STC551-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC551-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2020-00503-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de X el 30 de noviembre de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por M.E.D.A. contra el Juzgado Y de Familia de esa ciudad, el Defensor de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y la Delegada de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los dem\u00e1s intervinientes en el proceso de restablecimiento de custodia y cuidados personales, radicado n\u00ba 0000. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Esta Sala, ha decidido, como medida de protecci\u00f3n a la intimidad del menor involucrado en el asunto bajo estudio, suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre y en representaci\u00f3n de sus menores hijos, reclama la protecci\u00f3n de los \u00abderechos fundamentales de los ni\u00f1os\u00bb, presuntamente vulnerados por la agencia judicial convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis expuso que, en el Juzgado Y de Familia de X, se adelanta proceso de restablecimiento de custodia y cuidados personales, promovido por M.P.A.A., quien es madre biol\u00f3gica de los menores agenciados, los que, por decisi\u00f3n judicial se encuentran bajo custodia del padre desde mayo de 2018. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, la progenitora de los ni\u00f1os fue despojada de ese derecho con fundamento en \u00ablos castigos f\u00edsicos, morales y mentales que [les] infringi\u00f3 en diferentes momentos a los ni\u00f1os en su m\u00e1s temprana edad, primera infancia y hasta producirles da\u00f1os mentales (sic) en su vida\u00bb, y que, actualmente permanece vigente una medida de protecci\u00f3n en contra de aqu\u00e9lla consistente en que debe \u00ababstenerse de todo acto de violencia contra sus hijos \u2026\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, en audiencia virtual del 4 de noviembre pasado, la juzgadora convocada y sin la presencia en la diligencia de los delegados de la procuradur\u00eda y Bienestar Familiar, dispuso que, en contrav\u00eda de los antecedentes que dieron lugar a la p\u00e9rdida de la custodia de los menores de la madre, estos podr\u00edan \u00abrecibir llamadas telef\u00f3nicas para el d\u00eda s\u00e1bado 24 de octubre de 2020 [\u2026] acercamiento virtual, v\u00eda zoom, para los d\u00edas martes, jueves de 2 a 4 p.m. y los domingos cada 15 d\u00edas\u00bb; decisi\u00f3n que, aunque impugn\u00f3, resalt\u00f3 la juez que se trataba de una determinaci\u00f3n \u00abinmodificable por un ser un derecho de natura, un derecho humano de los ni\u00f1os, el poder comunicarse con sus padres\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que sus hijos reaccionaron negativamente a las llamadas de su mam\u00e1, afirmando que \u00abno deseaban hablar ni tener contacto con ella de ninguna forma\u00bb, sin embargo, sus manifestaciones no fueron atendidas por la juez de la causa. <\/p>\n
3. Por lo anterior, aunque no lo expresa con claridad, se infiere que pretende se revoque el prove\u00eddo del 4 de noviembre de 2020 emitido por la Juez Y de Familia de X, que en el asunto judicial en cuesti\u00f3n, autoriz\u00f3 las llamadas telef\u00f3nicas y virtuales entre M.P.A.A. y sus hijos menores de edad. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradora Z Judicial II de Familia de X, luego de un breve recuento de su actuaci\u00f3n al interior del proceso judicial criticado, se\u00f1al\u00f3 que su ausencia en la diligencia referida, en la que se adopt\u00f3 la decisi\u00f3n censurada no representa vulneraci\u00f3n alguna ni es \u00f3bice para que la audiencia no se realice, y apunt\u00f3 que, \u00ab\u2026si bien como lo se\u00f1ala el accionante los ni\u00f1os se encuentran en tratamiento psiqui\u00e1trico por anteriores hechos, lo anterior no es motivo para que, con el apoyo psiqui\u00e1trico, psicol\u00f3gico e interdisciplinario a los NNA y los padres, se restauren las relaciones familiares, el buen trato, manejo de la afectividad que pudiese estar conculcado por situaciones previas, para lo cual es necesario el compromiso de todo el grupo, especialmente de los padres y la utilizaci\u00f3n de medios virtuales puede ayudar a estos fines\u00bb. <\/p>\n
2. M.P.A.A., manifest\u00f3 que no son ciertas las afirmaciones del quejoso sobre la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 otro juez de familia al resolver sobre la custodia de los menores, dado que, aduce, no fue \u00abpor maltrato f\u00edsico o sicol\u00f3gico [\u2026] sino que se bas\u00f3 en un dictamen del Instituto Colombiano de Medicina Legal del a\u00f1o 2018, que \u00fanicamente respecto del ni\u00f1o A.D.A., consider\u00f3 que hab\u00eda un supuesto abuso emocional, el cual fue indebidamente valorado\u00bb; agreg\u00f3 que no se encuentra ninguna medida de suspensi\u00f3n de visitas y que la decisi\u00f3n de la juez accionada \u00abbusca restablecer el v\u00ednculo con sus hijos y que su aptitud parental ha sido estudiada un sinf\u00edn de veces determin\u00e1ndose adecuada\u00bb. <\/p>\n
3. Entre tanto, la Juez convocada, relacion\u00f3 lo acontecido en la actuaci\u00f3n y justific\u00f3 su decisi\u00f3n en que \u00ab(\u2026) se trata del cumplimiento del derecho de doble v\u00eda que conservan los padres respecto de sus hijos a\u00fan en el evento de la \u201ctransitoria\u201d existencia jur\u00eddica de la privaci\u00f3n de los derechos parentales los cuales tiene su final adquirir los hijos la mayor\u00eda de edad. Y que el despacho concedi\u00f3 por ruego de la demandante y madre de los menores. Dentro de la actuaci\u00f3n del despacho se puede observar la condici\u00f3n que en su momento procesal le fue dada a los estudios m\u00e9dicos aportados por el accionante\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el quejoso, reiterando los argumentos del escrito inicial, es decir, insistiendo en que la progenitora de los menores perdi\u00f3 la custodia de estos por los maltratos que les prodig\u00f3, y que aqu\u00e9llos no fueron escuchados, y finalmente agreg\u00f3 que \u00abes absurdo, injusto y fuera de cualquier l\u00f3gica y sentido com\u00fan creer que [\u2026] los derechos a la comunicaci\u00f3n forzada con la madre castigadora son derechos de doble v\u00eda [\u2026] y que se est\u00e1n protegiendo los ruegos de una mujer que no supo ser madre de dos ni\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Y de Familia de X, vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas por el querellante en favor de sus hijos dentro del proceso radicado 0000 \u2013 promovido por M.P.A.A., al disponer que se le permita a esta \u00faltima la comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica y virtual con aqu\u00e9llos, pese a existir antecedentes de maltrato y, sin tener en cuenta la manifestaci\u00f3n de rechazo a esa medida por parte de los ni\u00f1os. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
La Sala centrar\u00e1 su examen a lo resuelto por la autoridad accionada en el prove\u00eddo adoptado en audiencia virtual del 4 de noviembre de 2020, mediante el cual se autoriz\u00f3 a la demandante, madre biol\u00f3gica de los menores agenciados, tener comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica y virtual con estos en d\u00edas y horas preestablecidas. <\/p>\n
Al respecto, es menester indicar que del an\u00e1lisis de la providencia aludida y de los argumentos en que el promotor fund\u00f3 su inconformidad, no se advierte vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales suplicados respecto de los ni\u00f1os, habida cuenta que la posici\u00f3n de la autoridad acusada se aprecia sensata. <\/p>\n
En la diligencia referida, tras fracasar el intento de conciliaci\u00f3n entre las partes, y antes de suspender la audiencia, la juez de familia ac\u00e1 convocada resolvi\u00f3 la petici\u00f3n elevada por la demandante consistente en la fijaci\u00f3n de un \u00abr\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n entre la madre y sus hijos\u00bb, pretensi\u00f3n a la que accedi\u00f3 la juzgadora determinando que los acercamientos se concretar\u00edan a trav\u00e9s de videollamadas por una plataforma virtual espec\u00edfica (lifesize). <\/p>\n
Ciertamente, la funcionaria accionada soport\u00f3 su decisi\u00f3n en argumentos s\u00f3lidos y razonables, como lo analiz\u00f3 el tribunal a quo que, en lo pertinente, resumi\u00f3 dicha providencia as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la comunicaci\u00f3n entre padre e hijos no puede ser en manera alguna negada, por constituir un derecho [\u2026] propio del ser humano, a trav\u00e9s de los medios con que hoy se cuenta; [\u2026] son derecho de los ni\u00f1os de acuerdo a la Convenci\u00f3n de Viena, garati[zarles] el derecho a comunicarse con sus padres. <\/p>\n
(\u2026) d\u00e9cadas atr\u00e1s la \u00fanica comunicaci\u00f3n se realizaba de forma presencial, que ha avanzado, pasando por la comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica luego celular y hoy se han implementado medios digitales (\u2026) <\/p>\n
Por tales motivos y se\u00f1alando que la decisi\u00f3n avoca derechos fundamentales constitucionales privilegiados y [\u2026] prevalentes, as\u00ed como un derecho de doble v\u00eda, el sostenimiento de relaci\u00f3n entre los padres y los hijos, orden\u00f3 que se permitiera la comunicaci\u00f3n virtual entre la madre y los hijos a trav\u00e9s de medios a trav\u00e9s de los cuales sea obtenible la prueba de la comunicaci\u00f3n, sugiriendo la plataforma Lifesize; y estableci\u00f3 el horario los d\u00edas martes y jueves, as\u00ed como los fines de semana cada 15 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
Luego, ante la inconformidad del ac\u00e1 actor, que puso de presente las manifestaciones de los menores en donde se niegan a comunicarse con su madre, precis\u00f3 la falladora que, si bien, \u00ab(\u2026) le asiste raz\u00f3n a la inconforme al indicar que la constituci\u00f3n protege superiormente a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes; y en que la carta pol\u00edtica protege a la familia y no su destrucci\u00f3n. Indic\u00f3 la juzgadora, que no le asiste raz\u00f3n en dos eventos que no han sucedido, pues no se ha hecho ning\u00fan favor a la madre all\u00ed demandante, ya que los derechos fundamentales de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, no son favores; que es un derecho humano que sin importar los eventos que hayan sucedido, tienen ellos y tiene a\u00fan la madre, y es el derecho de comunicarse entre padres e hijos; tanto es as\u00ed que la privaci\u00f3n de la patria potestad no impide las visitas ni la obligaci\u00f3n alimentaria (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 finalmente que, lo que se busca es, \u00ab(\u2026) se endere[zar] el derecho de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes; y que, con la decisi\u00f3n, se est\u00e1 garantizando los derechos del ni\u00f1o y la ni\u00f1a aqu\u00ed involucrados, garantizando la comunicaci\u00f3n a trav\u00e9s de la plataforma dispuesta por la Rama Judicial para tal efecto; y que incluso, los eventos que all\u00ed se presenten, puedan servir de prueba al interior del proceso. Insisti\u00f3 en que no se est\u00e1 complaciendo el querer de la madre, sino el de sus hijos\u00bb <\/p>\n
Y complement\u00f3 resaltando que, al margen de los conceptos m\u00e9dicos referidos por el padre, \u00ab(\u2026) a\u00fan no se ha dado inicio a la fase probatoria, por lo que no es viable aludir a ellas; sino que el despacho se ha limitado a lo escuchado en los interrogatorios. Que conforme todo ello, considera que hay lugar a no quebrantar el derecho humano que tienen los ni\u00f1os a comunicarse con quien es su madre biol\u00f3gica y legal\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dado el anterior panorama, se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n constitucional implorada, comoquiera que la autoridad judicial criticada, para obrar como lo hizo, tuvo como fundamento argumentos que de manera alguna pueden considerarse arbitrarios, lo que descarta toda posibilidad de intervenci\u00f3n del Juez de tutela. <\/p>\n
As\u00ed mismo, t\u00e9ngase en cuenta que, conforme precedentes constitucionales, se ha dicho que, \u00abla visita es un derecho familiar del cual son titulares conjuntos tanto los padres como los hijos y cuyo ejercicio ha de estar enderezado a cultivar el afecto, la unidad y solidez de las relaciones familiares\u00bb (CC T-593\/92, citada en T-686\/16), prerrogativa que, hoy por hoy, se traduce para los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes en el derecho a permanecer, comunicarse y compartir con sus padres; de ah\u00ed que, \u00ab[s]\u00f3lo por causas graves que hagan que el contacto con los menores pueda poner en peligro su seguridad o su salud f\u00edsica o moral pueden los padres ser privados de este derecho. As\u00ed, se ha decidido que ni siquiera la p\u00e9rdida de la patria potestad es suficiente para excluir el derecho de visita, cuando aqu\u00e9lla se debe al abandono del menor; mucho menos la sola culpa en el divorcio o la simple negativa del hijo menor\u00bb (ib\u00eddem \u2013 Negrillas fuera de texto), no estando demostrado en el sub lite una causa grave, en relaci\u00f3n con los infantes, que d\u00e9 lugar a la privaci\u00f3n del contacto con su progenitora; adem\u00e1s, porque esa etapa probatoria en la que eventualmente podr\u00eda arg\u00fcirse tal circunstancia, como lo precis\u00f3 la juez accionada, a\u00fan no se ha agotado. <\/p>\n
En este contexto, la determinaci\u00f3n en realidad propugn\u00f3 por el reconocimiento de un derecho de doble v\u00eda; del que esta Corporaci\u00f3n ha puntualizado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la jurisprudencia constitucional ha identificado ciertas situaciones que ameritan la separaci\u00f3n de los ni\u00f1os y ni\u00f1as de su entorno familiar, al no cumplirse las exigencias b\u00e1sicas para asegurar el inter\u00e9s superior de \u00e9stos. Entre ellas, ha se\u00f1alado las siguientes: <\/p>\n
\u201c(\u2026) (i) la existencia de claros riesgos para la vida, la integridad o la salud de los ni\u00f1os y ni\u00f1as; (ii) los antecedentes de abuso f\u00edsico, sexual o psicol\u00f3gico en la familia; (iii) en general todas las circunstancias frente a las cuales el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n impone la protecci\u00f3n de la ni\u00f1ez, referido a \u201ctoda forma de abandono, violencia f\u00edsica o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotaci\u00f3n laboral o econ\u00f3mica y trabajos riesgosos\u201d y, (iv) cuando los padres viven separados y debe adoptarse una decisi\u00f3n sobre el lugar de residencia (\u2026)\u201d2 (subrayas fuera de texto). <\/p>\n
En este punto, ha de precisarse que, si bien la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que el derecho de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes a tener una familia y a no ser separada de ella, es un derecho de doble v\u00eda \u201cdonde convergen los derechos de los hijos menores, y al mismo tiempo, los de cada uno los padres\u201d3, ello no significa que se confunda o identifique con el derecho de visitas. <\/p>\n
As\u00ed, mientras el r\u00e9gimen de visitas corresponde a una potestad-deber de los padres respecto de sus hijos derivado de su patria potestad y de su responsabilidad parental, el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella se predica, espec\u00edficamente, de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. De manera que, en el subj\u00fadice, no es acertada la afirmaci\u00f3n del juzgador accionado, seg\u00fan la cual \u201cel derecho de visitas es un derecho del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente\u201d, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mayor acercamiento posible entre padre e hijo, de modo que su relaci\u00f3n no sea desnaturalizada, y se eviten las decisiones que tiendan a cercenarlo (\u2026) las visitas no deben ser perjudiciales para los menores, pero tampoco deben desarrollarse de manera de lesionar la dignidad de quien las pide (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Ahora, tambi\u00e9n ha sido reiterativa la jurisprudencia constitucional al se\u00f1alar que el ejercicio del derecho de los padres a mantener una relaci\u00f3n estable y libre de condicionamientos frente a sus hijos y la facultad de desarrollar una relaci\u00f3n afectiva como la considere pertinente cada progenitor, \u00fanicamente, supone el l\u00edmite mismo de los intereses prevalentes del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente5. <\/p>\n
Ello es as\u00ed porque, en virtud del principio de prioridad, consagrado en el art\u00edculo noveno del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia: <\/p>\n
\u201c(\u2026) en todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial, si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona (\u2026)\u201d (\u00e9nfasis fuera de texto). <\/p>\n
Por esta raz\u00f3n, en eventos en los cuales se encuentran involucrados los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, como sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, el juez debe evaluar con especial atenci\u00f3n, las particularidades del caso, en aras de salvaguardar el principio pro infans\u00bb (CSJ STC9230-2020) <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, se insiste, se descarta la eventualidad de predicar que la funcionaria judicial reprochada hubiera incurrido en un proceder susceptible de ser cuestionado positivamente a trav\u00e9s de esta excepcional herramienta, es decir, no puede afirmarse que la orden proferida constituya en s\u00ed misma, en este particular caso, un desconocimiento o afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales de los menores de edad agenciados, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a ella. <\/p>\n
Finalmente, cabe resaltar que no le asiste raz\u00f3n al gestor del amparo cuando afirma que la juez accionada no tuvo en cuenta no solo las manifestaciones negativas de los menores respecto a la decisi\u00f3n, sino que tampoco habr\u00eda valorado los conceptos m\u00e9dicos que daban cuenta de posibles afectaciones sicol\u00f3gicas que estos padecen por la relaci\u00f3n con su progenitora; empero, res\u00e1ltese, lo que se estableci\u00f3 fue un \u00abr\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n\u00bb virtual, con d\u00edas y horas estrictamente determinados, el cual podr\u00e1 o no ser ampliado de acuerdo con los informes que los terapeutas o psic\u00f3logos especialistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar rindan acerca de la evoluci\u00f3n del restablecimiento del contacto entre los ni\u00f1os y su madre, as\u00ed como de las respuestas que emocionalmente estos vayan evidenciando; todo lo cual, dicho sea de paso, quedar\u00e1 en todo caso supeditado a lo que se resuelva de manera definitiva en la sentencia que finiquite la controversia. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar el fallo de primer grado porque: <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
El amparo es inviable frente a la providencia dictada por la autoridad accionada, porque se advierte fundamentada con criterios de razonabilidad, y que no representa en concreto, vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los menores de edad agenciados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitucional, Sentencias T887 de 2009 y T012-2012. <\/p>\n
3\u0002 Corte Constitucional, Sentencia T-500 de 1993. <\/p>\n
4\u0002 CSJ, Sentencia del 25 de octubre de 1984 M.P. Hernando Tapias Rocha. <\/p>\n
5\u0002 Corte Constitucional, Sentencia T115-2014. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC551-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA STC551-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2020-00503-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53291","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53291","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53291"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53291\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53291"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53291"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53291"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}