 de agosto siguiente, el hom\u00f3logo Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad admiti\u00f3 la alzada \u00absin advertir que el recurso de apelaci\u00f3n (\u2026) deb\u00eda ser sustentado dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la admisi\u00f3n del mismo, tal como lo ordena el art\u00edculo 14 del Decreto 806 del 2020\u00bb. <\/p>\n
Refirieron que, con prove\u00eddo de 27 de agosto de la misma calenda, ese estrado judicial declar\u00f3 desierto el enunciado recurso, \u00abpor no haberse sustentado dentro del t\u00e9rmino conferido\u00bb, raz\u00f3n por la cual propusieron reposici\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n, tras considerar que \u00abel recurso fue interpuesto en t\u00e9rmino, y la ratificaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n de los reparos se hizo dentro de la oportunidad legal ante el a quo\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, cuestionaron que, con decisi\u00f3n de 18 de septiembre de 2020, la autoridad encartada resolvi\u00f3 \u00abNO REPONER PARA REVOCAR el auto proferido el 27 de agosto de 2020 que resolvi\u00f3 declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pidieron que \u00abse ordene perentoriamente al JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE POPAY\u00c1N dejar sin efectos el auto N\u00b0. 517 de fecha 27 de agosto de [2020], en el cual se resuelve declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n que se interpuso contra la sentencia proferida el 16 de julio de 2020 por el Juzgado Primero Civil Municipal de Popay\u00e1n, al no haberse sustentado por los recurrentes dentro de cinco d\u00edas despu\u00e9s de admitido\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil Municipal de Popay\u00e1n manifest\u00f3 que \u00abprofiri\u00f3 sentencia de primera instancia, en audiencia, el 16 de julio del a\u00f1o en curso. En la misma est\u00e1n las razones de hecho y derecho que soportaron el planteamiento de los problemas jur\u00eddicos y las hip\u00f3tesis, as\u00ed como de las decisiones adoptadas\u00bb. <\/p>\n
2. El hom\u00f3logo Segundo Civil del Circuito de esa localidad precis\u00f3 que \u00ablas actuaciones surtidas al interior del tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n se encuentran enmarcadas dentro de ordenamiento jur\u00eddico, situaci\u00f3n diferente es que la parte interesada no haya acatado lo previsto por el Decreto 806 de 2020, siendo su obligaci\u00f3n observar lo que disponen las normas procesales, al tenor de lo se\u00f1alado por el art. 13 del C. General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, se\u00f1al\u00f3 que \u00abpor lo tanto, la acci\u00f3n de tutela (\u2026) es improcedente de conformidad con lo se\u00f1alado por el art. 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues claramente los tutelantes pretenden a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n constitucional, que se d\u00e9 tr\u00e1mite al recurso de apelaci\u00f3n que en su momento se present\u00f3 contra la sentencia calendada 16 de julio de 2020, emitida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Popay\u00e1n, situaci\u00f3n procesal que ya fue definida por \u00e9ste Despacho, precisamente, porque las partes que apelaron, no realizaron lo que en derecho les correspond\u00eda, como lo era sustentar el recurso dentro de la oportunidad consagrada por el pluricitado Decreto\u00bb. <\/p>\n
\u2003 <\/p>\n
3. Un abogado que indic\u00f3 ser apoderado judicial de una de las partes en el asunto revisado relat\u00f3 las actuaciones del proceso y el problema jur\u00eddico que se resolvi\u00f3 en primera instancia. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo declar\u00f3 la improcedencia del resguardo porque el despacho convocado \u00abprocedi\u00f3 a declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n, expresando claramente la valoraci\u00f3n que hizo, y los motivos que lo llevaron a tomar tal determinaci\u00f3n, los cuales no se muestran arbitrarios pues incluso encuentran asidero en pronunciamiento reciente de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, es decir, que tal decisi\u00f3n tomada en segunda instancia se enmarca bajo los par\u00e1metros jur\u00eddicos y f\u00e1cticos presentados en el caso en concreto, y sin que adem\u00e1s se pueda concluir que se incurri\u00f3 en un \u201cdefecto procedimental\u201d (por exceso ritual manifiesto) que haya conllevado a la vulneraci\u00f3n de los derechos de los accionantes, en tanto de una manera juiciosa se estudi\u00f3 la norma a aplicar al caso que como bien lo explic\u00f3 el Juez cuestionado, es la norma vigente al momento de la interposici\u00f3n del recurso, es decir, el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 7, que se encuentra vigente desde el 4 de junio de 2020\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los censores recurrieron la precitada sentencia reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abla decisi\u00f3n de declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n incoado se tom\u00f3 sobre una base infundada de los presupuestos f\u00e1cticos pues efectivamente no fue considerado en debida forma el estado de cosas, como la violaci\u00f3n flagrante al debido proceso en su aspecto sustantivo y procedimental\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso reivindicatorio (radicaci\u00f3n 2019-00166) iniciado contra los recurrentes, por, supuestamente, declarar desierta la alzada propuesta por aquellos, contrariando el debido proceso. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre, entre otros eventos, cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria. <\/p>\n
En este asunto no se satisface dicho presupuesto toda vez que, si la inconformidad expuesta en esta sede por parte de los memorialistas se circunscribe a que el estrado enjuiciado, con auto de 3 de agosto de 2020, (notificado mediante estado 068 del d\u00eda siguiente) admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n propuesta y concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas para que sustentaran por escrito, pese a que, en su criterio, \u00abla ratificaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n de los reparos se hizo dentro de la oportunidad legal ante el a quo\u00bb, debieron haber ejercido el medio de defensa de que dispon\u00edan para rebatir la actuaci\u00f3n confutada, esto es, interponer el recurso de reposici\u00f3n contra el precitado prove\u00eddo, circunstancia que no ocurri\u00f3. <\/p>\n
Con el rese\u00f1ado proceder, los querellantes desaprovecharon la oportunidad de exponer ante el fallador cognoscente todos los argumentos tra\u00eddos en esta acci\u00f3n constitucional, lo que impide abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada, ya que, se insiste, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014). <\/p>\n
4. De los alegatos novedosos. <\/p>\n
Por \u00faltimo, esta Sala estima necesario precisar que, con posterioridad a la finalizaci\u00f3n de la primera instancia en el amparo de la referencia, m\u00e1s exactamente al momento de impugnar la decisi\u00f3n de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Popay\u00e1n, los gestores refirieron que: <\/p>\n
\u00abAunque ni el C\u00f3digo General del Proceso ni el Decreto Legislativo 806 de 4 de junio de 2020, exigen a los estrados remitir, por correo electr\u00f3nico, las providencias que se emitan, se memora, el objeto de los procedimientos es la materializaci\u00f3n del derecho sustancial y, cualquier vac\u00edo en las normas, deber\u00e1 conjurarse con observancia al principio de acceso a la justicia, seg\u00fan se establece en los art\u00edculos 113 y 124 de la primera normatividad rese\u00f1ada. <\/p>\n
Por tal motivo, ante casos como el estudiado, debe garantizarse la publicidad de las actuaciones a trav\u00e9s de los medios disponibles, porque el paradigma de la virtualidad de los procedimientos impone el respeto de las prerrogativas de los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia y, del mismo modo, corresponde dar preminencia al principio pro actione, seg\u00fan el cual, debe buscarse la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable para el ejercicio de la acci\u00f3n evitando su \u201crechazo in limine\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la autoridad convocada lesion\u00f3 las garant\u00edas superlativas de los accionantes al no tener en cuenta las dificultades del nuevo modelo para notificar las actuaciones judiciales, a trav\u00e9s de medios virtuales, pues, en realidad, no existen instructivos y, como se expuso, la revisi\u00f3n de las providencias que se enteran por estado no es sencilla. Se ignor\u00f3 la efectividad del derecho sustancial, pues pudi\u00e9ndose enterar a la promotora por correo electr\u00f3nico de la decisi\u00f3n refutada, no se facilit\u00f3 el acceso a su contenido\u00bb. <\/p>\n
. <\/p>\n
Ahora bien, sobre la improcedencia de traer hechos no controvertidos \u2013y, por ende, novedosos\u2013 en sede de tutela, la Corte ha dicho que: <\/p>\n
\u00abRespecto de las circunstancias que expuso la impugnante ante esta Corporaci\u00f3n (\u2026) no puede pronunciarse esta Colegiatura, pues se trata de hechos nuevos, no mencionados en el libelo constitucional, por lo que sobre tales aspectos el accionado no ha tenido oportunidad de contradicci\u00f3n. Por tanto, un estudio por la Corte implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de la autoridad criticada. Sobre el particular la Sala ha indicado que: \u201c(\u2026) es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, comoquiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa\u201d (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada en STC800, 5 feb. 2015)\u00bb (STC14922-2017, 20 sep. 2017, rad. 01913-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la negativa del resguardo, por cuanto los accionantes no hicieron uso del medio de control judicial pertinente para plantear ante la autoridad encartada las supuestas irregularidades rese\u00f1adas en la demanda de tutela, omisi\u00f3n que torna inviable el mecanismo de protecci\u00f3n en estudio, en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6.\u00ba, numeral 1.\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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